No hay perfume rural que tape semejante hedor

Si nuestra empresa no informa debemos hacerlo nosotros:

Ayer a las 12 de la mañana, como se propuso en su día en una asamblea, el Comité de Empresa con el respaldo de los tres sindicatos representados (USO, UGT y CSI), tenía convocada una rueda de prensa en la sede de la UGT de Uviéu para explicar los motivos de la huelga de hoy.

Se entendía que la idea tenía cierto calado, magnitud y que ante el hecho noticioso de que la plantilla de la RTPA sea convocada a una huelga de carácter unitario el cerco mediático no podría esquivar la realidad.

Pues bien, no se pasó nadie ni a saludar. El plantón fue escandaloso. Se ve que la televisión pública, la que defiende la pluralidad y la libertad de expresión, la que es reflejo de los ciudadanos, la que cuenta lo que pasa en la calle, la que no manipula… lo tiene todo atado y bien atado.

Entendemos este hecho como una grave falta de respeto a los trabajadores, a los sindicatos, a la verdad y al derecho de información de los ciudadanos, del que tanto alardea en las reuniones el hombre de apellido impronunciable. El mismo que miente en juicios. El mismo derecho que defienden a capa y espada durante una jornada de huelga, pero que se puede dinamitar un día de Champions. Ayer el informativo se veía reducido a menos de 10 minutos. “No se puede fijar la duración con anterioridad de un informativo”, afirmaron en reunión como disculpa para no llegar a un acuerdo en el día de hoy que permitiera compatibilizar que se visibilice nuestro legítimo derecho a ponernos en huelga con el mantenimiento del servicio público esencial.

Ya no solo se saltan nuestros derechos laborales y sindicales a la torera, sino que atentan contra libertades ciudadanas básicas.

Hoy lo tienen todo previsto para vulnerar nuestros derechos, para que nadie se entere de lo que pasa en la RTPA. Una programación que no es servicio básico esencial programada con normalidad y un informativo normal. Todo el trabajo sustentando en las contratas. Una estrategia de fijación de servicios mínimos destinada a minimizar los efectos de la huelga, obligando a venir a trabajadores en jornada de descanso, quebrantando permisos recogidos por convenio, colocando en servicios mínimos a aquellos trabajadores que se les presupone una voluntad de acudir a la huelga y dejando fuera de los mismos a los trabajadores más indefensos por sus condiciones contractuales…

El cerco mediático es muy fuerte pero estamos convencidos que antes o después reventará. La obsesión casi paranoide por evitar que los asturianos se enteren de ningún conflicto o crítica a la gestión de la RTPA demuestra sus grandes debilidades.

Ni queremos ni debemos consentir semejantes atropellos. Es principal responsabilidad de los propios trabajadores revertir esta situación tratando de impedir que nos tomen el pelo. El apoyo y arrope entre nosotros es muy importante, pues es lo que nos da fuerza. Pero también pedimos la comprensión y el apoyo de la ciudadanía para que se resuelva cuanto antes el despido que motiva este conflicto, y también para que podamos tener en un futuro no muy lejano una televisión pública de verdad que impulse derechos, libertades, cultura, crítica y debate y que no malgaste y despilfarre los recursos públicos.

Os invitamos hoy a participar en una concentración de apoyo a la RTPA y contra el despido de nuestro compañero en la plaza del Ayuntamiento de Xixón a las 19 horas convocada por el Comité de Empresa.

¡Salud y huelga!

La serie de reveses que ha ido acumulando durante el último año y medio no son casuales. Como si hubiesemos dado un simbólico pistoletazo de salida en octubre de 2008 cuando decidimos escribir aquí su biografía excelsa, se fueron sucediendo una serie de catastróficas desdichas -para él-, y para el resto de los mortales de bien una esperanza en que algún día este caciquillo del tres al cuarto diese con la horma de su zapato. Y parece que queda poco para ese glorioso momento.

Primero fueron los propios trabajadores de la Cámara los que le plantaron cara y prueba de ello son todos los juicios perdidos por el ínclito Arias de Velasco en Magistratura.

La polémica siguió en Mercaplana en las navidades de 2008 con un conato de huelga, de la que se libró por la buena voluntad de los trabajadores de la Cámara en no aguar la fiesta a los miles de niños gijoneses que nada tienen que ver en toda esta historia.

Semanas antes ya salía a la palestra el escribidor oficioso de Suárez de la Riva a tratar de poner las cosas en su sitio y darle un primer toque a Arias de Velasco. Lo que le perdían eran las formas, decía Ortea en un artículo en La Nueva España. Las formas que no los chanchullos y negocietes. Manda…

A sus ‘amigos’ vinieron a sumarse las nueve agencias de publicidad que decidieron decir basta y le pusieron la cosas claras al prepotente presidente cuando a éste no se le ocurrió otra cosa, en el colmo de la desfachatez, que adjudicar un concurso a su propia empresa del que, para más cachondeo, eximió su cumplimiento completo, aunque cobrando religiosamente el casi medio millón de euros en que se cifraba la licitación.

En vez de callarse y rectificar, en su prepotencia sin límite no se le ocurrió otra cosa al todavía -por poco tiempo- presidente de la Cámara que demandar a las agencias por injurias. El resultado se hizo esperar pero el magistrado dictó sentencia diciendo que quedaba probado que las agencias no sólo no injuriaron a Arias de Velasco sino que decían la verdad. Es decir, de una manera indirecta pero que no deja lugar a dudas, el magistrado dijo que Arias de Velasco se había autoadjudicado un concurso.

Y ahora se hace cruces porque el Ayuntamiento de Gijón, su antiguo valedor que tantos millones de euros le ha hecho facturar, le da la espalda públicamente. Pero no sólo el Ayuntamiento, sino su ‘amigo’ Álvarez Areces -’mi amigo Tini’, como a él le gustaba fardar-, ya que uno de los votos en contra viene nada menos que de Iturrioz, mano derecha de Álvarez Areces en el Ayuntamiento de Gijón -antes y ahora-, y en el Gobierno del Principado hasta hace bien poco.

Sus aliados institucionales que le hicieron crecer como la espuma estos últimos 15 años le dan la espalda públicamente de manera definitiva. Y él, porque es así, se revuelve y los acusa de injerencia. No digo ni que sí ni que no, que se maten entre ellos. Lo que es increíble es la actitud de Arias de Velasco pretendiendo salir como adalid de la limpieza democrática cuando está de mierda hasta las cejas y si eso le favoreciese no diría ni pío. Con su ‘falta de formas’ -como decía públicamente hace año y medio Ortea- ha conseguido cabrear hasta este punto a sus antiguos valedores.

La escenificación se produjo ayer durante las elecciones a la Cámara de Comercio de Gijón a la que acudieron a votar, por primera vez en la historia, las dos empresas municipales con representación cameral.

Arias de Velasco “acusa de ‘injerencia’ al Ayuntamiento de Gijón”. Lo leemos con todo lujo de detalles en la crónica de elcomerciodigital.com:

El actual presidente de la Cámara de Comercio se mostró visiblemente indignado con esta actitud del Ayuntamiento, independientemente, dijo, de a quién votaran la representante de EMULSA y, en el caso de EMTUSA, el nuevo gerente y ex viceconsejero del Gobierno del Principado, Luis Iturrioz. «No creo -concluyó Luis Arias de Velasco- que el sentido del voto de estos dos representantes de empresas municipales se decidiera en sus respectivos consejos de administración, y supongo que los miembros de los mismos tendrán que pedir explicaciones tanto del sentido del voto como del propio hecho de que, por primera vez en la historia, las empresas municipales intervengan en un proceso electoral que sólo incumbe a los empresarios».

Ya… Este tipo, al que todos conocemos, estaría callado como un muerto si supiera que esos votos iban para su buchaca. Pero como sabe que es precisamente todo lo contrario se muestra indignado, habla de injerencia y dice que su indignación es independientemente de a quién votaran. Pero, este elemento, ¿a quién pretende engañar a estas alturas de la película?

A Arias de Velasco no le quedan ni dos telediarios. Y lo sabe mejor que nadie. Nosotros lo supimos desde el momento en que demandó a las agencias de publicidad -y pretendió demandarnos a nosotros por lo mismo, aunque no se le arregló, pero constancia de ello hay en las hemerotecas-. Hay que ser prepotente para cavarse su propia tumba. Y ahí la tiene esperándole al muy fanfarrón.

El comité de empresa de la RTPA ha convocado para los próximos jueves 11 y viernes 19 de marzo, dos paros parciales de 17 a 21 horas y de 11 a 15 horas respectivamente.

Con el objetivo de anunciar y explicar a la opinión pública el motivo de la huelga hemos convocado una rueda de prensa para hoy miércoles 10 de marzo en la sede la UGT de Uviéu a las 12 de la mañana.

También hemos convocado una concentración delante del Ayuntamiento de Xixón para el mismo jueves 11 de marzo a las 19 horas para pedir la readmisión del compañero despedido.

¡STOP DESPIDOS EN LA RTPA!

El Comité de Empresa de la RTPA.

Según los propios trabajadores, “es falso que se profirieran gritos dentro del edificio”, cuando en la carta enviada por la Dirección de Gestión y Recursos Humanos del Ente Público se dice, al apercibirlos por no haber fichado a la salida y entrada del edificio durante el tiempo -parece entenderse- que duró la protesta, que “la gravedad de este hecho se acrecienta al proferir gritos en contra de la empresa y del despido disciplinario del señor **** por las plantas baja y primera del edificio”.

Es evidente que con esta carta se continúa poniendo las bases para preparar el despido de los señalados al menor paso en falso. Están en el punto de mira de la Dirección General y de ello no queda ninguna duda cuando se lee el párrafo que cierra la carta en cuestión: “Cualquier vulneración de dicha prohibición en el futuro y/o de las instrucciones para el manejo del terminal de control horario, podrá generar la apertura de expediente disciplinario según el artículo 53 del convenio colectivo, relativo al procedimiento sancionador”.

Según podemos saber por la propia CSI, los seis trabajadores apercibidos -de la veintena que se manifestó a las puertas de las instalaciones de RTPA- son miembros de la candidatura de la CSI que se presentó a las elecciones sindicales el pasado noviembre y pertenecen a su sección sindical.

Y ya se sabe que eso fue la causa que se argumentó desde la Dirección General de RTPA para el despido del que precisamente se celebró ayer el juicio. Según RTPA no cumplir con el horario, y según la CSI pertenecer al sindicato y significarse en las protestas.

Las irregularidades en el procedimiento seguido por Pérez Ornia y sus directivos son extremadamente graves ya que se advierte desde la CSI, sindicato miembro del comité de empresa, que “han llevado al juicio como testigos a los mismos altos directivos que decidieron despedirlo, han mentido y han presentado como prueba escritos creados a posteriori“.

La situación tensa se mantiene en RTPA donde los trabajadores denuncian los abusos y medidas totalmente fuera de lugar tomadas por la Dirección General del Ente Público de Comunicación:

Órdenes a las contratas para cortar la emisión antes que aparezca en pantalla ningún cartel reivindicativo.

Aumento preventivo de las medidas de seguridad, incluso dentro de la empresa colocando guardias a la puerta del plató.

Utilización política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ocurrió en el Antroxu de Oviedo después de que la policía municipal ignorara las llamadas desde la RTPA.

Vigilancia exhaustiva de aquellas personas que hacen visible su oposición a los chanchullos y a este tipo de políticas.

Y en general la difusión del miedo y el silencio para que una “espada de Damocles” cuelgue sobre los trabajadores.

Como consecuencia de todo esto, y como información previa a una rueda de prensa conjunta de los tres sindicatos presentes en el comité de empresa de RTPA que tendrá lugar mañana en la sede de UGT, la CSI informa que “la huelga del 25 de febrero y 3 de marzo que tuvo que aplazarse por problemas formales está convocada ahora con todas las garantías para este jueves 11 y el próximo viernes 19 de marzo. La convocatoria de huelga la realiza el Comité de Empresa en su conjunto con el apoyo de los tres sindicatos representados: USO, UGT y CSI”.

Nos gusta hablar claro y lo que hoy decimos no es una crítica, sino una invitación a la reflexión.

Aunque no todo es blanco o negro, no parece que la iniciativa tomada por la CSI haya suscitado demasiado entusiasmo en el sector. Tal vez reinvindicar ’stop a los despidos’ -así, en plural- no sea una consigna acertada para toda esta movilización. Aún si se sigue al pie de la letra lo narrado por la CSI en cuanto a las circunstancias del despido -las represalias por la actividad sindical y ser despedido por incumplir el horario como excusa-, no parece que sea suficiente por si sólo como para motivar una movilización que vaya a secundar el sector. Y mucho menos vistos los precedentes como la concentración ante el despido de una decena de trabajadores de TeleGijón o lo pasado con La Voz de Asturias, por poner un par de ejemplos. Y otros casos como el cierre de Plural Entertainment -con veintitantos trabajadores, olvidándonos de los jefecillos- del que ni siquiera se tienen noticias.

Y esa era la impresión que daba la convocatoria de la concentración… Aunque las denuncias que se pueden leer sean la política de externalización, la precariedad laboral y la manipulación partidista. Quizá comunicadas de manera demasiada genérica cuando hay casos concretos que denunciar.

La principal crítica de ‘los otros’, es decir, los de las contratas, es que cuando ellos han sido despedidos no han movido un dedo ‘los unos’, es decir, los trabajadores de RTPA. Que si los sindicatos pasaron de ellos, que si a los contratados en RTPA le importaba un bledo que eso estuviese sucediendo, etcétera. Probablemente eso sea cierto pero parece un gran error enfocar las quejas hacia el único sindicato presente en el comité de empresa de RTPA que ha empezado a movilizarse. Deberían apuntar sus justificadas iras hacia sus propios patrones, que son los que les ofrecen esas miserables condiciones laborables, y hacia sus sindicatos, si es que están afiliados y les interesa la movilización sindical. Claro que para eso primero deberían organizarse como asociación y acudir como tal a los sindicatos. Falta claridad en el análisis de la situación entre los trabajadores del sector. Sí, todos son trabajadores del sector audiovisual pero cada uno de su propia empresa. Y la única manera de organizarse es buscando los intereses comunes como asociación profesional ante problemas y males comunes endémicos del sector.

Pero la gran oportunidad que se está dejando pasar de largo es que el verdadero problema de todo esto es estructural. La gran chapuza que preside la gestión del supuesto motor del sector audiovisual. La nefasta e irregular gestión del Ente Público de Comunicación no está sino enrareciendo un sector que cada vez es más mísero. Y sembrando una cizaña entre los trabajadores que no hace sino más que favorecer a la impresentable directiva de RTPA y a la patronal que le hace el juego, exprimiendo luego a los trabajadores que, naturalmente, se quejan con razón de esos contratos -cuando los tienen- casi exclavistas. Pero en vez de apuntar sus quejas hacia los Velasco, García-Bericua y compañía, se mosquean entre ellos y no sólo eso, sino que son los primeros defensores de sus patrones no sea que se vayan a quedar, ni siquiera, sin ese miserable empleo.

Mientras no se ponga todo el peso de la denuncia en lo que realmente está causando todo lo que está pasando no hay nada que hacer. Dos consignas manejó la CSI en la concentración: stop a los despidos y stop a los chanchullos. Quizá sería más realista centrarse en la segunda. Lo que sí debería denunciarse y poner el acento en ello -ya lo matizamos aquí el día que se anunciaron las movilizaciones- no es ya en el despido, que debería resolver la Magistratura visto lo visto, sino en las circunstancias del despido que revelan un signo más de la nefasta gestión que preside la dirección del Ente Público de Comunicación asturiano.

Y en cuanto a ‘los otros’, deberían organizarse y crear una asociación de trabajadores del sector audiovisual y buscar la regulación de las condiciones de trabajo de una manera general. Aquí siempre se llega tarde y mal. Las irregularidades que aquí llevamos denunciando desde hace más de un año están ahí. Algunas ya tienen respaldo legítimo con el informe de la Sindicatura de Cuentas. Pero no existe una masa ciudadana, o trabajadora, que fuerce a que se tengan en cuenta. Y ese es el gran obstáculo y lo que permite la total impunidad de los gestores de RTPA.

Hace una semana supimos que en Madrid la Inspección de Trabajo va a ponerse manos a la obra y comenzar a darle un repaso a las principales productoras con sede social en Madrid para que se cumpla la ley y se persiga el uso abusivo de los contratos por obra y la contratación de autónomos. Y eso no es por casualidad. Primero deben venir las denuncias para que los funcionarios de la Consejería de Trabajo se lo tengan que tomar en serio y sus jefes políticos digan misa si quieren, que los inspectores y funcionarios lo son de carrera y ante las denuncias no pueden ni van a mirar para otro lado.

Trabajo exige la aplicación de la Ley Caldera en contratos por obra y con autónomos: revolución en el sector.

Los funcionarios de Trabajo se ciñen al contenido de la ley para exigir el estricto cumplimiento de su articulado. Ya se ha insistido, por ejemplo, en que una misma empresa no puede encadenar varios contratos por obra con un mismo trabajador, sin dejar pasar varios meses entre la firma de uno y otro. En caso contrario, debe hacerlo fijo.

Se vislumbra una auténtica revolución en el mundo de la producción televisiva en nuestro país. La inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid ha elaborado un plan que contempla la inspección de hasta treinta productoras con sede social en la capital.

Por el momento, entre las empresas que han sido visitadas se encuentra Globomedia, Diagonal TV, Videomedia, Notro TV, Molinos de Papel, Grundy, Miramón Mendi, Alba Adriática y Ganga. Pero el programa incluye, como decimos, a las principales factorías en Madrid, que están siendo advertidas incluso por las demás factorías.

La ofensiva parte de varias denuncias presentadas en 2009 por trabajadores del sector contra algunas compañías. La Consejería de Trabajo decidió investigar y, al comprobar que se trataba de prácticas generalizadas, ha optado por emplearse a fondo. Los funcionarios están analizando fundamentalmente la aplicación de la denominada Ley Caldera –nombre que hace referencia al ministro que la firmó en el año 2006- sobre el uso de la contratación temporal por parte de las compañías.

La inspección ha puesto el punto de mira principalmente en tres puntos: a) el contrato por obra, utilizado habitualmente para emplear a profesionales sólo durante el tiempo que dura el formato de ficción o entretenimiento encargado; b) la incorporación de autónomos a esos proyectos; y c) la subcontratación: la inspección advierte que puede ser una ‘cesión ilegal de trabajadores’ contratar a personal de terceras empresas como especialistas de figuración, eléctricos, mantenimiento…

Fuentes consultadas por ECD, que han seguido de cerca alguna de las auditorías en marcha, destacan la postura “tajante” y hasta “inflexible” de la inspección. “Teóricamente son receptivos –explica un directivo que ha tenido que pasar por este proceso-, porque escuchan y escuchan las alegaciones que hacemos. Las reuniones han durado en algunos casos muchas horas. Pero al final, no hay nada que negociar: no ceden ni un milímetro”.

Y lo mismo debe pasar con todas las irregularidades que se cometen en RTPA. Sí, esas que todos conocemos y deben ser de dominio público. Nosotros, al menos, eso llevamos intentando desde hace más de un año, que sean de conocimiento público. Pero las pruebas son difíciles de conseguir. Y sin pruebas, no hay nada que hacer.

El Comité de Empresa de la RTPA ha convocado para este jueves 25 de febrero una CONCENTRACIÓN delante de la Junta General del Principado de Asturias a las 19 horas. El motivo de la convocatoria es CONTRA LOS DESPIDOS EN LA RTPA.

Tras el aplazamiento de la convocatoria de HUELGA tras las advertencias de la empresa de declararla ilegal por un problema de plazos, a la mayor brevedad posible anunciaremos la convocatoria de otros dos días de paro por el mismo motivo que se habían convocado los anteriores: CONTRA LOS DESPIDOS EN LA RTPA.

Cambios en las fechas de la convocatoria de HUELGA

El Comité de Empresa, ante las amenazas por parte de la Dirección de la TPA de declarar la HUELGA ilegal*, ha decidido cambiar las fechas de los paros y realizar dos nuevas convocatorias.

La CONCENTRACIÓN delante de la Xunta Xeneral del Principáu, sigue adelante. A las 19 horas el jueves 25 de febrero. CONTRA LOS DESPIDOS EN TPA, a lo que nosotros añadimos: STOP CHANCHULLOS Y AMENAZAS.

Es una decisión adoptada en el día de hoy por el conjunto del Comité tras la reunión del Comité de HUELGA con la empresa. Aunque es una cuestión que podría ser interpretable y llevada a los tribunales, la posibilidad que esta disyuntiva ofrecía a la empresa para llevar a cabo amenazas a los trabajadores que pusieran en riesgo la efectividad de la convocatoria ha llevado a la decisión de cambiar la fecha de los paros y realizar una nueva con todas las garantías.

Recordamos que desde que se inició este conflicto del despido la Dirección ha llevado a cabo diferentes medidas para tratar de boicotear y silenciar cualquier contestación por parte de los trabajadores a su política laboral.

Desde la CSI en TPA apoyamos esta decisión con el fin de salvaguardar las garantías de participación en la HUELGA por parte de los trabajadores. Se informará en el plazo más breve posible de la nueva fecha de convocatoria de los dos días de HUELGA.

Haciendo camino al andar…

Nos reafirmamos cada día más en la necesidad de pelear por la readmisión del despedido, contra los despidos en TPA y por la configuración de redes de apoyo entre los trabajadores tanto de la plantilla de la TPA como de las contratas, que permitan responder solidaria y eficazmente a la actual gestión de la RTPA.

Vemos con optimismo los avances que está habiendo dentro del convento para responder colectiva y unitariamente con el resto de secciones sindicales y con un amplio sector de los trabajadores en el tema del despido. Nuestra principal arma es la difusión de los problemas, la información y la reivindicación de lo que consideramos justo. El silencio y la individualidad es lo que siempre ha pretendido la empresa. Por eso valoramos todas las acciones destinadas a romper el cerco mediático y a que la ciudadanía sea más consciente y crítica con la gestión del dinero público en la TPA y con los abusos laborales.

En ese sentido creemos que ya se está moviendo algo. El escrito que enviamos ayer ha tenido algo de repercusión mediática y el buen sentido del humor antroxeru y reivindicativo del sábado sirvió como impulso a unas reivindicaciones hasta ahora silenciadas.

¿Quién daña la imagen de la cadena y su servicio público?

La actual Dirección de la empresa ha manifestado hoy su preocupación por el “grave daño a la imagen de la cadena”. No entendemos cómo puede resultar la cadena dañada por unos cartelillos reinvindicativos sujetados por unos saltinbanquis, mientras no les preocupa lo que pueda pensar la gente de:

- Gastarse una millonada en comprar la Champios y la Fórmula 1 a la Sexta para que se pueda ver al mismo tiempo en el canal de MEDIAPRO.

- Que justo después de gastarse esa millonada el Director de Informativos y Deportes, el Sr Cuesta, se vaya de Director de La Voz de Asturias, recientemente adquirida por Público (MEDIAPRO), poniendo en la calle a más de la mitad de su plantilla.

- Saltarse las leyes laborales contratando fraudulentamente a un montón de personal temporal que utilizas para labores estructurales y que cuando ya te han hecho el trabajo sucio los externalizas para repartir el presupuesto de la tele entre las productoras de los colegas.

- No cubrir las vacantes del propio catálogo de puesto que tú diseñaste porque quieres reestructurar y externalizar más aún.

- Mantener un plató que ha costado una millonada inutilizado la mayor parte del día.

- Obligar a personal de tu empresa a hacerse autónomo o montar una empresa fantasma para que sigan trabajando para ti, pero sin que tengas ninguna responsabilidad sobre ellos.

- Falsificar contratos para interés de tus intereses particulares como quedó demostrado en el informe de la sindicatura de cuentas.

- Comprar el silencio de los periódicos asturianos a través de la concesión de contratos millonarios a los grupos económicos de esos periódicos.

- Reducir la programación propia a lo puramente testimonial.

- Contratar la realización de Asturias en 25 en Madrid, a cargo de Asturmedia (de nuevo MEDIAPRO), mientras no callas con el fomento del sector audiovisual asturiano.

- Patrocinar empresarios absolutamente trasnochados y explotadores como José Luis García-Bericua Meana, presidente de la AEPAPA, y gran amigo de los derechos laborales y de la profesionalidad. Un gran ejemplo para la cadena.

- Enviar a la policía cada vez que algo no te gusta, aumentar el dispositivo de seguridad para prevenir… ¿protestas laborales?, mandar cartitas amenazantes, utilizar las cámaras de Zebra para intentar desenmascarar a los saltinbanquis, fomentar el enfrentamiento y el mal rollo entre compañeros, fomentar los agravios comparativos…

- En fin… nos parece que lo de los cartelillos se queda en reivindicación cómica, barata y en expresión popular a lado de tantos chanchullos y despidos a los que les decimos: ¡YA ESTUVO BIEN!

Sección sindical de la CSI en TPA.

*Según la ley (artículo 4 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo), las convocatorias de HUELGA deben hacerse con 10 días de antelación. La convocatoria se hizo el 15 de febrero para una paro de cuatro horas el 25 de febrero. Parece ser que existe una sentencia posterior que hace que el día de la notificación no cuente, por lo que se estaría fuera de plazo.

Nos gustaría remarcar la parte que se refiere en la nota de la agencia EFE a que la huelga no sólo es por el despido de un trabajador -se debería dejar claro que es por las circunstancias que han rodeado el despido del trabajador, y no por el despido en si- sino por la “gestión que se lleva acabo en el ente“.

Este es el escueto pero significativo comunicado de la agencia EFE publicado en La Nueva España a las 11:31 de esta mañana:

Convocados dos días de paro en la Televisión del Principado

El comité de empresa del TPA han convocado dos jornadas de huelga en protesta por el despido de un trabajador y la gestión que se lleva a cabo en el ente

El comité de empresa de la Televisión del Principado de Asturias (TPA), con el respaldo de los sindicatos UGT, USO y CSI, han convocado dos jornadas de huelga, los días 25 de febrero y 3 de marzo, en protesta por el despido de un trabajador y la gestión que se lleva a cabo en el ente.

Según informa el comité en un comunicado, también se concentrarán ante el Parlamento asturiano este jueves, 25 de febrero, coincidiendo con la celebración del pleno de la Junta General del Principado.

El comité de empresa asegura que, además de posicionarse contra los despidos de trabajadores, la movilización pretende denunciar la política de externalizaciones, reestructuraciones, temporalidad y precariedad que se da en la TPA. EFE

Apenas una hora antes, a las 10 de la mañana, PRNoticias publicaba la noticia:

La tele pública asturiana en huelga por los despidos y la precariedad

Los trabajadores de la Televisión del Principado de Asturias irán a huelga el jueves 25 de febrero y el miércoles 3 de marzo contra los despidos en TPA. Los trabajadores denuncian además externalización y precariedad.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el despido de un empleado de la empresa que además pertenecía a una sección sindical y candidato al Comité de Empresa en las últimas elecciones sindicales. No obstante, la convocatoria responde, según los convocantes, a una sistemática política de la empresa de ataques a los derechos de los trabajadores.

‘Externalizaciones, reestructuraciones, temporalidad, precariedad, despidos, miedo… campan a sus anchas en la TPA y el complejo entramado de empresas que trabajan para ella. La explotación, la ausencia de derechos laborales y los excesos autoritarios son el pan de cada día de gran parte de los trabajadores de las contratas’, señalan en su convocatoria.

‘Creemos en la Televisión Pública y en sus enormes posibildades para el sector audiovisual asturiano, la creación artística y cultural, para la normalización lingüística de la llingua y para el desarrollo de una ciudadanía mejor informada, plural, participativa y crítica. Por eso reivindicamos que se ponga el servicio público de cara a la sociedad de forma transparente’, agregan.

Para el Comité de Empresa y los sindicatos convocantes -UGT, USO y CSI- la nefasta gestión (de la TPA) ‘está sirviendo para el intercambio de favores y el control del discurso en la prensa asturiana a través del reparto del pastel. Todo ello muy acorde con el concepto de servicio público, libertad de expresión y pluralidad informativa’. Los convocantes se manifestarán a demás el 25 de febrero a las 19 horas frente a la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo, para trasladar sus demandas al presidente Vicente Álvarez Areces (PSOE).

Esta es la segunda huelga de una televisión autonómica este mes. La primera semana de febrero la plantilla de TV3 realizó un paro de cuatro horas convocado por el Comité de Empresa por desavenencias con la dirección en la negociación del convenio laboral de la plantilla. Estas manifestaciones tuvieron un seguimiento del 90% según la plantilla y obligaron a la cadena a emitir algunos espacios en castellano. Estos días también se han realizado algunas protestas en IB3.

Los trabajadores de la Televisión del Principado de Asturias (más popularmente conocida como TeleTini) vamos a ir a la HUELGA el jueves 25 de febrero y el miércoles 3 de marzo contra los despidos en TPA.

El jueves 25 de febrero también vamos a concentrarnos a las 19 horas delante de la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies en Uviéu.

Se trata de unas convocatorias realizadas por el Comité de Empresa en su conjunto y respaldadas por los tres sindicatos representados en él: UGT, USO y CSI.

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil para solidarizarse contra el despido de nuestro compañero, para manifestarse contra los despidos en la TPA y para demostrar un interés ciudadano contra el reparto fraudulento y clientelar del dinero público.

La TPA se financia con el dinero de todos y su nefasta gestión está sirviendo para el intercambio de favores y el control del discurso en la prensa asturiana a través del reparto del pastel. Todo ello muy acorde con el concepto de servicio público, libertad de expresión y pluralidad informativa.

Externalizaciones, reestructuraciones, temporalidad, precariedad, despidos, miedo… campan a sus anchas en la TPA y el complejo entramado de empresas que trabajan para ella. La explotación, la ausencia de derechos laborales y los excesos autoritarios son el pan de cada día de gran parte de los trabajadores de las contratas.

Somos silenciados y amenazados. Y ahora nos ponen encima de la mesa el despido de un compañero de trabajo, de sección sindical y candidato al Comité de Empresa en las últimas elecciones sindicales. Un compañero que aprobó sus exámenes en 2006, al que la propia empresa ya le ha reconocido la improcedencia de su despido. Exigimos la readmisión. Pretenden ejemplificar y dar un golpe de autoridad que demuestre a quién le debemos pleitesía.

Creemos en la Televisión Pública y en sus enormes posibildades para el sector audiovisual asturiano, la creación artística y cultural, para la normalización lingüística de la llingua y para el desarrollo de una ciudadanía mejor informada, plural, participativa y crítica.

Reivindicamos que se ponga el servicio público de cara a la sociedad de forma transparente.

Que se respete la dignidad profesional y los derechos laborales de los trabajadores que la sacan adelante con entrega cada día.

¡Basta ya de chanchullos, cacicadas, manipulación, amiguismo y de redes clientelares!

Nos vemos el jueves 25 de febrero a las 19 horas delante del parlamento asturiano.

¡STOP DESPIDOS EN LA TPA!
¡STOP CHANCHULLOS EN LA TPA!

Sección sindical de la CSI en la Televisión del Principado de Asturias.
http://www.csi.rtpa.as

Los directivos de RTPA deberían estar seriamente preocupados. Las manifestaciones públicas de desaprobación a la gestión del Ente Público de Comunicación son cada vez más evidentes. Ya no les sirve pasar “desapercibidos”. Ya no vale lo de “mejor que no hablen de nosotros”. Eso se acabó. Ya no les sirve lo de “estamos empezando”. Van a cumplirse cuatro años de emisión y las cosas están casi peor que entonces. La televisión pública asturiana no es sentida por los asturianos como tal si atendemos no sólo a la poca población que la ve, apenas 15.000 espectadores, sino a la desaprobación que su gestión provoca en muchos más que 15.000 asturianos. Cierto es que el objetivo de una televisión pública no debe ser la audiencia por la audiencia. Pero de ahí a ser una pequeña minoría los que la siguen habitualmente hay un gran abismo.

El verano pasado vivimos el descontento de toda la afición del Real Oviedo -se diría que sin excepción- por el ninguneo de la dirección de RTPA al histórico club con unos criterios de programación que llevaban a ignorar completamente al club de fútbol representativo de la capital del Principado. Un club que, aunque en una categoría inferior, luchaba por acceder a los puestos de promoción y, posteriormente, ascender en una lucha desde hace años por recuperar la máxima categoría en la que ha militado este histórico del fútbol español, nada menos que en la posición 16 de la clasificación histórica de la Primera División según la Real Federación Española de Fútbol.

El partido de promoción ante el Mallorca B, celebrado el pasado junio, llegó a reunir a 124.000 espectadores en los penaltis pese al continuo desprecio que los aficionados sufrieron a lo largo de la temporada. El clamor se hizo evidente primero en el estadio, en el partido de ida en Oviedo, donde un amplio sector de las gradas corearon el ya famoso grito “puta TPA”, que se convirtió en mediático cuando lo corearon varios jugadores en las celebraciones por el ascenso.

El pasado sábado, en plena celebración del carnaval por las calles ovetenses, se volvieron a ver signos de descontento. Pancartas denunciando los chanchullos de TPA se pudieron ver en directo en el programa ‘Conexión Asturias’ mientras entrevistaban a Javier Batalla, director de la SOF, pese a los continuos intentos del operador de cámara de que no saliesen en pantalla haciendo evidentes e innecesarios giros para evitar las pancartas. Su primera e instintiva reacción cuando vió la pancarta en el visor de su cámara fue enfocar el suelo. Que no cunda el pánico, debió pensar, e inmediatamente se percató de que eso no era solución. Una vez que vió que tratar de despistar a los manifestantes no sacando al presentador y entrevistado resultaba poco eficaz ante la persistencia de los manifestantes pacíficos, decidió cerrar tanto el plano que casi le veíamos las amígdalas a un presentador disfrazado de balarina de ballet que, cada vez que intentaba sacar unas palabras a los infantes que participaban en el desfile, éstos enmudecían ante el desconcierto que les debía producir semejante visión.

Los ingeniosos manifestantes dejaron para la posteridad unas imágenes sin precedentes -probablemente- en la historia de la televisión pública. Hace unos días los trabajadores de RTVE se manifestaban en el exterior de la entrega de los Goya pero no salió ni una sola imagen en la retransmisión. Me imagino los nervios que debieron asaltar a los responsables en la retransmisión del desfile del carnaval. Me imagino al cámara oyendo por el pinganillo los gritos del realizador para que se zafase de los pacíficos manifestantes. Incluso, si uno presta atención, observa como salta al principio un ‘gorila’ a intentar sacar del plano a los manifestantes que, en ningún momento, llegaron a utilizar la fuerza para estar allí, sino un gran sentido del humor, del oportunismo y de la perseverancia.

Y todo ese nerviosismo porque en la unidad móvil de TPA se sabía la reacción que producirá lo que estaba pasando en los despachos del conventón, con un Pérez Ornia desquiciado porque se la hayan metido doblada sin poder hacer nada. A partir de ahí, los gritos siguen la cadena de mando hasta llegar al operador de cámara que, evidentemente, no tiene ninguna responsabilidad. Es más, debería haberse dejado de virguerías y mantener el plano tal cual hubiera hecho si los manifestantes no estuvieran allí. ¿O es que no es de actualidad lo que allí estaba pasando? Incluso lo dijo el propio Javier Batalla, testigo de excepción: “Aquí lo que hace falta es la participación popular, todo es popular, hasta ésto [señalando las pancartas] es popular”.

Efectivamente, lo popular es lo que piensa el pueblo. Y el pueblo, los ciudadanos, cada vez piensan más que lo de TPA es puro chanchullo.

La licitación del concurso estuvo rodeada de extrañas circunstancias de las que hablamos en su momento. Fundamentalmente que el pliego de condiciones se firmase en abril y no saliese a licitación hasta octubre, tiempo más que suficiente para que hubiese habido, presuntamente, interesadas filtraciones que permitiesen, presuntamente, que alguna empresa estuviese trabajando en ello, presuntamente, durante meses mientras que el resto sólo tuviese 14 días para preparar una propuesta de semejante envergadura.

Son tres años de contrato, hipotecando las decisiones de un probable nuevo equipo directivo que pudiese entrar tras las elecciones de 2011.

Y las dos empresas ‘afortunadas’, siguiendo un guión del todo previsible, fueron Zebra y Bittia, empresa esta última que surgió de la asociación de Isertia con Bitácora, de la que era administrador Luis Arias de Velasco cuando se produjo el escándalo de la autoadjudicación del contrato en la Cámara de Comercio de Gijón. Lo cierto es que no sabemos la situación legal hoy en día en el accionarado, pero que está tras la empresa es algo que no se le puede escapar a nadie. No vamos a extendernos hablando otra vez de este personaje que estos días tan presente tenemos aquí por circunstancias evidentes. La elecciones a la Cámara de Comercio de Gijón están dando mucho de si y ponen en evidencia la calaña de este personaje.

Un tipo que acusa a sus posibles oponentes de utilizar la Cámara para intereses personales -vanidades, las llama él- cuando en octubre pasado una sentencia judicial dejo probado que siendo presidente de la Cámara de Comercio adjudicó a su propia empresa -Bittia, para más señas- dos contratos por un total de casi 500.000 euros. Contratos de los que, tan sólo días después, su director general, Javier de la Ballina, eximió de su cumplimiento aunque Bittia cobró religiosamente ese medio millón de euros.

En esa empresa es en la que ha recaído el grueso de la licitación del “servicio de televisión de realización de piezas de promoción de programas y espacios de la cadena RTPA“.

Como ya informamos en octubre pasado, está dividido en dos lotes.

- El lote 1, adjudicado a Bittia, con un importe máximo de 185.693 € anuales, para piezas promocionales de los espacios de emisión diaria (promos de cine, series, deportes, especiales informativos, programas de actualidad, de entretenimiento e infantiles), promociones mensuales genéricas individuales de los principales espacios de daytime, y campañas mensuales de lanzamiento de los espacios de estreno.

Estas piezas son las habituales Próximamente, Día de emisión, Mañana, Esta noche y A continuación. Su duración será de 30 segundos y la empresa elegida por Pérez Ornia deberá producir entre 10 y 25 piezas a la semana durante el año de contrato.

- El lote 2, adjudicado a Zebra, con un importe máximo de 66.120 € anuales, para piezas promocionales con contenidos de campañas especiales y extraordinarias como las promociones genéricas especiales (cine, informativos, deportes, infantiles, radio, web), la promoción de la programación estacional de navidad y verano o las trimestrales, la promoción de eventos como los Premios Príncipe de Asturias o acontecimientos deportivos; y los mensajes de servicio público, spots de consejerías o ministerios a los que se sume RTPA.

Estas piezas son las mismas que en el lote 1 pero su duración será de 40 segundos y la productora designada deberá elaborar 12 piezas anuales.

Los formatos requeridos son variados y van desde el teaser -mensajes de 5 a 30 segundos que avanzan un contenido sin revelar todos los elementos informativos de la campaña-, las promociones genéricas o de capítulos -de 20 segundos y 1 minuto-, los contenedores sobre franjas de programación -de similar duración-, las cortinillas -piezas híbridas entre identificativo de continuidad y pieza de autopromoción para destacar un evento sin detallar fecha ni hora, de 5 a 10 segundos de duración-, hasta los ya habituales pathfinders -sobreimpresiones de animaciones gráficas y/o secuencia de vídeo para incrustar durante la emisión de la programación o la mosca-logo -animaciones gráficas y rótulos para integrar con la mosca-logo de TPA, para la promoción de acontecimientos ‘especiales’-.

La noticia de su marcha de RTPA se conocía de una manera oficiosa hace un par de días gracias a una nota publicada por la Asociación de la Prensa de Madrid en la que podíamos leer:

La editora del diario de cobertura nacional ‘Público’ mantiene conversaciones con Juan Carlos Fernández Cuesta para que se haga cargo de la redacción del diario ovetense ‘La Voz de Asturias’ una vez que culmine el proceso de traspaso del mismo desde el Grupo Zeta, su actual propietario, a Mediapubli, editora de “Público”, según informan fuentes del diario asturiano. Fuentes de Mediapubli matizan que se está hablando con éste y con otros profesionales de la región.

Fernández Cuesta es, desde el año 2007, director de Informativos de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), y sus conversaciones para dirigir ‘La Voz de Asturias’ deben de estar bastante avanzadas, según fuentes del sector, porque ya se está despidiendo de la plantilla de la empresa pública.

Es una noticia sobre la que es necesario reflexionar. Se hacía eco de ello en su blog el analista de medios Juan Varela aunque, en esta ocasión, nos defrauda que tan sólo haga mención a la noticia. Tan sólo cabe destacar una frase que, aunque obvia, es la clave del asunto:

Después de un ERE de la mitad de la plantilla y un fuerte ajuste de costes, Mediapro -accionista principal de Público- se propone revitalizar una cabecera histórica de la prensa asturiana, ligada históricamente a posiciones socialistas y sindicales, y aumentar la difusión de la cabecera nacional.

Revitalizar una cabecera regional histórica convirtiéndola en un diario local con apenas una veintena de trabajadores parece algo bastante difícil. Ahí no podemos coincidir esta vez con el siempre certero analista Juan Varela.

Que Juan Carlos Fernández Cuesta, hombre del aparato de propaganda de Álvarez Areces haya dejado la Dirección de Informativos y Deportes de RTPA hay que analizarlo dentro del contexto político que se está desarrollando desde que hace unos días La Nueva España “lanzase” la candidatura de Javier Fernández a la presidencia del Principado. Algo que todavía no ha confirmado oficialmente ni Ferraz ni la FSA aunque parece que, salvo maniobras milagrosas de Álvarez Areces -lo que no se debe descartar-, será una noticia oficial tras el verano.

Hace unos meses, cuando hablamos de la posible salida de Pérez Ornia y nombramiento de Cuesta como Director General de RTPA, lo hacíamos en función de los indicios que presagiaban que Álvarez Areces repetiría como candidato. Tal vez era la idea que querían hacer circular sus partidarios más que la realidad de la situación. Pérez Ornia es pro Fernández y Cuesta pro Areces. Al menos, así eran las cosas hace unos meses, antes de que el número dos de la FSA difundiese la disposición de Férnandez a ser candidato a la presidencia del Principado. Claro que cuando fue nombrado director general en 2005 Pérez Ornia era pro Areces, hasta que se le empezaron a atragantar las órdenes desde Suárez de la Riva…

No cabe duda que de aquí a finales del verano, cuando se hará público el candidato oficial, se vivirá una lucha interna importante en el PSOE, aunque tratarán de que no sea demasiado pública, algo que parece difícil.

Nos encontramos con el que es -o era- hombre de confianza para temas informativos de Álvarez Areces en la dirección de Público en Asturias. Seguir llamándola La Voz de Asturias cuando va a ser un diario local parece hasta un chiste.

¿Coloca Álvarez Areces a su hombre de confianza en Público? ¿Ha sido un factor clave en la venta de La Voz de Asturias a Mediapubli? ¿Pasar de ser Director de Informativos del Ente Público de Comunicación a ser director de un diario local no sería sino un retroceso en la carrera trepadora de Juan Carlos Cuesta? ¿Abandona el barco y se va al calor de sus amigos de Mediapubli gracias a los servicios prestados desde la dirección de Informativos y Deportes en RTPA a Mediapro, ahora que el barco de Álvarez Areces parece que se hunde? Ya que está claro por quién ha tomado partido La Nueva España, ¿tratará de neutralizar su artillería desde Público un Álvarez Areces no resignado a no ser candidato a la presidencia del Principado? ¿Puede prestar Cuesta mejores servicios propagandísticos en Público que en RTPA?

La respuesta a todas estas preguntas la tendremos en los próximos meses.

Y en RTPA… veremos quién toma el mando de la Direción de Informativos ahora que comenzará en breve la carrera hacia la presidencia del Principado.

Añade LNE en el artículo “Candidatos al pleno cameral ven irregularidades en la recogida del voto por correo“, que “según estos empresarios, representantes de la candidatura a la presidencia de Félix Baragaño se encuentran recogiendo en los comercios de Langreo «fotocopias de DNI» con la intención de remitirlas directamente a una notaría de Gijón. De esta forma «se estaría incurriendo en una ilegalidad si estas copias llegan a presentarse» porque, para que un documento sea compulsado, debe ser presentado junto con su original. «Queremos denunciar que esta práctica puede incurrir en una ilegalidad», aseveran”.

No deja de ser una chiquillada -la denuncia, y hacerse eco de ella- puesto que, en cualquier caso, si eso ocurriera y no cumpliera con los requisitos pertinentes, los votos no serán válidos y así lo haría constar el órgano encargado del recuento. Y sobre todo, eso perjudicaría al propio Baragaño que, obviamente, estará debidamente asesorado en esos temas.

Una ilegalidad es falsificar documentos de identidad, no reunir fotocopias de documentos y, desde luego, ni siquiera lo sería presentarlas. Lo que sería es una estupidez por parte de quien lo haga si con ello los votos resultasen nulos.

Una ilegalidad es utilizar dinero público en beneficio propio, malversación de fondos públicos según el Código Penal.

Una ilegalidad es favorecer desde un cargo público a una empresa perteneciente a la propia familia, se llama prevaricación y está tipificado como delito.

Más parece la necesidad de tratar de contrarrestar desde LNE la pobre opinión pública que merece la candidatura de Arias de Velasco, una candidatura que sí debería considerarse ilegal solamente por el hecho de estar señalado por la Justicia como el único presidente de la Cámara de Comercio de Gijón que en sus 110 años de historia ha adjudicado cerca de 500.000 euros a su propia empresa y, no contento con ello, ha cobrado sin ni siquiera ejecutar el contrato.

Quizá deberíamos recordar aquí lo que publicó -palabra a palabra- el pasado 15 de octubre La Nueva España, no vaya a parecer que todo esto de la ilegalidad de Arias de Velasco es cosa nuestra:

Adjudicación

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio adjudicó en febrero de 2007 los servicios de publicidad y publicaciones de la Cámara a Isertia. El presupuesto estimativo para el primer año era de 125.000 euros, con la obligación del adjudicatario de asumir los trabajos de publicación de la revista mensual de la Cámara y de los periódicos feriales.

Al día siguiente

El director general de la Cámara, tras hablar con Isertia, tomó la decisión de que no se publicaran la revista y los periódicos citados. Lo hizo al día siguiente de la adjudicación del concurso a la empresa de comunicación.

Pagos

La liberación de la obligación de editar ambas publicaciones no conllevó una reducción en el precio del contrato. Por el contrario, Isertia percibió en 2007 un total de 216.974,25 euros y en 2008 un total de 258.593,03 euros por ese contrato, según se desprende de la contabilidad de la Cámara.

Empresa vinculada

Luis Arias de Velasco forma parte del consejo de administración de Bittia Publicidad, empresa en la que también trabaja su mujer. Bittia figura como socio único de Isertia y de Bitácora (empresa de publicidad fundada por Arias de Velasco).

Demanda

Arias de Velasco había afirmado en la demanda que se había cumplido «de forma escrupulosa» el pliego de condiciones del concurso de publicidad. También había afirmado que no tenía ninguna vinculación con Isertia, Bitácora o Bittia. Ambas afirmaciones han sido desmontadas en la sentencia.

¿Podrán influir los ingresos millonarios de una agencia en publicidad en un determinado medio en la postura que éste tome? Desde luego, no es una acusación sino una simple reflexión.

También hoy sabíamos por La Nueva España y El Comercio que la Junta Electoral de la Cámara de Comercio de Gijón posibilita que Arias de Velasco se presente a las elecciones del próximo día 9 representando a un sector al que no pertenece.

El titular de elcomerciodigital.com es más contundente y afirma que “La junta electoral allana el camino a Arias para continuar en la Cámara“.

Aún no ha aclarado si optará a la reelección como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, pero Luis Arias de Velasco tiene allanado el camino para volver, al menos, a ser uno de los miembros del plenario de la institución cameral gijonesa. Esa es la primera conclusión de la decisión adoptada por la junta electoral que cuida por la legalidad de los comicios camerales en Asturias y que se ha pronunciado en relación con una consulta realizada por Félix Baragaño, hasta ahora el único empresario que ha mostrado públicamente su deseo de optar a la presidencia de la Cámara gijonesa.

Baragaño presentó la consulta la pasada semana ante la Junta Electoral, basándose en el Real Decreto 1.133/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que regula las elecciones en los estamentos camerales y en el que se hace expresa mención a que las personas físicas que representen a las empresas en los plenos camerales «deben ostentar a tal efecto una relación laboral con la empresa de carácter indefinido, o desempeñar funciones de representación ordinaria de la misma». Dicho de otra forma, como el mismo candidato apuntaba, que cada miembro del plenario represente, de esta forma, a su propio sector. «Otra cosa está claro que no es ser fiel al espíritu de la Cámara».

Sin embargo, la junta electoral ha rechazado este postulado y confirma en su fallo que se mantiene la misma situación de hace cuatro años y que, «en su opinión», en mencionado Real Decreto, a la hora de regular la toma de posesión de las personas jurídicas, señala que «lo harán por medio de un representante designado a tal efecto con poder suficiente, sin mencionar ninguna exigencia adicional». Esta postura fue la que defendieron, en su momento, fuentes de la actual dirección de la Cámara de Comercio y, como se apuntaba con anterioridad, posibilita que Luis Arias de Velasco pueda acceder al pleno cameral por la empresa que considere oportuna, siempre que obtenga un «poder suficiente» de la misma.

Félix Baragaño, en relación con la postura de la junta electoral, señaló ayer a El Comercio que acata la decisión aunque ello signifique «que cualquier persona o no de un sector concreto, pueda representarlo en la Cámara». En su opinión, «quizás la legalidad no llega a profundizar en este asunto», pero sigue teniendo claro que «es evidente que, de esta forma, no se es fiel al espíritu de la Cámara». El candidato aseguró que «tramité esta consulta a modo de reflexión ante la junta electoral porque el nuevo reglamento plantea muchas dudas», e insistió en que, desde su punto de vista, no debería de darse la opción a que personas ajenas a determinado sector puedan ejercer como sus representantes en un organismo empresarial como es una cámara oficial de comercio.

Según fuentes conocedoras del acuerdo, el Ministerio de Industria ha comunicado ya a las televisiones su intención de trasladar al 30 de marzo la fecha límite, con el objetivo de evitar que coincida con la Semana Santa, que comienza el jueves 1 de abril, ante la previsible demanda masiva de equipos de TDT en los días previos al apagón que coincidiría, tal y como esta inicialmente marcado, con días festivos.

El próximo 10 de marzo empezarán a apagarse los centros de la fase III y las señales que aún  están emitiendo en la fase II se apagarán definitivamente. Las televisiones están obligadas a lograr una cobertura del 96% en el caso de las privadas y del 98%, en el de las públicas. Sin embargo, los convenios con las diferentes comunidades autónomas para los planes de extensión están permitiendo coberturas cercanas al 100% de la población en muchas regiones. Parece que los 30 millones de usuarios no les afectará esta transición ya que parece que los índices de cobertura están al mínimo exigido por ley, utilizándose el satélite para las zonas de sombra. Otra cosa muy distinta es cuál es el verdadero coste de ello y cómo beneficia a la empresa que goza del monopolio del transporte de la señal.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) tendrá que arbitrar entre Astra y Albertis en la disputa por la difusión de la señal de la TDT por satélite. Según Astra, “sería oportuno poder elegir entre dos operadores y difusores, ya que los precios serían más competitivos y no como ahora que se impone un abisivo precio a la distribución de la señal así como a los costes de los Centros emisores de la TDT”.

Astra denuncia ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que “no ha podido presentarse a dos concursos públicos (en Aragón y Extremadura) para el despliegue de la TDT porque el grupo catalán ha incumplido con su deber de permitirle colocar a un precio asequible su tecnología en las torres, propiedad de Abertis, desde las que se distribuye la señal”.

La empresa de satélites también ha denunciado ante la CMT el hecho de que Abertis se negara a ofrecerle un precio de interconexión a su red para poder presentarse a los concursos. Por su parte, el grupo de infraestructuras español recuerda que “como operador con peso siginificativo en el mercado está obligado a dar servicio de coubicación, pero no de interconexión”.

Cronología de un conflicto

Noviembre de 2008: Astra denuncia a España ante la Comisión Europea por supuestas “ayudas de Estado” en la transición a la TDT.

Marzo de 2009: Impugna los acuerdos alcanzados en Consejo de Ministros en octubre de 2008 por los subsidios del plan de transición a la televisión digital.

Julio de 2009: Tras una denuncia de Axión, la Comisión Nacional de Competencia impone una multa histórica a Abertis por “abuso de posición dominante”.

Febrero de 2010: Acude a la CMT para que medie en el conflicto por el transporte y difusión de señal.

Marzo de 2010: Se celebrará la vista para el juicio en Cantabria en el que Astra pide una indemnización por la ruptura de un contrato en favor de Abertis.

Hay que señalar indicadores negativos del servicio público:

1. TVE no tiene una alta aceptación del público.

2. Parece necesario seguir innovando para canalizar de modo eficiente la opinión del público sobre los contenidos.

3. En TVE todavía se puede incrementar el número de programas con subtítulos y el uso del lenguaje de los signos. Mientras que en la BBC subtitulaba más de 41.000 horas de programación en 2005, TVE lo hacía con unas 5.000. El 62,7% de los programas analizados no cuenta ni con subtitulación ni audiodescripción.

4. La proporción de programas infantiles y dirigidos a otros sectores minoritarios es pequeña en TVE.

En junio de 2008 el catedrático Luis Núñez Ladevéze dirigía, promovido por el Instituto de la Democracia y en el que participan profesores e investigadores de cuatro universidades, el “Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de Televisión Española“. Entre sus conclusiones destaca que un 75% de los programas de ‘prime time’ en TVE no son de servicio público y que el 44% de las telenovelas de sobremesa de La 1 incumplen el horario de protección infantil. En total, el 42,6% de los contenidos de La 1 no cumplen esta función.

TPA no tiene una alta aceptación del público. Ni mucho menos. Apenas una cuota de pantalla del 7% y una audiencia media alrededor de 15.000 espectadores avalan esta afirmación. Tras casi cuatro años en antena -se cumplirán dentro de apenas cuatro meses-, la audiencia de la televisión pública asturiana parece haber alcanzado su techo puesto que desde hace casi dos años sus datos fluctúan sobre esos valores. Eso sin tener en cuenta el probable bajón que se producirá con el apagón digital y la multiplicación de la oferta televisiva con la TDT, lo que todos los analistas coinciden en señalar .

TPA tendrá que canalizar de modo eficiente la opinión del público sobre los contenidos. Las recientes decisiones de la Dirección de Antena y Contenidos han incorporado a la parrilla de la programación el partido de fútbol de la Liga española y la Fórmula 1 que emite laSexta, en abierto y de manera totalmente gratuita para todo el territorio asturiano -la cobertura digital ya alcanzaba el 97,5% en noviembre del año pasado-.

Lo perverso de esto es que algo que es gratis y está disponible para todos asturianos va a costarnos una millonada, pagada con nuestros impuestos que financian los casi 40 millones que este año la Dirección General de RTPA está despilfarrado tan alegremente en una inútil y absurda búsqueda de audiencia preelectotral. Se habla de un coste entre 12 y 16 millones de euros por emitir la Fórmula 1 los próximos cuatro años. El coste del fútbol no ha trascendido pero, como dato orientativo, RTPA pagó en 2006 a la FORTA por menos de la mitad de la temporada 1.200.000 euros, y eso que es asociada pagando una cuota anual de 325.000 euros -esa era la cantidad en 2006-.

La opinión pública no puede estar, de ninguna manera, conforme con semejantes medidas cuando, además, la programación dedicada a contenidos asturianos apenas llega al 48% y el objetivo planteado en la memoria del presupuesto de hace ya tres años fijaba en un 80% los contenidos asturianos que tendría la televisión pública a partir de 2007.

En TPA se puede incrementar el número de programas con subtítulos y el uso del lenguaje de los signos por la sencilla razón de que son inexistentes. Los colectivos con discapacidades auditivas son los grandes ignorados de la televisión pública asturiana.

La proporción de programas infantiles y dirigidos a otros sectores minoritarios no es pequeña en TPA, es mínima, incumpliendo totalmente las recomendaciones para la emisión de programas en horario infantil.

RTPA, como miembro de la FORTA, es una de las televisiones firmantes del ‘Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia‘ que, en el capítulo sobre ‘Menores y programación televisiva’, en el punto 2 referente a las franjas de protección reforzada, establece de lunes a viernes la franja de 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos entre las 9:00 y las 12:00 horas como horario infantil.

TPA sólo emite 15 minutos de programación infantil de lunes a viernes, de 8.30 a 8:45, y los sábados y domingos emite otros 30 minutos, de 8:30 a 8:45 y de 9:15 a 9:30. Es ‘Presta asgaya’, el único programa de la parrilla de TPA con la calificación de ‘recomendado para la infancia’, como la propia web de RTPA indica con un pequeño cuadrado verde. Estamos hablando de tan sólo 135 minutos semanales, un ridículo 2% de la programación de TPA cuando debería ser el 15%.

Teniendo en cuenta que el horario infantil semanal aceptado por RTPA al firmar el Código son 16 horas -960 minutos- semanales y TPA sólo emite 135 minutos de programas calificados por dicho Código según los ‘Criterios orientadores para la clasificación de programas televisivos‘, RTPA incumple en un 85% el horario infantil, y en la franja horaria infantil de tarde en un 100%.

A esto hay que añadir que el 100% de los programas de ‘prime time’ de TPA no son de servicio público.

No estamos hablando de opiniones subjetivas sino de criterios rigurosos, todos ellos aceptados por el Ente Público de Comunicación RTPA, incluso subscribiendo con su firma compromisos y acuerdos que incumple manifiestamente.

¿Es esto una televisión pública?

Empieza con el titular: “No estoy en absoluto preocupado por los apoyos, tenemos suficientes”. Que su contrincante haya reunido públicamente 18 de los 23 apoyos que necesita para ser elegido presidente y que de Arias de Velasco, a pesar de fanfarronear de tener los “apoyos suficientes” no se haya hecho pública más que la negativa expresa de la Unión de Comerciantes de Gijón a apoyar su candidatura, es más que revelador. Eso a sólo un mes de las elecciones. Con su carácter pendenciero, haciendo amigos, suelta un par de perlas que no tienen desperdicio, de esas que sólo un personaje como él se atrevería a dejar escritas en letra impresa para la posteridad en un diario.

Primero se despacha con la Unión de Comerciantes de Gijón mostrando su desprecio por la asociación: “Esto no significa nada. En las elecciones a la Cámara no votan las agrupaciones, sino las empresas. Y estas empresas, que tienen voto secreto, no tienen por qué estar de acuerdo con la decisión de un comité ejecutivo de tal o cual asociación. A la Unión de Comerciantes, por ejemplo, sólo pertenecen un determinado número de comercios, ni siquiera la mayoría”. No sólo menosprecia su peso sino que dice abiertamente que los acuerdos que toma su ejecutiva no sirven para nada. Eso sí, hace cuatro años cuando era presidenta su acólita Ana Menéndez era el no va más.

A Félix Baragaño le regala una de sus frases antológicas llenas de veneno y mal disimulado deseo de tirarse a su yugular, primero diciendo con gran hipocresía que tiene virtudes para luego sacar el cuchillo e intentar rebanarle el cuello de un tajo en la carótida: “Entre las indudables virtudes que adornan a Félix Baragaño no se encuentra la de hacer bien los números, como se puso sobradamente de manifiesto en su última responsabilidad pública”. Pongan ustedes el calificativo que quieran pero está claro que Arias de Velasco ha abierto la veda para la caza mayor.

Cuando le preguntan si intentará ser presidente, algo a lo que rehusó contestar hace apenas cuatro días, se pone en plan Julio César y acude a hablar de él mismo en tercera persona: “Luis Arias es tremendamente respetuoso con el proceso electoral, y hasta el 9 de febrero [suponemos que quiere decir 9 de marzo, fecha de las elecciones] este proceso señala que son las empresas las que se presentan para ser elegidas para el plenario. A partir de ahí, las 45 electas designarán a quién quieren que las represente en el pleno y esos representantes elegirán a su vez al comité ejecutivo y al presidente. Entonces será el momento de decir: por supuesto, nuestro proyecto está vigente, porque no queremos involuciones”. Repulsivo, ¿qué otra palabra se le puede ocurrir a uno?

Sí, “involuciones”, porque viene a decir que todo aquello que no sea su proyecto significa volver al siglo 19. Sólo el César Arias está capacitado para pilotar la nave de la Cámara al siglo 21. Entre esas mejoras dice que la Cámara se preocupa ahora más de las empresas asociadas. Sí, sobre todo de la suya… a la que adjudicó un contrato por la cara que después ni siquiera ejecutó, aunque sí cobró los más de 200.000 euros. Eso sí que es preocuparse por las empresas. Tendrá caradura el tipo…

Para cualquiera que conozca las miserias del personaje está claro que no las tiene todas consigo, ni mucho menos. Sólo declararía ahora que se presentará a la presidencia si significa ir a caballo ganador, con todas las habas contadas. Y no las tiene. Deja abierta la puerta de atrás para que el día 26, cuando ninguna empresa pueda presentar su candidatura porque no tendrá mayoría absoluta, pueda decir que él nunca dijo que se presentaba a la reelección. Juegos de palabras que no engañan a nadie. Más bien revelan que ni él mismo cree en sus posibilidades y no son más que continuas bravuconadas propias de su personalidad.

No, Arias de Velasco no dice que se presenta como candidato a la reelección como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón pero utiliza sus influencias para que La Nueva España publique hoy un panfleto que apesta a electoralismo barato en el que pretende hacer una exaltación de sus logros al frente de la Cámara, buscando descaradamente el apoyo de las pequeñas empresas, fundamentalmente de Langreo y Carreño.

Un diario que no ha hecho la más mínima referencia al escándalo que se produjo con la dimisión de Ana Menéndez en la Unión de Comerciantes de Gijón, que no ha publicado ni una sola noticia referente al hasta hoy único candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio. Pero acuden raudos a publicar ese panfleto propagandístico que nada tiene ni de información ni de noticia. Lo de La Nueva España en este tema apesta.

En ese folletín que publican, más propio de una hoja parroquial que de una declaración de intenciones, va y dice sin ningún pudor: “No me importa confesar la sorpresa e incluso la tristeza que me produce el intento de regresar a tiempos ya superados, en los que la entidad era refugio y escaparate de sólo una parte del empresariado. Precisamente de aquellos que menos la necesitan y que podrían volver a utilizarla como un espacio donde alimentar y sostener vanidades o solucionar problemas personales”.

Un presidente de la Cámara al que la Justicia en sentencia judicial firme le ha recordado hace apenas tres meses que ha utilizado la institución cameral para beneficio de su propia empresa. ¿Cómo se atreve a decir que los que vengan “podrían volver a utilizarla como un espacio donde alimentar y sostener vanidades o solucionar problemas personales”? Esto define al personaje.

Su prepotencia y grandonismo sale a relucir cuando le preguntan en elcomerciodigital.com por quién se presentará al pleno.”Yo no tengo que presentar ninguna candidatura. Tengo muchas ofertas”. Ofertas que no se han concretado y que, aunque se concreten, siendo minoría en el pleno no le servirán absolutamente de nada.

Es conocido y notorio que hay empresas que apoyan a Arias de Velasco porque están bajo su yugo. Ya lo hizo en la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA) y de todos es conocido cómo funciona este personaje que amenazó, literalmente, con partirle la cara a un disidente delante de varios testigos. Otra técnica es vincular la supervivencia económica de la empresa que le debe apoyar a su incondicional subordinación. Más que del siglo 21 es del siglo 9, cuando el vasallaje campaba por sus anchas en la época carolingia. Eso si no hay que hablar de servidumbre, más patética si cabe.

Otro asunto en el que hay que tener valor. Los trabajadores y, especialmente, Mercaplana. Cuando le comentan -algo evidente, por otra parte, con la cantidad de juicios que ha perdido e indemnizaciones que ha tenido que pagar la Cámara- que “en el ámbito laboral, el suyo ha sido un mandato convulso”, va y se despacha como si del síndrome de la Moncloa se tratase: “Yo no lo creo. Lo que sucede es que siempre que hay cambios surgen reticencias, obstáculos que hay que superar”. Como partirle la cara a alguien para que esté de acuerdo con él, obstáculos que hay que superar… como sea.

De todas las cuestiones que se le plantean, ni una mínima muestra de diálogo, de posibilidad de haberse equivocado en algo. A todo responde rotundamente “no”, las culpas son de otros, de las circunstancias, aquí no ha pasado eso… El descuido de la actividad ferial, la desaparición de Turicom y de Mercaplana, la convulsa situación laboral dentro de la Cámara de Comercio, el frenazo a Gesferia… Y eso que el periodista no se ha atrevido a preguntarle por lo más grave, la sentencia judicial que prueba que adjudicó un contrato a su propia empresa. Son cosas que no han ocurrido, según Arias de Velasco.

A ver si Baragaño, ahora que Arias de Velasco ha abierto la veda a la caza mayor, no se acojona y se atreve con ese tema…

Un acto en el que tanto Álvarez Areces como el consejero de Educación y Ciencia, Iglesias Riopedre, aprovecharon para ponerse medallas con el pretexto de los diez años del traspaso de las competencias en materia de educación. Ya no saben que hacer… En la entrada del auditorio los sindicatos de la enseñanza protestaban por la gestión del gobierno en materia de educación.

Hubiese sido imposible censurar las imágenes del ambiente exterior que se vivieron en una retransmisión en directo -lo habitual en este tipo de actos, lo del directo, se entiende-, como lo harán en el programa que emitirán mañana.

La única reseña noticiable de la gala fue, tal como informaba el pasado viernes La Nueva España, que “cerca de un centenar de docentes encabezados por los sindicatos de la enseñanza Suatea, CCOO y CSIF se concentraban en la calle criticando la política educativa del Gobierno asturiano”.

Y continuaba el despacho de Europa Press: “La representante de Suatea, Beatriz Quirós, señaló que hoy era el momento de que “ya que una buena parte de la comunidad educativa está aquí en la calle”, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre escucharan sus “reivindicaciones”.

Respecto a la ausencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la responsable sindical afirmó que le harán llegar la carta abierta en la que le explican las “carencias y problemas” de la educación asturiana y el profesorado.

Cuando representantes sindicales trataron de impedir la entrada del consejero y el presidente en el auditorio los numerosos efectivos policiales allí presentes se vieron obligados a intervenir; hubo tensión, pero por fortuna no se llegó a las manos. A partir de éste momento una sonora pitada amenizó el ambiente hasta pasadas las 6 de la tarde cuando tenía que haber dado comienzo la gala” .

A ello han contribuido, y mucho, los varapalos que han supuesto la sentencia judicial que deja claro que Arias de Velasco adjudicó un contrato de la Cámara a su propia empresa, el anuncio de una denuncia penal por la “gestión de dinero público en beneficio propio”, la renuncia de su mano derecha -y Director General-, Javier de la Ballina- y, finalmente -hasta el momento-, la negativa de la Unión de Comerciantes de Gijón a apoyar su candidatura, lo que supuso la dimisión de Ana Menéndez -actual vicepresidenta cuarta de la Cámara- de la junta directiva de dicha asociación.

Esta última situación ha puesto de manifiesto la posibilidad de que Arias de Velasco no cuente con una empresa a la que representar en las próximas elecciones, condición indispensable para optar a un puesto en el pleno de la institución. En un acto celebrado el pasado miércoles Arias de Velasco eludió desvelar si se presentará a la reelección y a qué empresa representaría.

Hoy, cuando ya han empezado los posicionamientos y estrategias propias del proceso preelectoral, sin haberse dado oficialmente el pistoletazo de salida, se filtra en la prensa que la Unión de Comerciantes de Gijón, tras negar el apoyo a la candidatura de Arias de Velasco con el argumento de permanecer neutral y no decantarse por ninguno de los candidatos, apoyará a su oponente, Félix Baragaño.

No por ser algo que ya habíamos analizado en esos términos deja de sorprender. Lo revelador es que se haya hecho público en el diario de Gijón con el significativo titular ‘Baragaño acumula apoyos‘.

Y parece que, por las cuentas que hace elcomerciodigital.com, de los 50 componentes del futuro pleno cameral Baragaño cuenta ya con 18 a favor, a tan sólo 5 delegados de la mayoría absoluta, fijada en 23 votos-como mucho- ya que los 5 de la FADE serán abstenciones, al permanecer tradicionalmente neutral. Obviamente, si se produjese alguna abstención más, el número de votos para la mayoría absoluta se reduciría, lo que beneficia, a día de hoy, a Baragaño.

En cambio, Arias de Velasco aún no ha sumado ningún apoyo público de los 23 que necesitaría para resultar reelegido, aunque sí parece que hay varios sectores, sobre todo en Langreo, partidarios de su candidatura.

La carrera por la presidencia de la Cámara de Comercio pasa por lograr la mayoría absoluta en un pleno que se constituirá el 26 de marzo y que tiene 50 componentes. De éstos, cinco son elegidos a propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y que, tradicionalmente, mantienen una postura neutral en caso de confrontación de dos o más candidatos. Quedan otros 45, que están divididos en once sectores y en dos circunscripciones: Gijón y Carreño por un lado, y Langreo, por otro.

Las delegaciones de voto por correo serán fundamentales en el resultado final y maquinarias electorales de las dos partes se afanan en lograr esos apoyos y garantizarse los delegados de cada epígrafe.

En este momento, a un mes de los comicios, el único candidato oficial, Félix Baragaño, parece tener garantizados un buen número de delegados proclives a su candidatura, de la mano de la Asociación de Promotores y Constructores de Gijón (Asprocon), cuya junta directiva se pronunció de forma abierta en pro del Baragaño.

Asprocon aporta 4 delegados, a los que podría sumarse un quinto de la circunscripción de Langreo. Luego, otros 4 delegados, al menos, lo sumaría del epígrafe de las industrias del Metal, que es el sector que representa este candidato y que, en consecuencia, es de prever que tenga su seguro apoyo. Además, aunque expresamente no se ha pronunciado, la Unión de Comerciantes de Gijón -que aglutina a seis delegados del sector de Comercio y Reparaciones- apoyará también a Félix Baragaño, teniendo en cuenta que en su junta directiva se aprobó no respaldar de forma expresa a Luis Arias de Velasco, lo que provocó la dimisión de Ana Menéndez.

En todo caso, la propia ex presidenta de la Unión de Comerciantes lidera la campaña para Luis Arias intentando lograr apoyos de las empresas del pequeño comercio y cambiar esa situación. El transporte marítimo también asegura unir sus tres delegados a la opción de Baragaño.

Batalla por cada voto

En el resto de los sectores no dejará de haber batalla por cada voto, por cada delegado, con más opciones, por lo que parece, para la candidatura proclive a Luis Arias en epígrafes como los de vehículos, hostelería de Langreo, transporte de mercancía, servicios personales de empresas de Langreo o Energía. En este último, de hecho, Baragaño no presentará ni candidatos.

En algunos sectores, por lo que ha trascendido, la postura de las empresas y el resultado de los delegados no está clara y podría definirse en el último momento. Con todo, Baragaño, a tenor de las piezas movidas hasta la fecha, parece contar con una significativa ventaja aunque, eso es seguro, la batalla continúa. Salvo sorpresa mayúscula, la correlación real de las fuerzas de las dos candidaturas no se sabrá hasta el 9 de marzo.

Aunque según elcomerciodigital.com la incógnita sobre quién será el nuevo presidente se mantendrá hasta el próximo 26 de marzo, dado el peculiar proceso electoral de la Cámara de Comercio de Gijón:

«¿Alguien más quiere ser presidente?»

Será el último día y a última hora. El 26 de marzo, cuando se constituya de forma oficial el nuevo pleno de la Cámara de Comercio de Gijón, cualquiera de los miembros del mismo puede optar a la presidencia, sólo con levantar la mano y sin trámite previo alguno. El presidente de la ‘mesa de edad’, así lo prevé el reglamento, debe preguntar en alto y de viva voz a los cincuenta componentes del nuevo plenario si alguno quiere optar a la presidencia de la Cámara. En ese momento, de hacerlo, se convierte en candidato oficial y su opción debe ser votada con las otras que pudiera haber.

Este peculiar reglamento deja abierta la posibilidad de que los candidatos a presidir la entidad cameral gijonesa puedan, si lo desean, ocultar sus intenciones hasta el último momento.

Antes, el 9 de marzo, se celebrarán las elecciones que prevé el nuevo reglamento en los diferentes sectores y se acabará el plazo del voto por correo. Unos días después, el 15 de marzo, se proclamarán los candidatos que, hasta ese momento, seguirán siendo meramente las sociedades o empresas, lo que permitirá, el menos en principio, que cada candidatura haga sus propias cuentas y conozca cuántos apoyos tendrá para la posterior elección del presidente.

El proceso culminará el 26 de marzo, cuando cada empresa o sociedad que tenga un puesto en el pleno deba designar a una persona concreta para ocupar la silla correspondiente. En este sentido, Félix Baragaño defiende, y así lo hizo constar por escrito a la Junta Electoral, que los representantes de cada empresa deben formar parte de la plantilla de la misma o de sus órganos de dirección. Los actuales rectores de la Cámara opinan que no es así y que nada ha cambiado en relación con los comicios de hace cuatro años. Finalmente, tras la elección de los representantes de la Fade, el presidente de la mesa preguntará si alguien más quiere optar a la presidencia de la Cámara. De haber, como parece claro, más de un candidato, habrá votación. Se habrá terminado, entonces, el largo y peculiar proceso electoral.

No voy a eludir ningún tipo de reponsabilidad. El Consejo de Administración respaldó que la Dirección Técnica del Ente Público haya negociado el fútbol y la Fórmula 1 por unanimidad. Y, por cierto, en ese Consejo de Administración están representados todos los grupos parlamentarios de la Junta General.

Ante la incredulidad del conductor del programa, repite: “Por u-na-ni-mi-dad”, remarcando las sílabas de la palabra cuando la pronuncia.

A continuación, en el minuto 2:15, cuando le preguntan por el coste de la Fórmula 1 Mallada contesta que “en este momento no recuerdo la cifra pero ronda… creo… no, no me atrevo a dar una cifra exacta”, a lo que el conductor del programa le replica: “Seguro que tiene seis ceros”. Y el consejero apostilla de manera evasiva: “Es posible, es posible”.

Y sigue: “Pero menos de lo que alguna gente piensa porque se ha hecho una negociación con los propietarios del fútbol y de la Fórmula 1… Una cosa lo suficientemente ventajosa para el Ente Público porque incluso hay alguna iniciativa parlamentaria en la Junta General pidiendo que se negociase con los responsables del fútbol por parte de algún grupo”.

Ramón Cañal, diputado del Partido Popular, interviene: “Cuando no se veía laSexta…”.

A lo que Mallada, demostrando una vez más su gran desconocimiento de la realidad audiovisual asturiana, le corta: “Es que tampoco se sigue viendo laSexta en toda Asturias, en la mayoría de los sitios“.

Según su compañera de partido y consejera portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, en noviembre de 2009 la cobertura de la TDT -y, por tanto, de laSexta- llegaba al 97,5% de la población asturiana. Así que más bien no es que, como dice Mallada no llega a la “mayoría de los sitios”. Llega a la práctica totalidad de los sitios.

En el minuto 5:56 entra en antena Rocío Ardura -directora de Leaders Comunicación- y comienzan a hablar de las retransmisiones de la Fórmula 1 y del fútbol. Mallada dice al ser preguntado por el coste de la retransmisiones que es “en torno a un millón de euros”. Ardura replica: “Me parece francamente, me parece mucho dinero… Si me dices, oye, es para ver al Sporting todos los días, en todas las horas, en todas las partes pues, a lo mejor, me lo pienso”.

No parece quedar claro si están hablando del coste de la Fórmula 1 o del fútbol.

De cualquier manera, los datos documentados en el artículo Sobre lo que pagará RTPA por la F1 evidencian la imposibilidad de semejante afirmación y, una vez más, demuestra la falta de rigor y transparencia del ente público de comunicación asturiano.

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* Al pulsar el botón “play” se oye un corte de publicidad. Una vez que acaba, hay que volver a hacer click en el botón.

El ERE descabeza la cúpula de la redacción de La Voz de Asturias

La tarde de ayer se han hecho efectivos los despidos de La Voz de Asturias, 40 despidos de una plantilla de 66 personas emprendidos para sanear la cabecera que Zeta venderá a Público. Entre las salidas, casi todos los redactores jefes.

La lista de despidos ha sido dada a conocer ayer y en ella se incluyen casi todos los redactores, así como de jefes de sección. Con ello queda descabezada la cúpula directiva de la redacción y se cumplen los temores de muchos redactores respecto de que La Voz se transformará en una delegación de Público en el norte y que perderá su autonomía. Público ha dicho no obstante, que mantendrá la cabecera inalterable.

Entre los cuarenta despedidos encontramos personal administrativos y a quince trabajadores que el año pasado fueron a juicio contra Zeta para obtener un contrato el año pasado. Este grupo de redactores y fotógrafos ganaron el juicio y el recurso de la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Incluso muchos empleados se quejan de que este grupo de trabajadores y su demanda haya sido utilizada como excusa para justificar este nuevo ERE. Estas mismas fuentes creen no obstante, que la precaria situación económica de la cabecera -perdió un millón y medio de euros en 2009- y su difusión a la baja tienen más que ver con el desinterés de Zeta por el diario y sus pocas ganas de intentar reflotarlo.

El lunes 1 de febrero ‘La Voz de Asturias’ se comenzaba a vender conjuntamente con ‘Público’ en los quioscos asturianos, según se contempla en el preacuerdo de compraventa firmado por los grupos Zeta -actual propietario del rotativo ovetense- y Mediapro el pasado 12 de enero. El preacuerdo debe ejecutarse antes del 28 de febrero y en él está previsto el ERE realizado por Zeta.

La sucesión de acontecimientos pronosticados hace poco más de un año no han hecho más que confirmar los malos augurios. Hace trece meses el ERE del Grupo Zeta dejaba pendiente quién iba a hacerse con el marrón que quedaba en La Voz de Asturias. Condición indispensable era que siguiese bajo el control arecista. La primera opción que se propuso no fue aceptada por los sindicalistas que pilotaban las reivindicaciones y se entró en una fase de lenta agonía, tras unas falsas expectativas creadas por el aplazamiento de parte del ERE.

Tras el verano se reactivó el asunto hasta que finalmente apareció, casi de rebote, la opción de Público cuando la empresa Mediapubli comenzó a desarrollar su estrategia de aliarse con diarios locales. Al interesarse por La Voz de Asturias el Grupo Zeta le ofreció la cabecera a cambio de hacerse cargo del ERE. Lo siguiente será desmantelar totalmente cualquier vestigio anterior una vez se hayan diluido las pocas, casi ninguna, voces demandantes.

Con la reducción de la plantilla a apenas una veintena de trabajadores entre los que no queda ningún jefe “de peso” -si es que quedaba después de la desbandada generalizada-, Público se asegura un finiquito de lo más discreto. Un día leeremos que Público y La Voz de Asturias dejan de distribuirse conjuntamente porque sólo se distribuirá Público. Y la redacción, probablemente aún más disminuida que hoy, será una delegación en sentido estricto. Ya no habrá que guardar las formas. Lo veremos en menos de un año. Si no, al tiempo.

Una historia con un final augurado

31.01.2010 > Público y La Voz de Asturias, ya juntos

16.01.2010 > La Voz de Asturias vale un euro

14.01.2010 > Público compra La Voz de Asturias

09.11.2009 > TPA quiere público?

17.01.2009 > Asturias: Cierres, despidos y crisis en los medios

13.01.2009 > Negro sobre negro o el futuro del sector de la comunicación en Asturias

10.01.2009 > Un testaferro en la corte del rey Vicente

Hace apenas dos semanas, el 20 de enero, supimos por El País que Canal 9, la autonómica valenciana, compró los derechos para la retransmisión por unos 16.000.000 €. El acuerdo es prorrograble hasta cinco años más.

Canal 9 compra los derechos para retransmitir la Fórmula 1

Radio Televisió Valenciana (RTVV), con más de 1.100 millones de euros de deuda acumulada, ha comprado los derechos de emisión del campeonato de Fórmula 1 de este año, según confirmaron ayer fuentes del ente público. El acuerdo es prorrogable hasta cinco más. Asimismo, ha fichado al comentarista argentino Víctor Seara para las retransmisiones. La dirección de la cadena no facilitó la cantidad, que otras fuentes cifran, sin contar el pago a Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1, en unos 16 millones.

[...] La compra de los derechos de la Fórmula 1 y el fichaje encendieron ayer las críticas de la oposición. Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV a propuesta socialista, lamentó que “una vez más se tomen decisiones a espaldas del consejo y a pesar de que el consejo pregunte por ello” y que “se insista en el despilfarro y la bancarrota del ente público”.

La cantidad es confirmada por el diario Información de Alicante al día siguiente:

El PSPV exige a Canal 9 que explique en las Cortes el contrato de la Fórmula 1

El grupo socialista en las Cortes Valencianas pedirá la comparecencia del director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, para que explique las condiciones del contrato para retransmitir el mundial de Fórmula Uno de 2010, al considerar que tiene “elementos suficientes para estar en alerta”. Así lo declaró ayer la portavoz socialista en la comisión parlamentaria de control del ente público, Nuria Espí, después de que Canal 9 confirmara que ofrecerá “íntegro y en directo” el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 2010, que dará comienzo el 14 de marzo y finalizará el 14 de noviembre. Se da la circunstancia de que este campeonato ya lo ofrece íntegramente y en directo La Sexta, de forma que los televidentes de la Comunidad podrán elegir entre las dos retransmisiones -privada y pública-, tal y como sucede con los partidos de fútbol de Primera División los sábados por la noche.

Ante esta nueva apuesta programática, que puede costar al ente público un mínimo de 16 millones, la portavoz socialista Nuria Espí indicó que su grupo quiere explicaciones porque, según dijo, los contratos para retransmitir la visita del Papa en 2006, así como otros acontecimientos deportivos “que han supuesto pérdidas reales” para la televisión pública, obliga a los socialista a estar “alerta”.

El PSPV está dispuesto a dar su apoyo a esta decisión siempre que las condiciones del contrato sean transparentes, la oposición tenga acceso a toda la información y haya unas previsiones de audiencia y beneficios que justifiquen la compra de los derechos de retransmisión. “Espero que nos permitan que no nos entusiasmemos con la noticia”, afirmó la portavoz socialista.

Otra fuente, Ràdio Klara de la Comunidad Valenciana, cifra la cantidad entre 15 y 20 millones de euros. Además, nos aporta el dato de que la retransmisión sólo del Gran Premio de Europa 2009 en Valencia le costó a la televisión autonómica valenciana 1.200.000 €.

Canal 9 oculta al seu Consell d’Administració la compra del Mundial de Fórmula 1

Costarà entre “15 i 20 milions d’euros”.

Si l’emissió del Gran Premi d’Europa, la feta a València, li costava 1,2 milions d’euros a l’any, segons va publicar L’Informatiu, les despeses de les 19 carreres poden ser estratosfèriques.

[…] Morera critica el retall al doblatge en valencià

El síndic del grup parlamentari Compromís, Enric Morera, va declarar ahir que la decisió de RTVV de comprar els drets de retransmissió de la Fórmula 1 per un import d’uns 16 milions d’euros, “encara que la direcció de l’ens no ha donat cap dada”, suposa “una eixida de to més a les quals estem acostumats”. Morera va apuntar que “crida l’atenció que una televisió pública amb un deute espectacular, manipulada políticament i que imcompleix sistemàticament totes les lleis valencianes, prefereix continuar sent la portaveu de la bogeria del Consell i continuar malbarant els diners públics, mentre ignora el doblatge en valencià al qual ha sentenciat de mort enguany retallant-li el pressupost i posant en perill més de 400 llocs de treball”.

Estas son las cantidades que se manejan el el circo de la Fórmula 1, y no el ridículo millón de euros que nos quiere hacer creer el consejero del ente público José Amado Mallada que le cuesta a RTPA la Fórmula 1.

A la pregunta sobre el coste de la Fórmula 1 anteayer en el programa “El Avispero“ contesta que “en este momento no recuerdo la cifra pero ronda… creo… no, no me atrevo a dar una cifra exacta”. Al ser preguntado sobre si la cifra tiene seis ceros responde de manera evasiva diciendo que “es posible”. Y minutos después afirma que ronda el millón de euros. No parece que una cantidad millonaria en un asunto como éste sea para no recordar “exactamente”. Estaba mejor callado…

Sobre quién tiene los derechos de la Fórmula 1 para España en exclusiva -y, por tanto, con quien hay que negociar en España-, nos despeja dudas la noticia publicada por El Mundo cuando se firmó el acuerdo entre la empresa propietaria de los derechos a nivel mundial, la sociedad Formula One Management (FOM) de Bernie Ecclestone, y Mediapro en mayo de 2007.

Mediapro adquiere los derechos de emisión del Mundial de Fórmula 1 de 2009 a 2013

El grupo empresarial de medios Mediapro, principal accionista de la cadena de televisión La Sexta, ha adquirido en exclusiva los derechos audiovisuales de emisión del Mundial de Fórmula 1 durante cinco años, desde 2009 hasta 2013, ambos incluidos.

[...] El acuerdo se ha alcanzado con ‘Formula One Management (FOM)’ y se circunscribe en exclusiva para todo el territorio español. En la actualidad, los derechos estaban hasta 2008 en poder de Telecinco y de TV3, en este caso para el territorio catalán.

Por tanto, estas cifras se refieren a lo que las autonómicas pagan a Mediapro. Las evidencias de los costes de la reventa de laSexta a las autonómicas son claros y públicos. Además de la oferta que rechazó RTPA en abril de 2008 por 4 millones de euros por temporada -el titular de La Voz de Asturias no deja lugar a dudas: “La Sexta pide 4 millones a TPA por emitir la Fórmula 1“-, el año pasado la cadena de Roures revendió los derechos de retransmisión a cuatro televisiones autonómicas pagando cada una de ellas 4 millones de euros por la retransmisión de los grandes premios de la temporada 2009. Además de esos cuatro millones de euros anuales, las cadenas autonómicas asumen también los gastos derivados de la producción y retransmisión de las carreras. Lo podíamos leer en El Confidencial en febrero del año pasado, semanas antes de comenzar el campeonato:

La Sexta revende los derechos de la Fórmula 1 a las televisiones autonómicas

La Sexta, que retransmitirá a partir del próximo mes de marzo, y hasta 2013, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ya ha vendido a cuatro televisiones autonómicas los derechos audiovisuales que adquirió en exclusiva para España hace menos de un año a la productora Mediapro. La cadena pretende con esta operación hacer caja para afrontar la caída de los ingresos publicitarios. “Así es nuestro modelo de negocio y así funcionamos desde hace tres años”, señalan portavoces de la Sexta.

El canal de televisión controlado por Jaume Roures, presidente de Mediapro, mantiene negociaciones contrarreloj con al menos otras seis cadenas autonómicas que también han mostrado su interés por incluir en su parrilla de programación las carreras automovilísticas de esta temporada, tal y como han asegurado a El Confidencial fuentes de toda solvencia próximas al proceso negociador.

Según esas fuentes, La Sexta ha cerrado ya la venta de los derechos de retransmisión de las pruebas de Fórmula 1 a las televisiones autonómicas de Cataluña (TV3), Canarias (TV Canaria), Baleares (IB3) y Murcia (7RMurcia). Cada una de esas cadenas pagará en 2009 a La Sexta cuatro millones de euros para retransmitir todos los grandes premios que se disputen a lo largo de este año. La temporada arrancará el próximo 29 de marzo en Melbourne (Australia) y concluirá el 11 de noviembre en el circuito de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Mediapro arrebató en 2007 a Telecinco los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 para España, que la cadena de Paolo Vasile ha explotado durante las cinco últimas temporadas con un notable éxito de audiencia y de ingresos publicitarios. La productora catalana tendrá que pagar más de 200 millones de euros por esos derechos a Formula One Management (FOM), la empresa dirigida por Bernie Ecclestone que gestiona el campeonato. En 2009 desembolsará 36 millones, cantidad que se irá incrementando un 10% cada año hasta superar los 200 millones en 2013.

Mediapro se impuso en la puja a Televisión Española y a la propia Telecinco, que finalmente se retiró porque, según dijo entonces Vasile, el desorbitado precio ofrecido por la productora hacía imposible rentabilizar la inversión. Vasile llegó a acusar a Roures y Tacho Benet -consejero delegado de Mediapro- de “reventar el mercado de los derechos deportivos con sus muestras de capitalismo rampante”, y aseguró que la cantidad ofertada por Mediapro a Ecclestone triplicaba la que estaba dispuesta a pagar Telecinco, que ha desembolsado una media de 18 millones de euros por temporada mientras disfrutó de la exclusiva de la Fórmula 1.

Las deudas de Roures

La productora de Roures, accionista de referencia de La Sexta, vendió el pasado año los derechos de retransmisión del campeonato a la cadena presidida por Emilio Aragón por una cantidad que no ha trascendido. Ahora, La Sexta ha decidido poner a la venta esos derechos y ha entablado negociaciones, en primer lugar, con los siete canales autonómicos con los que ya comparte la exclusiva de emisión de los partidos de la Liga de fútbol.

Según las mencionadas fuentes conocedoras del proceso, La Sexta ha logrado ya vender el que sin duda va a ser su producto estrella de esta temporada a los canales autonómicos de Cataluña, Canarias, Baleares y Murcia. Y mantiene abiertas las negociaciones con los de la Comunidad Valenciana (Canal Nou), Galicia (TVG) y Aragón (Aragón TV). Además, la cadena controlada por Mediapro también ha trasladado su oferta de cuatro millones de euros por temporada a Canal Sur (Andalucía), CMT (Castilla-La Mancha) y Telemadrid, aunque esta última ya la ha desestimado, según fuentes del canal público de la Comunidad de Madrid.

Además de esos cuatro millones de euros anuales, las cadenas autonómicas habrán de asumir también los gastos derivados de la producción y retransmisión de las carreras. Los espectadores de las comunidades autónomas que disponen de canal propio podrán optar entre seguir las evoluciones de los monoplazas de Fernando Alonso y compañía en la televisión de Mediapro -de la mano del periodista Antonio Lobato, que ya desempeñaba esa misma labor en Telecinco- o presenciarlas a través del canal público de su comunidad.

La Sexta, que está a punto de cumplir su tercer aniversario, acumuló en sus dos primeros años de emisión unas pérdidas de más de 250 millones de euros, y está muy lejos de alcanzar el equilibrio presupuestario que su consejero delegado, José Miguel Contreras, aseguró que se produciría, precisamente, en 2009. Además, Mediapro -principal accionista de la cadena- arrastra unas deudas que, según diversas fuentes, podría superar los 3.000 millones de euros.

Hoy publica elcomerciodigital.com la crónica sobre un acto en el que trató de defender su gestión al frente de la Cámara, en el que eludió confirmar si se presentará a las elecciones. Da igual que lo haga. Esta vez tendrá que irse con el rabo entre las piernas. Aunque intenta hacer creer que la razón es “por respeto a los plazos marcados en el proceso electoral”, la realidad es que, tras la dimisión de Ana Menéndez como miembro de la ejecutiva de la Unión de Comerciantes de Gijón, Arias de Velasco no ha conseguido otra empresa a la que representar en el proceso electoral.

“Me reservo el epígrafe. Me presentaré en representación de una sociedad o empresa con la que mantenga una vinculación más que suficiente y que me otorgue la confianza necesaria”. Es una obviedad que esconde la falta de confianza de ninguna empresa. Arias de Velasco representó a Tramastur, cuya administradora única es Ana Menéndez, la misma que acaba de dimitir de la directiva de la Unión de Comerciantes de Gijón tras negarle ésta el apoyo que exigía para Arias de Velasco en las próximas elecciones de marzo.

Arias de Velasco “aprovechó el acto, en el que estuvo arropado por sus cuatro vicepresidentes, para lanzar varios mensajes a Félix Baragaño, hasta ahora único candidato oficial a la presidencia de la institución”. En un alarde de prepotencia y desvergüenza dijo estar preocupado porque la transformación de estos cuatro años pueda ser “reversible”. No contento con semejante muestra de desfachatez, pasó al contraataque tras las declaraciones de la posible ilegalidad de su candidatura a la reelección mostrando su temor de que Félix Baragaño -sin mencionarle- pueda utilizar la Cámara “para satisfacer vanidades personales” y que la institución “pierda su independencia como órgano empresarial”.

Una institución que ha perdido toda su dignidad al dar amparo a un presidente que utilizó su cargo para propio beneficio, adjudicando un contrato a su propia empresa con la connivencia de su Comité Ejecutivo. Algo que tras ser denunciado en este blog y por nueve agencias de publicidad de Gijón, el pasado 15 de octubre fue confirmado por la justicia.

En otra obviedad señaló que durante estos cuatro años de su presidencia las relaciones con el Gobierno y el Ayuntamiento de Gijón han sido “respetuosas, independientes y magníficas, con una colaboración bidireccional satisfactoria”. Hombre, si no son buenas las relaciones con quienes le colocaron allí…

Se acaban los adjetivos para calificar el descaro de este impresentable al que le quedan las horas contadas en la institución gijonesa.

Mientras la más que cuestionada candidatura de Arias de Velasco suma negativas de apoyo -a la renuncia de la Unión de Comerciantes hay que añadir la retirada de apoyo gubernamental con la descalificación pública del escribidor oficioso de Suárez de la Riva, Alejandro Ortea, en La Nueva España, cuando saltaba el escándalo hace poco más de un año-, su oponente suma avales. La semana pasada la Asociación de Constructores y Promotores de Edificios Urbanos de Gijón (Asprocon) decidió apoyar a Félix Baragaño en las elecciones para acceder a la presidencia de la Cámara, en el caso de que se presente más de un candidato.

De la cuantía real no tendremos información a no ser que lo fiscalice la Sindicatura de Cuentas. Por ello se preocupan especialmente en la Dirección General de RTPA al incluir una cláusula de confidencialidad por la que “la agenda de viajes se compromete por escrito a respetar el secreto relacionado con la información que conozca por razón de los servicios prestado al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, Radio del Principado de Asturias y Televisión del Principado de Asturias”.

Lo grave de todo este asunto es que los usuarios de esta prestación del Ente Público de Comunicación -es decir, fundamentalmente los directivos- podrán hacer uso de los servicios de esa agencia de viajes a título privado. Ellos… y sus familiares. Así, como suena. Y lo reflejan explícitamente en la última cláusula del pliego de condiciones técnicas de la licitación:

“La agencia de viajes adjudicataria deberá, sin compromiso ni obligación alguna para las entidades licitadoras, prestar servicios a los usuarios de este contrato a título privado para su uso y el de sus familiares directos, siempre que esto no impida o afecte negativamente al adecuado funcionamiento de las operaciones relacionadas con los viajes oficiales del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, o de la Radio del Principado de Asturias, Televisión del Principado de Asturias, o de la Productora de Programas del Principado de Asturias. Los descuentos ofrecidos en la proposición económica por el adjudicatario en el concurso se aplicarán igualmente cuando los servicios se presten a los usuarios arriba indicados a título privado. Por la prestación de estos servicios, el adjudicatario no podrá, en ningún caso, facturar a ninguna de las entidades”.

Traduciendo para los que aún creen en los reyes magos, que cuando Pérez Ornia, Guarenabarrena, Cuesta y compañía vayan a ir de vacaciones con su familia se pasan por la agencia para que les haga “precio con el descuento especial RTPA”, que para eso trabajan allí. Ya puestos, porque no lo extienden a todos los trabajadores de la Administración. Total, barra libre, ¿no?

Por si acaso aclaran que la agencia no podrá facturar los viajes privados a RTPA. Nos ha jodido, les parecerá poco lo del descuento por la cara…

Vamos a ver… ¿esto no es ilegal?!!!! ¿Por qué los directivos y sus familias se van a beneficiar a título privado de los descuentos que la agencia de viajes hace a un ente público? ¿A qué viene esto? ¿Nadie va a decir o hacer nada?

Es para subirse por las paredes. Indescriptible. Uno ya no sabe cómo puede alucinar aún más con esta banda de caraduras.

La cadena Cope estudia la venta de Popular TV

Quiere recortar salarios.La cadena Cope mantiene negociaciones para la venta de Popular TV y está estudiando recortes salariales para hacer “ajustarse a la realidad económica”, según ha explicado hoy su presidente y consejero delegado, Alfonso Coronel de Palma.

El ejecutivo ha indicado que las perspectivas para 2010 “son malas” y ha subrayado que “si hay un sector en crisis es el de los medios de comunicación”.

Por ello, considera necesario “ajustarse a la realidad económica. Todos tenemos que ajustarnos el cinturón, todos, incluidos los directivos”, ha asegurado.

En este sentido, Coronel de Palma ha admitido que el proyecto de Cope prevé un “ajuste de cinturón o reformas estructurales”, siempre evitando los despidos, para lo que ha propuesto “una bajada de salarios, pero en un sentido progresivo, más a los más altos y menos para los que ganan menos”.

Eso sí, ha desmentido que Cope vaya a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). “A día de hoy no se ha formulado ningún ERE”.

En cualquier caso, ha resaltado que la deuda de la compañía es cero y que esperan cerrar el año con una tesorería de 10 millones de euros.

Popular TV

Durante la conferencia en el Foro de la Nueva Comunicación, Coronel de Palma ha reconocido que la presencia de la Cope en el negocio televisivo de ámbito local (Popular TV) está ahora en “reconsideración”.

El directivo ha confirmado que existen conversaciones de venta con el grupo mexicano María Visión, pero que no hay ninguna operación cerrada de momento.

Sin mencionarlo expresamente aunque es obvio, el aspirante a la presidencia lo denunciaba en un escrito dirigido a la junta electoral que presentó ayer en la Cámara de Comercio.

Según elcomerciodigital.com el documento, que “velará por la limpieza de las próximas elecciones en el órgano empresarial, [...] pone en duda, aunque sin mencionarlo de forma expresa, la posibilidad de que Luis Arias de Velasco, actual presidente, pudiera presentarse a la reelección en el cargo. […] Baragaño no citó en ningún momento a Luis Arias para reafirmar su planteamiento, aunque la alusión parece evidente. El actual presidente fue elegido miembro del actual plenario en representación de la empresa de la ex presidenta de la Unión de Comerciantes, Ana Menéndez”.

La Nueva España parece seguir autista en todo el escándalo que está rodeando la candidatura de Arias de Velasco a la reelección en la Cámara de Comercio de Gijón. Conviene recordar que el cargo conlleva, entre otros, la vicepresidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Lo contábamos ayer. Ana Menéndez ha presentado la dimisión como miembro de junta directiva de la Unión de Comerciantes de Gijón -no era presidenta desde noviembre de 2009- y se acumulan los reveses para un candidato que día a día se ahoga. A la negativa de la totalidad de la junta directiva de la UCG a apoyar la candidatura de Arias de Velasco -como “exigía” en solitario Menéndez-, se une ahora la circunstancia de la posible ilegalidad, algo que tendrá que determinar la junta electoral de la Cámara de Comercio de Gijón.

Hoy el presidente de la Unión de Comerciantes, David Argüelles, quien ya tiene en su poder la carta de dimisión de Ana Menéndez, confirmaba que “es una decisión firme” .

Baragaño alerta de una «perversión del espíritu de la Cámara de Comercio»

Presenta un escrito a la Junta Electoral para que se vigile que cada miembro del pleno represente a su propio sector en los comicios.

«Lo que pretendo evitar es que haya personas que no sean capaces de presentarse a las elecciones de la Cámara de Comercio representado a su propio sector y tengan que ir con otros o acudir a amistades personales o a subterfugios para lograrlo. Creo que eso es tanto como pervertir el espíritu de la Cámara de Comercio». Con estas palabras explicaba Félix Baragaño a El Comercio las razones por las que ayer presentó un escrito en el propio estamento cameral gijonés, dirigido a la junta electoral, que velará por la limpieza de las próximas elecciones en el órgano empresarial, en el que pone en duda, aunque sin mencionarlo de forma expresa, la posibilidad de que Luis Arias de Velasco, actual presidente, pudiera presentarse a la reelección en el cargo.

En el citado escrito, Baragaño recuerda el Real Decreto 1.133/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el que se modifica el reglamento general de las cámaras de comercio y regula el sistema electoral y que, textualmente, cita que «las personas jurídicas ejercerán su derecho electoral activo mediante representante con poder suficiente, de carácter general o específico para la votación» y aclara que «el representante deberá ostentar a tal efecto una relación laboral con la empresa de carácter indefinido, o desempeñar funciones de representación ordinaria de la misma». Dicho de otra forma, para ejercer el derecho al voto, entiende, las personas físicas deben tener vinculación laboral o de dirección con la persona jurídica. Así, se acabaría hipotéticamente con la actual situación en la que una empresa logra su plaza en el pleno cameral y, luego, presenta para ocuparla a la persona que considere oportuna, sea o no de esa empresa o, incluso, de su propio sector.

«Hay que hacer un esfuerzo -señaló Baragaño- para que la Cámara de Comercio y el pleno sean órganos de representación empresarial, y eso se logra haciendo que cada miembro sea representante de su propio sector. Ahora, hay personas que no son capaces de representar a su sector y acuden a otro, a amigos o a subterfugios para llegar al pleno y lo que consigue eso es pervertir el espíritu de la Cámara».

El, hasta ahora, único candidato a presidir la Cámara de Comercio de Gijón, añadió que «yo estoy aquí en representación de mi sector y, luego, trato de convencer al resto para que apoyen mi programa. Lo que no parece coherente es que no representes ni siquiera a tu propio sector y busques el apoyo de otros. Entiendo que eso es una anomalía y, por eso, lo pongo en conocimiento de la Junta Electoral para que decida lo que considere oportuno».

Baragaño no citó en ningún momento a Luis Arias para reafirmar su planteamiento, aunque la alusión parece evidente. El actual presidente fue elegido miembro del actual plenario en representación de la empresa de la ex presidenta de la Unión de Comerciantes, Ana Menéndez. Sin embargo, fuentes camerales aseguraron ayer que nada ha cambiado en relación a los últimos comicios y que cada empresa puede, en consecuecia, elegir al representante que desee, aunque también quedaron a expensas de lo que determine la Junta Electoral.

No contentos con semejante despropósito, hoy RTPA anuncia en su página web que retransmitirá la Fórmula 1 y la GP2 hasta 2013, volviendo a competir con laSexta.

Claro que ahora sabemos lo que ha costado semejante despilfarro. Según Telecinco, la televisión autonómica balear ha pagado 12 millones de euros por la Formula 1. Allí el PP le pide cuentas al PSOE. Lo mismo -pero al revés- que la televisión valenciana, donde el PSOE no está de acuerdo con semejante gasto y es el que le pide cuentas al PP. Lo mismo que TPA, pero aquí encantados. Los dos, parece, porque el Partido Popular está callado como un muerto en estos asuntos. Ya se sabe, según el cristal del partido político con que lo miren…

No es la primera vez que comentamos lo endeudada que está la empresa de Jaume Roures. El año pasado se estimaba un agujero de 3.140 millones de euros y unas pérdidas diarias de 350.000 euros en laSexta. En 2007, Mediapro compró por 200 millones los derechos del Mundial de automovilismo para el período 2009-2013, el triple de lo que pagaba Telecinco, según su consejero delegado Paolo Vasile. Cuando hizo semejante gasto laSexta registraba unas pérdidas de explotación de 166 millones de euros en ese año, y de 198 millones en el anterior.

Ahora que la cobertura de laSexta llega prácticamente al 98% de la población RTPA decidió el pasado mes retransmitir los partidos de Liga con pobres resultados de audiencia. Eso sí, el coste no ha trascendido. Pero sí los bajos resultados de audiencia que apenas pueden competir con laSexta, obteniendo unos datos muy pobres* si no se televisa un partido del Barça, del Madrid o del Sporting -cuando se emita-, sin ser estos tampoco nada del otro mundo. Pero siempre muy por debajo de la cadena nacional y sin llegar ni siquiera a los apenas 15.000 espectadores de media que tiene la televisión autonómica asturiana.

Está claro que el presupuesto de RTPA es despifarrar el dinero de nuestros impuestos, que este año ronda ya los 40 millones de euros. Pero hacerlo de esta manera raya en la tomadura de pelo. La Fórmula 1, al igual que el partido de los sábados, es posible verlo en todo el territorio asturiano gratis por laSexta. Como ya preguntábamos entonces, ¿qué necesidad hay de este gasto superfluo? ¿Es esto invertir en la industria audiovisual asturiana? ¿Es crear empleo en el sector? ¿Responde este despilfarro al concepto de servicio público?

Buscando desesperadamente audiencia. Comienza el año electoral y hay que pillar espectadores cueste lo que cueste. Pero ni así lo consiguen…

Más información: Sobre lo que pagará RTPA por la F1

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* Datos de audiencia de la retransmisión en simultáneo del partido de Liga de los sábados.

02.01.2010 Atlético de Madrid - Sevilla > TPA: 10.000 y 2,7% | laSexta: 29.000 y 8,3%

09.01.2010 Villarreal -Almería > TPA:  9.000 y 2,1% | laSexta: 25.000 y 6,3%

16.01.2010 Barcelona - Sevilla > TPA: 42.000 y 10,7% | laSexta: 61.000 y 15,7%

23.01.2010 Deportivo - Athletic Bilbao > TPA: 10.000 y 2,9%

30.01.2010 Deportivo - Real Madrid > TPA: 46.000 y 13.2%

Se acumulan los reveses.

El pasado 15 de octubre el magistrado encargado de dictar sentencia tras la denuncia por injurias interpuesta por Arias de Velasco en enero de 2009 contra las nueve agencias que le acusaron de haber adjudicado un concurso a la empresa Bittia de la que formaba parte, daba la razón a las agencias y dejaba claro que no sólo pertenecía el propio Arias de Velasco, sino también su mujer. Algo que nosotros denunciamos aquí en noviembre de 2008 y por lo que también amenazó públicamente con denunciarnos.

Decidió presentarse a la reelección contra Félix Baragaño, a pesar de haber dicho cuando ganó las elecciones que no lo haría. La soberbia, una vez más, le pierde.

Hace unos días se hizo público que probablemente las agencias de publicidad presentarán una denuncia penal contra Arias de Velasco por la ”gestión de dinero público en beneficio propio”, es decir, malversación de fondos. También podría entenderse como prevaricación al adjudicar dicho concurso a una empresa de la que era administrador y de la que formaba parte su mujer.

A las 48 horas de conocerse esta noticia, el primero en abandonar el barco era su Director General, Javier de la Ballina, que le comunicaba a Arias de Velasco que no seguirá en el cargo pase lo que pase. Sabe perfectamente qué va a pasar…

Y hoy se hace público que la Unión de Comerciantes de Gijón rechaza apoyar la gestión de Arias de Velasco al frente de la institución y le niega su respaldo, a pesar de ser “exigido” por Ana Menéndez, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Gijón, otra acólita de Arias de Velasco. El ‘listo’ De la Ballina sabía también esto cuando presentó su renuncia ya que la reunión de la UCG tuvo lugar la pasada semana.

Ana Menéndez deja la Unión de Comerciantes tras negarle la directiva el apoyo a Arias

Exigió una postura expresa a favor de la continuidad del actual presidente de la Cámara, que fue rechazada.

Las elecciones para renovar el equipo directivo y, por ende, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón empiezan a dejar, como se suele mencionar en las crónicas de guerra, ‘daños colaterales’. En este caso, la previsible, que aún no oficial, disputa por la máxima responsabilidad cameral de Gijón entre el actual presidente, Luis Arias de Velasco, y el candidato, Félix Baragaño, con la consiguiente búsqueda, por ambas partes, de apoyos empresariales, ha conllevado la dimisión de Ana Menéndez como miembro de la junta directiva de la Unión de Comerciantes de Gijón.

La ex presidenta de los comerciantes gijoneses durante siete años y medio, hasta que el pasado mes de noviembre fue relevada por David Argüelles, abandonó la directiva de la Unión después de una tensa reunión de la misma celebrada la pasada semana. Según pudo confirmar El Comercio en fuentes de toda solvencia, la junta directiva había sido convocada para debatir y tomar una decisión colegiada sobre la postura que debía de tomar la Unión de Comerciantes en relación con las elecciones de la Cámara de Comercio y, es más, si debería de apoyar, o no, a alguno de los dos candidatos, en el caso de que el actual presidente, Luis Arias de Velasco, optase a la reelección.
Defensa vehemente

En esta reunión, Ana Menéndez, en la actualidad miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón en representación de los comerciantes de la ciudad y, por ello, del equipo directivo de Luis Arias de Velasco, defendió de manera vehemente la necesidad de que la Unión de Comerciantes apoyase de forma expresa al actual presidente para optar a la reelección. Su postura colisionó con la defendida por la gran mayoría de la junta directiva, que optó, en votación, por mantenerse al margen de las posibles disputas de los dos hipotéticos candidatos y adoptar la decisión que en su momento se considerase oportuna, pero ya con el nuevo pleno cameral constituido. Dicho de otra forma, que los ocho miembros representativos de los comerciantes en la ciudad no se decantasen, al menos por ahora, por ningún candidato.

Con el acuerdo ya tomado, Ana Menéndez les comunicó en aquel mismo instante a los restantes miembros de la junta directiva, que no respetaba la decisión, que había sido adoptada de forma democrática, y que, en consecuencia, presentaba su dimisión como miembro de la citada directiva. Con las mismas, se ausentó de la reunión y al día siguiente formalizó su renuncia.

De esta forma, la ya ex directiva de la Unión de Comerciantes cierra un período de ocho años en el órgano representativo de los comerciantes de la ciudad aunque, por lo que parece, seguirá en el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio en representación de los propios minoristas.

Será, en todo caso, por poco tiempo, ya que este órgano se renovará dentro de pocas semanas, una vez que se celebren las elecciones en la segunda semana del próximo mes de marzo.

No es de extrañar. Las mismas maneras que su jefe. Una situación similar se vivió en mayo de 2007. Ese precedente lo tenemos cuando la empresa de Arias de Velasco presidía la Asociación de Productoras de Televisión (APTVA) y, tras perder una votación democrática, abandonó la asociación -presionando a las empresas ‘afines’ para que le acompañaran ya que gracias a él trabajaban para TPA- y, a los meses, montó su propia asociación de productoras.

De la oscura relación entre Luis Arias de Velasco y Ana Menéndez Suárez investigamos en noviembre de 2008 y publicábamos, entre otras cosas, estos párrafos que hoy conviene recordar:

La empresa a la que representa Luis Arias de Velasco en el pleno de la Cámara de Comercio de Gijón, como presidente de la institución, se llama Tramastur, una sociedad limitada con cinco empleados y un capital social de 9.015 euros, que depositó su primera cuenta de resultados en 1991, según el registro mercantil, y que tiene como objeto “el comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero”. Pero según la citada fuente, la única consejera delegada (desde el 16 de noviembre de 1992) y administradora única (desde el 14 de septiembre de 1998) es… atención… la actual vicepresidenta 3ª de la Cámara de Comercio de Gijón, Ana María Menéndez Suárez, administrativa del Banco Urquijo desde julio de 1972 hasta septiembre de 1989. Luis Arias de Velasco no aparece como persona vinculada a esta empresa en el registro mercantil a fecha de hoy, según información facilitada por la empresa e-Informa.

Incluso, la propia Ana María Menéndez Suárez se define a si misma como propietaria de la empresa Tramastur en la red Linkedin.

Eso no es todo. La vicepresidenta 3ª de la Cámara de Comercio de Gijón, la mencionada Ana María Menéndez Suárez, figura en el Comité Ejecutivo de dicha institución como representante de la empresa M-Kit, según el registro mercantil sociedad limitada cuya actividad es el “comercio al por menor de artículos para equipamiento del hogar y la construcción” cuyo objeto es la “venta de muebles y elementos de decoración”.

Pues bien, según la misma fuente, el administrador único de esta empresa es José María Fernández Riveiro, desde el 21 de junio de 2000, siendo los únicos accionistas, y por tanto propietarios, el ya mencionado Fernández Riveiro y María Jesús Moreno Llaneza, desde el 25 de junio de 2002.

Relacionado con este oscuro e inexplicable asunto, aparece publicado el 6 de abril de 2006 en el Boletín Municipal del Gijón el anuncio 192 (pág. 292) en el que “se concede el cambio de titularidad solicitado de licencia de apertura de local destinado a venta de exposición de mobiliario y artículos de decoración (a pesar de que su objeto social es el comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero) a favor de Tramastur S.L. en la calle Menéndez Pelayo, 2”, cuando según el registro mercantil, el domicilio actual de Tramastur está en la calle Casimiro Velasco, 12, y el de M-Kit en la calle Ramón y Cajal, 8.

¿Dónde encontramos la relación de la empresa de Luis Arias de Velasco, Bitácora Grupo, ahora parte de Bittia? A pesar de no constar en el registro mercantil como objeto de su actividad ni como domicilio social, Tramastur aparece en el directorio de empresas de Infobel con domicilio en Sotiello, Cenero (Gijón) bajo la rúbrica de “artes gráficas, artes plásticas: material y suministros al por menor”, y en el directorio de empresas de Telefónica dedicadas a las artes gráficas en Gijón con el subtítulo de “maquinaria para artes gráficas y publicidad”.

¿Es sostenible el éxito de TVE1?

46 de los 50 programas más vistos en enero son suyos

Comprobar que de los 50 programas más vistos en enero 46 fueron emitidos por TVE1, impresiona. La cadena pública cumple un mes desde que dejó de emitir publicidad y durante estos 31 días sus audiencias se han disparado. Con un 18,6% de media de share para TVE1, dos puntos por encima de la media de diciembre, la pública consigue batir records también en la TDT en el mes de mayor consumo de la historia. Antena3, por su parte ha sido la cadena más perjudicada al bajar 9 décimas hasta los 12.8 puntos y desaparecer de la parrilla de los programas más vistos en enero. Telecinco (14.8), Cuatro (7.3) y laSexta (6.1) bajan 3 décimas cada una.

La implantación de la TDT y los buenos resultados para TVE1 con la ausencia de publicidad, plantean un cambio de paradigma en la televisión en España. La gran duda ahora para anunciantes, cadenas privadas e incluso los espectadores es si el gran éxito de la televisión sin publicidad es sostenible en el tiempo y las consecuencias que puede tener para ellos.

Cinco expertos del panorama de la televisión y la publicidad en España responden a cinco preguntas para intentar vislumbrar que depara el futuro televisivo en el país.

1. ¿Es sostenible el éxito de audiencias de TVE1?
La mayoría de los expertos coinciden con que es muy difícil predecir el futuro de la audiencia de TVE1 pero afirman que si TVE1 actúa correctamente, su objetivo no debería ser conseguir audiencia, sino centrarse en ofrecer contenidos de calidad, por lo que su audiencia no debería mantenerse en cifras tan altas ni competir con las cadenas privadas.

Diversas asociaciones de telespectadores han manifestado sus dudas sobre si los buenos resultados de audiencia registrados por La1 de TVE en enero se deban exclusivamente a la retirada de la publicidad y han mostrado su temor de que la audiencia de la cadena pública pueda resentirse “a medio plazo” por la nueva Ley de Financiación.

Por su parte, Ricardo Urías, Director de Innovación y Estrategia de Havas Media, asegura que “es posible que después de enero poco a poco entremos en un escenario de cuotas de pantalla entre los canales generalistas muy similar al que teníamos el año pasado. Me inclino a pensar en un 2010 sin tantas puntas. No podemos olvidar que el encendido digital introducirá un nuevo cambio a partir de abril; esto podría perjudicar algo a la cadena pública, ya que es la que concentra mayor share entre el público más senior que tendrán más dificultad de moverse en el entorno digital.

Para Ignacio Linares, Director General de FutureBrand España, compañía especializada en consultoría de marca, “nos encontramos en el momento de “subidón” por el efecto reclamo generado por el ruido mediático, pero la programación debería acercarse al modelo de servicio público, haciéndose menos competitiva entre el público generalista”.

2. Si TVE1 mantiene estos niveles de audiencia, ¿qué pasará con las otras cadenas?
Francisco Hortigüela, ex Vicepresidente de la Asociación Española de Anunciantes, asegura que en el resto de cadenas el espectador huye de la publicidad cada vez más, por lo que es importante buscar nuevas formas de ajustar la publicidad al público para llegar a todos los sectores de la población.

Linares añade “que el apagón analógico va a potenciar la multiplicidad de oferta y que habrá unas pocas -dos, tres- cadenas generalistas, mientras todas las demás se van a dedicar a segmentos de población muy concretos. Se va a producir una fragmentación de la audiencia espectacular con la TDT, y los canales van a tener que vender al anunciante afinidad, es decir, calidad en lugar de cantidad como era hasta ahora. Si TVE1 se sigue comportando como una empresa privada (es decir el criterio dominante es el de conseguir audiencia), su imagen se deteriorará y los medios de comunicación propiedad de empresas privadas volverán a protestar porque TVE seguirá compitiendo con ellos por audiencia y sin igualdad de condiciones.

Para Enric Pujadas, presidente del Grupo Bassat Ogilvy, “si gran parte de la publicidad de TVE1 se recoloca en otras cadenas éstas deben saber jugar bien sus cartas para no colapsar demasiado al espectador”.

3. ¿Cuál es el gran peligro si el modelo no funciona?
Tanto Hortigüela como Linares coinciden en su discurso al hablar de la posible reducción del consumo por la disminución de la inversión publicitaria y en consecuencia, el freno a la hora de salir de la crisis.

En palabras de Linares, “desaparece TVE como una opción para la publicidad de los anunciantes, y al mismo tiempo se inician procesos de fusiones entre varias de las cadenas generalistas. Se produce una situación de oligopolio, y de hecho se empieza a hablar de incremento de tarifas entorno al 20%. O bien el anunciante no puede acceder a esos medios, o en caso de hacerlo tendrá que repercutirlo en los precios de sus productos, en un momento en el que el consumo está a la baja… Un escenario muy peligroso para todos: medios que pueden querer apretar más de lo razonable apoyados en una situación de fuerza, anunciantes, que necesitan poder invertir en publicidad para estimular el consumo y que no pueden hacerlo, y consumidores, que ven todavía un freno más en su consumo”.

4. ¿Cuál es la reacción por parte del espectador?
Hortigüela asegura que el espectador está empezando a estigmatizar la publicidad. La saturación de anuncios no permite que el anunciante cumpla sus objetivos y no llega a la audiencia porque huye de la publicidad. TVE1 es una cadena muy vista por amas de casa y niños, y la publicidad que llegaba a estos sectores por medio de la cadena privada ahora se ha quedado descolgada, lo que supone un 20% de posibles compradores menos. De ahí que surja el miedo a que el consumo se vea gravemente afectado.

Teresa Serra, Directora del Área de Marketing del Instituto de Empresa, confirma que “al espectador se le ha abierto una nueva posibilidad de elección con una televisión pública generalista sin publicidad. Es él quien debe decidir si le interesa este nuevo modelo, y hasta el momento parece que sí”.

5. ¿A dónde va el dinero de la publicidad que antes iba a TVE1?
La publicidad en televisión está viviendo momentos de desconcierto. Las cadenas privadas han subido sus tarifas y la publicidad busca otros medios para tener salida. Pujadas afirma que la consecuencia directa es la recolocación parcial de toda esa publicidad y “es probable que aparezcan nuevos formatos de publicidad”.

Para Teresa Serra el gran beneficiado de esta medida es Internet ya que “este movimiento hará que muchos anunciantes se replanteen sus planes de medios y empiecen a mirar las posibilidades de la red”.

Donde no caben especulaciones es en que, vaya al medio que vaya, en un escenario complejo como el que se está viviendo en los medios, lo fundamental es asegurar la eficacia de la comunicación de la marca.

Todas ellas películas de segundo orden -sin rentabilidad, de las de pillar ayudas oficiales, estrenarlas como trámite y al cajón- aunque algunas hayan sido dirigidas por nombres conocidos como Gutiérrez Aragón, Jaime Chavarri o Gonzalo Suárez. El único reconocimiento ha sido para ‘La hija del capitán‘ -primer capítulo de la trilogía ‘Martes de carnaval‘-, medalla de plata en TV Movie en el Festival Internacional de Televisión de Nueva York en 2009. Claro que fue coproducida por RTVE y, si atendemos a la nota de prensa de RTVE, Gona no es ni mencionado y dice “Seis premios para TVE en el Festival Internacional de Nueva York”.

Con ‘Vete de mi‘ inicia el proyecto ‘Primeras tomas‘ -consta de tres películas que ha colocado a Álvarez Areces y su troupe-, financiado por el Gobierno del Principado y CajAstur. Ahora produce la segunda, ‘Alegría‘, cuyos exteriores se rodarán en Alicante. Pero es que la primera se rodó íntegramente en Madrid y de asturiana no tiene nada. Ni empleo, ni industria ni argumento.

Conviene recordar que, tal como podemos leer en CineInforme en octubre de 2007, que “en junio de 2005 nace el proyecto ‘Primeras Tomas’ con el objetivo de acercar la industria del cine a Asturias impulsando la producción de tres largometrajes de directores noveles. El Gobierno de Asturias incluyó este proyecto dentro de un plan de acercamiento global al audiovisual, que pasa por la creación en la región de un centro de formación profesional, que se espera sea la cantera de una incipiente industria”. Empezará a funcionar cinco años después… si es que no hay nuevos retrasos.

Muchos centros de formación profesional -tres públicos, Langreo, Argame y Olloniego; y uno privado, Noreña- para una región que ya tiene en paro a la mayor parte de los posibles trabajadores del sector. Lo primero debería ser aumentar la producción asturiana y no encargar, la poca existente, a empresas no asturianas, o venidas de fuera a empadronarse aquí sin generar empleo estable y de futuro, sino al calor de los contratos fijos y subvenciones. Así monta una empresa cualquier profesional del sector, asturiano o no. Otra cosa es que funcione.

Si no aumenta la oferta de producción asturiana, ¿cómo va a aumentar la demanda de profesionales? Aquí se potencia exageradamente la formación -en cantidad, no en calidad- y, por tanto, la oferta de más profesionales, mientras disminuye continuamente la demanda de sus servicios. Excelente política audiovisual, sí señor… Una política para seguir fomentando la emigración de los profesionales que se quieran dedicar al sector. Si no, que expliquen cómo se digiere semejante ecuación: menos producción + más profesionales = mayor desempleo en el sector.

Resulta bastante definitoria la mencionada entrevista en CineInforme con motivo de la producción ‘Oviedo Express‘ que colocó al Ayuntamiento de Oviedo y cuya historia acabó mal entre De Lorenzo y Gona, según cuentan. La película costó 4,2 millones de euros, incluidas promoción y copias: el Ayuntamiento de Oviedo puso 1,5 millones, el Principado 200.000 euros y CajAstur 150.000 euros -según Gona, participa en toda sus películas-; también intervinieron RTVE y el ICAA aunque no desvela la cuantía.

Un productor independiente dependiente con una gran contradicción porque a renglón seguido de afirmar “yo me considero un productor totalmente independiente, me gusta ser el productor de mis películas”, al ser preguntado sobre “cuál sería la definición más correcta [de productor independiente]“, contesta que “lo realmente triste es que actualmente escasean los productores independientes. Todos somos dependientes, de las televisiones, del ICAA, etc”.

En cuanto a la rentabilidad de sus películas, él mismo nos responde: “El año pasado nosotros tuvimos muy buenas críticas con ‘Vete de mí‘, de Víctor García León y al final solo conseguimos 1,2 millones de euros en taquilla, sin embargo, luego funcionó muy bien en el mercado de DVD. Nunca sabes muy bien que va a pasar, ‘El caballero Don Quijote‘, de Manuel Gutiérrez Aragón, creíamos que iba funcionar muy bien sobre todo en DVD y ni fue bien en taquilla ni en DVD y eso que es una gran película”. De “buenas críticas” y de decir que “es muy buena película” no se consiguen rendimientos económicos, que es de lo que se trata cuando uno se dedica a producir y crear industria… Teniendo en cuenta que, según el propio Gona, cada película que hace ronda los 4 milllones de euros de presupuesto -dice Gona cuando habla de su trabajo: “te aseguro que no es sencillo conseguir 4 millones de euros”-, podemos decir que sus películas son deficitarias.

¿Justifica esta trayectoria el regalo de 1.250.000 € para montar su chollete subvencionado en Argame? Pretender hacer aquí un “Ciudad de la Luz” -la moto que Gona vendió a Álvarez Areces- más bien parece una osadía. Más bien da risa…

Veremos en qué queda la iniciativa de Juan Gona y ‘Asturias Plató‘. Está en marcha la primera producción, ‘Alegría‘ de Lucinda Torre, con el casting estos últimos fines de semana de enero en Oviedo, Sama y Gijón. Pero la primera sorpresa es que los exteriores se rodarán en… Alicante (!?). En 2007 la película era sobre la vida de una mujer y una adolescente durante la revolución de Asturias; ahora, según la sinopsis oficial, Alegría es una niña de una pequeña localidad minera del norte de España. Si hacen una nueva versión del guión -van siete-, acabará siendo que la mina estaba en Benidorm… Y es que la productora de Gona también tiene firmados convenios allí, donde tiene oficina -además de la central de Majadahonda-. El calor del dinero oficial. De lo demás poco se sabe salvo la intención de comenzar a funcionar en mayo de 2010 en el polígono de Argame, en Morcín. Al menos esas eran las intenciones en octubre pasado según La Nueva España. Lo mismo que dice un boletín de IDEPA de la misma fecha.

Claro que en julio de 2007 decía que empezarían en septiembre de 2009… La construcción se inició el pasado mes de agosto y entonces, decían los promotores, “estaría en condiciones de iniciar su actividad a finales de la próxima primavera o principios de verano”.

Tal como se puede apreciar en la fotografía tomada la pasada semana apenas se puede ver la estructura de dos de las tres naves que completarán ‘Asturias Plató’. Las naves tienen unos 25 metros x 25 metros de planta. De las dos que se puede apreciar la estructura, la principal tiene una altura de unos 10 metros y la otra unos 7 metros. La tercera nave, de la que apenas se pueden ver unos pilares, parece ser un anexo de la principal. Y ahí se acaba todo.

Teniendo en cuenta que en las construcciones lo más rápido suele ser levantar la estructura y es lo único que se ve desde que comenzaron los trabajos hace 6 meses… la pregunta es cómo van a hacer para tenerlo todo listo dentro de tres meses, tal como aseguraban en octubre pasado -el día que se tomó la fotografía, el 26 de enero, no había ni un sólo obrero trabajando en la parcela-. Por no hablar del equipamiento…

Más parece aprovechar subvenciones oficiales que un proyecto de largo recorrido. De momento, aunque anunció una inversión de 2,5 millones de euros, lo que se sabe es que cuenta con la participación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), ayudas de fondos mineros para el desarrollo de actividades empresariales y recibió 36.000 euros de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO). El productor asturiano arrancó en 2007 un compromiso de financiación del 50% por parte del Principado. Las obras comenzaron con esas aportaciones pero, ¿será capaz Gona de aportar el otro 50% con la crisis económica que estalló justo después de comenzar a desarrollar el proyecto? Ya entonces admitía que lo que está retrasando todo es “la determinación del plan de financiación, que está un poco en el aire”. La propia consejera de Cultura, entonces Rodríguez Cañas, recordaba que si bien existía intención de ponerse manos a la obra cuanto antes, la escasez de recursos podría retrasarlo: “Muchos proyectos se tienen que aplazar”, dijo en su día.

Debe, por tanto, quedar claro que se trata de una iniciativa subvencionada en un 50% con impuestos. No deja de tratarse de un centro público gestionado por una empresa privada, aunque se quiera disfrazar de una iniciativa privada.

Vista la rentabilidad de sus películas que, con inversiones de 4 millones de euros, apenas logra recuperar el 50%… parece difícil creer que va a conseguir ese 1.250.000 € que prometía aportar su empresa. De mano, la primera película del proyecto ‘Primeras tomas‘ fue deficitaria. La segunda no creo que consiga ni la mitad de ingresos de consiguió con la primera, sabiendo quién es la directora.

De atraer producción a Asturias nada de nada. Han pasado cinco años y todavía no tiene en producción la tercera película prometida. Ni se sabe nada de ella. Porque -además de formar parte del proyecto ‘Primeras tomas‘ que suponía, también, construir ‘Asturias Plató‘-, producir el primer largometraje de Torre -segundo de los tres del proyecto- más parece el pago del favor que la langreana le hizo al Gobierno de Álvarez Areces con la realización del polémico documental sobre Duro Felguera titulado ‘Resistencia‘.

En KINOticias, web sobre documentales, cine social y político, podemos hacernos una idea clara de lo que rodeó al estreno del documental en el Festival de Cine de Gijón en noviembre de 2006: Parte del colectivo de ex-trabajadores y trabajadoras de Duro Felguera ha solicitado medidas cautelares al juez para impedir la exhibición del documental Resistencia, que relata el conflicto laboral mantenido por los 232 empleados durante más de diez años. El principal motivo de la demanda contra la obra de la directora asturiana Lucinda Torre, es que “no refleja la realidad, falta a la verdad y es tendencioso. Le falta el contenido, la esencia y el contraste; da una visión plana y sacada de contexto”.

Este es un extracto de la carta que el portavoz de los despedidos de Duro Felguera, Manuel Sánchez Terán, publicaba en La Nueva España el 21 de noviembre de 2006, días antes del estreno del documental en el Festival de Cine de Gijón:

Desde el colectivo de despedidos de Duro Felguera tuvimos la intención de realizar un documental sobre la historia del despido de los 232, todo lo que ello conllevó y en la época en que sucedió, clave para los trabajadores de este país. Teníamos muchísima documentación, de todo tipo, incluso audiovisuales propios; era una época donde cualquiera podía tener una cámara de vídeo. Tuvimos varias ofertas que fueron rechazadas, puesto que nuestro planteamiento era que se tenía que ajustar fielmente a lo sucedido y que antes del cierre final del documental el colectivo tendría la última palabra.

En el año 2002 aparece una joven e incipiente cineasta, hija además de un trabajador despedido: se lo dimos absolutamente todo, confiando en lo convenido. El resultado final nos lo han dado hecho, sin opción a cambio alguno, TVE ha comprado los derechos del documental. Ni qué decir tiene que en el colectivo, que puso casi todo el material y todo lo demás, participando durante años y horas en grabaciones, no hemos recibido nada y lo que es peor, el resultado final omite infinidad de aspectos fundamentales, datos irrefutables, muchas de las cosas que pasaron y evita aclarar las responsabilidades de algunos y de sus gobiernos, en un marcado clima de política tendenciosa, precisamente a favor de quien más responsabilidad tuvo y más duramente nos reprimió, eso sí, con un toque de sutileza propio de quien no escatima en vaselina.

Más allá de eso, nada se sabe de proyectos de producción que este empresario nacido en Asturias haya podido atraer a Argame a este chollete subvencionado al que ha dado forma bajo la empresa Gona Cine y Televisión. Eso sí, en octubre pasado se preocupó de dejar bien claro que su productora ya se ha domiciliado en Asturias, “por lo que ya podemos decir que Gona Cine y Televisión es también una empresa asturiana”. Al calor de la subvención y de los contratos por la cara, como hizo Zebra, o Plural, o Mediapro, porque sino aquí no viene ni dios. Claro que las centrales siguen estando en Madrid, que es donde finalmente van los cuartos.

A tan sólo tres meses de la fecha prevista para su arranque, lo único que ha trascendido de ‘Asturias Plató‘ es para promocionar la película de Lucinda Torre y Juan Gona. Absolutamente nada más… Curioso.

Aunque nos lo venden como una gran oferta no deja de ser un paso más para la desaparición de La Voz de Asturias. Tras un ERE que reducirá la plantilla un 60% dejándola en apenas una veintena de personas asistiremos, seguramente, a la liquidación del periódico tal como lo conocimos.

Hace un par de semanas comentábamos en detalle la compra del diario asturiano…

Este “listo” no va a esperar ni siquiera a los resultados de las elecciones. Avisa un mes antes que se marcha. Sabe que su jefe está sentenciado a no seguir en la Cámara y, probablemente, a la espera de una sentencia de los tribunales de justicia, de los que tanto abusó.

La noticia se conoce a los dos días de que las nueve agencias de publicidad -a las que denunció en enero de 2009 Arias de Velasco por injurias, sentenciando en octubre pasado el magistrado a favor de las agencias diciendo que el presidente de la Cámara mintió- hayan anunciado una denuncia penal contra la gestión de Arias de Velasco al frente de la Cámara de Comercio de Gijón por la ”gestión de dinero público en beneficio propio” -según las propias agencias-, es decir, malversación de fondos públicos, tal como informábamos anteayer. La adjudicación como presidente de la Cámara de Comercio a una empresa de la que era administrador -tal como dictó el magistrado en la sentencia del pasado octubre- podría considerarse también un delito de prevaricación.

¿Cómo se llaman esos animalejos que son los primeros en abandonar el barco cuando se hunde?

El comité de RTVE planea ir a la huelga general el 3 de marzo

El Comité General Intercentros (CGI) de RTVE, máximo órgano de representación de los trabajadores, ha aprobado un calendario de movilizaciones para “frenar y eliminar la externalización de la producción de programas y servicios”, que culminan con una convocatoria de huelga general para el 3 de marzo.

Según han señalado fuentes sindicales a la agencia Efe, otra de las medidas aprobadas será el celebrar paros parciales a partir del 17 de febrero, acompañados de una manifestación que tendrá lugar el próximo 20 de febrero.

El calendario aprobado tiene que ser refrendado por los respectivos centros territoriales de RTVE.

Hoy, un grupo de trabajadores ha llevado a cabo una pitada en contra de la dirección en Torrespaña, con la que han querido pedir la paralización y la eliminación de la externalización de programas.

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El verdadero negocio de la TDT

Los operadores de TDT, especialmente los locales, llevan pidiendo desde 2007 planes de inversiones y el Gobierno no tiene -ni quiere- dar un euro para eso. Pero sí se lo da a su compañera de negocios, Albertis. Así que la TDT local morirá de inanición porque los operadores no están ni en condiciones ni dispuestos a financiar la cobertura que, evidentemente, es muy costosa y es el gran chanchullo y negocio de la televisión digital.

La compañía catalana Albertis se adjudicó en junio de 2003 el total de las infraestructuras de telecomunicaciones audiovisuales del país, en manos entonces de la que fue empresa pública, Retevisión, con más de mil centros completamente equipados -sólo en Andalucía son más de 500- e instalaciones como Torrespaña en pleno centro de Madrid, o la Torre de Collserola en Barcelona. Abertis se comprometió por 423 millones de euros, aunque 341 millones corresponden a asunción de deuda por lo que en la práctica Abertis sólo pagó 82 millones por la compañía líder de transporte y difusión de señal audiovisual en España. Una ganga ya que sólo las dos instalaciones señaladas pueden valorarse prácticamente en la cifra aportada. Pero es que, además, Retevisión ingresaba unos 168 millones de euros anuales en 2001 y en términos de ebitda -margen bruto de explotación- la aportación era mucho mayor.

Abertis, que tiene participaciones significativas de la Caixa (28,91%) y ACS (25,83%), la constructora de los March -financiaron parte del golpe de Estado de 1936- del Grupo Alba, de la que es testaferro el presidente del Real Madrid, Florentino Fernández, no sólo compró infraestructura y activos, compró con ello el monopolio sobre el mercado de difusión audiovisual y una elevadísima influencia sobre el Ministerio correspondiente, ya que Retevisión era funcionarial y habitual retiro dorado de técnicos y directivos del ámbito de la Administración de las telecomunicaciones -es el caso de la exministra Ana Birulés-.

¿Dónde está el negocio para Abertis? En primer lugar en el mercado cautivo que suponen los difusores, obligados a sufragar la transición, y en segundo lugar y de forma central en las administraciones públicas que, ante la disyuntiva de dejar “sin tele” a un importante sector de la población, abonan las millonarias minutas de Abertis.

¿Cómo lo hacen? La obligación legal dice que el 96% de la población debe disponer de señal de las sociedades concesionarias privadas (Antena 3, Telecinco, laSexta y Cuatro, que en analógico ya superan el 98% de cobertura estatal) y el 98% por parte de las entidades públicas (RTVE y las autonómicas) pero ningún político querrá el marrón de dejar tan sólo con TVE a ese 2% de la población entre el 96% y el 98%, cosa que sucedería, ya que en igualdad de condiciones, es decir, de infraestructuras de emisión, la señal de TDT, “llega menos lejos”. Y es que precisamente ese 2% es el que supone un mayor costo en infraestructura, ya que si bien con apenas 10 centros puede cubrirse, por ejemplo, el 80% de la población andaluza, muy concentrada en grandes urbes, conseguir cubrir a la población dispersa impone escalar exponencialmente el número de centros de emisión hasta la increíble cifra de 500.

Siguiendo con el ejemplo andaluz, el consejero de Innovación de la Junta de Andalucía aseguró que para garantizar la adecuada ejecución de este plan de transición tecnológico, la Junta firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria poniendo en marcha medidas de apoyo como la firma de contratos de extensión de cobertura de manera que se iguale la cobertura de digital con la de la señal analógica. Así, se prevé sólo en Andalucía un importe total de cuatro millones de euros sólo en los cuatro primeros años de servicio, eso sin contar los costos que se abonan por parte de los entes públicos de difusión -la radiotelevisión autonómica andaluza- y las órdenes de incentivos para la digitalización que sólo en Andalucía ya suponen otro monto superior a 1,3 millones de euros -habiéndose presupuestado alcanzar la cifra de 7 millones-.

Las cifras escalan si hacemos lectura de la inversión de una comunidad autónoma pequeña como la nuestra. La Consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya manifestó que el Gobierno de Álvarez Areces aprobó un fondo de 23.500.000 euros para “afrontar el reto de la transición de la televisión analógica a la digital”.

Hablamos de ello aquí hace más de un año cuando alertábamos que el Gobierno llevaba gastados 47 millones de euros en una TDT que es seriamente cuestionada por los analistas y profesionales. Esa misma semana el montante subía a 60 millones de euros.

Efectivamente este negocio no se oculta ya que el 5 de noviembre pasado podíamos leer que “la mayor aportación del negocio de telecomunicaciones por el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) permitió a Abertis compensar la caída del tráfico tanto en sus autopistas como en sus aeropuertos y mejorar su resultado hasta septiembre un 4%. La concesionaria ganó en los nueve primeros meses del año 563 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.

El colmo de la desfachatez: una televisión digital terrestre que emite por satélite

Cuando en febrero de 2008 estallaba el escándalo de la Televisión Digital Terrestre por satélite también hablamos de ello.

Y es que en el sector de las telecomunicaciones una batalla sorprendía a principios de año, la que mantuvieron el operador de satélite Astra y Abertis por la operación del servicio de televisión digital -no sólo TDT, ya que el primero ofrece Televisión Digital por Satélite TDS y el segundo Televisión Digital Terrestre TDT-.

El enfrentamiento era por la posibilidad de dotar de televisión digital a la población a través de satélite, para lo cual debería permitirse a estos operadores participar en los concursos celebrados por las Comunidades Autónomas para la transición. Tan sólo Cantabria lo hizo, si bien presionada desde el Ministerio de Industria se apresuró a recular en su decisión, homologándose con el resto de CCAA dóciles a la entrega gubernamental al gigante de las infraestructuras con tan poderosos vínculos financieros.

Y la magnitud de la entrega se lee en números. Luis Sahún, director de Astra asegura que “con una inversión inicial de tres millones de euros y unos costes anuales de entre 3 y 4 millones, podríamos completar la cobertura digital de España”, frente a los 327 millones que le costará al Gobierno el despliegue de Abertis.

Pero la cosa no queda ahí. En la práctica, para cubrir el 4% de población dispersa en España, la opción terrestre de Abertis resulta increíble, ya que necesita casi 4.500 centros adicionales, por lo que finalmente ya se está optando por la vía satelital para estas zonas, y teniendo en cuenta que la “huella” del satélite no es selectiva geográficamente en la práctica TODO el territorio español tiene cobertura satelital. Es decir, no se ha desestimado en la práctica la opción satelital, sino que se asume, pero se mantiene la subvención encubierta a Abertis.

Si hacemos valer las cuentas del gobierno navarro, que cifra en 450 € el coste de instalación del satélite, y teniendo en cuenta que en España según FEINTEL (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones) se estima en 1.300.000 el número de edificios en los que vive el grueso de la población española, y que deben adaptar por costes superiores a los 1500 € sus instalaciones, cabe resaltar que tan sólo en inversión ciudadana el ahorro ya supondría 1.300 millones de euros, eso sin contar los 327 millones -menos 3 millones del coste de Astra- que se entregan a Abertis sin más trámite.

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* Parte de la informacion sobre Albertis está extractada de un artículo publicado por Sergio Pascual.

Nueve agencias de publicidad ultiman una denuncia penal contra Luis Arias de Velasco

El enfrentamiento entre nueve agencias de publicidad de Gijón, Langreo y Carreño, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Arias de Velasco, por la gestión de la publicidad del ente cameral gijonés está a punto de vivir un nuevo episodio. Los profesionales del sector, después de informar con detalle a la Consejería de Industria y Empleo de lo que, entienden, es una «gestión de dinero público en beneficio propio» por parte de Luis Arias de Velasco y visto que, transcurrido más de un mes y medio, «nadie se ha dignado ni a contestarnos por nuestra solicitud de un expediente informativo», es más que probable que acudan a la vía penal en defensa de sus intereses y con el objetivo de «acabar con la anómala situación actual». Lo anunciarán esta semana. Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2008, cuando las agencias Prema 2000, Molleda Publicidad, ECB Publicidad, Gigia Publicidad, Ramón Dejulián, Cares Agencia de Publicidad, Manuel A. Llana Publicidad, Clip Comunicación y Merediz Asociados pidieron la dimisión de Luis Arias de Velasco porque, aducían, «se puede decir que la publicidad de la Cámara y de las ferias está siendo gestionada por una empresa vinculada, en la medida que sea, con su actual presidente (Luis Arias de Velasco) y allegados». La Cámara adjudicó la publicidad a la empresa Isertia y, que luego se fusionó con Bitácora, de la que Luis Arias de Velasco era presidente, para crear el grupo Bittia.

Luis Arias de Velasco manifestó, entonces, que los argumentos de las agencias eran «de locos» y llevó a los tribunales a sus colegas. El día 15 de octubre de 2009, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón desestimó la demanda haciendo expresa mención a que «el demandante aparece como miembro del consejo de administración de Bittia… Además, la esposa del demandante (que es apoderada de Bitácora) es empleada de Bittia». Arias de Velasco no recurrió el fallo.

Ahora, las agencias, insatisfechas con la nula respuesta de la Consejería de Industria, estudian llevar el asunto por lo penal porque, entienden «la situación no ha cambiado nada y el presidente de la Cámara sigue manejando dinero público en beneficio propio».

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Lo que venimos denunciando desde hace más de un año:

03.12.2009 > Cese de Arias de Velasco ¡ya!

21.10.2009 > Más pasta pública para Arias de Velasco

15.10.2009 > Arias de Velasco o el mundo al revés

29.12.2008 > Nanoleón: 110 años de historia nos contemplan

22.12.2008 > Luis Arias de Velasco, el hombre que pudo colapsar los tribunales de justicia

01.12.2008 > Luis Arias de Velasco, ¿miente?

29.11.2008 > Gelatina cameral

22.11.2008 > Cámara, Bittia & Money

19.11.2008 > Arias, que no nacimos ayer

17.11.2008 > La campaña que nunca existió

27.10.2008 > La omertá, o porque un sector del PSOE comienza … derribo a Arias de Velasco

06.10.2008 > Ese prohombre (biografía excelsa del personaje)

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Las primeras reacciones

Ahora ya se empiezan a oír comentarios sobre la necesidad de revocar las licencias a las empresas que no emiten. Incluso los propios socialistas… Ahora que no tiene que proteger a Prisa, el consejero de RTPA José Amado Mallada lo hacía el pasado día 13 diciendo en el programa “El avispero” de la COPE que a “aquellas televisiones que están concedidas por la Administración del Principado y que no están funcionando tienen que retirarles la licencia, sea como se llame la emisora”. Y volvía a repetir una semana después en el mismo programa: “He dicho que hay que quitarlas, no devolverlas… La Administración lo que tiene que hacer es recoger todas esas licencias que no están funcionando y sacarlas a concurso, y darlas a aquellas empresas de medios audiovisuales que quieran presentarse”.

Al día siguiente -21 de enero- Xuan Xosé Sánchez Vicente opinaba sobre el sector audiovisual en el mismo programa: “Nosotros en su día apostamos, muy temprano, porque hubiese una televisión asturiana, y que se crease en torno a ello, como se pudo haber creado, una serie de empresas de tipo audiovisual, cultural, etcétera, que nos permitiese tener, digamos, una masa crítica y, a su vez, eso venderlo fuera. Cuando se llegó a la televisión ya estaba todo montado y luego, además, el gobierno socialista favoreció, no que se crease aquí empleo dependiente de capital asturiano, sino más bien favoreció la presencia de amigos o de relaciones que tenían con, digamos, cadenas afines. Y para terminar con este disparate, el Gobierno asturiano, que expulsó a esta casa [la COPE] del reparto de licencias de televisión, dió un montón de licencias de televisión de las cuáles yo creo que ninguna, ninguna, cumple las condiciones del contrato, y ninguna se puso en marcha, ni se va a poner en marcha”.

¿Pero es que la situación es distinta que hace un año? Lo único que ha cambiado es que Prisa ha renunciado y que quedan dos meses para el apagón analógico.

No tardó en salir en rueda de prensa -el viernes 22- la vocera del Gobierno, la consejera Migoya, para tratar de zanjar el debate. ¿Y qué dijo? Que las concesionarias todavía están en plazo de emitir después de tres años sin hacerlo. La razón que argumenta es que el proyecto técnico está en el Ministerio de Industria y que aún tendrán seis meses una vez esté sea remitido desde Madrid. Una duda que nos asalta es cómo ha podido emitir TeleOviedo si el plan técnico de la demarcación de Oviedo lo comparte con otras concesionarias que no están emitiendo -Prensa Asturiana y Canal 10-.

Y anteayer, lunes 25, remata el absurdo el diputado del grupo socialista, Benjamín Gutiérrez, al respaldar a la consejera echando la culpa al gobierno de Rodríguez Zapatero diciendo “que es el que tiene la competencia” y que “lo que no parece razonable es que tarde tanto”. Añade surrealismo a su comentario al decir que “en el tema de Localia también hay ahí una licencia que está en plazo y debe tener una explicación razonable porque el sector audiovisual en Asturias necesita de esas posibilidades (!?)”. Debe ser el único que no se ha enterado que Prisa ha renunciado públicamente, confirmándolo expresamente a ABC, a sus licencias de televisión digital, incluida la autonómica asturiana.

Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula concesiones “por quebrantar el artículo 7 de de la Ley 41/1995 de Televisiones Locales y conceder esas licencias a entidades tan vinculadas entre sí que constituyen una unidad de decisión. De esta manera el TSJ de Galicia ha marcado una pauta interpretativa que, sin duda, desembocará en la anulación de todas las adjudicaciones vinculadas a los grandes grupos en aquellas demarcaciones donde se hubiera interpuesto el correspondiente recurso judicial. Estas se han presentado contra el reparto de licencias de TDT en Murcia, Madrid, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco, entre otras”.

En Canarias también se han anulado las concesiones de la TDT por irregularidades cometidas en la adjudicación a la hora de valorarse las ofertas por la mesa de contratación que delegó esta función a una consultura externa privada, Doxa Consulting, de la que es socio fundador un hijo del expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Puyol.

En esos dos casos no se producen renuncias sino que, directamente, se pone en evidencia que las adjudicaciones no han estado sujetas a la legalidad. Claro que en Galicia, Canarias, Murcia, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha o País Vasco ha habido quién ha recurrido. En Asturias una manifestación en la Plaza de la Escandalera ovetense y se acabó el asunto. TeleAsturias y la COPE, las dos empresas perjudicadas, decidieron quejarse en vez de ir por la vía judicial. Ahí están los resultados. Todavía pueden subirse al carro, ahora con amplia jurisprudencia y unos antecedentes que apoyan sus reivindicaciones. Claro que hoy TeleAsturias es una local pobre de solemnidad que difícilmente podría aspirar con sus contenidos a una licencia de televisión.

¿Qué pasará en Asturias con las licencias de TDT?

La jurisprudencia es clara. Aquí se da el precedente significado por el TSJ de Canarias sobre las irregularidades en los criterios de la mesa de contratación a la hora de valorar las ofertas ya que a TeleAsturias se le negó porque su oferta no generaba empleo y Prisa ha demostrado que vendía aire y su oferta no generó empleo, sino todo lo contrario, acabó echando el cierre hace un año; y a la COPE por no ser plural.

El 26 de enero de 2007 el consejero Rabanal defendía en rueda de prensa las concesiones adjudicadas afirmando que “estas empresas de comunicación crearán una media de 835 empleos en los diez años que dura la concesión, para lo que aportarán 45,5 millones de euros y dispondrán de una media de 63 por ciento de programación propia”. Entonces la información de EFE decía que “una vez que se haya confirmado el proceso de concesión, estas empresas tendrán un plazo de nueve meses para empezar a emitir”. Tres años después siguen sin emitir, no han generado ni un sólo empleo ni han invertido un euro. Así son las promesas de este gobierno en materia audiovisual. En aquella rueda de prensa el consejero aseguró que los proyectos adjudicados están “bien avalados por empresa solventes” según el criterio de la Mesa de Adjudicación.

Mientras el Gobierno de Álvarez Areces no encuentre un recambio para Prisa que pueda ser su televisión autonómica en la oposición no parece que el concurso de la TDT sufra modificaciones. Claro que los movimientos de Jaume Roures en Asturias para la compra -por un simbólico euro- de la cabecera de La Voz de Asturias pueden suponer el desembarco definitivo de su grupo mediático, el Grupo Imagina, en Asturias. Desde los inicios de RTPA en 2006 es socio de Prensa Asturiana -La Nueva España- en Asturmedia, la empresa que se ocupa de la información deportiva en TPA y de las retransmisiones de los encuentros del Real Oviedo en 2ªB.

Pero eso es la TDT autonómica. ¿Qué pasará con la local? De las 21 licencias locales concedidas sólo emite en pruebas TeleOviedo y lo hace a través del repetidor del Naranco, con lo cual su cobertura del ámbito territorial de la licencia no es completo ya que queda en sombra toda la zona del concejo que cubre el repetidor del Gamoniteiro. Es decir, incumplirá una de las obligaciones del contrato. Dependerá de lo que haga la vista gorga el Gobierno que, si la emisora sigue siendo sumisa, será mucha aunque se vuelva a incumplir la ley por enésima vez.

¿Y el resto? ¿Qué pasará con las 10 licencias de los grupos mediáticos, las 7 de Prensa Asturiana -La Nueva España- y las 3 de Vocento -El Comercio-? ¿Qué pasará con las 5 licencias de Tejero -Canal 48 de Occidente, es decir, TeleAvilés-? ¿Y con las 2 licencias de los acólitos de Álvarez Areces, Ortea y Asenjo -Ópalo Ónix Starteam-? ¿Y con las licencias de TeleGijón, ORT y TV Narcea? ¿Y esas licencias pendientes para la zona de Mieres, que no se adjudicaron por la petición de ampliarlas al desdoblar la demarcación en dos, ahora Caudal y Nalón?

La disyuntiva es la revocación o la renuncia. Morirán sin haberse puesto en marcha. El problema es económico y las empresas no tienen capital.

Ya lo dijo cuando asistió a las mencionadas jornadas “El sector audiovisual en Asturias ante el reto de la televisión digital”, hace poco más de un año, el presidente de Impulsa TDT y director de RTVE Digital, Eladio Gutiérrez Montes en una entrevista concedida a La Nueva España: “Hay unas obligaciones de cobertura muy exigentes para los operadores privados que en estos momentos de crisis son aún más gravosas. Lo que se pide es que un anticipo de la financiación de la cobertura, que es costosa, se haga con cargo a los Presupuestos públicos“.

Y ahí está el meollo de todo el asunto.

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Las advertencias

A pesar de ser algo de lo que se viene alertando antes de producirse la crisis económica, no se ha hecho nada para remediarlo. Hace poco más de un año, en noviembre de 2008, se celebraban en Oviedo las jornadas “El sector audiovisual en Asturias ante el reto de la televisión digital”. En sus conclusiones, en el capítulo “Amenazas”, figuraban los “problemas de viabilidad económica para las empresas concesionarias de licencias de TDT, básicamente por un exceso de demarcaciones y licencias. Marco de financiación sin resolver” y, al referirse al marco regulador, se volvía a insistir diciendo que “se considera de difícil cumplimiento el Plan Nacional de TDT, por el exceso de concesiones, algunas de ellas con cifras muy bajas de población objetiva”.

Hoy esa advertencia es una realidad. Y parece que el tarro de la esencias hubiese tenido que ser destapado -cómo no- por Prisa ya que, probablemente, haya sido la empresa más beneficiada a nivel nacional cuando en 2007 se concedieron las licencias de TDT locales gracias a la implantación que Localia, su cadena nacional de televisiones locales, tenía en España. Esto, evidentemente, no era fruto de la casualidad sino de una estrategia diseñada que, finalmente, se ha venido abajo por dos factores: la saturación y la crisis económica. Resultado: Prisa abandona ese sector por considerarlo inviable primero, en diciembre de 2008, al cerrar la red de emisoras en cadena Localia, y un año después, al renunciar a las licencias digitales de televisión.

La red de emisoras nacionales Localia era una estrategia diseñada porque no era más que una especie de televisión privada encubierta en todo el territorio nacional puesta en marcha de una manera sino ilegal, sí alegal, y que pretendía legalizarse con las concesiones arbitrarias de TDT. Vamos, lo mismo que se intentó hacer aquí concediendo a Prensa Asturiana -La Nueva España- una licencia de TDT local en cada una de las siete demarcaciones de Asturias, una televisión autonómica digital encubierta para cerrarles la boca. Pero en estas llegó la crisis y explotó otra burbuja, la audiovisual.

En marzo de 2009 urgíamos a que se tomasen medidas contra Prisa por no poner en marcha las emisiones de su licencia de TDT autonómica, más de dos años después de tener en su poder la concesión y tras el anuncio del cierre efectivo el 31 de diciembre de 2008 -es decir, hacía dos meses- de Localia por el propio Grupo Prisa, mientras Migoya decía en la Junta General del Principado que sí estaba emitiendo y cumpliendo con la ley. Emitiendo una empresa que había cerrado sus emisoras… Surrealista.

La reacción en cadena se está produciendo. No ha pasado ni un mes desde la renuncia formal de Prisa y ya es evidente que la TDT local agoniza y está destinada a morir antes de nacer. Habrá que ir olvidándose de la televisión de proximidad… ¿Es circunstancial? No, es una consecuencia de la política gubernamental para controlar la información, ya sea con empresas afines o por la eliminación de los disidentes con grandes trabas económicas que, finalmente, hagan inviables sus proyectos. Y la crisis económica ha puesto la puntilla.

La cosa no va a quedar ahí. El próximo objetivo es controlar internet. Y la táctica es similar. La coartada, las descargas ilegales. Los enlaces a descargas ilegales de contenidos se pretenden equiparar a los enlaces informativos -vamos, lo que de toda la vida fue una nota a pie de página en los libros-, y con ello, tener el pretexto perfecto para cerrar los sitios no deseados sin tener que pasar por la Justicia gracias a la nueva SS, la siniestra Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

Hoy lo explica perfectamente Juan Varela: “El enlace no es el contenido. Es el primero de los mitos denunciados ya en 1997 por Tim Berners-Lee, creador de la web. La ley española de propiedad intelectual garantiza la cita y el uso de información de actualidad, como la legislación internacional, pero permite reservar derechos o cobrar. Hacerlo sería un paso atrás en la ampliación de la esfera pública y el derecho a la información, propiedad de los ciudadanos, no de los medios. La disputa económica por el negocio no puede atentar contra el interés público ni expandir el modelo de pago para privatizar lo que es de todos. Los medios deberían preocuparse más de por qué tantos usuarios se conforman con una cita y no olvidar que sus contenidos son también resultado del espacio público”.

Volviendo a Asturias, aquí tan sólo emite una concesionaria de las 22 licencias adjudicadas. Tres años han pasado y es lo que hay. Y el apagón analógico definitivo se producirá el 3 de abril próximo, tan sólo dentro de un par de meses. Entonces sólo se podrán ver esas emisoras. Las demás, tras una lenta agonía tratando de subsistir por cable o internet, acabarán cerrando o siendo emisoras bajo mínimos que subsistan emitiendo brujas, tarot, porno… y que, desde luego, no generan industria ni empleo.

¿Es así como crece la industria audiovisual?

Porque lo de Hollywood y los platós de Olloniego no deja de ser un globo mediático para ocultar un bussiness de Zebra con el Ayuntamiento de Oviedo en un polígono industrial de capa caída. Una escuela de formación municipal que explotará de manera gratuita José Velasco con su socio pepero ovetense -no me refiero al alcalde, sino a alguien que ve muy bien, o mejor dicho, hace que los demás vean muy bien- en la que aprovechará los platós para sus propias milongas con TPA, de paso alquilarlos a quien le plazca sin tener que rendir cuentas ni explicaciones a nadie, ni al Ayuntamiento de Oviedo ni a los ovetenses que lo van a financiar, y tratar de revalorizar una empresa que si no, va camino de la suspensión de pagos. Experiencia ya tiene con Onís Comunicación y la burbuja de los viajes. ¿Es eso crear industria?

¿Somos tan provincianos que creemos que hay industria cinematográfica porque haya venido Woody Allen a recoger un premio y, de paso, le haya sacado unos euros al Principado para hacer una película que, al final, es más catalana que asturiana? ‘Vicky Cristina Barcelona‘ es infumable, una película de compromiso para intentar satisfacer a los productores -qué forzado el argumento y el hilo narrativo a través de la voz en off-; por cierto, de lo peor de Allen.

¿O pagando visitas relámpago a Kevin Spacey -en abril-, a Brad Pitt -en agosto- y a Alejandro Amenábar -en septiembre- para dar bombo mediático al bluf del Centro Niemeyer?

¿Creemos que hay industria audiovisual porque alguna productora de Madrid venga a rodar a Lastres -Doctor Mateo-, o a Llanes -La señora-, series de televisión que, en realidad, se producen en Madrid y lo único que dejan aquí son cuatro euros en hostelería por la manduca y el alojamiento que, además, les sale tirado con los precios que se manejan fuera detemporada en esos pueblos? Si esto lo cogiera Berlanga sería, como mínimo, la segunda parte de ‘Bienvenido Mister Marshall‘…

¿Somos tan provincianos que nos conformamos con presumir de lo guapo que es Asturias? Y es que por eso -sólo por eso- vienen a rodar aquí, además de lo barato que salen las dietas, además del pastón que suelta Álvarez Areces para que vengan. Vale, qué guapo es Asturias pero, ¿es eso industria audiovisual? La riqueza generada se queda en Madrid, los empleos se quedan en Madrid y, para más información, pagamos con nuestros impuestos y subvenciones parte del patrocinio de la serie, al menos en el caso de Doctor Mateo.

Veremos en qué queda la iniciativa de Juan Gona y ‘Asturias Plató‘. Está en marcha la primera producción, ‘Alegría‘ de Lucinda Torre, con el casting estos últimos fines de semana de enero en Oviedo, Sama y Gijón. Pero la primera sorpresa es que los exteriores se rodarán en… Alicante (!?) -según la sinopsis oficial, Alegría es una niña de una pequeña localidad minera del norte de España-. Y es que la productora de Gona también tiene firmados convenios allí, donde tiene oficina -además de la central de Majadahonda-. El calor del dinero oficial. De lo demás poco se sabe salvo la intención de comenzar a funcionar en mayo en el polígono de Argame, en Morcín. Al menos esas eran las intenciones en octubre pasado según La Nueva España. Lo mismo que dice un boletín de IDEPA de la misma fecha.

Claro que en julio de 2007 decía que empezarían en septiembre de 2009… La construcción se inició el pasado mes de agosto y entonces, decían los promotores, “estaría en condiciones de iniciar su actividad a finales de la próxima primavera o principios de verano”.

Más parece aprovechar subvenciones oficiales que un proyecto de largo recorrido. De momento, aunque anunció una inversión de 2,5 millones de euros, lo que se sabe es que cuenta con la participación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), ayudas de fondos mineros para el desarrollo de actividades empresariales y recibió 36.000 euros de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco). El productor asturiano arrancó en 2007 un compromiso de financiación del 50% por parte del Principado. Las obras comenzaron con esas aportaciones pero, ¿será capaz Gona de aportar el otro 50% con la crisis económica que estalló justo después de comenzar a desarrollar el proyecto? Ya entonces admitía que lo que está retrasando todo es “la determinación del plan de financiación, que está un poco en el aire”. La propia consejera de Cultura, entonces Rodríguez Cañas, recordaba que si bien existía intención de ponerse manos a la obra cuanto antes, la escasez de recursos podría retrasarlo: “Muchos proyectos se tienen que aplazar”, dijo en su día.

De producción, nada de nada, porque producir el primer largometraje de Torre más parece el pago del favor que la langreana le hizo al Gobierno de Álvarez Areces con la realización del polémico documental sobre Duro Felguera titulado ‘Resistencia‘. En KINOticias, web sobre documentales, cine social y político, podemos hacernos una idea clara de lo que rodeó al estreno del documental en el Festival de Cine de Gijón en noviembre de 2006: Parte del colectivo de ex-trabajadores y trabajadoras de Duro Felguera ha solicitado medidas cautelares al juez para impedir la exhibición del documental Resistencia, que relata el conflicto laboral mantenido por los 232 empleados durante más de diez años. El principal motivo de la demanda contra la obra de la directora asturiana Lucinda Torre, es que “no refleja la realidad, falta a la verdad y es tendencioso. Le falta el contenido, la esencia y el contraste; da una visión plana y sacada de contexto”.

Más allá de eso, nada se sabe de proyectos de producción que este empresario nacido en Asturias haya podido atraer a Argame a este chollete subvencionado al que ha dado forma bajo la empresa Gona Cine y Televisión. Eso sí, en octubre pasado se preocupó de dejar bien claro que su productora ya se ha domiciliado en Asturias, “por lo que ya podemos decir que Gona Cine y Televisión es también una empresa asturiana”. Al calor de la subvención y de los contratos por la cara, como hizo Zebra, o Plural, o Mediapro, porque sino aquí no viene ni dios. Claro que las centrales siguen estando en Madrid, que es adonde finalmente van los cuartos.

A tan sólo tres meses de la fecha prevista para su arranque, lo único que ha trascendido del proyecto es para promocionar la película de Lucinda Torre y Juan Gona. Absolutamente nada más… Curioso.

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En la multitudinaria Asamblea se ha votado a favor de los paros, la movilización y la huelga. Ahora falta que voten Torrespaña y los centros territoriales. Los trabajadores de Prado del Rey se han mostrado partidarios de convocar paros parciales, que comenzarían en dos semanas.

Además, han aprobado hacer una movilización que coincida con la comparecencia de Alberto Oliart, presidente de la Corporación RTVE, ante el Congreso. Otra de las ideas que circula entre la plantilla es organizar alguna protesta o paro durante los premios Goya. Tras estas medidas, han planteado llamar a la huelga general.

Estas decisiones han sido aprobadas en la Asamblea de Prado del Rey, ahora falta conocer la opinión de los trabajadores de Torrespaña, que se reunirán mañana, y de los centros territoriales. En el caso de que apoyen a sus compañeros de Prado del Rey, la huelga podría producirse en el plazo de dos semanas.

Entre las propuestas que se han hecho en la Asamblea, se ha planteado también pedir una auditoría para conocer el destino de los presupuestos de RTVE y así poder denunciar ante la Justicia posibles anomalías, como la externalización de la producción.

Hace unos días teníamos conocimiento de este escrito salido de Prado del Rey que pensábamos publicar con una serie de artículos que estamos preparando para la próxima semana sobre las televisiones públicas. La precipitación de los acontecimientos hace que cobre un especial interés para acompañar esta información:

Frente a la campaña interesada que se está haciendo desde el gobierno de cara a la opinión pública sobre las bondades de la retirada de la publicidad de TVE y a la creencia popular -también interesada desde el gobierno- de que los trabajadores estamos muy bien pagados y trabajamos más bien poco, algunos compañeros hemos decidido exponer a la luz pública la realidad de lo que está pasando aquí dentro y el futuro incierto que ahora mismo tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de la Corporación RTVE.

Idealmente recurriríamos a los medios de comunicación para denunciar la situación del personal de CRTVE, pero experiencias anteriores demuestran que las distintas empresas de medios de este país han establecido pactos de silencio a la hora de informar sobre malestar de trabajadores, movilizaciones o huelgas en medios de comunicación por aquello de qué pasará cuando me toque a mí. Por si esto fuese poco, nunca antes desde la llegada de la democracia se había dado en este país tal concentración de medios de comunicación progubernamentales (SER, La Sexta, Cuatro, El País, etc).

Somos conscientes de las dificultades económicas que están atravesando muchos ciudadanos y de los índices de paro. También nos consta que el hecho de quejarnos en la coyuntura actual podría resultar para algunos, cuando menos, poco ético: al menos tenemos trabajo. No obstante, precisamente porque queremos conservar nuestros trabajos y porque nos negamos a que se engañe a la ciudadanía respecto de lo que pasa en una empresa que financian parcialmente con sus impuestos, nos gustaría hacer llegar este escrito a cuanta más gente mejor.

Vaya por delante la aclaración de que el personal de CRTVE no tiene categoría de funcionarios públicos. Se trata de personal laboral de una empresa pública. No tenemos ninguna plaza en propiedad y podemos perder nuestros puestos por ejemplo mediante un Expediente de Regulación de Empleo con las indemnizaciones que fija la ley o que en su caso se pactasen. Nada de esto sucede en el caso de los funcionarios.

Una vez aclarado este punto, pasamos a enumerar los problemas que se están viviendo en la empresa.

Desde hace algún tiempo, la mayor parte de los programas de RTVE están en manos de productoras aunque se le venden al público como programas de producción propia de RTVE cuando en realidad no hay trabajadores de la casa implicados en ellos pese a contar con personal y medios suficientes. Esto, que venía siendo lo normal en series y programas de ficción (“La señora”, “Aguila roja”, “Cuéntame”, …), se ha hecho extensivo ahora a la mayor parte de las retransmisiones deportivas y a las de la Lotería Nacional, adjudicadas a la empresa Mediapro, una de las principales accionistas de La Sexta a través del Grupo Imagina.

Mientras tanto en el parking de unidades móviles de Prado del Rey hay paradas 25 unidades móviles de televisión y su correspondiente personal sin hacer nada pero pagadas con dinero público.

El argumento esgrimido desde la dirección de la empresa es que el personal propio resulta más caro que la subcontratación a una productora para hacer el mismo trabajo. Para justificarlo ante el Consejo de Administración de CRTVE y el Parlamento se ha ideado una contabilidad perversa que funciona de la siguiente manera: se deja a los trabajadores parados asignándoles únicamente unas pocas horas de programas a la semana y entonces se dividen sus sueldos mensuales por el número de horas de programa que han hecho durante el mes -NO POR EL NÚMERO DE HORAS DE JORNADA LABORAL COMPLETA-. El resultado son unas cantidades desorbitadas por hora de trabajo. Como ejemplo particular el de la categoría de Técnico Superior de Imagen (cámaras, controles de cámara, gruistas, fotógrafos). Su sueldo base es de 1.224 euros mensuales. Según la empresa cada uno de estos profesionales le cuesta 76 euros por hora. De acuerdo a este cálculo para nuestra jornada de 35 horas semanales deberíamos estar ganando ¡10.640 euros al mes!. A renglón seguido se alega que como somos tan caros hay que darle el trabajo a una productora porque sale más barato. Es decir, nos dejan sin trabajo para poder justificar a posteriori la externalización.

La mayor parte de la subcontratación de servicios y programas se está dando a Mediapro o a empresas de su mismo grupo. No es ningún secreto que la empresa Mediapro, además de formar parte del Grupo Imagina, accionista de La Sexta, está vinculada al PSOE habiéndose encargado de la campaña de este partido en las últimas elecciones generales.

También se están externalizando programas y servicios que van a parar a la productora que dirige el marido de la ministra Carme Chacón.

Se invirtió dinero público en la compra de varias furgonetas equipadas con equipos de transmisión en directo vía satélite, denominadas Unidades Terrenas para hacer reportajes en directo en programas como “España Directo” y para informativos. Se firmó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aceptar unas condiciones especiales para operar estas unidades terrenas –por cierto poco justas para los trabajadores ya que se saltaban el convenio- y se dieron los cursos correspondientes para su manejo. Pues bien, estas unidades llevan más de un año paradas en los parkings de los centros de TVE y mientras se siguen subcontratando estos servicios a Overón, empresa participada por Mediapro.

La grabación del último discurso de Navidad del Rey se realizó con una unidad móvil de Alta Definición subcontratada a otra empresa mientras que la de TVE se quedaba en el garaje con la excusa de que era demasiado grande para instalarla en el Palacio de la Zarzuela cuando lo cierto es que si algo sobra allí es espacio.

Se reconvierte a trabajadores de edición de vídeo con años de experiencia a otras áreas, se dejan las cabinas de edición de vídeo sin utilizar y luego se subcontrata la edición de los programas adivinad a qué empresa… Efectivamente, a Mediapro. La excusa esta vez es que no tenemos editores de vídeo. Naturalmente, previamente se los han quitado de encima. Por otro lado, en RNE se ha externalizado mediante la contratación carísima de “colaboradores” ajenos a la empresa la mayor parte de la programación.

Con la llegada hace tres años del expresidente de la Corporación RTVE Luis Fernández, se introdujo también un equipo de nuevos directivos que se trajeron de otras televisiones y productoras –hasta un total de 97- y se apartó a los profesionales que llevaban toda la vida en la empresa de los mismos puestos de dirección. Incluso se crearon puestos de dirección que no existían previamente. Todo este equipo se contrató a golpe de talonario con sueldos astronómicos.

El recientemente cesado Javier Pons, exdirector de TVE, se ha marchado con una indemnización de 200.000 euros, su salario anual mientras estuvo en el cargo. Pons venía del entorno de La Sexta.

Mientras tanto, la mayoría de los estudios de TVE se mantienen vacíos o con un programa al día en el mejor de los casos y a los trabajadores se les recortan los pluses y las dietas en los viajes cuando se les requiere para hacer retransmisiones o programas fuera de sus centros de trabajo, enviándoles, por ejemplo, a Sevilla para retransmitir una carrera de caballos, haciéndoles ir y volver el mismo día y dándoles un bocadillo para comer.

Esta es la realidad de RTVE. Al espectador solo le llega el hecho de que ahora tiene una televisión pública sin publicidad pero no se le dice por donde se está yendo el dinero ni que –a pesar de lo que difunden algunos medios- el presupuesto de CRTVE es de los más bajos de una radiotelevisión pública europea: mil setenta y cinco millones de euros frente a los más de cuatro mil millones de la BBC o a los tres mil de la televisión pública francesa, por citar a dos. Pero además la decisión tomada el año pasado por el gobierno de Zapatero y tramitada por la vía de urgencia mediante decreto ley -¿qué prisa habría?-, no se limitaba a quitar una de las fuentes de financiación de RTVE mediante la supresión de la publicidad, sino que se limitaba la programación en favor de las cadenas privadas. La propuesta es que el Estado financie la mitad del presupuesto y la otra mitad provenga de una tasa que se cobrará a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones sobre sus ingresos. El resultado ha sido que no solo algunas de estas empresas se han negado a pagar esta tasa y la han recurrido en los tribunales, sino que además la Unión Europea la considera ilegal.

A fecha de hoy sigue sin estar claro de donde saldrá el dinero para cubrir la mitad que no financia el Estado de un presupuesto ya de por sí escaso. Sin embargo sigue habiendo productoras vinculadas a televisiones privadas aumentando su facturación a costa de la televisión pública mientras ésta mantiene a su personal sin trabajo y sus instalaciones y equipamiento parados.

Os pido que difundáis este mensaje en vuestro entorno ya que es la única manera de que la verdadera situación de la radiotelevisión pública llegue a la gente ajena a los medios y de que, entre todos, contribuyamos a salvar puestos de trabajo y a detener un sangrado del dinero de todos logrando una RTVE que realmente nos merezcamos y de la que podamos sentirnos orgullosos.

Bien la denuncia del asunto Mediapro.

Sólo cabe hacer una precisión cuando se compara el presupuesto de RTVE con el de BBC:

En 2007 -son los últimos datos de que disponemos-, la plantilla de RTVE, después del ERE que afectó a 4.150 trabajadores, se redujo a 6.400 trabajadores, de los que 5.900 eran fijos y 500 estaban contratados. El ERE afectaba a los trabajadores que tenían más de 52 años que, a 31 de diciembre del 2008, tuvieron que acogerse a las prejubilaciones forzosas -con un 92% de su salario-. En cambio, tras sucesivas reducciones desde 2004, cuando contaba con 27.632 trabajadores, BBC tenía en 2007 una plantilla de 23.037 empleados.

El Estado pagó 162 millones en 2009 por las prejubilaciones de TVE. Las arcas públicas costearán los 1.300 millones del ERE en 15 años. Al ERE hay que sumar los cerca de 8.000 millones de euros de la deuda histórica, que el Estado asumirá en cuatro años. En 2010 se destinarán a esta partida 1.500 millones de euros.

El asunto no es que el presupuesto de RTVE sea el más bajo de Europa, y mucho menos compararlo con otras televisiones públicas europeas -desde luego, comparar a RTVE con BBC está fuera de lugar- sino cómo se utiliza ese presupuesto. Y, sobre todo, quién va a pagarlo ahora que parece que Bruselas no da vía libre al plan de financiación propuesto por Rodríguez Zapatero.

Todo tiene pinta de que RTVE se pagará íntegramente con los presupuestos del Estado, es decir, con nuestros impuestos. Hasta el 31 de diciembre de 2009 la financiación de RTVE era 50% vía publicidad y 50% vía presupuestos del Estado.

También Vocento -es decir, El Comercio-, hacia gala de un optimismo en su gratuito Qué! en las mismas fechas que tal parecía que aquí se nade en la abundancia en materia audiovisual. Eso es desconocer la realidad del sector y escribir para que los ciudadanos que, naturalmente, no tienen por que estar al tanto de las miserias del sector, piensen que aquí el Gobierno está haciendo algo por crear industrias alternativas que generen empleo.

Encabeza este sensacionalista artículo del gratuito esta frase: “Existen unas 115 empresas en la región, el 73% de cine (!?) y vídeo”. Y añade más abajo: “… un 80% más que en 2000“. Vuelva a tomarse su tiempo para carcajearse, coger aliento para digerir semejante alucinación escrita, y así poder continuar leyendo nuestro artículo… Esta falsedad está tomada literalmente del Libro Blanco de las Industrias Culturales. Ya lo desmentimos en el artículo “Vamos a contar mentiras, TPA…” que publicamos en julio pasado:

En primer lugar, según el Directorio Central de Empresas publicado por el INE, son solamente 31 empresas las dedicadas a producción de radio y televisión en 2008 en Asturias, y su incremento desde la entrada en funcionamiento de RTPA en 2006 ha sido solamente de tres (entonces había 29 empresas), es decir, apenas 6,5%. Es más, en el año 2007, segundo año de funcionamiento y primero en comprobar los efectos de la puesta en marcha de RTPA, el número de empresas del sector se redujo de 29 a 28, lo que pone de manifiesto el inmediato y claro efecto negativo en el sector que supuso la puesta en marcha del ente público de comunicación, todo lo contrario a lo que defiende el carísimo informe catalán de Fernández León.

En segundo lugar, las empresas reflejadas en el apartado de “actividades cinematográficas y de vídeo” lo hacen por la estricta obligación fiscal de figurar en ese epígrafe. Todos los profesionales del sector saben que su actividad principal -cuando no única son los reportajes sociales, es decir, trabajos para la BBC (bodas, bautizos y comuniones). Actualmente no existe ninguna empresa que se dedique -de hecho, no de epígrafe fiscal- a la producción cinematográfica en Asturias. Y si lo hiciera, poco tendría eso que ver con los supuestos méritos de RTPA en ello.

Según la propia RTPA, actualmente trabajan para el ente 23 empresas, si bien esta relación es exagerada y no actualizada ya que en la lista de las elegidas aparecen empresas que ya no trabajan para el ente como Tabú, Queyeho, OnTV, La Chalga, o que lo hacen esporádicamente como Valle Producciones. Otras no tienen nada que ver con la producción como son Barlovento (predicción meteorológica), Zeta Gestión de Medios (publicidad) o Simbiosystems (mantenimiento web). Esa lista de 23 puede reducirse perfectamente a 15.

A esto añadiríamos que entre las dos asociaciones de productoras de televisión que existen en Asturias (APTVA y AEPAPA) apenas llegan a 50 las empresas dedicadas a la producción audiovisual. Claro que entre ellas están un gran número de “productoras” dedicadas a fotografía de bodas y bautizos que también hacen vídeo. Podríamos decir que apenas una veintena se dedica realmente a la producción de televisión, y no a hacer reportajes sociales que nada tienen que ver con la producción audiovisual.

Y de esas 31 emisoras de radio y televisión, con el apagón analógico sólo quedarán TPA y TeleOviedo en TDT, y algunas que emiten por cable e internet con programaciones de brujas, tarot y porno -gran tejido de producción audiovisual, sí señor-. Con todos los respetos para la radio, no parece que estemos hablando de las emisoras de radio cuando hablamos del sector audiovisual.

Así que las 115 empresas vamos a dejarlas, con generosidad, en la mitad. Y dedicadas a la producción cinematográfica, cero patatero. ¿Es éste el gran tejido audiovisual de Asturias?

Y, como no, La Nueva España no se entera -o quiere hacer que no- de la fiesta. Lo comentamos aquí el pasado 7 de diciembre a cuenta de la crónica que hicieron de las jornadas “Perspectivas y retos de la industria audiovisual asturiana”.

Estas noticias de ciencia ficción no surgen de manera espontánea. El origen está en actos tan propagandísticos como falsos orquestados por el Poder, en este caso, el gobierno autonómico que desde hace más de diez años está desarrollando una definida trama para acabar con la pluralidad informativa.

El contexto

El primer acto fue la publicación el pasado abril del Libro Blanco de las Industrias Culturales. Claro que venía precedido de los dos estudios -por decir algo- que Pérez Ornia publicó en 2007 y 2009 en RTPA titulados “Diagnóstico y potencialidad del sector audiovisual en Asturias” para mayor loa y gloria de su gestión al frente de la Cosa. Una manipulación de los datos y medias verdades sin precedente…

Hablamos de ello en profundidad cuando saltó el escándalo en pleno verano y no vamos a volver a repetirnos. En el artículo que escribimos entonces quedó claramente demostrado lo falso de los datos de crecimiento en la industria facilitados por el Gobierno que, para más cachondeo, fueron a encargar a una empresa catalana pagando a 1.000 euros el folio del informe. Nada menos que 70.000 euros costó el panfleto propagandístico que, además, “reproduce, de forma textual, numerosos informes ya publicados y colgados en internet, en muchas ocasiones sin citar la fuente de procedencia y, en otras, sin entrecomillar las palabras, dando a entender que son de producción propia de los autores del mismo”. Al menos 4.000 palabras fueron copiadas y pegadas en diferentes capítulos del famoso Libro Blanco.

Y el segundo acto propagandístico, también comentado aquí, fue a principios del pasado diciembre cuando se celebraron en el centro público langreano de formación profesional las jornadas “Perspectivas y retos de la industria audiovisual asturiana”. Allí la consejera Migoya soltó su discurso triunfalista, arropada por los acólitos Arias de Velasco -presidente de la Cámara de Comercio de Gijón y Langreo- y García-Bericua Meana -presidente de una de las dos asociaciones de productoras, la AEPAPA, promovida por el mismísimo Arias de Velasco-. También hablamos de ello.

La conclusión es la misma. Pura propaganda. Lo malo es que haya becarios en La Voz de Asturias, o en El Comercio, o en La Nueva España que se crean esas falsedades manipuladoras, que no contrasten los datos allí expuestos y que se deciquen a hacer el oficio de amanuense, en vez del de periodista con una labor de contraste e investigación.

Claro que todo esto tiene su explicación lógica. Lo escribíamos en noviembre de 2008 nada más comenzar la andadura de este blog en ‘Crisis? What crisis?‘: “Es sabido que los tres medios de comunicación asturianos de mayor tirada, La Nueva España (Grupo Moll-Prensa Asturiana), El Comercio (Grupo Vocento) y La Voz de Asturias (Grupo Zeta) fueron “comprados” por Álvarez Areces. El propio director general de la RTPA Pérez Ornia anunció el 24 de marzo de 2007 en rueda de prensa que “la información de Asturias será elaborada por El Comercio TV, la información deportiva por una filial audiovisual de La Nueva España [Asturmedia, participada por Mediapro, es decir, laSexta]. Por último, la publicidad será gestionada por el Grupo Zeta (La Voz de Asturias)”. Los tres periódicos asturianos más importantes se repartieron en 2007 cerca de 6 millones de euros, procedentes del presupuesto de la TPA, después de adjudicarse dicha concesión en un concurso “digital”, es decir, a dedo”.

Y a esto hay que sumar los millones de euros anuales en forma de publicidad institucional que “subvencionan” los diarios privados para que tengan la boca cerrada. Ya en 2003 un informe de Izquierda Unida -cuando estaban en plena fase de apretar a Álvarez Areces para forzar un pacto de gobierno-, estimaba la cantidad en unos 8 millones de euros repartidos entre los tres diarios regionales.

La realidad es que la industria audiovisual en Asturias no existe. Y que el futuro del sector no es nada prometedor. Lo que hay es más de lo mismo. Las mismas empresas afines favorecidas por los chanchullos gubernamentales, ya sean regionales o locales. Bajo empleo, precariedad laboral, contratos basura… Pues eso, lo de siempre.

¿Se podría decir que la industria audiovisual está creciendo cuando no hacen más que cerrar empresas y producirse despidos en el sector? Cualquiera diría que es una contradicción. Pero, claro, según la prensa pagada que nos “informa” parece que viviéramos en el país de las maravillas.

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En el caso de la licencia autonómica la razón es que todavía no saben nada del tema “formalmente”.

Más bien tendría que haber dicho que aún están en plazo para no emitir.

Se ve que el Gobierno no tiene mucho interés en que emitan… y, por tanto, no tomará ninguna medida. Así tratan de zanjar el debate que se está produciendo desde hace unos días con motivo de la renuncia de Prisa a las licencias de TDT. Aquí mañana comenzamos a publicar una serie de cuatro artículos en los que analizamos a fondo la actual situación de la TDT en Asturias.

Polémicas licencias de TDT en Asturias

TDT: Tres años sin emitir y “aun están en plazo”

El gobierno asturiano no tomará ninguna medida contra los adjudicatarios de las licencias de TDT en Asturias que no han comenzado sus emisiones ya que, según la portavoz del ejecutivo, “aun están en plazo”. Respecto al cierre de Localia, Migoya asegura que “aun no ha sido comunicado formalmente”.

Han pasado tres años desde que, en enero de 2007, se concedieran las licencias de TDT locales y autonómicas, muchos de los adjudicatarios no han comenzado a emitir y otros, como Localia, han cerrado. Pese a ello el gobierno asturiano asegura que los ganadores del concurso  “aun están en plazo para comenzar a emitir”. Según Ana Rosa Migoya,  los seis meses que el concurso concedía a las empresas para comenzar sus emisiones no empezarán a correr hasta los proyectos presentados reciban el visto bueno del Ministerio de industria, algo que todavía no se ha producido. En cuanto a la única licencia autonómica, la portavoz del ejecutivo asegura que están a la espera de saber cual es la decisión final de la empresa sobre su continuidad. Según Migoya aún no han recibido “una notificación  formal”, más allá del anuncio de cierre realizado por el grupo Prisa para todas las emisoras de Localia.

La adjudicación de la TDT en Asturias se realizó en enero de 2007, dejando sin licencia a empresas como Popular TV o TeleAsturias, que se mostraban críticas con el ejecutivo.

En aquel entonces, el consejero de economía negó la existencia de motivos políticos y justificó la decisión alegando razones económicas y de empleo. Según Jaime Rabanal, los adjudicatarios crearían 835 puestos de trabajo e invertirían  45,5 millones de euros para producir, una media, del 63 por ciento de programación propia.  Ninguna de las previsiones, hasta ahora, se ha cumplido.

Tampoco dicen nada La Nueva España o El Comercio. De La Voz de Asturias, para qué hablar… El silencio a cambio de publicidad institucional. Pero es que la telaraña está bien tejida por el Gobierno de Álvarez Areces. No nos cansamos de denunciar el amiguismo en el reparto de los contratos de producción. Llevamos un año haciéndolo. Y aquí están los resultados. La Nueva España es Asturmedia y se encarga de la información deportiva. El Comercio tiene subcontratada la realización de noticias. Y el Grupo Zeta, todavía propietario de La Voz de Asturias, se encarga de la gestión de la publicidad. Voila!

Resulta alucinante que en Asturias no se publique absolutamente nada. Sin embargo, el Colegio de Periodistas de Cataluña se hace eco de la noticia que publicó la agencia EFE:

El comité de la TPA se plantea ir a la huelga por el despido de un trabajador

El Comité de Empresa de la Televisión del Principado (TPA), y la asamblea de trabajadores del ente han acordado iniciar una serie de actos de protesta para demandar la readmisión de un empleado de plantilla que acababa de ser despedido y está estudiando la posibilidad de convocar una huelga si no se procede a la readmisión.

El expediente que ha conducido a esta situación le fue abierto al trabajador pocos días después de celebrarse unas elecciones sindicales a las que el despedido se presentaba en una candidatura, informa el comité de empresa en un comunicado.

En su opinión, la empresa ha utilizado el código sancionador “de manera interesada y desproporcionada” para despedir a un trabajador, cuando el propio código recoge la progresión de las sanciones “con la intención de corregir posibles conductas perniciosas”, antes de la toma de medidas drásticas”.

El comité advierte de que los problemas existentes en el departamento del despedido se deben a “una mala gestión que viene de lejos” y que no puede pueden ser “atajados ni ocultados ahora con el despido de un trabajador fijo, eludiendo así la responsabilidad de la dirección en la situación creada”.

Y este es el comunicado del Comité de Empresa de TPA:

El Comité de Empresa de TPA, en el que se encuentran representados los sindicatos USO, UGT y CSI, acuerda poner en conocimiento de la opinión pública que:

1) RTPA ha despedido a un trabajador fijo de la plantilla, que había accedido a su puesto en el primer proceso selectivo hace cuatro años.

2) Oficialmente, RTPA argumenta unas causas para el despido que no se corresponden con los verdaderos motivos. Es decir, primero se ha decidido despedirlo y posteriormente se ha buscado la excusa.

3) El Comité de Empresa de RTPA entiende que se ha utilizado el código sancionador de manera interesada y desproporcionada para despedir a un compañero, cuando el propio código recoge la progresión de las sanciones con la intención de corregir posibles conductas perniciosas para los trabajadores y la empresa, antes de la toma de medidas drásticas.

4) El expediente que se resuelve con despido se abre al trabajador pocos días después del resultado de unas elecciones sindicales a las que el despedido se presentaba en una candidatura.

5) Los problemas existentes en el departamento del despedido derivados de una mala gestión que viene de lejos no pueden ser atajados ni ocultados ahora con el despido de un trabajador fijo, eludiendo así la responsabilidad de la dirección en la situación creada.

6) El Comité de Empresa de RTPA exige la inmediata readmisión del compañero y que la dirección asuma sus responsabilidades ante la gravedad de los hechos.

7) El Comité de Empresa de RTPA, junto con la Asamblea de Trabajadores, han acordado iniciar una serie de actos de protesta para demandar la readmisión del despedido. Así mismo, se está estudiando la posibilidad de convocar una huelga en respuesta a estos graves hechos.

El pasado verano ya hubo un conato de huelga, si bien no pasó de ser una propuesta frustrada en el seno de una asamblea de los trabajadores de RTPA. En aquella ocasión habían sido despedidos tres trabajadores de la subcontrata Telefónica de Servicios Audiovisuales. El malestar ante la gestión de la Dirección de RTPA era generalizado entre los trabajadores.

Veremos si esta vez llevan a sus últimas consecuencias lo comunicado a la opinión pública. Esperamos que así sea porque cualquier otra actitud, una vez lanzado el órdago, significaría un absoluto fracaso ante los desmanes de la Dirección de RTPA. Readmisión o huelga. No hay otra.

El trabajador despedido pertenece a la Corriente Sindical d’Izquierdes (CSI) -la autodenominada ‘New Wave’- que obtuvo representación sindical en el comité de empresa de RTPA en las elecciones sindicales parciales que se celebraron a finales del pasado mes de noviembre.

Entre las medidas que aprobó el pasado viernes 15 la asamblea de trabajadores de RTPA, en la que participaron 45 personas -baja representatividad, nos parece-, están:

- Concentraciones ante la puerta de RTPA a las 12 de la mañana, martes y viernes.

- Negativa a utilizar la máquina de fichar.

- Negativa a realizar horas extras.

- Cumplimiento estricto del horario laboral.

- Entrada y salidas puntuales aunque el trabajo quede pendiente.

- Convocatoria de reuniones con el Consejo de Administración.

- Concentraciones semanales en la Junta General del Principado.

¿Será igual de minoritario el seguimiento de estas medidas que la participación en la asamblea de trabajadores? Porque, de ser así, esto está claramente destinado al fracaso. Para precedente, lo ocurrido el pasado junio. De algo debe servir la experiencia.

Según la CSI, “la dirección de RTPA ha decidido aprovechar estas fechas de paz, amor y generosidad para continuar con su política de reducción de plantilla despidiendo a nuestro compañero Nacho, de Antena y Contenidos. La excusa: incumplimiento de horario”. Continúa:

Es evidente que la flexibilidad con la que todos contamos desde los inicios de la RTPA se puede volver en nuestra contra. De nada sirve actuar de “buena fe”: si necesitan una excusa para echarte, no dudarán en ir por el libro al pie de la letra.

Si nos ponemos al pie de la letra, según el artículo 49, apartado 5.2 del II Convenio Colectivo, se tipifica como falta muy grave: “Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 días o más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre”. Y según el artículo 50, apartado 3, las sanciones correspondientes a una falta muy grave pueden ser: “Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 45 días. Traslado forzoso sin derecho a indemnización. Despido.” Pero también: “La gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta: El grado de intencionalidad o negligencia que se revele en la conducta. El daño a los intereses de la empresa. La reiteración o reincidencia”.

¿Por qué entonces se elige la sanción más grave? ¿Por qué, teniendo en cuenta que es un comportamiento que responde a la flexibilidad de horario asumida desde los inicios de la empresa? ¿Por qué, si no tiene ni una falta leve anterior debido a la puntualidad? ¿Por qué la primera advertencia sobre la puntualidad tiene forma de falta muy grave? ¿Y por qué el agravio comparativo con el resto de trabajadores que también realizamos nuestra labor con cierta flexibilidad horaria?

Sin duda porque ese no es el motivo del despido sino la excusa. El objetivo es despedirlo y la falta de puntualidad es la formalidad que les pareció más sencilla para alcanzar su objetivo. La propia dirección de RTPA lo reconoce incluso en el propio expediente donde se hace referencia a la relación personal del afectado con uno de sus jefes. ¿Qué tiene que ver esto con la falta de puntualidad? Relaciones personales, actividad sindical… podemos especular con cual puede ser el motivo real de su despido, pero desde luego que no es el mismo que figura en el expediente.

Digamos que la causa formal del despido de Nacho es la falta de puntualidad, pero la causa real es otra de la que la dirección es bastante responsable, por omisión de las obligaciones que todo directivo tiene ante un conflicto de sus trabajadores. Tanto nuestro compañero ahora despedido como otros compañeros directamente afectados por la situación creada, han sido víctimas de la irresponsabilidad de los directivos al no imponer verdaderas medidas conducentes a la rectificación de la conducta no deseada. Todos podemos sufrir malas rachas causadas por diferentes motivos, personales o laborales, sin ser conscientes incluso de nuestro comportamiento, sin embargo, no sería razonable que nos despidieran por ello. El despido de Nacho es totalmente desproporcionado, la dirección quiso así quitarse un problema de encima que ellos mismos dejaron crecer, por eso debe reconocer su parte de culpa y buscar una solución más equilibrada.

Debemos pensar que en el momento que la empresa decida que quiere echar a otro u otros trabajadores por la razón que sea, porque ha resuelto que uno u otro departamento debe ser externalizado o incluso por el simple hecho de que les resulte molestos, no se lo va a pensar mucho si se encuentra con una escasa oposición en momentos como éste. Este asunto sienta un precedente que pone en riesgo la estabilidad laboral de todos nosotros.

La empresa actúa con “mala fe”. ¿Vamos a consentir que lleve a cabo sus falacias o vamos a inducirlos a que rectifiquen? Siempre queda la decisión de un juez, pero debemos intentar que todo se solucione en el acto de conciliación.

De un presupuesto de 20.000.000 € en 2006, hemos pasado a acercarnos a 40.000.000 € en 2010. Tan sólo han pasado cuatro años pero muchas promesas incumplidas. Y la consejera Migoya todavía tuvo la cachaza de afirmar en público hace tan sólo un mes -el pasado 3 de diciembre- en las Jornadas “Perspectivas y retos de la industria audiovisual asturiana”, celebradas en el Centro de FP de Imagen y Sonido de Langreo, que “se ha mostrado eficaz generando empleo y reflejando la realidad con pluralidad y de forma austera”. Ya… Vaya tres perlas… Que la TPA genera empleo, que es plural y que es austera… Ésta, ¿en qué mundo vive?

¿Ha servido RTPA para “reflejar la realidad de Asturias, su historia, sus actuales manifestaciones culturales y artísticas, su vida social y política, su desarrollo industrial y tecnológico, los valores diferenciadores, la pluralidad territorial, cultural y política del Principado [y para] contribuir a la cohesión del territorio y del conjunto de la sociedad asturiana y a reforzar su identidad”, como prometía textualmente la Memoria de Objetivos del Presupuesto de 2007?

¿Ha conseguido RTPA que Asturias sea “el eje temático, el núcleo central de la programación, tanto de los programas informativos, que serán su principal pilar, como de los programas de cultura y entretenimiento”, como vuelve a insistir la memoria de objetivos mencionada?

¿Ha cumplido RTPA con el compromiso reflejado en ese mismo documento por el que “la programación de TPA tiene el objetivo de asentarse en una parrilla que siga respondiendo al principio del servicio público y dedicar a Asturias más del 80 por ciento de los contenidos“?

La respuesta es no. Rotundamente no.

La programación de contenidos dedicada a Asturias apenas alcanza el 48% de los aproximadamente 6.500 minutos de emisión semanales -obviamente sin contar la redifusión-. Pero lo más grave del asunto es que el 44% de la programación semanal de RTPA es comprada a multinacionales americanas: un 20% en cine y un 24% en series. El 8% restante se dedica a dos retransmisiones de fútbol, cuatros episodios de dibujos animados, un programa de entretenimiento y un documental.

Eso contando la pantomima de programa de producción propia llamada ‘Amanecer’ que consiste en una simple cámara fija retransmitiendo el amanecer durante una hora. Suman 420 minutos semanales de producción “dedicada a Asturias”, nada más y nada menos que un 14% de los contenidos dedicados a Asturias, un 6,5% de toda la programación. Hay que echarle cara al asunto… Si no se tiene en cuenta dicho engendro como programa, los porcentajes son un 46% de producción dedicada a Asturias y un 54% de producción no dedicada a Asturias.

Evidentemente, muy lejos de ese 80% en contenidos asturianos prometido en los objetivos marcados por el propio Ente Público de Comunicación en la Memoria de Objetivos de hace ya tres años. ¿Cuánto tiempo van a seguir engañando con el cuento de la identidad asturiana como coartada para la existencia de una televisión autonómica pública?

Porque a la vista de estos datos está claro que tampoco responde al “principio de servicio público”, como alardea en la mencionada memoria. Y va más allá cuando se marca como línea de trabajo “una televisión de servicio público [...] que ofrezca una programación en la que primen los valores culturales, cívicos y democráticos, garantizados mediante una información veraz, objetiva, libre, imparcial, independiente de los grupos de presión y de los poderes políticos, económicos, financieros y de cualquier otra índole”.

¿Dónde está la independencia de los poderes políticos? Un Director General que fue nombrado en 2005 por el propio Consejo de Gobierno de Álvarez Areces, sin ni siquiera ratificación de la Junta del Principado, farsa que llevaron a cabo dos años después tras la reforma de la Ley de Medios de Comunicación Social que puso en marcha el Ente Público de Comunicación y que, tan rastreramente, apoyó el Partido Popular después de haber proclamado un par de años antes que Pérez Ornia era el hombre del partido elegido por Álvarez Areces. Si, al menos, hubiese sido otro candidato en 2007 podría caber la duda pero, ¿qué independencia se puede esperar en semejantes circunstancias?

La solución sería privatizar RTPA. ¿Cómo se puede defender su existencia como empresa pública/servicio público con unos contenidos similares -y poco competitivos- a los que ofrecen las cadenas privadas? La privatización tendría además la ventaja de generar unos recursos muy necesarios, en estos momentos, para la Administración. Pero el Gobierno no parece dispuesto a que RTPA deje de ser pública. Se admita o no, RTPA es un instrumento al servicio del gobierno de turno, independientemente de su orientación política. Cualquier gobierno sabe que, de cara a unas elecciones, una televisión pública sirve de instrumento de propaganda.

En la hemeroteca de cincodias.com se pueden leer estos dos titulares:

“La ley audiovisual abre la puerta a la gestión privada de la televisión pública“. Era abril de 2003.

“La ley audiovisual impide la privatización de las ‘teles’ autonómicas“. Era el 8 de enero de 2010.

Y es que el Congreso remitió el pasado 7 de enero al Senado el proyecto de Ley General Audiovisual tras incorporar más de 60 enmiendas en el último trámite. Una de ellas impidiría la privatización de las actuales televisiones públicas autonómicas ya que se obliga a que éstas mantengan su actividad “de acuerdo con el régimen previsto” en el momento de su concesión.

Pero la gestión privada de la televisión pública propuesta en 2003 por el Partido Popular tampoco era la solución. Es una manera aún más torticera de utilizar la televisión pública. No se debe confundir gestión privada de una concesión con la privatización, es decir, la venta total a una empresa privada y su desvinculación absoluta de la Administración Pública.

Los modelos mixtos de gestión son el perfecto caldo de cultivo para la corrupción y los chanchullos. Amiguismos y favortismos a la hora de “adjudicar” los millonarios contratos. El Gobierno no quiere que se privaticen las televisiones autonómicas pero no está en contra de que se externalice prácticamente toda la producción propia, tanto a nivel de gestión como en la propia realización de esos contenidos. Vamos, que al final los directivos de la televisión autonómica pública de turno son meros delegados de producción que ejercen la función de comisarios políticos, controlando qué se produce y quién lo produce. Ese es el caso de RTPA. Una gestión privada encubierta de la televisión pública autonómica. Como encubiertos están los contratos adjudicados a dedo con unos fariseos procedimientos negociados para la contratación que, tal como denuncia la propia Sindicatura de Cuentas, vulneran la legalidad al no cumplir los principios de concurrencia y publicidad.

La experiencia privatizadora española, en los últimos años, ha demostrado de forma clara que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire. Ni tampoco debe tener televisiones. Es poco defendible, en el inicio del siglo 21 y superados ampliamente los tiempos del desarrollismo de los 60 -medio siglo, casi nada-, que el Estado se dedique a esas actividades. La televisión privada llega a la totalidad de la población gratuitamente y es absurdo pensar que la televisión pública hoy en día es garante de nada. No hay más que ver su programación. Si es que ya se llegó al absurdo de definir el fútbol como “interés general”… Y en el caso de la autonómica asturiana, no debería nunca haber sido puesta en marcha. Ahí están los ejemplos de Navarra, Cantabria o La Rioja, comunidades uniprovinciales de similares características y población a la nuestra.

Los recursos de la Administración Pública deben enfocarse a servicios realmente públicos como la sanidad, o la educación, y dejarse de frivolidades como financiar el visionado de la Champions League, o de cine y series americanas. Para eso están las privadas que, en su mayoría, ofrecen estos productos gratis total. En las públicas no es gratis, lo pagamos indirectamente con nuestros impuestos. Pero parece que el ciudadano no tiene conciencia de ello. Quizá si en la nómina, o en la declaración anual del IRPF, nos aplicaran un impuesto directo sobre la televisión pública nos concienciaríamos más rápidamente… El Gobierno debe favorecer el debate para que las televisiones dejen de ser públicas y pasen a manos privadas. Sin embargo, la mayor dificultad para su privatización es el gobierno de turno porque una televisión pública es un instrumento a su servicio.

Y menos sentido tiene que los ciudadanos la financiemos. La crisis económica está generando un fuerte endeudamiento de la Administración. Una disminución del endeudamiento reduciría los costes financieros que tienen que pagar las empresas y los ciudadanos para sustentar a la Administración Pública autonómica.

Hace cuatro años eran 20.000.000 €. Hoy son casi 40.000.000 €. ¿Cuántos millones tendremos que pagar los asturianos dentro de otros cuatro años para financiar una televisión pública generalista, con una audiencia media de apenas 15.000 espectadores y unos contenidos que hacen dudar si es una televisión asturiana o americana?

También nos enteramos -de nuevo, gracias- que se habían producido cambios en el Consejo de Administración de la concesionaria de la TDT autonómica Productora Asturiana de Televisión -Prisa y Radio Asturias- un mes antes de hacerse pública la renuncia con la dimisión -o cese- de dos consejeros de la familia Toyos -Radio Asturias- y los consejeros nombrados por Pretesa -empresa gestora de las televisiones de Prisa-, Laureano García y Antonio García-Mon, siendo nombrado Modesto Rubio para gestionar, probablemente, la liquidación de la empresa.

Casualmente, el día anterior el omnipresente Modesto Rubio era nombrado Director General de Plural Entertainment en un completo cambio de la cúpula directiva que abandonó su anterior director general, Pedro Revaldería, para dedicarse a su propia productora, Evernia Media. Rubio es un hombre de la casa: Desde 1996 a 2005 fue Director de SER Almería, cargo que compatibilizó desde 2002 con la dirección de Localia en dicha capital. Gestionó los negocios audiovisuales de Prisa en Aragón como Director General de Chip Audiovisual y Factoría Plural desde 2005 hasta julio de 2009, fecha en la que se hizo cargo de la Dirección General de Operaciones de Plural. Y ahora la Dirección General de Plural y consejero de Productora Asturiana de Televisión.

¿A que ya van encajando todas las piezas del rompecabezas?

Lo veíamos venir cuando informamos el pasado 31 de diciembre de la renuncia de Prisa a las licencias de TDT. Lo comentamos en profundidad días después:

Parece que toda esa gran mentira del Gobierno sobre el desarrollo de la industria audiovisual les ha estallado en la cara: si la consejera Migoya ya no puede negar que las licencias de TDT concedidas por el Gobierno siguen sin emitir tres años después de ser adjudicadas es porque las empresas concesionarias han echado el cierre, como TeleGijón o Localia. Esto ya es materia indiscutible. Y ya se ha producido la primera renuncia formal por parte de Prisa. No tardarán en llegar en cascada el resto de los concesionarios tras este precedente en el que incluso -en Andalucía y Aragón- los gobiernos, casualmente socialistas también, han resuelto los contratos de mutuo acuerdo, con la consiguiente devolución de los avales -en el caso de Aragón 450.000 euros- depositados en su día por Prisa como garantías provisionales. Garantía… ¿de qué?

¿Qué será lo siguiente? ¿Declarar desierto el concurso y convocar una nueva cacicada de concurso para asegurarse una televisión autonómica fiel al partido por si se van a la oposición? ¿Quién será el paganini? ¿Tendrá algo que ver el desembarco del grupo de Roures en Asturias? Ahora el Grupo Imagina controlará La Voz de Asturias y está asociado con La Nueva España en Asturmedia. Monopoly. Algo se está moviendo…

Ya lo cuenta elconfidencial.com:

Falta poco para que se haga oficial, pero los trabajadores de La Voz de Asturias ya lo dan por hecho: Público se hace con la cabecera asturiana por un importe simbólico de un euro. La negociación contempla que sea Zeta el que pague el Expediente de Regulación de Empleo.

En su edición de ayer, El Confidencial Autonómico adelantaba la “sorpresa” con la que los empleados de La Voz de Asturias habían recibido la noticia de su compra por Mediapubli, empresa editora de Público.

Este confidencial ha obtenido más datos sobre esta operación, que tendrá un coste simbólico de un euro. Según fuentes del diario generalista dirigido por Félix Monteira, el comité de empresa de Público solicitó a la dirección del medio que aclarase los detalles de este movimiento, y les han asegurado que “aún no hay acuerdo cerrado”.

Distinta es la visión de los periodistas de la cabecera asturiana, quienes dan “por hecha” la operación. Según estas fuentes, será el grupo Zeta el que se ocupe de pagar el ERE que afectará al 60 por ciento de los 66 empleados del diario -en torno a unos cuarenta-.

El resto de los “supervivientes” pasarían a incorporarse, según estas fuentes, a la redacción del diario Público. Aunque la cabecera seguiría existiendo, ya que es una de las condiciones que están sobre la mesa.

Efectivamente, el pasado jueves elconfidencial.com publicaba la siguiente noticia:

Los trabajadores de La Voz de Asturias, sorprendidos y cautos ante la posible compra de la cabecera por Público

Los periodistas y trabajadores del diario asturiano han recibido con sorpresa el anunció de que ‘Público’ podría hacerse con el control de la cabecera. Algo “para nada esperado” por la redacción. Temen que 40 trabajadores  acaben en la calle.

‘Público’ se ha lanzado a la ofensiva para conquistar las provincias. Una del las estrategias ha sido compartir canales de distribución con diversas cabeceras regionales, como Diario de Noticias (Navarra y Álava), Odel Informaciones (Huelva) y El Periódico de Extremadura, del Grupo Zeta.

Con este grupo editorial negocian en estos momentos representantes de Mediapubli, la sección de Mediapro que gestiona el diario de Felix Monteira. El objetivo, hacerse con La Voz de Asturias, una publicación que está de “capa caída” como reconocen sus propios trabajadores, que han visto como se ha ido reduciendo paulatinamente la plantilla desde hace varios años.

Y el anuncio, “no esperado” según trabajadores de La Voz de Asturias consultados por este confidencial, no ha venido a traer la calma a la redacción del diario. Según apuntan las primeras informaciones, Público quiere emprender un Expediente de Regulación de Empleo que podría afectar a unos 40 de los 68 trabajadores que tiene la cabecera.

Se confirma, según PRNoticias -quienes dieron en su día la primicia-, que se ha cerrado un preacuerdo para la operación y los trabajadores de La Voz de Asturias ya han sido informados.

Se mantendrá la cabecera y se distribuirá de forma conjunta ambos periódicos -La Voz de Asturias y Público-, desechándose las dos opciones descabelladas que se barajaron: o que fuese una edición local para Oviedo -antes de que Público entrase en escena-, o que fuese una edición para la zona norte del periódico Público.

Lo más significativo de esta operación es que la actual plantilla de 66 trabajadores quedará reducida aproximadamente a 25, tras un impresionante ERE que afectará al 60% de la plantilla.

Finalmente, tras un año de agonía, se produce el fatal desenlace. Una plantilla de 25 trabajadores para editar dos periódicos regionales suena a ciencia ficción. No deja de parecer un paso previo en la negociación para, una vez adquirida la mancheta, hacer y deshacer a su antojo tratando ahora de contentar -si es que se puede utilizar este término- a las partes implicadas, especialmente a los trabajadores que aspiren a formar parte de ese selecto grupito de privilegiados. Luego, veremos… aunque, insisto, si poco viable era un periódico regional con una plantilla de 66 trabajadores, ¿cómo lo van a ser dos con una plantilla de 25? Y no sólo económicamente, sino en cuanto a producción.

Público no es, precisamente, un ejemplo de rentabilidad, con una pérdida de 50.000 euros diarios… Desde que fuera lanzado el primer número del periódico en 2007, este ha perdido 36 millones de euros. En total, en 2008, la cifra de negocio de Público alcanzó los 20,8 millones de euros, con unas pérdidas netas de 23,6 millones.

Pero no por ello debe considerarse un servicio público. No obstante, es indudable que los avances tecnológicos deben acabar llegando a todas las emisoras, ya sean privadas o públicas. TVE tiene la intención de iniciar las emisiones para todo el territorio nacional coincidiendo con el apagón analógico del próximo abril y actualmente está en pruebas para el área metropolitana de Valladolid. Otra cosa es el debate de la actual necesidad -más que cuestionable- de la televisión pública tal como está concebida en España -y especialmente en las comunidades autonómicas-, como un instrumento al servicio partidista del Gobierno de turno.

En este sentido sí es censurable que, con dinero público, no se planifiquen debidamente las inversiones en equipamiento y los millones de euros gastados en RTPA apenas hace poco más de tres años sólo sirvan para material de reciclaje.

Y, desde luego, es más que razonable pensar que mejor sería que no existiera tal como ha desarrollado su trayectoria, el escaso interés de los asturianos, su nulo servicio público con una programación que sólo produce gasto en fútbol y cine americano, y una inexistente generación de industria y empleo. Lo único que ha generado es beneficios en las empresas afines y amigas al Gobierno.

Ahora, RTPA licita la adquisición e instalación de diverso equipamiento de procesado de vídeo y audio para un canal en alta definición. Se trata de 232.000 euros destinados fundamentalmente a:

- Dotación de nueva matriz de conmutación para Continuidades.
- Procesador multipantalla.
- Dotación de una nueva cadena de emisión.
- Monitores de vídeo y audio.
- Ampliación del sistema de automatización.
- Instalación y puesta en marcha de los equipos y su integración en el sistema de Continuidad.

La clave del asunto está en la página 24 del pliego de prescripciones técnicas, en el apartado titulado ‘Descripción de actuaciones y trabajos a realizar’: “La instalación tiene por objeto incorporar en el Centro de Producción y Emisiones de TPA en Gijón los equipos adquiridos en los lotes anteriores, que darán servicio a las emisiones actuales más un nuevo canal en definición estándar y alta definición“.

En realidad, debería decir que darán servicio a las emisiones actuales más un nuevo canal en alta definición. El canal será en alta definición, aunque contenga algunos programas originales en SD convertidos a HD. De hecho, el lote 7 es un conversor de vídeo y audio de definición estándar a alta definición, “cuyo procesado minimice los efectos y artefactos en esta conversión, respetando la composición y sincronismo de las señales de video, audio e información auxiliar múltiplexada en la señal SDI original”.

Resumiendo, TPA emitirá por tres canales, los actuales TPA1 y TPA2 -perdón, A7 y A8- en definición estándar (SD) y un nuevo canal en alta definición TPA-HD que será el equivalente a TPA1, ya que la programación de TPA2 es la misma que la de TPA1 y, como reconoció recientemente el Director de Antena y Contenidos Guarenabarrena, no hay presupuesto para que sea de otra manera. Ni siquiera tiene dos controles de continuidad, como tuvo que reconocer cuando RTPA no pudo emitir en el final de la Liga los encuentros del Sporting y Oviedo cada uno en un canal.

Resulta increíble que una televisión como TPA que ha sido incapaz de lanzar una emisión en TDT en condiciones con una Guía Electrónica en Pantalla (EPG), la utilización de los canales de audio o el lanzamiento de la radio con esta tecnología, se apresure a emitir en alta definición, con el considerable coste que conlleva. Por no hablar de la infumable programación en primetime consistente en refritos de películas americanas ya vistas en todas las generalistas, sin apenas programas de producción propia -y los que hay, de una calidad más que cuestionable- y con series ya amortizadas en otras cadenas. Una emisión en alta definición en la que la mayor parte de la programación será de definición estándar convertida artificialmente a alta definición sin tener, por tanto, la calidad de las producciones nativas en alta definición. Si no, al tiempo…

Aunque es un poco árido, resulta importante entender los conceptos básicos que exponemos a continuación para llegar al fondo del asunto. Trataremos de simplificarlo al máximo.

Según el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, “cada una de las comunidades autónomas dispondrá de un múltiple digital de cobertura autonómica con capacidad para efectuar desconexiones territoriales de ámbito provincial. […] Se explotarán preferentemente los canales radioeléctricos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, con los que se formarán redes de cobertura territorial autonómica”.

Y el anexo II de este plan técnico adjudica al Principado de Asturias el canal 64.

Según las definiciones que figuran en el apéndice del plan técnico, un canal radioeléctico es la “porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión desde una estación radioeléctrica de una señal de televisión. Se suele llamar también frecuencia radioeléctrica”.

Y la “señal compuesta para transmitir un canal o frecuencia radioeléctrica y que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales correspondientes a varios canales de televisión y de las señales correspondientes a varios servicios asociados y a servicios de comunicaciones electrónicas” se denomina múltiplex digital.

Es decir, un canal digital de televisión es “parte de la capacidad de un múltiple digital que se utiliza para la incorporación en él de un programa de televisión”, que es la “organización secuencial en el tiempo de contenidos audiovisuales, puesta a disposición del público de forma independiente, bajo la responsabilidad de una misma persona y dotada de identidad e imagen propias”.

Traduciendo lo dicho: un canal radioeléctrico -no confundir con canal de televisión- o frecuencia radioeléctrica se transmite a través de una señal compuesta llamada múltiplex digital que contiene varios canales de televisión con sus respectivos programas de televisión -o lo que es lo mismo, sus respectivas programaciones-.

En España, según el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, se ha determinado que cada canal UHF de 8 MHz, al que llamamos múltiplex, contenga 4 canales digitales con modulación 64-QAM donde antes sólo había uno analógico.

Tal como nos dice en la base de datos del Divulga TIC Pedro Chas, ingeniero de Telefónica, “la mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico asociada al uso de la TDT en comparación con la televisión analógica tradicional se traduce en que en los mismos 8 MHz de un canal UHF se pueden transmitir 4 canales de televisión digital con el consiguiente incremento en la oferta audiovisual”.

Las tecnologías utilizadas en TDT se traducen en que en los 8 MHz disponibles se puede transmitir un flujo digital -el que hemos denominado múltiplex- del orden de unos 20 Mb/s que es compartido por los 4 canales antes citados, pudiéndose dar más calidad -más tasa de transmisión- a unos y menos a otros.

Es decir, en el múltiplex digital número 64 asignado a Asturias tienen cabida 4 canales de televisión con un flujo de transmisión global de la señal conjunta de unos 20 megabytes por segundo.

El número exacto de canales de televisión depende de la calidad  y de la mayor o menor robustez frente a interferencias según los parámetros que se elijan para la emisión. El DVB-T permite elegir, entre otras cosas, el tipo de modulación (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) , el coding rate o el guard interval que se desee asignar a los mismos: a mayor compresión de la señal de televisión, menor calidad de la misma pero mayor número de canales de televisión dentro de un mismo múltiplex.

Cuando hablamos de 20 Mb/s para 4 canales de televisión nos estamos refiriendo a la televisión convencional tal como la conocemos, denominada ahora SD (Standard Definition) o definición estándar -con una resolución de 720 x 576 píxeles (414.720 píxeles)- en contraposición a la HD (High Definition) o alta definición. Es decir, cada canal de televisión transmitiría por término medio un flujo de datos binario de 5 Mb/s.

Sin embargo, la alta definición corresponde a una resolución de 1920 x 1080 píxeles (2.073.600 píxeles), es decir, exactamente 5 veces el número de píxeles que tiene la definición estándar.

Es fácil comprender que donde tenían cabida 4 canales en SD no entrarán 4 canales en HD si no se reduce drásticamente, hasta unos valores inaceptables, la compresión y, por tanto, la calidad de la imagen utilizando el mismo algoritmo de compresión de la televisión SD, es decir, el MPEG2. Por tanto, esto no es una solución viable. En principio, la única solución parece ser reducir el número de canales en HD en un múltiplex.

Imaginemos que tenemos una película en un DVD original de doble capa de unos 8 Gb. Tenemos 180 minutos de vídeo. Si tuviéramos que emitir dicha película, que está comprimida en MPEG2, igual que el DVB-T, necesitaríamos una tasa de transmisión de datos de [8 Gb x 1024 x 1024 x 1024 x 8 / 180 / 60 =] 6.4 Mb/s.

Si juntamos cuatro flujos de 6 Mb/s tenemos más o menos los datos apropiados para emitir cuatro canales en un múltiplex de unos 20 Mb/s a la misma calidad de un DVD en MPEG2. Hay que tener en cuenta que el flujo no es constante, sino variable.

Pero un DVD tiene definición estándar, con una resolución de 720 x 576 píxeles. ¿Qué hacemos entonces para emitir en alta definición?

Si la alta definición se emite en MPEG2, resulta evidente que 6 Mb/s son totalmente insuficientes. Se podría emitir TDT en alta definición con MPEG2 pero haría falta usar el múltiplex de 20 Mb/s casi entero, con lo cual ya no se podrían emitir tantos canales de TDT como ahora. Parece una solución más adecuada usar MPEG4 y, en concreto, el estándar de compresión de vídeo H.264/MPEG4 AVC, para poder enviar vídeo de mucha más calidad en el mismo ancho de banda que ocuparía un canal de resolución normal comprimido con MPEG2.

El Foro de la Televisión de Alta Definición en España se creó en febrero de 2007 para tratar de definir los aspectos tecnológicos y comerciales para la implantación de la televisión de alta definición en España.

TVE y TV3 tienen un canal de pruebas de alta definición que emite en MPEG4/H.264, resoluciones 1080i o 720p y velocidades de transmisión de 6 a 14 Mb/s. Euro 1080, emisora pionera en HD en Europa ya adoptó en enero de 2007 el estándar MPEG4.

Cada uno los canales de televisión del múltiplex puede proceder de emisoras o concesionarios diferentes, lo que puede complicar la gestión técnica del referido múltiplex.

RTPA y Productora Asturiana de Televisión -Pretesa, es decir, Prisa, y Radio Asturias-, la sociedad concesionaria de la única licencia autonómica de TDT desde enero de 2007 que, como sabemos, emitía en pruebas -primero la programación nacional en cadena de Localia, luego teletienda Ehs, y finalmente audio Hilo Musical- y ha dejado de emitir el pasado 22 de noviembre, constituyeron el 26 de junio de 2008 la sociedad gestora del múltiplex tal como obliga el mencionado Plan Técnico Nacional de la TDT: “Las entidades que accedan a la explotación de canales dentro de un mismo múltiple digital, sin perjuicio del derecho exclusivo a su explotación, deberán asociarse entre sí para la mejor gestión de todo lo que afecte al múltiple digital en su conjunto o establecer las reglas para esa finalidad”.

Así que, ¿cómo va a emitir TPA en alta definición por TDT? Debemos deducir que en MPEG4 porque si no sería imposible en un mismo múltiplex dos canales SD de TPA, el canal HD de TPA y el canal de la licencia autonómica privada.

Se ha especulado bastante con que la renuncia de Prisa hace unos días a las licencias de TDT estuviese relacionada con la necesidad de despejar el múltiplex autonómico para la emisión de TPA en alta definición. No creemos que sea esa la razón, como queda demostrado en este artículo. Las razones, una vez más, son políticas y económicas. La TDT, como ya dijimos en más de una ocasión, nace muerta y no es negocio. Y mucho menos con la saturación de emisoras que pretendía y la crisis económica que atravesamos.

Los grandes grupos mediáticos del país, Prisa e Imagina, saben lo que es deber un pastizal a los bancos y ser incapaces de generar los suficientes ingresos para hacer frente a esos multimillonarios créditos sindicados. Prisa debe casi 2.000 millones de euros y tiene un agujero de 5.000 millones. En el caso de Imagina, la cosa es parecida con un agujero financiero de 3.480 millones de euros con unas pérdidas diarias en su cadena laSexta de 350.000 euros. ¿Cuánto tardará en estallar la burbuja audiovisual?

Juan Luis Cebrián, que siempre ha sido el más “listo” de la clase, lo tiene claro. Adiós, negocio audiovisual, fue bonito mientras duró.

La cuestión no es cómo va emitir TPA en HD, sino ¡¡¡¿cómo va a emitir TPA en HD?!!!

Ayer informaba Europa Press:

El Principado destina un millón de euros a la TDT por satélite para dar cobertura a zonas rurales aisladas

El Gobierno del Principado de Asturias invertirá este año un millón de euros para poner en marcha la Televisión Digital Terrestre (TDT) por satélite y garantizar de esta manera la cobertura en las zonas más aisladas de Asturias, cuando el 3 de abril se produzca el apagado analógico.

“Se va a poner en marcha la TDT satelital en zonas rurales y aisladas para viviendas que no reciban TDT al ser digitalizados todos los centros”, explicó hoy en Llanes el Director General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto.

Según informó el Gobierno asturiano en nota de prensa, para acceder a este servicio se necesitará autorización administrativa, que se realizará tras la comprobación por parte del antenista. Si se trata de primera vivienda, el Gobierno subvencionará con 250 euros el equipamiento de decodificador satelital, parabólica y cable.

“Los usuarios únicamente deberán hacerse cargo del coste de los trabajos del antenista, porque incluso trámites como la comprobación del empadronamiento los llevará a cabo la Administración regional”, afirmó Pérez Cueto, quien recordó que cualquier información sobre este asunto se puede consultar en el teléfono 902 830 830.

El director general visitó en Llanes la carpa con forma de iglú, que tiene por función informar a los ciudadanos del apagado analógico, las cualidades de la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT), y los pasos a seguir para utilizarla. Este punto de información emplea la consigna “Si no tienes TDT, mañana en tu casa nieva” ya que si no tienes tu televisor ni tu antena adaptados para la TDT sólo verás nieve.

En estos momentos, la cobertura en Llanes alcanza al 98 por ciento de la población (13.354 habitantes) ya que 6 de sus 7 centros ya están digitalizados: Llanes,  El Mazucu, Nueva de Llanes, Purón, Rales y Vibaño. El centro de La Malatería se digitalizará este mes, y para ello se han invertido 483.658 euros.

Esta inversión forma parte de los casi 4,9 millones de euros destinados a la comarca oriental de Asturias para realizar el tránsito a la TDT. La cobertura regional alcanza al 97,5% de la población; 250 de los 360 centros emisores han sido digitalizados, lo que supone un 69,44% del total.

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Llanes, José Balmori, calificó de “buena noticia” el proyecto de TDT satelital con subvención para equipamiento y recordó el inicio de la segunda fase de instalación de la red Asturcón, que permitirá la llegada de fibra óptica a zonas como Celorio o Posada de Llanera.

Mientras laSexta obtuvo 29.000 espectadores y una cuota de pantalla del 8,3%, TPA apenas reunió a 10.000 espectadores haciendo un ridículo 2,7% de share.

El share de TPA el sábado fue de un 5,4%. Lamentable.

Parece que habrá relevo en la Dirección General de RTPA, en la Dirección de Contenidos y en la Dirección de Informativos. Pérez Ornia está acabado y Juan Carlos Fernández Cuesta, actual director de Informativos y hombre de propaganda del partido en RTPA puede ser el elegido por Álvarez Areces para sustituirle. La vista está puesta en la elecciones autonómicas del próximo año y Pérez Ornia debe sumar a su mala gestión, más aireada que nunca durante el año que acabó, su preferencia por Javier Fernández.

Parece que habrá reducción en la plantilla de TPA, según anuncia el presupuesto de RTPA para 2010. Por lo visto no son suficientes las continuas externalizaciones de servicios que se han producido durante 2009. Ni los numerosos despidos que se han producido en las empresas a las que TPA contrata a dedo, como en Zebra, que dependen exclusivamente de los contratos de trabajo que les “regala” Pérez Ornia. Ni que el año se haya acabado con el cierre de otra de las productoras enchufadas, la portuguesa -antes madrileña- Plural Entertainment del Grupo Prisa. Tampoco es suficiente una nueva evidencia de la precariedad laboral del sector con los despidos de los trabajadores de El Comercio más veteranos porque si no la empresa se vería obligada a hacerles contrato indefinido. En todas estas “empresas” el trabajador está explotado, tiene unas condiciones de empleo lamentables pero calla porque el panorama es desolador en el sector, a pesar de la moto que nos vende el Gobierno por voz de la consejera Migoya.

Parece que toda esa gran mentira del Gobierno sobre el desarrollo de la industria audiovisual les ha estallado en la cara: si la consejera Migoya ya no puede negar que las licencias de TDT concedidas por el Gobierno siguen sin emitir tres años después de ser adjudicadas es porque las empresas concesionarias han echado el cierre, como TeleGijón o Localia. Esto ya es materia indiscutible. Y ya se ha producido la primera renuncia formal por parte de Prisa. No tardarán en llegar en cascada el resto de los concesionarios tras este precedente en el que incluso -en Andalucía y Aragón- los gobiernos, casualmente socialistas también, han resuelto los contratos de mutuo acuerdo, con la consiguiente devolución de los avales -en el caso de Aragón 450.000 euros- depositados en su día por Prisa como garantías provisionales. Garantía… ¿de qué?

Parece que en 2010 se gastará más dinero en esta cosa que de pública ya tiene bien poco. El presupuesto aumentará un 6,5% y se fundirán, según el presupuesto de explotación, casi 37 millones de euros. Con el capítulo de inversiones se acerca peligrosamente a los 40 millones de euros.

Parece que la producción de programas propios será menor ya que disminuye la partida presupuestaria para ello. Eso sí, seguirá siendo adjudicada a dedo a las empresas fieles, serviles y amigas, a pesar de las irregularidades señaladas por la Sindicatura de Cuentas en su Informe de Fiscalización de RTPA, en el que se señala expresamente que RTPA no cumple con los principios de concurrencia y publicidad exigidos por la ley. Pérez Ornia no acata la decisión y dice que no están obligados a cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. Así que, indirectamente, está admitiendo que no cumple con los principios de concurrencia y publicidad, es decir, que adjudica a quién elige a dedo.

Parece que la Dirección General de RTPA está a la caza y captura de audiencia sea como sea, cueste lo que cueste, y sea tan absurda como sea esa búsqueda. El interés gubernamental por la programación prácticamente se limita a los informativos en formato NODO. Para intentar mantener cautiva a la ya escasa audiencia recurre, al más puro estilo franquista, al fútbol. Y para ello se gasta un pastón en la Champions League y, lo que es inexplicable, en emitir el mismo partido de la Liga que laSexta tratando de arrebatarle audiencia. ¿Quién puede entender semejante despropósito? Hace no mucho tiempo, en abril de 2008 cuando TPA se planteó emitir el partido de los sábados, el Europeo de Baloncesto o la Fórmula 1 de laSexta, Mediapro le pedía 4 millones de euros por la Fórmula 1. ¿Cuánto paga ahora por los partidos de la Liga en simulcast de laSexta? Un pastizal con el que el Gobierno ha acudido en ayuda de una empresa progubernamental que arrastra una importante deuda con un agujero financiero de 3.140 millones de euros.

Esta película ya la vimos, como todas las que programa TPA todos los días de semana. Fue en 2006 cuando Pérez Ornia “justificó la inclusión del fútbol a pesar de su alto precio por la necesidad de contar con un producto estrella de cara al lanzamiento de la TPA”. Pagamos a la FORTA 1,2 millones de euros por la retransmisión del fútbol de la temporada desde febrero a mayo -en junio comenzaba el Mundial de Alemania-. Y pagamos 800.000 euros por ingresar en la FORTA y 325.000 anuales -era 2006- por pertenecer a ella. Luego viene lo que hay que pagar según lo que se emita… Entonces fue por el lanzamiento de TPA. ¿Y ahora?

Parece que en 2010 la audiencia bajará con la llegada del apagón analógico en abril y las grandes fusiones audiovisuales (Telecinco-Cuatro y Antena3-laSexta). Los 15.000 espectadores con un 7% de share de estos últimos dos años serán ciencia ficción y la Dirección General de RTPA soñará con esos números que hoy ya son ridículos.

Cuando TPA comenzó las emisiones nos propusimos dar dos años de confianza, hasta junio de 2008, a la Dirección de RTPA para no prejuzgar y dar por hecho lo que temíamos que iba a pasar, pero todavía no había ocurrido. Ya empezamos a conocer chanchullos en 2007, aunque eran sólo rumores. Los primeros meses de 2008 nos sirvieron para investigar y confirmarlos. Por eso entonces pusimos en marcha este proyecto, que vió finalmente la luz -tras algunas colaboraciones en otros blogs desde septiembre- a finales de noviembre de 2008. Es decir, prácticamente hace un año.

Denunciando las irregularidades del Ente Público de Comunicación hemos conseguido el objetivo que nos proponíamos hace un año, cuando comenzábamos a publicar este weblog. Casi 450.000 vistas de nuestras páginas han puesto estos temas en boca de los que se interesan -e interesan-, y se habla de ello a pesar del intento silenciador de información de la Dirección General de RTPA. Y no me refiero al selectivo bloqueo censor que sufrió la red en la sede de RTPA hace unas semanas, retirado tras la repercusión que tuvo la medida en diferentes web y foros de internet. Estamos hablando de las manipuladoras notas de prensa de ese pseudo periódico digital que tiene RTPA y que no sigue nadie.

Hemos recibido 102.000 visitas de 43.000 visitantes únicos en 12 meses, más de 10.000 visitas al mes. Hemos tenido casi 3.500.000 de hits -un hit es cada click que un visitante hace en una página del sitio-. Ni en sueños esperábamos semejante respuesta e interés en un weblog con un tema tan minoritario como es RTPA. Y son datos reales de nuestro servidor, nada de estadísticas ni mediciones basadas en perfiles sociológicos. Click a click.

Todos saben ya de la pobre audiencia de TPA, de los chanchullos en la contratación, de las cifras millonarias adjudicadas a dedo, de las escandalosas convocatorias de empleo público, de los amiguismos de Pérez Ornia, de la ínfima calidad de la programación de TPA, de los sueldazos y super dietas de directivos y consejeros… Todos lo saben y poco a poco han ido tomando voz distintos frentes críticos que hace un año estaban callados. Incluso dentro de la propia RTPA. Y no sólo es opinión -que también vale-, son datos perfectamente documentados los que hemos presentado aquí, y no han podido ocultar ni rebatir en RTPA.

Hemos avanzado pero, desgraciadamente, siguen haciendo lo que les da la gana con total impunidad. Ahí está la surrelista situación producida el pasado 18 de noviembre en la Junta General del Principado cuando Pérez Ornia tuvo los mismísimos de no acatar el dictamen sobre la gestión de RTPA que la Sindicatura de Cuentas ha fiscalizado. Con un par, sí señor… Vamos, como si RTVE le enmendará la plana al Tribunal de Cuentas del Estado y les dijera que no tienen ni idea. Que él, que Pérez Ornia sabe más que nadie, incluso que el organismo que hemos elegido todos los ciudadanos democráticamente para controlar el gasto público. Que no, que la Sindicatura de Cuentas no tiene idea de leyes, de fiscalizar, de controlar… Que como no es vinculante su dictamen ni coercitivo su poder sigo haciendo lo que me sale de los mismísimos, por los siglos de los siglos… O hasta que a Álvarez Areces le convenga poner a otro títere para llevar los golpes a cambio de un contrato de 100.000 eurazos.

La trayectoria de Prisa no dejaba lugar a dudas. Hace un año Localia dejaba de emitir a nivel nacional. Aquí informamos puntualmente de ello dando por finiquitada la trayectoria de la empresa. A partir de ahí asistimos a una situación esperpéntica en la que, a requerimientos de explicaciones en la Junta General del Principado el pasado febrero, la sumisa portavoz del Gobierno, la consejera Migoya, defendía a capa y espada que estaban en pruebas y que ya emitía -sólo se podía ver la programación nacional emitida en cadena desde Madrid-, como si lo que estaba ocurriendo fuese normal después de más de dos años desde la concesión de la licencia. Según el gobierno, aquí no pasaba nada, todo iba según lo previsito.

Hay que joderse… Un par de meses después la tormenta se desató. El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián dió un golpe en la mesa y el director de la división audiovisual de Prisa, Javier Díez de Polanco, abandonó el barco. Comenzaba mayo y desde entonces no dejaron de suceder acontecimientos que evidenciaban cómo Prisa necesitaba soltar lastre en su división audiovisual para hacer frente a la crisis abierta con un crédito sindicado de casi 2.000 millones de euros al que tenían que hacer frente, y una deuda de más de 5.000 millones de euros, que está hundiendo por momentos al otrora imperio mediático.

Con semejante panorama pensar que desde la cúpula de Prisa soñaban, ni siquiera pensaban, en un horizonte prometedor en materia audiovisual era estar hasta las cejas de cava, cuando menos.

Inmediatamente llegaron signos aún más reveladores. Prisa renunciaba a mediados de mayo a las numerosas licencias en Andalucía que, como en Asturias y otras comunidades socialistas, les adjudicaron por la cara. Y las cartas quedaban sobre la mesa, boca arriba.

La venta de activos audiovisuales como Plural Entertainment tras el verano, a finales de septiembre, era señal inequívoca de que el proceso estaba en marcha. Como sabemos, Plural estaba presente en Asturias, Aragón y Canarias. Hoy Plural Entertainment, portuguesa y con Ongoing al mando, debe buscarse la vida fuera de la península ibérica. Ya hace meses que la vista está puesta en la distribución de contenidos en tierras americanas.

Pero la espoleta que desatase todo este proceso iniciado el 31 de diciembre de 2008 con el cierre de todas la emisoras de Localia se resistía. Negociaciones y negociaciones que no satisfacían al gran capo Cebrián. Ese proceso que se culmina ahora con la renuncia total a las numerosas licencias de TDT en toda España, tuvo su momento de gloria el 25 de noviembre pasado con la venta del 21% de Digital+ a Telefónica y, apenas un mes después, de otro 22% y el 80% -y control- de Cuatro a la italiana Mediaset -propietaria de Telecinco- de Berlusconi.

Todo este desarrollo lo hemos seguido con lupa y con gran interés documentalista desde el pasado enero porque no eran más que signos reveladores de un desenlace que, finalmente, se ha consumado como un plan bien definido a un año vista -31 de diciembre de 2008 a 31 de diciembre de 2009- que hubiese dibujado Juan Luis Cebrián con precisión milimétrica sobre la mesa de su despacho ante los otros pesos pesados del grupo mediático, deshaciéndose para ello a principios de mayo del único escollo, Javier Díez de Polanco, para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

Siempre sospechamos que la presencia de Plural en Asturias, precisamente desde 2007, fecha en la que se concedió la licencia autonómica a Prisa, estaba ligada a la concesión de la TDT a la empresa madrileña. Sólo así se explican muchas cosas: el pastizal que Plural cobraba por unos contrartos concedidos a dedo por unos programas que cualquier productora local habría facturado con muchísima mayor calidad, eficacia y dignidad por muchísimo menor coste, la provisionalidad de su estructura -siempre pendiente de la renovación de los contratos por los servicios de propaganda gubernamental- y, finalmente, la vinculación efectiva del cierre de Localia en enero de 2009 al declive de las aspiraciones -y contrataciones gubernamentales- de la productora en Asturias.

Hace unos días informábamos del cierre -más que posible- de Plural en Asturias. Hoy no informamos, confirmamos el cierre de Localia del que ya informábamos hace un año. A pesar de los agónicos doce meses que han transcurrido, en la práctica Localia, a efectos de licencia TDT, dejó de existir hace un año.

¿Y ahora qué? Nada halagüeño pinta 2010. Si nos atenemos a los antecedentes, aquí paz y depués gloria. En otras comunidades en las que Prisa ha renunciado a las licencias, a pesar de existir un aval por si esta circunstancia se daba, los ‘cándidos’ gobiernos socialistas han llegado a un acuerdo -cómo no- con Prisa, les han condonado el aval y se han ido de rositas. Y lo que resulta más bochornoso, les han justificado aduciendo circunstancias económicas coyunturales. Entonces, ¿para qué cojones -con perdón- se deposita un aval? Estamos hablando de empresas privadas en negocios -sí, negocios- con el Gobierno, no de caridad. Esto es lo nunca visto.

Por tanto, el panorama es aún más desolador y la perspectiva de que se convoque un nuevo concurso público no parece realista. Y mucho menos si, como es el caso de Asturias, no va a presentarse ninguna empresa afín al Gobierno. Probablemente sea algo que no tiene fundamento de Derecho, pero debería existir una empresa que cogiese a su gabinete de abogados y se tomase el tema en serio. O la oposición. Y ese no es el caso de Asturias.

Ya con la situación que se viene produciendo desde hace un año se podría haber llevado el asunto a los tribunales con prácticamenbte todas las posibilidades de éxito. Y no se hizo.

Así que olvidémonos de que existirá alguna empresa privada que plante cara a la uniformidad informativa que Álvarez Areces, con una estratagema bien definida -aunque con algunas incidencias coyunturales- ha desarrollado desde hace 10 años. Mal empezamos 2010…

TPA ofrecerá en directo el partido de Primera en abierto

La Televisión del Principado de Asturias (TPA) ofrecerá a partir del próximo sábado día 2 y hasta el final del campeonato todos los partidos en abierto de la Liga de Primera División. El estreno de estas nuevas retransmisiones futbolísticas se iniciará con el partido Atlético de Madrid-Sevilla, el encuentro más interesante de la primera jornada del año.

De esta forma, el fútbol de Primera en directo se une a la oferta futbolística en directo de TPA que este año contaba desde el comienzo de la temporada con la Segunda División B y con la UEFA Champions League.

El partido de Primera que ofrecerá TPA será todos los sábados, a las 10 de la noche, encuentro que tendrá un previo desde el propio estadio que comenzará a las 9 y media de la noche.

Los dos primeros protagonistas serán el Atlético de Madrid y el Sevilla a los que los telespectadores ya han visto en la primera parte de la temporada disputando la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Fuente: rtpa.es

¿Es esto normal? ¿Cuánto han pagado al señor Roures (Mediapro), por una emisión simulcast con laSexta? Bueno, podríamos decir peor, porque estoy por jugármela a que la emisión en formato panorámico 16:9 en TPA brillará por su ausencia y no creo que vayan a hacer uso de un segundo canal de audio por TDT para la emisión del partido, por ejemplo… en asturiano, o simplemente un audio ambiente del campo para no escuchar a sus bochornosos (para mi gusto) locutores.

Señores y señoras, esta opción barajada hace un tiempo se descartó, junto con la posible emisión de la Fórmula 1, por el sobrecoste que suponía a las arcas de la TPA. ¿Qué ha pasado? ¿Hay ofertas por Mediapro, chanchullos, quizás intereses? No quiero ser mal pensada pero me parece una barbaridad emitir lo mismo que una cadena nacional, según nos quieren imponer con sus moscas situada en el mando justo un número antes, a falta de tres meses del apagón analógico cuando laSexta posee en Asturias una buena cobertura, lo que hace que no se fundamente en algo de servicio público; y también, ¿por qué hacerlo a la mitad del campeonato de fútbol de Primera?

Me fastidia sinceramente que con dinero público se hagan tantos absurdos, y éste, no se por qué, personalmente me ha hecho explotar.

Espero no haber sido demasiado extensa ni repetitiva en mi exposición.

Un saludo a todos.

Pan y circo, ya lo sabían los romanos. Lo peor es que el referente más próximo de esta utilización como “canalizador de las inquietudes sociales” fue el franquismo. NODO y fútbol… Aplicados discípulos de los recursos idiotizadores utilizados por el régimen al que tanto dicen repudiar los que ahora utilizan las mismas artimañas. Debe ser que los fantasmas del templo franquista de La Laboral les amplifica el propósito alienante…

Vamos, que la programación de TPA para 2010 será, además de los nodo-informativos, series americanas ya vistas en todas las generalistas, cine americano ya visto en todas las generalistas, y fútbol, mucho fútbol para el pueblo, cueste lo que cueste, y aunque se pueda ver en otra generalista. Esto sí que es crear industria audiovisual, puestos de trabajo y hacer una televisión de servicio público que refleje las señas de identidad asturianas…

Absurdo es competir con un mismo producto a una misma hora con una cadena generalista especializada en deportes que tiene su misma cobertura; pero más aún si la audiencia está fidelizada con el fútbol a laSexta y, además, se le paga un pastón -eso sí, público- por ello.

Hacer una retransmisión simultánea del mismo partido a las 10 de la noche con media hora de previo en TPA, cuando la cadena generalista el sábado, además de dar el mismo partido, está haciendo una cobertura informativa de la Liga desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con un  previo del partido de 40 minutos y un post partido de 1 hora, con muchísimos más medios y profesionales e invitados especializados de categoría nacional… ¿A dónde va Cuesta con sus colegas?

A este gasto absurdo habrá que sumar el desplazamiento sábado tras sábado de tournée por los campos de España de los comentaristas -por llamarles algo- de TPA. Según la nota de prensa, “el redactor y presentador de Deportes de la cadena Héctor Alonso será el encargado de narrar los encuentros, que en este primer partido estará acompañado en los comentarios técnicos por Mino, ex jugador del Sporting de Gijón y del Sevilla Club de Fútbol, y por Armando, ex jugador del Real Oviedo y del Atlético de Madrid”.

Continúa la nota diciendo que “además, TPA ofrecerá un programa especial a las 21:30 conducido en directo, desde el Vicente Calderón, por Marcos García. El programa, que se emitirá cada semana antes del partido, incluye un previo al encuentro”, lo que confirma que el previo supondrá el desplazamiento a los estadios de una cuarta persona.

Medios pocos, gente de prestigio que aporte algo a los comentarios ninguna, pero para viajar más grandes que nadie. Ni Canal+ desplaza tanta gente para comentar un partido en la cabina…

¡¡¡¡Están locos estos romanos!!!!, que dirían los irreductibles galos.

Sí, era grave el despido de 30 trabajadores aunque, en anteriores ocasiones, no era más que una estratagema empresarial para ahorrarse sueldos y volver a robar los derechos laborales a los trabajadores con unos contratos casi esclavistas. Así es como está funcionando esa maravillosa industrial audiovisual que genera empleo de la que presume la consejera Migoya.

Pero ahora parece que es distinto. Las oficinas están cerradas y no queda nadie, ni siquiera la Dirección. Así que parece confirmado el cierre. Incluso hace mes y medio -el 18 de noviembre-, en un artículo publicado en PRNoticias sobre el caótico panorama audiovisual asturiano, se daba a Plural por finiquitada:

Esta situación ha desembocado en una serie de despidos en las televisiones locales con y sin licencia para emitir en TDT. El caso de la Televisión Local de Gijón es la punta de lanza con 32 despidos, pero a ella se le suman salidas en otras cadenas como Zebrastur, Teleasturias, Canal 10, Oviedo Televisión y la ya desaparecida Plural.

Un poco despistados andaban al mezclar productoras con emisoras, aunque algo comprensible para quien escribe desde Madrid. Pero no parecía casual ni un despiste incluir en el listado a Plural junto a la palabra “desaparecida”.

Pudimos comprobar pocas semanas después que sólo quedaba en las oficinas de Nicanor Piñole la subdirectora y que el resto de trabajadores habían sido enviados a casa. Los programas enlatados para emitir hasta el fin del contrato ya habían sido entregados en Continuidad de TPA y tanto el productor como la directora -madrileña- no aparecían por las oficinas de Gijón. Decidimos esperar al comienzo de 2010 a ver si se confirmaban nuestras sospechas. Entre los ex-trabajadores abundaba la desinformación por parte de la empresa, las falsas esperanzas de un nuevo contrato y las ganas de creer en ello. Pero el asunto no pintaba nada bien.

Dicen que el nuevo programa-propaganda de las mañanas se llamará ‘La Revista’. Y hay quien decía hace apenas un par de semanas que lo haría Plural. Lo dudamos.

Sí, era la idea en junio pasado cuando dejaba de hacer ‘De tarde’, aunque las cosas han cambiado bastante desde entonces… sobre todo porque Localia -la otra empresa de Prisa en Asturias- ha dejado en emitir bajo la licencia autonómica de TDT. Y la progresión de Prisa en su división audiovisual -que tan de cerca hemos seguido aquí- llevaba a deshacerse de sus activos audiovisuales para paliar la enorme deuda contraída con los bancos. Informamos hace meses de la venta de Plural Entertainment a socios portugueses así que poco futuro le dábamos a Asturias.

También entonces se comentó que después de las lamentables experiencias “en directo” Plural volvería a hacer los programas de media hora enlatados -’El color del verde’, ‘En el camino’, ‘100% Salud’- y que en diciembre cerrarían las oficinas definitivamente. La primera parte se ha cumplido. Y parece ser que la segunda también.

Hace ya semanas que dijimos que ese programa matinal lo hará un grupito de empresas elegidas mangoneadas por Nobel y Blaster -o Tenconten, tanto monta, monta tanto-.

Así que, según parece, corta historia la de Plural Entertainment en Asturias (2007-2009).

Nada que nos sorprenda. Mientras, más desempleo para esta industria audiovisual que, según el Gobierno y la propia RTPA, no hace más que crecer y generar empleo. ¿Hasta cuándo aguantaremos semejantes mentiras?

¿Será tan difícil llamarla ‘Comisión Cinematográfica de Oviedo’ en vez de semejante horterada? Se entendería ‘Oviedo Film Commission’ en su versión inglesa por lo de la proyección internacional y eso, pero es que lo de ‘Oviedo Film Comisión’, así, en spanglish,  no tiene desperdicio. Vaya racha que llevamos… Por no hablar de la ocurrencia. Hombre, quizás Asturias da para ello pero para una ciudad pequeña como Oviedo, mucho me parece…

Da risa, francamente, leer un titular tan irreal como provinciano: “Hollywood puede estar en Olloniego“.

Dejando de lado lo que sin duda debe ser una mala resaca de las celebraciones navideñas para el inventor de semejante titular -espero que haya sido el periodista de turno que no tiene ni idea y no el firmante del artículo-, esto sólo se puede leer en una clave. Y es que las instalaciones de Olloniego ya tienen destinatario para su explotación, como apuntábamos hace un par de meses a quien supiese leer entre líneas:

Mientras, José Velasco y su socio local gestionan nuevos dominios. Estos más cercanos a Oviedo que a Gijón. El tema huele bastante mal. Otra cacicada de campeonato. Pero esta vez con los otros. Tiempo al tiempo, si nadie lo remedia.

Hoy diremos más. Ese socio local de Velasco ante el que la APTVA no tiene nada que hacer “ve mejor que nadie y es el ojo derecho” de Gabino de Lorenzo en Oviedo. No hay más que comprobar lo que ha hecho por él en la ciudad. Otra pista para quien le gusten las adivinanzas.

Antes con los unos y ahora con los otros. Así es Velasco.

El presidente de la APTVA -Asociación de Productoras de Televisión de Asturias-, a través de esa misiva al alcalde de Oviedo en la que “se ofrece desinteresadamente”, asiste de nuevo impotente a un ninguneo por parte de la Administración. La consejera Migoya y el gobierno en pleno le hace luz de gas continuamente dando a la AEPAPA todo el protagonismo como asociación representativa del colectivo empresarial audiovisual.

Y ahora, cuando parece sentenciado que el hábil -entre otras cosas- empresario José Velasco, propietario de Zebra y otrora hijo productivo de Pérez Ornia, una vez seco el teto de RTPA apunta hacia otros terrenos que ordeñar, viene la reacción ante lo inevitable.

¿No habría sido más inteligente reunirse con el alcalde de Oviedo hace meses, cuando el proyecto se puso en marcha, para explicarle lo que podrían aportar las empresas audiovisuales asturianas en vez de mandarle este recadito a través de La Nueva España cuando ya no hay nada que hacer? Claro que los cuatro directivos de la APTVA estaban tan ocupados tratando de sacarle jugo a Pérez Ornia en la TPA que se les pasó el arroz. Ahora ni de allí… ni de aquí. Y ‘Zebrasco’ muerto de risa.

Como siempre, como con las cacicadas de RTPA, como con los mangoneos de Arias de Velasco en la APTVA, tarde y mal. Irreal y desproporcionado el análisis que nos brinda el presidente de la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias. Empecemos la casa por los cimientos y veremos hasta dónde se llega. Comparar Olloniego con Hollywood es, cuando menos, una paja mental.

Aquí, en Asturias, ¿dónde están los banqueros que invirtieron en Hollywood? ¿Dónde está el sol que permitía rodar durante todo el día en exteriores en Hollywood? ¿Dónde está el imperio económico -y bélico- en expansión que financió la nueva industria que nacía entonces exportando a todo el mundo la propaganda yanqui? ¿Dónde están los genios creadores y los banqueros judíos europeos que emigraron a Estados Unidos debido a la situación política de entreguerras? ¿Dónde están las posibilidades de crecimiento para una industria inexistente en todo el mundo que tenía todo por hacer?

Un poco de rigor, un poco de sensatez y un poco de realismo en el análisis de las posibilidades. De otra manera, es imposible tomar en serio cualquier propuesta.

A mi también me gustaría creer este cuento navideño que podría haber escrito el mismísimo Frank Capra en vez de “Que bello es vivir”. Pero ya no creo en los Reyes Magos.

Insisto en mencionar al “presidente” cada vez que menciono a la APTVA en esta entrada porque el artículo publicado en LNE no refleja más que su propia opinión ya que sabemos por varios asociados que dicho artículo ha sido enviado a título personal por el presidente de la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA). Según nos han confirmado, dicho texto no ha sido votado ni aprobado por la junta general de asociados. Ni siquiera han sido informados de su existencia o de la intención de que fuese publicado. Esto ha creado cierto malestar en un sector cada vez más amplio de asociados que ven como el pequeño grupito de empresarios que maneja la Junta Directiva hace y deshace a su antojo sin informar debidamente a los asociados.

Así que, ya saben, moderen el consumo de cava durante las celebraciones. Y si no lo hacen -con este panorama es casi imposible no beber hasta perder el conocimiento-, por favor, no escriban sobre el paralelismo entre Hollywood y… cualquier lugar.

La perplejidad de los pocos lectores del artículo en La Nueva España que se han atrevido a comentar deja frases como “Supongo que esto ye una inocentada”, “Nada, seguro que en unos años Olloniego se pasará a llamar Olloniegowood y se harán más películas que en Bollywood” o “La muyer de Tini ye de Olloniego. Tien que rodar alguna peli aquí. Voy proponela algún xéneru que-y vaya bien”. Pues eso, la vida misma.

Aquí está el artículo publicado en La Nueva España:

Hollywood puede estar en Olloniego

Oviedo está en camino de convertirse en el motor de una industria audiovisual que genere empleo y riqueza

Javier Cervero | Presidente de la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias

El Ayuntamiento de Oviedo ha tenido la feliz idea de construir una moderna instalación audiovisual en Olloniego, dotada de tres grandes platós, salas de edición, camerinos, oficinas… En definitiva, un equipamiento modélico, que envidiarán en toda España. Las primeras líneas de este artículo deben ser, sin la menor duda, para felicitar a nuestro Ayuntamiento.

Naturalmente, el destino de este equipamiento es el de ser explotado por empresas productoras, las únicas que le pueden dar un aprovechamiento y una utilidad reales. Por tanto, el sistema de gestión que se implante es clave: puede ayudar de manera decisiva al sector audiovisual asturiano, si se hacen las cosas bien, o puede condenarlo al ostracismo por muchos años, si se hacen mal.

Ya que este equipamiento ha sido promovido por la Administración y financiado con fondos públicos, la primera consecuencia es obvia: debe beneficiar a todos por igual, no solamente a una o dos empresas. Y, en caso de ser necesario algún tipo de orden, antes deberían beneficiarse las empresas ovetenses y las asturianas que otras procedentes de fuera de la región.

Si una productora asturiana pretende utilizar un plató público en Galicia, Valencia o País Vasco está claro que no tiene nada que hacer, simplemente ni la escucharían. Ahora que, por fin, existe un equipamiento público en Asturias, ¿se va a vedar a las empresas locales para entregarlo a las foráneas? Esperamos que no sea así.

Desde la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA) queremos decir que existen productoras en Asturias con capacidad para explotar y sacar rendimiento a esta instalación. Las opciones de producir programas, sin ir más lejos para TPA, serían mucho mayores en caso de disponer de este equipamiento, mientras que quedarían muy disminuidas si los platós se ponen en manos de un competidor ajeno a la región. Además, hoy en día hay medios y canales para vender producción audiovisual, no sólo en los mercados locales e interiores, sino también en los internacionales o exteriores.

Es fácil acreditar el dinero que el sector audiovisual mueve en España y Europa, e incluso en regiones determinadas como Galicia o Gales (Reino Unido). Se están perdiendo ayudas nacionales y europeas por la debilidad de las productoras asturianas, cuya capacidad y posibilidades competitivas se reforzarían decisivamente en caso de disponer de este equipamiento.

Los aspectos vinculados a la formación pueden ser gestionados por las empresas ovetenses y asturianas, mejor que por ninguna de fuera, que ningún interés tienen en consolidar una industria regional. De hecho, año tras año son las productoras asturianas las que acogen en su seno alumnos en prácticas procedentes de distintos centros formativos.

Dicho con más claridad: poner en manos de las productoras asturianas el equipamiento de Olloniego sería un paso fundamental para facilitar una mejor salida profesional a los jóvenes que reciben formación en Asturias en esta materia. No sucedería lo mismo, ni de lejos, si el equipamiento es explotado por alguien ajeno a Asturias.

Además de todo lo anterior es fundamental crear productos audiovisuales con valor añadido, que puedan competir dignamente en los mercados nacionales e internacionales. Algún tímido intento esbozado en la Universidad de Oviedo podría avanzar pasos de gigante si se puede contar con estas instalaciones.

En Olloniego se podría crear, entre otras cosas, un Centro de Conocimiento e Investigación de la Industria Audiovisual, que podría recibir ayudas de planes como Avanza. Se podría crear también la Oviedo Film Comisión, con un compromiso firme para desarrollar la industria local y beneficiar al conjunto de la economía ovetense.

En definitiva, la APTVA solicita al Ayuntamiento de Oviedo, y al conjunto de los poderes públicos regionales, que la gestión de este equipamiento sea confiada a las productoras ovetenses y asturianas que acrediten su capacidad. De manera específica, entendemos que las acciones formativas en materia audiovisual a realizar en dicha instalación han de ser encomendadas a APTVA, por ser la entidad más adecuada para ello, tanto desde el punto de vista del conocimiento como de las posibilidades de inserción laboral de las personas formadas. También proponemos que en la puesta en marcha de este centro se tenga en cuenta la problemática de la música y las bandas sonoras para las producciones audiovisuales, en una iniciativa coordinada con el Conservatorio Superior de Música, la OSCO y otras formaciones musicales, creando de este modo una actividad enriquecedora desde el punto de vista humano y económico para una ciudad de tan arraigada tradición musical como es Oviedo.

Por último, proponemos la elaboración de un Plan de Promoción del Sector Audiovisual en Oviedo (si se quiere, en Asturias), con medidas concretas de apoyo a las productoras locales y regionales, entre ellas las que se han mencionado en los párrafos anteriores. Para la elaboración de este Plan, la APTVA se ofrece desinteresadamente al Ayuntamiento de Oviedo.

Si el equipamiento de Olloniego se gestiona de manera eficaz y se ponen las bases mediante un diseño serio, con la mirada puesta en la creación de productos con valor añadido, Oviedo puede convertirse en el motor de una industria audiovisual que genere empleo y riqueza en la región.

La industria audiovisual es una actividad limpia, crea puestos de trabajo en otros sectores como la hostelería, el transporte o los seguros y requiere con regularidad de mano de obra especializada. Además, el dinero que desde el sector público se invierta en esta actividad sufrirá menor riesgo de ser víctima de procesos de deslocalización al tratarse de una industria basada en el conocimiento y en las relaciones entre quienes la componen. Hollywood lleva más de 100 años en el mismo lugar. Olloniego está en nuestro propio municipio: apostemos por un proyecto serio y encomendemos su gestión a las empresas locales. El Ayuntamiento tiene en su mano, y muy cerca, la solución.

La segunda ocurrencia -que trascendió- surgía en momentos en que se sabía en los círculos socialistas -y, por tanto, próximos a Prisa- que Canal+ iba a dejar de emitir la parte de su programación en abierto -exigido por ley- para pasar a ser totalmente una plataforma de pago, como es actualmente. Entonces el canal ocupaba en todas las casas el dial número 4.

Poco a poco se había ido adjudicando de manera natural y espontánea el botón del mando a distancia a cada una de las cadenas que emitían.

TVE fue la única cadena durante muchos años -desde 1956-, hasta que diez años después empezaba su andadura el segundo canal -que entonces se conocía como UHF, Ultra High Frequency, que era la banda en la que emitía, mientras TVE lo hacía en VHF, Very High Frequency- y no llegaba a todo el territorio español. En Asturias no se pudo ver la UHF hasta bien entrados los 70. ‘Panorama Regional’ empezó su emisión en 1974.

En 1990 llegó la televisión privada. Antena 3 ya existía como radio y su nombre nada tenía que ver con ninguna intención de posicionarse en ningún dígito del mando a distancia, un artilugio que hasta entonces casi no tenía sentido. El caso de Telecinco era similar -en cuanto a aspiraciones de posicionamiento en el mando a distancia- ya que era el equivalente castellano, aunque de igual escritura que en italiano, a su homóloga de la propietaria italiana Mediaset, ahora denominada Canale Cinco.

Por tanto, era de lógica mnemotécnica colocar a TVE1 en el 1, TVE2 en el 2 -que se denominaron así hasta 1990, cuando pasaron a llamarse La 1 y La 2-, Antena 3 en el 3 y Telecinco en el 5. Naturalmente, Canal+ se colocaba en el número sin propietario, el 4.

En esos momentos -2005- en los que se sabía que Canal+ iba a dejar de emitir en abierto, el impulsor de esta televisión autonómica que hoy tenemos se empeñó en intentar conquistar el botón número 4 del mando a distancia. Y encargó a Zamorano Asociados, agencia publicitaria madrileña de la corte del rey Vicente, un estudio del posible nombre, logo y eslogan de la futura cadena autonómica. Así parieron Asturi4s, donde el 4 pretendía ser una suerte de A y trataba de convencer al personal para que sintonizase la autonómica asturiana en el botón número 4 del mando a distancia.

En estas, efectivamente, Canal+ deja de emitir en abierto… pero la licencia de emisión se mantiene en la empresa concesionaria Prisa que sustituye el canal de pago por una emisora en abierto y, en un alarde práctico, lo llaman Cuatro.

Rápidamente -o no tanto- Fernández León reacciona y contrata a Fernando Gutiérrez, diseñador nacido y formado en Londres -a pesar de los bulos difundidos desde el entorno del viceconsejero de que ha nacido en Asturias-, ciudad en la que trabajó para Pentagram desde 2000 hasta que, en 2006, abre The studio of Fernando Gutiérrez. El objetivo era entonces el 6. Y nace el actual logo, el actual nombre y el actual eslogan.

La ‘a’ es el “reflejo de ti” -eslogan de la cadena pública-, y ese reflejo de la ‘a’, tan cuadradita ella, pretendía ser un ‘6′. La carísima campaña de presentación fue un holograma en el que se podía ver en la misma imagen la ‘a’ y el ‘6′ formados por los cuadrados azules del logotipo (manual de identidad visual, páginas 9 y 10).

Esta televisión nuestra -o suya, según se mire quién la paga y quién la utiliza-, siempre tan vanguardista y tan atenta a la actualidad, ve como empieza a emitir otra cadena privada que Zapatero se saca de la chistera para comenzar a crear el imperio mediático que dé por saco a Prisa. Y de la mano de Roures nace el nuevo canal que se llamará, en un nuevo alarde de originalidad hispánico… laSexta.

Y Fernández León vuelve a quedarse con un palmo de narices.

Ahora vemos que, como guinda de la renovación de imagen corporativa (¿?) cambian la mosca y, en un redoble creativo que ha costado un montón de miles de euros, llaman a la televisión autonómica A7 -y A8 al segundo canal- porque, según la propia nota de prensa de TPA “facilitará su sintonización en las posiciones 7 y 8 de los canales del televisor”. Vamos a ver, Ornia… Lo de “facilitar” es para partirse. Ese no es el problema. Era igual de fácil antes que ahora. Y además, ya existe un canal de Telecinco que se llama “La Siete” y uno de Antena 3 que dice “Somos el Ocho”… Oviedo Televisión pasó a ser en su logo OTV con un 7 dentro de la O, Localia incorporó un 8 a su logo -y desapareció-…

Con esta tomadura de pelo, desarrollada “bajo la dirección y supervisión de Fernando Gutiérrez” -manda huevoooooos-, “la tipografía cambia a una fuente nuezeit con formas más redondeadas que transmiten una mayor calidez”. Aaaaaah, bueno, si transmite más calidez pues vale -por cierto, el nombre de la fuente es ‘Neuzeit‘, no ‘nuezeit’ como dice la nota de prensa-.

Acaba el año y todo el balance que puede hacer el Director General de RTPA es que ha fundido 34,3 millones “oficiales” de euros, anda por una audiencia media en torno a 15.000 espectadores diarios, apenas tiene programación propia -y la que tiene no interesa a los asturianos-, se gasta gran parte del presupuesto en las dietas de los consejeros -2.000 euros al mes a cada uno de los 15 elegidos por las dos reuniones a las que acuden, 360.000 euros anuales-  y los sueldazos de los directivos, organiza vergonzosas convocatorias de empleo público que deja desiertas -recordemos que el próximo año se reducirá la plantilla de TPA-, cada vez se externalizan más funciones de un servicio que parece todo menos público y, para colmo, en el informe de fiscalización de las cuentas del primer año de emisión -2006- la Sindicatura, equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas del Estado, dice que maquilló la cuenta de resultados y cometió hasta 23 irregularidades en los 59 contratos que presentó para su análisis.

Y para rematar el año, nos salen con la ocurrencia de A7. Como si los alucinados asturianos nos fuesemos ahora a dar cuenta de que no vemos la televisión autonómica porque no la tenemos sintonizada en el número 7 de nuestro mando a distancia. O porque la tipografía no era lo suficientemente cálida. Definitivamente, Pérez Ornia cree que somos gilipollas. Menos mal que nos “facilitará su sintonización en las posiciones 7 y 8 de los canales del televisor”. Va a ser que por eso no ve la TPA ni dios…

En ambas, a pesar de estar presentado el informe definitivo de fiscalización de RTPA de la Sindicatura de Cuentas en la Junta del Principado, afirmaba que “los contratos de encargos de producción de programas a empresas externas a RTPA están excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [...] por lo establecido en la Directiva Europea 2004/18/CE” y que “la principal conclusión del informe es que el órgano fiscalizador no ha apreciado ninguna infracción, irregularidad o indicio de responsabilidad contable en ninguna de las tres áreas que fueron objeto del estudio: la gestión económico-financiera, de personal y de contratación del Ente Público de Comunicación y de sus sociedades gestoras”.

Ya entonces dijimos que eso, además de estar en contradicción con el informe definitivo de la Sindicatura, aceptado por la Junta del Principado, era rotundamente desmentido por el Síndico Mayor en su comparecencia ese mismo día en esa misma comisión: “Ello no significa que el Ente Público de Comunicación esté exento de la contratación pública [ya que] es un poder adjudicador” -página 37 del Diario de Sesiones de la mencionada comisión-.

Vamos a reproducir literalmente los párrafos para recordarle a Pérez Ornia cuáles son esas irregularidades que niega por activa y por pasiva y que, a su pesar, están en el Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas:

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· Los contratos de RTPA no están exentos de la Ley de Contratos del Sector Público (página 47):

“El régimen jurídico de estos contratos es el determinado por la Disposición Adicional Sexta y el artículo 2.1 del TRLCAP [Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas], NO OBSTANTE, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y de servicios, en su artículo 16, excluye expresamente los contratos públicos de servicios cuyo “objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de radiodifusión”.

En consecuencia, la tramitación y adjudicación de estos contratos, y dado que la normativa española no había transpuesto la exclusión específica, está sometida a las prescripciones del TRLCAP, si bien con la exclusión de la publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea aún cuando por la cuantía de los contratos sea preceptiva (artículo 205 TRLCAP) y exclusión de la exigencia del requisito de clasificación como medio para acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

En todo caso, el órgano de contratación deberá garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia (Disposición Adicional Sexta) que SIEMPRE deben quedar garantizados en las contrataciones realizadas con fondos públicos, con la excepción de los contratos en los que el objeto de los contratos sea incompatible con la aplicación de los mencionados principios, esta circunstancia debe quedar motivada y justificada en el expediente”.

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· Las irregularidades cometidas por RTPA en la contratación (páginas 47 a 52):

1ª. RTPA no observa los principios de publicidad y concurrencia exigidos (página 47).

“Del análisis realizado a la muestra de contratos de servicios que tienen por objeto la Producción financiada o coproducción, se hace constar que TPA no ha observado los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP ni existe justificación documental de la imposibilidad de promover la concurrencia”.

2ª. RTPA no exige solvencia económica y financiera ni capacidad técnica o profesional para ejecutar un contrato (página 47).

“Igualmente en estos expedientes de contratación se hace constar que TPA no ha exigido a las empresas contratadas documento alguno que posibilitara al órgano de contratación comprobar la solvencia económica y financiera así como su capacidad técnica o profesional para ejecutar el contrato formalizado”.

3ª. RTPA no exige acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (página 47).

“Del mismo modo tampoco consta que hubiera sido exigida la acreditación a la adjudicataria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social”.

4ª. RTPA firma un contrato con una empresa no inscrita en el Registro Mercantil (página 48).

“Se hace constar que la TPA formalizó el presente contrato con una empresa en formación, artículo 15 de la LSA, pues en el momento de la firma del contrato, la empresa no estaba inscrita en el Registro Mercantil requisito exigido por el artículo 15.2 del TRLCAP”.

5ª. RTPA firma un contrato con una empresa incapacitada para suscribir un contrato (página 48).

“La empresa adjudicataria carece de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para suscribir el presente [contrato] por incumplir el requisito exigido por el artículo 15.2 del TRLCAP”.

6ª. RTPA tramita un expediente de manera irregular (página 48).

“No consta en el expediente que la sociedad en formación, una vez inscrita en el Registro Mercantil, haya adoptado acuerdo de aceptación de este contrato dentro de los tres meses siguientes a su inscripción (artículo 15.3 de la LSA)”.

7ª. RTPA factura de manera irregular (página 48).

“La facturación inicial realizada ha sido a razón de 100.329 euros/mes, durante los seis primeros meses habiéndose producido un error en la misma que ha sido corregido con seis facturas complementarias por importe de 11.520 euros/mes”.

8ª. RTPA tacha y modifica a mano la fecha de un documento público que afecta a la renovación del contrato  (página 48).

“La Cláusula 2º del contrato establece que ambas partes se conceden recíprocamente un derecho preferente de renovación del contrato. No obstante, en el expediente existe confusión respecto al plazo del contrato, pues la fecha final de 31-12-2006 en el documento contractual figura tachada y corregida “a mano” como 13-12-2007. No consta que se hayan formalizado prórrogas de este contrato”.

9ª. RTPA infringe nuevamente las obligaciones de tramitación de otro expediente (página 49).

“Se hace constar que en el expediente de contratación no existen informes estudios e informes que los servicios propios de la TPA debieron elaborar con carácter previo a la formalización del contrato donde se haga constar la necesidad de la contratación, el objeto del contrato, las características técnicas y el coste económico. El expediente contiene exclusivamente el contrato suscrito entre las productoras y las Televisiones autonómicas contratantes”.

10ª. RTPA no justifica documentalmente la imposibilidad de promover la concurrencia (página 49).

“Estos contratos tienen por objeto la compra de derechos […] por lo que no es posible el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como la aplicación de los criterios de adjudicación de contratos […]. No obstante, en ninguno de los expedientes analizados existe justificación documental de la imposibilidad de promover la concurrencia, ni los estudios e informes que los servicios propios de la TPA debieron elaborar con carácter previo a la formalización del contrato donde se haga constar la necesidad de la contratación, el objeto de los contratos, las características técnicas y el coste económico de los mismos”.

11ª. RTPA vuelve a tramitar otro expediente irregularmente (página 50).

“En el expediente analizado no consta ningún estudio previo realizado por los servicios propios de la TPA en relación con el objeto del contrato, características técnicas, coste económico etc. El expediente se limita a contener el texto del contrato, documentación societaria de la empresa adjudicataria y facturas conformadas”.

12ª. RTPA firma un contrato que supera la cuantía permitida por ley (página 50).

“Se hace constar que en el presente contrato TPA incumple lo dispuesto en el artículo 2.1 del TRLCAP, puesto que el precio del contrato supera las cuantías del citado artículo, estando TPA sujeta a las prescripciones de la Ley de Contratos relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y forma de adjudicación”.

13ª. RTPA no exige nuevamente solvencia económica y financiera ni capacidad técnica o profesional para ejecutar otro contrato (página 50).

“No queda acreditado en el expediente la solvencia económica y financiera así como su capacidad técnica o profesional de la empresa adjudicataria para ejecutar el contrato formalizado”.

14ª. RTPA no exige nuevamente acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (página 50).

“Tampoco consta que hubiera sido exigida la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones para con la Seguridad Social”.

15ª. RTPA firma otro contrato con una empresa no inscrita en el Registro Mercantil (página 51).

“Se hace constar que la TPA formalizó el presente contrato con una empresa en formación, artículo 15 de la LSA, pues en el momento de la firma del contrato, la empresa no estaba inscrita en el Registro Mercantil requisito exigido por el artículo 15.2 del TRLCAP”.

16ª. RTPA firma otro contrato con una empresa incapacitada para suscribir un contrato (página 51).

“La empresa adjudicataria carece de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para suscribir el presente [contrato] por incumplir el requisito exigido por el artículo 15.2 del TRLCAP”.

17ª. RTPA tramita otro expediente de manera irregular (página 51).

“No consta en el expediente que la sociedad en formación, una vez inscrita en el Registro Mercantil, haya adoptado acuerdo de aceptación de este contrato dentro de los tres meses siguientes a su inscripción (artículo 15.3 de la LSA)”.

18ª. RTPA permite que la empresa contratada inicie la producción y emisión sin contrato formalizado (página 51).

“La empresa contratista inició los trabajos de producción y en su caso de emisión sin que existiera contrato formalizado, al menos por escrito, con la TPA. Consta en el expediente la emisión de dos facturas, ambas con fecha 30 de abril de 2006, por importes de 28.200 € y 32.400 € en cuyo concepto figura “Servicios enero 06” y Servicios Febrero 06”. En dichas facturas se detalla que la relación de servicios a la TPA se inicia el 08/01/06 y supone 5 retransmisiones en enero y 6 en febrero. El contrato se firma con fecha 7 de marzo de 2006, pretendiendo regularizar la situación al disponer la Cláusula 2.1 que el contrato tiene ‘efectos retroactivos a contar desde el día 7 de enero de 2006′”.

19ª. RTPA firma un contrato sin fijar su término (página 51).

“Se hace constar que el contrato no esta sometido a término, por cuanto la cláusula 5.2 dispone que las partes, por mutuo acuerdo podrán prorrogar expresamente el mismo, “sin más excepción” que la relativa al precio, que será actualizado conforme al IPC fijado por el INE”.

20ª. RTPA licita un concurso con una metodología para la valoración que no garantiza la objetividad exigida (página 51).

“Los criterios ‘Memoria’ y ‘Mejoras’, tal y como están configurados, y la metodología empleada para su valoración, no garantizan la objetividad exigida por el artículo 86 del TRLCAP. Por una parte, la valoración y puntuación depende del criterio subjetivo del técnico informante, y por otra, las mejoras susceptibles de valoración no son identificadas en las citadas bases, por lo que son desconocidas para los licitadores”.

21ª. RTPA licita otro concurso con una metodología para la valoración que vuelve a no garantizar la objetividad exigida (página 52).

“La empresa pública utiliza el procedimiento abierto y la forma de concurso para la adjudicación del contrato, en cuyo documento de bases administrativas que rigen la contratación establecen los criterios para la adjudicación del concurso, de los cuales ‘Memoria’ y ‘Mejoras’, tal como están configurados y la metodología para su valoración, no pueden ser considerados como objetivos, por una parte, la valoración y la puntuación depende del criterio subjetivo del técnico informante, y por otra, las mejoras susceptibles de valoración no son identificadas en las citadas bases, por lo que son desconocidas para los licitadores. Esta deficiente objetividad se pone de manifiesto en el Informe Técnico sobre las propuestas”.

22ª. RTPA fracciona un contrato inicial en dos contratos independientes, lo que está prohibido por ley (página 52).

“La TPA, previa modificación del contenido del objeto, procedió a fraccionar el contrato inicial en dos contratos independientes”.

23ª. RTPA elimina uno de los elementos del contrato sin reducir el presupuesto de licitación (página 52).

“No obstante, de la suma de los dos contratos fraccionados ha dido eliminado uno de los 20 elementos que constituían el objeto del contrato inicial […] sin que ello implicara una reducción del presupuesto de licitación”.

Telecinco compra el 22% de Digital+ y se fusiona con Cuatro

Las televisiones privadas Telecinco y Cuatro han decidido fusionarse. La integración otorga a Prisa en torno a un 18% de la empresa resultante. Telecinco adquiere además una participación del 22% en Digital Plus por 500 millones de euros en metálico.

En un comunicado remitido a la CNMV, Prisa y Telecinco han anunciado que la cadena de televisión con capital italiano adquirirá mediante canje de acciones el 100% del capital de una nueva sociedad que incluirá las actividades de Cuatro y se hará además una participación del 22% en Digital Plus.

La integración supondrá para Prisa la recepción de un paquete de acciones de Telecinco que, tras una ampliación de capital, equivaldrán aproximadamente al 18% del capital social de Telecinco. Además Prisa recibirá 500 millones en metálico por el 22% de Digital Plus.

Según las compañías, el importe de la operación de venta de Digital Plus se ha establecido sobre un valor de los activos de 2.350 millones, en los mismos términos que el acuerdo suscrito entre Prisa y Telefónica el pasado 25 de noviembre.

Ampliaciones de capital

Telecinco realizará una ampliación de 500 millones de euros con derecho de suscripción preferente que será suscrita íntegramente por Mediaset. Y posteriormente, hará una segunda ampliación que será suscrita por Sogecable, en la que ésta aportará su negocio de televisión en abierto. De esta forma, la participación de Prisa en la nueva empresa resultante se situará en torno al 18%.

La operación configura un nuevo panorama del mercado televisivo en España en el que Telecinco será el líder de las emisiones en abierto y Digital+ de las operaciones de pago.

Ambas compañías tendrán una participación proporcional a sus respectivos porcentajes de capital en los órganos de gobierno de la nueva empresa. Y Telecinco contará con una participación, correspondiente a su participación, en el consejo de administración de Digital Plus.

Mediaset ha contado con Mediobanca como asesor financiero único y Telecinco con JPMorgan como asesor financiero único.

Por su parte, Antena 3 y La Sexta anunciaron el jueves que también están manteniendo contactos para una posible integración.

Podemos comprobarlo en varios medios españoles y fuentes finacieras como bolsamania.com.

Mediaset negocia su entrada en Cuatro y Digital Plus

El grupo de comunicación italiano Mediaset, principal accionista de Telecinco, está negociando su desembarco Cuatro y Digital Plus, ambas de Prisa, según publica hoy el diario ‘La Stampa’.

El interés de la compañía controlada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por la cadena y la plataforma de televisión de Prisa viene de lejos, aunque a finales del pasado mes de octubre se produjo una interrupción en las negociaciones.

Sin embargo, a finales de noviembre, el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, aseguró en una entrevista concedida a ‘Financial Times’ que Mediaset seguía interesada en Digital Plus.

Cebrián realizó estas declaraciones días después de vender el 21% de Digital Plus a Telefónica por 470 millones de euros.

Con una hipotética entrada en Cuatro, Mediaset se convertiría en un actor fundamental en el panorama televisivo español, ya que es el accionista de referencia de Telecinco.

La cadena de Fuencarral estuvo a punto de ver su posición seriamente dañada con las frustradas negociaciones entre Prisa e Imagina (Mediapro y grupo Arbol) para integrar sus negocios audiovisuales.

Lo más preocupante es que, según el informe “Barómetro Global de la Corrupción 2009“, de la organización Transparency International, “a nivel global los partidos políticos y la administración pública son percibidos como los sectores más corruptos”, atendiendo a una encuesta en la que se formularon preguntas a los encuestados sobre seis sectores/instituciones: el poder judicial, los medios de comunicación, el parlamento o poder legislativo, los partidos políticos, el sector privado y la administración pública.

Escribía el pasado “día de la corrupción” un interesante artículo Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona, titulado “La ciénaga de la corrupción:

Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro.

El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular.

[...] El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; [...] lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

[...] Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas.

[...] Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: “Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo“.

Esto en un momento en el que en Asturias ciertos sectores políticos interesados cuestionan la necesidad de la Sindicatura de Cuentas y qué tiene o no que fiscalizar, y uno de cada tres ayuntamientos asturianos no rinde cuentas ante la Sindicatura del Principado, a pesar de que es una obligación legal. Un órgano aprobado en la Junta General del Principado por los parlamentarios de todos los partidos políticos, que no son más que los representantes de los ciudadanos. El órgano encargado desde 2005 de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico, de asesorar a la Junta General del Principado y a las entidades locales de la región y del ejercicio de las competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Cuentas es el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas del Estado. ¿Se imaginan eliminar el Tribunal de Cuentas del Estado?

Incluso tenemos que oír a personajes como el Director General de RTPA cuestionar el criterio fiscalizador de la Sindicatura, una vez que ha presentado el Ente Público de Comunicación sus alegaciones y está presentado el informe definitivo a la Junta General. Y tenemos que oírle negar las imputaciones de irregularidad -denunciadas por la Sindicatura en el informe definitivo- en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado del pasado día 18 de noviembre.

Y no sólo tenemos que aguantar esa actitud sino el más absoluto cinismo al felicitar a la Sindicatura por el trabajo realizado; eso sí, a la vez que se pasa por el arco del triunfo lo que le dice o pueda decir el órgano fiscalizador aprobado por los representantes de los ciudadanos asturianos en la Junta General para controlar el gasto público. Miren, es que nosotros, a pesar de ser un ente público, no tenemos que contratar como si fueramos un ente público porque existe una directiva europea que nos exime, a pesar de que la Sindicatura nos diga lo contrario en la página 47 del informe definitivo de fiscalización…

No queda ahí la cosa sino que el mismo día -la comisión levantaba la sesión a las 15:05 horas- publica una nota de prensa -el documento se creaba a las 18:18, según los metadatos del PDF- en la web del Ente Público de Comunicación tergiversando totalmente lo que allí ocurrió, y de lo que dan fe las actas de la comisión celebrada. Nota de prensa que sólo salió publicada en su cortijo particular. Ningún otro medio de comunicación se hizo eco de semejante patraña.

Mucha prisa le entró a Pérez Ornia por publicar una nota de prensa tan sólo tres horas después de acabar la comparecencia, a media tarde, cuando en otras ocasiones hay que esperar al día siguiente para leer notas de prensa sobre otros asuntos más relevantes que SU comparecencia, de la que nos informa según SU versión en SU periódico digital. No dice nada de lo que le replicó el Síndico Mayor, o de las objeciones que a su discurso puso la representante popular en la Comisión. Eso es informar con la objetvidad y pluralidad de la que presume continuamente la Migoya al referirse a RTPA.

Pérez Ornia dijo que RTPA no tenía que someterse a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) porque existe una directiva europea que exime del cumplimiento de la LCSP al ente público. Y así lo proclamó en la mencionada nota de prensa diciendo que “los contratos de encargos de producción de programas a empresas externas a RTPA están excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [...] por lo establecido en la Directiva Europea 2004/18/CE. Esta norma comunitaria fue incorporada a la legislación española en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007″ para rematar sentenciando que “la principal conclusión del informe es que el órgano fiscalizador no ha apreciado ninguna infracción, irregularidad o indicio de responsabilidad contable en ninguna de las tres áreas que fueron objeto del estudio: la gestión económico-financiera, de personal y de contratación del Ente Público de Comunicación y de sus sociedades gestoras”.

En primer lugar, el Síndico Mayor Avelino Viejo, en dicha comparecencia dice, textualmente, al ser preguntado por la incidencia de dicha directiva europea en RTPA, que “ello no significa que el Ente Público de Comunicación esté exento de la contratación pública [ya que] es un poder adjudicador” -página 37 del Diario de Sesiones de la mencionada comisión-. La Sindicatura desmiente rotundamente a Pérez Ornia y a su nota de prensa.

Y en segundo lugar, la afirmación de que no existen irregularidades es simplemente fantasía: prácticamente seis páginas del informe de fiscalización -desde la página 47 a la 52- se dedican a pormenorizar dichas irregularidades -nada menos que 23 en 59 contratos analizados- que van desde manipular la fecha de un contrato, contratar con una empresa no inscrita en el Registro Mercantil -nada menos que 1,3 millones de euros-, superar la cuantía permitida por la ley en el precio de un contrato, contratación verbal no justificada, no observar los principios de publicidad y concurrencia, no comprobar la solvencia económica y financiera y la capacidad técnica o profesional de la empresa contratada, iniciar los trabajos de producción y emisión sin que existiera contrato formalizado, fraccionamiento de contratos explícitamente prohibido por ley…

Todas estas irregularidades forman parte del informe definitivo de la Sindicatura, habiendo tenido en cuenta las alegaciones de RTPA. Del informe definitivo. Importa bastante poco la opinión de Pérez Ornia una vez que ya ha presentado las alegaciones y han sido tenidas en cuenta. Y, desde luego, son bastante graves las irregularidades. Así que, ¿de dónde deduce Pérez Ornia que la Sindicatura no observa irregularidades en el área de contratación?

La alarma social es tal que ya se crean asociaciones profesionales ciudadanas para “promover y defender la transparencia en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos del sector público y que la aplicación de la nueva ley de Contratos del Sector Público 30/2007 y su normativa de desarrollo se ajusten a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores o candidatos”, como informaba La Nueva España el pasado viernes sobre la presentación de la Asociación para la Defensa de la Transparencia del Sector Público (ADETRA) en un acto en el Club Prensa Asturiana de Oviedo, al que siguió una mesa redonda titulada, significativamente, “La contratación pública, ¿dónde está la transparencia?“.

Incluso ayer mismo LNE publicaba el enésimo artículo sobre este asunto afirmando que “lo cierto es que el propio Avelino Viejo ha insinuado en sus comparecencias ante la Junta la imposibilidad de llevar hasta el final las funciones de la Sindicatura, al no contar con instrumentos coercitivos. La última vez que lo hizo fue el pasado 18 de noviembre durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda”. Es más, añade que varias regiones congelan las subvenciones a las instituciones que se niegan a ser fiscalizadas.

En definitiva, lo que nos ilustra el fiscal Anticorrupción en el anterior artículo: políticas púbicas y actividad económica privada, indiscriminado cuestionamiento de los instrumentos de investigación, alteración del mercado, lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas… La vida misma, según Transparency International.

Ahora Prisa parece dispuesta a ceder el control de Digital+ a “Il cavaliere” Berlusconi con la venta de otro 20% de la compañía. Lo podemos leer hoy:

Prisa, dispuesta a que Berlusconi tome el control editorial de Cuatro

La estrategia adoptada por Silvio Berlusconi de aguantar el pulso a Prisa para que ceda el control editorial de Cuatro parece estar a punto de dar resultado. El gigante audiovisual Mediaset, propiedad del primer ministro italiano, y la compañía controlada por la familia Polanco han retomado las negociaciones sobre el futuro de Cuatro y Digital +.

En el tira y afloja, Prisa se negaba a ceder el control editorial de la cadena de TV privada en abierto, lo que llevó a Mediaset a suspender el proceso de acercamiento hace unas semanas. Como adelantó ABC, Berlusconi se fijó como condición sine qua non hacerse con las riendas de los informativos de Cuatro. Sólo así accedería a efectuar una doble operación: de una parte, la compra de un paquete accionarial del entorno de un 20 por ciento de Digital +; de otra, la entrada en Sogecable, división audiovisual de Prisa donde se incluye Cuatro.

Blindaje transitorio

Según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia, este fin de semana se desarrollarán intensas negociaciones en la sede de Mediaset en Milán, con el fin de cerrar un preacuerdo con la dirección de Prisa que podría materializarse con un anuncio en los próximos días.

Un comunicado conjunto dejaría, en su caso, constancia de la intención de ambas compañías de ahondar en un ambicioso pacto que afectaría a dos cadenas privadas en España: Telecinco y Cuatro. En lo que va de mes, la primera acumula una cuota de pantalla del 15,1 por ciento y la segunda, un 7,6. En la presente temporada, un 15,4 y un 7,7 por ciento, respectivamente.

Entre los escenarios de trabajo que barajan Prisa y Mediaset está el de fijar un corto periodo de blindaje (en principio no más de un año) en el que los primeros continuarían con el control editorial de Cuatro. Superado ese plazo y encajadas las piezas del eventual acuerdo marco, sería ya Berlusconi el responsable de los informativos.

Prisa recibiría de inmediato otros 400 millones de euros por la venta de un paquete del 20 por ciento de Digital +, dinero con el que aliviar la deuda de más de 5.000 millones.

Hace quince días Telefónica pagó 470 millones de euros (aunque sólo 240 en efectivo) a Prisa por el 21 por ciento y el control financiero de la plataforma de televisión por satélite.

Según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2010, colgado por el propio Gobierno en su web, RTPA aumentará su presupuesto “oficial” un 4,7% respecto a 2009, acercándose peligrosamente a los 40 millones de euros (39.236.356 €).

En cambio, la plantilla de TPA con contrato indefinido se verá reducida. Hace un año, en el presupuesto de 2009 podíamos leer que “75 [personas] formarían la plantilla de estructura de la empresa”, compuesta -según su distribución por categorías laborales- por 8 directivos y altos cargos, 10 técnicos superiores, 36 técnicos medios y 21 obreros y subalternos. Ahora podemos leer en el proyecto de presupuesto que “el número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2010 es de 72″. Es decir, 72… o menos.

Los trabajadores con contrato indefinido de RTPA en 2010 serán 93, como “máximo”: los mencionados 72 de TPA, y como en 2009, los 7 de RTPA (3 directivos y altos cargos, 2 técnicos superiores, 1 administrativo y 1 auxiliar) y los 14 de la Productora de Programas (1 gerente, 2 técnicos superiores, 8 técnicos medios, 2 administrativos y 1 auxiliar); en cambio, RPA seguirá contando con personal eventual (en 2009 empezaron con 10 trabajadores).

Luego tenemos que leer el pasado viernes en La Nueva España a la ministrina de Administraciones Públicas, la inefable Migoya, que RTPA ha generado más de 700 puestos de trabajo… Y la periodista de LNE demuestra desconocimiento diciendo que el sector audiovisual emplea en Asturias a casi un millar de personas. En fin, este tema lo tocamos en julio pasado y ya quedó claramente desmontada esta falacia gubernamental. Tampoco le va a la zaga el presidente de la AEPAPA, García-Bericua, cuando afirma, el muy cachondo, que “el sector audiovisual tendrá una importancia similar a la que ha tenido el automovilístico o la minería, según la UE“. ¿En qué parte de la Unión Europea? Porque en Asturias es más que dudable, visto lo visto. Claro que hacer la pelota al Gobierno nunca viene mal, por los contratos que puedan seguir cayendo…

Esta banda nos vacila a la cara y se quedan tan tranquilos. Ocurrió en las jornadas “Perspectivas y retos de la industria audiovisual asturiana”, que se celebraron la semana pasada en el Centro de FP de Imagen de Langreo. Por un lado el Director de Contenidos de TPA, Guarenabarrena, dice previa petición del humorista García-Bericua que es inviable la “puesta en marcha del segundo canal autonómico con contenidos propios” -textual de LNE- por falta de presupuesto. Y a continuación, este cachondo mental -el propietario de la gijonesa Videoimagen, una de las productoras más esclavistas y favorecidas por los contratos dactilares de TPA- nos suelta que el sector audiovisual va a tener la misma importancia que el sector automovilístico o el de la minería. No lo puedo evitar, cada vez que lo leo me entra un arrebato imparable de carcajadas. Las mismas que me produce leer a Migoya decir que “TPA se ha mostrado eficaz generando empleo y reflejando la realidad con pluralidad y de forma austera”. Seguramente habrá pulsado la opinión en su entorno próximo -su Gobierno, su partido, sus amigos, su familia-, sino no se entiende.

Por cierto, a la periodista de LNE que titula el artículo “Las firmas audiovisuales reclaman al Principado la puesta en marcha del segundo canal de la TPA“, recordarle que el segundo canal de TPA ya está en marcha desde el 26 de mayo de 2007, redifundiendo la señal de TPA con una hora de retardo. Otra cosa es que no emita nuevos contenidos encargados a las productoras pelotaris del Gobierno -que no propios, que ya lo hace repitiendo la programación del primer canal-, porque parece que no tienen suficiente con los contratos que ya les ha adjudicado a dedo TPA. Y que no fueron “las firmas audiovisuales”, sino la AEPAPA que tan sólo representa a una treintena de productoras del sector. La AEPAPA (Asociación de Empresas Productoras Audiovisuales del Principado de Asturias) -y no AEPA, como vuelve a equivocarse la periodista- fue creada en 2007 y es una escisión de la APTVA (Asociación de Productoras de Televisión de Asturias), asociación creada en 1998 que representa a otras tantas empresas. Por favor, documéntese un poco antes de escribir sobre el tema…

Así que, como iba diciendo, RPA seguirá con personal eventual a pesar de aumentar su presupuesto significativamente -un 58%, de 948.000 a 1.500.000 €- ya que el objetivo del ente de comunicación para 2010 es “ampliar el horario de emisión radiofónica y eliminar las últimas franjas horarias que aún mantienen una programación exclusivamente musical”. Sin embargo, el presupuesto para gasto de personal es el mismo, unos 300.000 €, frente al casi millón de euros que cuesta mantener a los 14 privilegiados que trabajan en ese oasis autóctono que es la Productora de Programas, debido fundamentalmente al super contrato blindado del gerente Francisco Orejas -de la época de su creación en 1987- que el viceconsejero Fernández León tuvo que tragar para incorporar, sin problemas ni escándalos, la Productora de Programas a la estructura de RTPA.

Evidentemente, esto no deja otra conclusión más que aumentará considerablemente la partida económica destinada a los aprovisionamientos de RPA-es decir, a la producción de programas comprados a terceros-. Se triplicará. De los 670.000 € de 2009 pasará a 2.000.000 € en 2010. ¿Y cuál será la empresa favorecida por semejante inyección económica adjudicada a dedo en esos procedimientos negociados con publicidad que tanto gustan en RTPA? Se admiten apuestas aunque, para ir a caballo ganador, apuesten por Tenconten, ya agraciada con un premio lotero de la radio este año 2009, además de otros jugosos contratos de producción de RPA y TPA.

TPA se llevará un 77,9% de los 39,2 millones de euros que tiene de presupuesto RTPA para 2010 frente al 80,3% que le dedicaba el ejercicio que termina debido, como ya comentamos, al considerable incremento en el presupuesto de RPA para 2010. También disminuye la partida dedicada a la Productora de Programas -un 6,2%- aunque no precisamente por reducir los gastos de personal, que se mantienen intactos.

Tampoco se tocan los gastos de personal de TPA. Está claro que aquí no toman ejemplo de otras comunidades donde la crisis sí pasa factura a los presupuestos de los entes de comunicación. Hace unos días podíamos leer que una televisión autonómica similar a la asturiana, en audiencia y en presupuesto inicial -cuando ambas arrancaron en 2006-, la balear IB3 reduce las dietas del Consejo de Administración y de sus directivos. Aquí no se reduce nada, ni siquiera los 1.000 euros que cada uno de los 15 miembros del Consejo de Administración se embolsa por cada reunión a la que asiste.

Claro que el gobierno balear socialista -en coalición con Unió Mallorquina y Bloc- no puede tomarse tampoco como un ejemplo de nada. El pasado viernes 4 podíamos leer que “el Gobierno balear se tambalea por la corrupción en UM“. Y es que ya son varios casos abiertos de corrupción en los que están implicados cargos de Unió Mallorquina. El día 1 de diciembre ABC publicaba que “la actual presidenta del Parlamento balear y también presidenta de honor de Unión Mallorquina (UM), María Antonia Munar, fue imputada en una pieza separada del “caso Som Oms”, en donde se investiga la presunta corrupción urbanística habida en la recalificación. [...] En ella se investiga el presunto desvío de fondos desde la cadena pública Televisión de Mallorca y la radio pública Onda Mallorca, dependientes de la citada institución insular, hacia UM”.

Las extrañas maniobras en la contratación, la falta de transparencia, los contratos a dedo encubiertos bajo convenios con las consejerías siempre nos han olido mal. Y la adjudicación a dedo de esos desmesurados, injustificados y millonarios contratos a empresas afines como parte de una trama de financiación irregular del partido que controla el ente de comunicación no ha sido precisamente una hipótesis que no nos hayamos planteado. Ahora resulta que en otra comunidad autónoma vemos como no es tan descabellado pensar que eso pueda ocurrir.

Aquí se aumenta el presupuesto hasta casi 40 millones de euros de un ente de comunicación con una televisión que apenas ven 15.000 personas, audiencia media consolidada -estancada, diría yo- desde hace ya año y medio. Resulta gracioso que como objetivo se marque “consolidar la audiencia media anual del canal por encima del 7% de cuota de pantalla” cuando ya desde enero de 2008 la cuota de pantalla de la cadena ha fluctuado entre un 7 y un 7,5% (ver audímetro). De hecho, el share medio, por ejemplo, de las últimas semanas ha sido del 7,4%. De hecho, la audiencia media de 2008 fue 14.900 espectadores.

Resulta gracioso leer como los objetivos que se marca el ente de comunicación para 2010 son, y vuelvo a citar textualmente el proyecto de ley de los Presupuestos Generales, “mantener los dos informativos principales (TPA Noticias 1 y 2) por encima del 10% de cuota de pantalla”. Vamos, intentar que funcione el aparato de propaganda… Pero es más gracioso leer como objetivo “consolidar ‘Conexión Asturias’ en el 10% de cuota de pantalla y alcanzar ese mismo nivel con la programación de los contenidos estrenados en el mes de noviembre”.

“Alcanzar ese mismo nivel con la programación de los contenidos estrenados en el mes de noviembre”… La televisión autonómica asturiana estrenó el pasado noviembre dos programas comprados a sendas productoras externas a TPA… y a Asturias. Ambos programas rozan el más absoluto ridículo en cuanto a resultados de audiencia se refiere.

El primero de ellos, ‘¿Dónde estabas cuando…?‘ se estrenó el lunes 9 de noviembre con 21.000 espectadores y 5% de share en primetime. El lunes siguiente hizo 16.000 y 3,9%. Y el tercer lunes de emisión 15.000 y 3,6%. Después de tres semanas en antena con unos resultados de audiencia que fueron a menos, se reprogramó para su emisión en la noche del sábado. Este programa se lo adjudicaron a dedo a la productora sevillana del entorno socialista División XL Producciones, área audiovisual de ATN, que ya facturó el año pasado ‘Saboreando Asturias’, indocumentado programa sobre las excelencias turísticas de Asturias “made in Andalucía”.

‘¿Dónde estabas cuando…?’ está conducido por Beatriz Montañez, conocida presentadora de laSexta (Mediapro). Un programa que se emite simultáneamente en TPA, Aragon TV y Castilla La Mancha TV. Un crisol de autonomías… Una presentadora manchega para un programa andaluz en la autonómica asturiana.

El otro programa estrenado en noviembre fue ‘Menudos emprendedores’. En su primer pase obtuvo un 2% de share. El sábado 7 su segunda emisión hizo apenas 15.000 espectadores y un 5,2%. En su emisión del sábado 22 de noviembre volvió a hacer un 2,2%.

El programa está facturado por la productora del periodista Manuel Campo Vidal, la madrileña Lua Multimedia, y está subvencionado con 240.000 euros por la Consejería de Industria y Empleo (BOPA del 15 de octubre), y por Cajastur. La subvención corresponde a un convenio suscrito entre la Consejería de Industria y Empleo y la mencionada productora Lua Multimedia.

Lo increíble del caso es que a pesar de estar concedida la subvención, publicada en el BOPA y el programa en antena, según un escrito fechado el pasado 9 de noviembre -diez días después de la emisión del primer programa- y firmado por la Jefa de Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, Mar Martínez Salmeron, “el expediente se encuentra en trámite”. Esta es la respuesta de la Consejería ante la petición de una copia del convenio en cuestión. Es decir, el convenio aún no está tramitado y el programa en antena. O está tramitado y la Consejería miente para no facilitarlo. O… ¿Será esto legal? No lo parece.

El presupuesto de explotación de RTPA para 2010 se divide en cuatro apartados:

1. Aprovisionamientos: 20.884.997 €

2. Gastos de personal: 7.068.530 €

3. Otros gastos de explotación: 5.182.081 €

4. Amortización del inmovilizado: 3.382.401 €

La partida de “aprovisionamientos” corresponde a la adquisición de contenidos de emisión, ya sean de producción externa, o de producción ‘propia’ ya que está externalizada y han de contratarse con diferentes empresas productoras que trabajan para TPA. Esta partida, que supone el 66% del presupuesto de explotación de TPA y el 84% en el caso de RPA, es adjudicada a dedo mediante procedimiento negociado con publicidad entre las empresas afines al Gobierno de Álvarez Areces bajo la obediente ejecución del Director General de RTPA, José Ramón Pérez Ornia, como ha puesto de manifiesto recientemente el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2006. Las cosas no han cambiado sino para peor.

Para completar los 39.236.356 € del presupuesto total consolidado hay que sumar los 2.717.444 € del presupuesto de capital destinados al capítulo de “inversiones”.

A esto hay que sumar los contratos encubiertos bajo los convenios firmados con varias consejerías -publicados en el BOPA, el año pasado sumaban, al menos, un importe de 4 millones de euros para TPA-, que Pérez Ornia adjudica a dedo y sobre los cuáles -los contratos- no existe información pública, a pesar de estar exigido por ley. Están fuera del presupuesto “oficial” de RTPA y dentro del presupuesto de las distintas consejerías involucradas.

Además, en otro alarde de austeridad en tiempos de crisis, en 2010 se destinarán 656.000 € a la adquisición de inmovilizado material, con la intención de iniciar las obras de rehabilitación de una parte de la segunda planta del edificio del Convento de las Clarisas.

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Por Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en Internet

El escándalo en la Red española es monumental. En el momento que escribo, miles de sitios web han suscrito un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, oponiéndose al proyecto de Ley de Economía Sostenible que ha defendido el porpio Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

¿Existen razones para la alarma? Pues hasta cierto punto, sí, pero no más que hace unos años, cuando el entonces Ministro de Industria,José Montilla, apadrinó la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), una ley por la que se abrió definitivamente la puerta a que órganos administrativos pudiesen extralimitarse ejerciendo la censura en Internet. Una ley que era a su vez heredera de la infausta LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), impulsada el año 2001 por el difunto Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo el gobierno de José María Aznar.

El verdadero origen del problema reside en el sistemático desprecio con el que nuestra clase política trata al tercer poder del Estado: el Poder Judicial, única autoridad legitimada por nuestra Constitución para secuestrar publicaciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Desde el año 2001, sucesivos gobiernos han intentado poner en cintura Internet recurriendo al derecho administrativo, con resultados nefastos.

Mediante el proyecto de Ley de Economía Sostenible (PDF 533 kb) se pretende la creación de una institución de nombre particularmente siniestro: la llamada Sección Segunda (desde hoy bautizada como S.S.) de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Dicha institución no tendría otra finalidad que la de actuar como órgano competente para “el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002 (LSSI), para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”.

Bajo un lenguaje jurídico pretendidamente aséptico, se esconden unas intenciones particularmente perversas. Los artículos 8 y 11 de la LSSI son los que permiten la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet, como podrían ser el alojamiento de páginas web o el acceso a las mismas desde territorio español, en caso de que dichos servicios puedan atentar contra determinados valores.

A los valores que hasta ahora protegía dicha ley, como eran la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona, el principio de no discriminación o la protección de la juventud y la infancia, se suma ahora un valor muy cuestionado en Internet: la propiedad intelectual.

Y para proteger dicha propiedad intelectual se crea la funesta Sección Segunda, facultada como órgano competente para supervisar páginas web, en salvaguarda del derecho de autor.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), establece que “la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes”. Subrayo y resalto en negrita las palabras “cuando ésta afecte”, porque ahí reside el peligro: el peligro de que la decisión de cuándo una determinada página web afecta a la libertad de expresión no queda en manos de los jueces, sino del funcionario de la S.S.

Desde el año 2001, no me he cansado de repetir que la LSSI era una mala ley, que podía permitir en cualquier momento la extralimitación de la autoridad administrativa. De aquellos polvos vienen estos lodos: como no deja de recordarnos el clásico, la historia siempre se repite. Como tragedia o como farsa.

En cualquier caso, que no cunda el pánico. Lo mejor que podía pasar ya ha pasado: Internet está a la defensiva. La Ley de Economía Sostenible debe ser revisada por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

Y después, por el Defensor del Pueblo y por el Tribunal Constitucional. La torpeza de los políticos que la han impulsado se quedará por el camino.

Tranquilos. En el inverosímil supuesto de que fallasen todas las instituciones del Estado, existe una sociedad civil movilizada, que se llama Internet.

Y ése es el mejor antídoto contra cualquier dictadura.

En este panorama aterrador, digno de la mayor pesadilla orweliana, nos remiten este alarmante SOS:

“hola, solo quería deciros que desde TPA no podemos entrar a algunos foros donde se vierten comentarios críticos sobre las acciones del Ente Público de Comunicación. Han capado internet, siguiendo la estela gubernamental. Haceos eco, por favorrrrrrrrrrrrr“.

Entonces, podíamos leer que las operadoras estudian recurrir a Bruselas la nueva tasa para RTVE: “Las operadoras de telecomunicaciones preparan su artillería legal para oponerse al plan del Gobierno de aprobar, previsiblemente en el Consejo de Ministros de hoy, un nuevo impuesto ad hoc al sector que servirá para financiar a RTVE a cambio de su renuncia a la publicidad.

La estrategia de oposición del sector a las medidas del Ejecutivo será similar a la seguida en Francia, cuyo modelo ha copiado el Gobierno español. En Francia, donde entró en vigor el pasado 6 de mayo la ley que impone una tasa del 0,9% a las operadoras para financiar la televisión pública, la oposición, paradójicamente socialista, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que fue rechazado en el Parlamento”.

Bruselas investiga a España por la financiación de RTVE

La Comisión Europea (CE) abrió ayer una investigación formal para analizar el nuevos sistema de financiación de TVE, al considerar que incluye ayudas de Estado que pueden ser ilegales.

Se trata del sistema que entrará en vigor el año que viene y que incluye la supresión de ingresos por publicidad, pero que a cambio introduce unos ingresos por gravámenes de reciente creación, que se aplicarán a los operadores de televisión y telecomunicaciones.

La CE no se opone a la modificación del sistema de financiación como tal, pero tiene dudas sobre la compatibilidad del nuevo impuesto con la normativa de la Unión Europea, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 4 de septiembre. La apertura de esta investigación permite a la Comisión examinar el sistema más atentamente y, sobre todo, ofrece a terceras partes presentar sus observaciones, sin prejuzgar el resultado del procedimiento.

La ministra de Economía, Elena Salgado, que participaba en Bruselas en la reunión del Ecofin, se mostró confiada en que “se pueda mantener el sistema, que constituye una financiación de TVE muy exigente”. No obstante, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, propulsora principal de este sistema de financiación, aseguró en septiembre que Bruselas no expedientaría a España por el proceso, algo que finalmente ha ocurrido.

La UE no se opone a la eliminación de la publicidad, sino que ve problemas en las tasas a operadores.

La comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, declaró ayer que “la opción de España de poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE, como parte de la reforma de los organismos públicos de radiodifusión, coincide con la política de pluralidad de los medios de comunicación que la Unión Europea apoya, y tiene la ventaja de reducir sensiblemente el riesgo de interacciones negativas desde el punto de vista de la competencia entre actividades públicas y comerciales”.

Compensaciones
La legislación española prevé compensar los ingresos por publicidad con dos nuevas medidas fiscales y una medida que ya está en vigor, además de la financiación pública ya existente a favor de RTVE. Se trata de una aportación del 3 % de los ingresos de los operadores de televisión comercial en abierto, y del 1,5% de los ingresos de los operadores de televisión de pago.

Además, tendrá una aportación del 0,9% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones y un porcentaje del 80% de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta una cantidad máxima de 330 millones de euros.

Bruselas subraya que España no le notificó esta reforma, por lo que no ha podido evaluarla antes de su entrada en vigor. No obstante, España ha cooperado activamente con la Comisión en la investigación que ha conducido a la actual decisión.

Con la apertura de la investigación, previsible al estar el modelo español copiado del francés, cuyo plan de financiación para la televisión también ha expedientado Bruselas, los operadores presentarán sus aportaciones. En el argumentario, las compañías denuncian la desproporcionalidad de la tasa, que no sólo grava los ingresos que perciben por los servicios audiovisuales que prestan, sino la totalidad de su facturación, incluyendo la voz, alejada totalmente del negocio audiovisual.

Contrato con Vértice y TSA
Vértice 360 y Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) se han adjudicado un contrato para transformar y digitalizar los fondos documentales de RTVE, más de 800.000 horas de programación grabadas en formato cinematográfico y vídeo. El proyecto incluye la digitalización de documentos antiguos a soportes y formatos más modernos, así como la restauración del material más viejo. Los fondos documentales de RTVE se han archivado desde 1956.

Ha tenido que pasar un mes y medio para que podamos leer en elcomerdiodigital.com que “nueve empresas de publicidad asturianas han remitido un escrito al comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón en el que le piden que proponga al Pleno cameral el cese de su presidente, Luis Arias de Velasco, y su director general, Javier de la Ballina, al considerar que beneficiaron a otra empresa con la que el presidente tenía vínculos en el concurso para la adjudicación de los servicios de publicidad y publicaciones de la entidad”.

Está claro que Arias de Velasco no iba a presentar la dimisión. Lejos de ello, ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones que se celebrarán en los próximos meses cuando, en su día, había dicho que sólo estaría un mandato en la presidencia de la Cámara.

Que ha mentido al afirmar que no tenía ninguna vinculación con Bittia no es algo que sólo hayamos dicho aquí -hace exactamente un año, el 1 de diciembre de 2008, por lo que pretendía demandarnos por difamación-, es algo que las nueve agencias de publicidad, y el empecinamiento de Arias de Velasco por demostrar lo indemostrable al demandarles, han conseguido que un magistrado afirme rotundamente, y que la propia prensa de Gijón publique sin dejar ningún lugar a dudas.

Dice elcomerciodigital.com, como podemos leer en el artículo transcrito más abajo: “La empresa Isertia, adjudicataria del concurso, es propiedad al cien por cien de Bittia Comunicación, de la que Arias de Velasco es administrador y su esposa, empleada”. Recordemos que Arias de Velasco afirmó por activa y por pasiva, amenazando con los tribunales a todo aquel que dijese lo contrario, que no tenía nada que ver con Bittia: “Bitácora no ha comprado Isertia, ha sido Isertia la que ha comprado Bitácora y mi relación con la nueva empresa es nula. Tengo una cierta presencia durante la transición, pero ninguna relación. Ni yo, ni nadie de mi familia. Esto es una cosa de locos”, El Comercio, 21 de noviembre de 2008. Ya, ya, de locos…

En laOtra TPA afirmábamos el 1 de diciembre de 2008 que según el registro mercantil, la empresa Bittia Comunicación S.L., tiene su domicilio social en la calle Instituto 17, de Gijón, sede de Bitácora Grupo, y, desde el 6 de octubre de 2008, el mismo día que se hizo pública la inscripción de la constitución de la nueva sociedad, también es público que figura como presidente Fernando Alonso Cuervo, y como administradores Pablo Alberto Llanos Álvarez, Ángel Heredia Carballo, Javier Sáez de Adana Tarifa y… el propio Luis Gonzaga Francisco de S. Arias de Velasco Villa, que además es consejero.

Así que la vía es solicitar el cese al Pleno de la Cámara ya que tiene esa prerrogativa. La suerte está echada. Veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Pongamos el cava a enfriar, por si acaso…

Nueve empresas de publicidad asturianas han remitido un escrito al comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón en el que le piden que proponga al Pleno cameral el cese de su presidente, Luis Arias de Velasco, y su director general, Javier de la Ballina, al considerar que beneficiaron a otra empresa con la que el presidente tenía vínculos en el concurso para la adjudicación de los servicios de publicidad y publicaciones de la entidad.

Las nueve empresas ya habían denunciado este hecho hace un año, lo que motivó que Luis Arias de Velasco presentara una demanda en defensa de su honor y su imagen. Una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón la desestimó y consideró «probados los hechos denunciados».

La empresa Isertia, adjudicataria del concurso, es propiedad al cien por cien de Bittia Comunicación, de la que Arias de Velasco es administrador y su esposa, empleada.

Las empresas denunciantes consideran que hubo un trato de favor a la adjudicataria y que no se cumplieron los acuerdos del comité ejecutivo en los que se establecían las condiciones del concurso. Dado que el Pleno cameral tiene las competencias de nombrar y destituir al director general, y que el comité ejecutivo las tiene en el caso de los cargos de alta dirección, es por lo que solicitan ahora a dicho comité que «proponga al Pleno el cese del director general y solicite la dimisión del presidente de la Cámara».

También quieren que Arias de Velasco informe de forma detallada sus relaciones personales, comerciales y jurídicas con la empresa adjudicataria, la revisión de todas las facturas emitidas por la adjudicataria y comprobar que se ajustan a las bases del concurso, que se justifique por qué Isertia duplicó la facturación prevista en el concurso y que se explique por qué se eximió a la adjudicataria de algunas cláusulas del concurso.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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Reflexiones en la Red

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Involucionismo digital, la vergüenza de la democracia o el gobierno de Los Otros | Enrique Dans

Hoy se ha producido uno de los más lamentables espectáculos de la historia de la democracia española: un gobierno que produce auténtica vergüenza, aprovechando la tramitación de un anteproyecto de ley denominada “de economía sostenible”, ha colado de rondón en ella una serie de medidas completamente injustificadas en las que consagra un auténtico golpe de estado digital: la posibilidad de cerrar páginas y expulsar a usuarios de Internet con la excusa de los derechos de autor. Un movimiento que pone los pelos de punta y los derechos de autor completamente por encima de los derechos fundamentales de los individuos, que permite cerrar cualquier página alegando una violación de los derechos de autor. El copyright como mordaza a la libertad de expresión. ¿No me gusta tu blog? ¿Tu página? ¿Tu empresa? Te denuncio por cualquier tipo de infracción en materia de derechos de autor.

Lo peor es la enorme tomadura de pelo y la ofensa a la democracia que esto supone: en el texto que el gobierno publicó después de la rueda de prensa del consejo de ministros con los puntos principales no se comentaba NADA sobre el tema de la propiedad Intelectual, ni en la página, ni en el pdf. Ha sido anoche, cuando el gobierno envió a las redacciones de los medios un pdf con todas las medidas, cuando algunos periodistas como Ramón Muñoz han visto y comentado las medidas: ese infausto “quinto punto” que autoriza a los “organos competentes” a cerrar una página web, establecido como “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” ha aparecido “misteriosamente”, completamente “de tapadillo”, dejando claro cuál es el nivel de respeto de este gobierno hacia sus ciudadanos.

No es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la SGAE, de EGEDA y de La Coalición, que pueden llegar, meter su pluma en una ley que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, y poner en ella lo que les venga en gana, aunque esté completamente en contra de los intereses y los deseos de la ciudadanía y sea simplemente un torpe intento – el enésimo – de proteger los negocios de unos pocos, de ir en contra del progreso alegando las mismas estupideces patéticas de siempre: que “en cinco años no habrá canciones ni música“… que no me hagan reír: en cinco años habrá más y mejor música, porque ya van más de cinco años que esto existe, y los únicos que están en crisis son los parásitos de la música. Desde que esto empezó, hay más y mejor música. Los artistas, mira tú por dónde, ganan más. Pero no nos engañemos: esto no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P: esto es un intento por controlar la información, por poder silenciar las opiniones que no nos interese oír, por callar a las voces discordantes. No hace falta ni ir al juzgado: el ministerio de Cultura se ha puesto todas las competencias, como obligar a los prestadores de servicio a revelar las direcciones IP de sus usuarios: Olcese, Guisasola o Bautista, consagrados como “órgano competente”, por obra y gracia de un punto colado de rondón. Impresionante.

Este no es mi gobierno. Esto no es una democracia. Si este país tuviese lo que hay que tener, el sinvergüenza que ha permitido la aparición misteriosa de este “quinto punto”, que ha llevado a cabo este atropello a la democracia, tendría que estar dimitiendo mañana mismo. Esto es equiparable a un auténtico golpe de estado digital, es uno de los episodios más impresentables y alucinantes que hemos podido ver como nación supuestamente en democracia: las leyes no las tramitan los ministros ni el Parlamento, las tramitan los talibanes de los derechos de autor, y hacen con ellas lo que les da la gana sin encomendarse a dios ni al diablo. Se publican, y a correr: lo que opinen los ciudadanos, da exactamente igual.

Es el gobierno de Los Otros: están muertos, pero no lo saben.

No nos engañemos: esto no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P: esto es un intento por controlar la información, por poder silenciar las opiniones que no nos interese oír, por callar a las voces discordantes.

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De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad | Juan Varela

Cultura vigilará internet para castigar las descargas. El Gobierno introduce en la ley de economía sostenible la censura administrativa de las páginas con enlaces a contenido ajeno. No se castigará directamente a los usuarios ni se cortará su conexión, como ya se había prometido, pero se perseguirá a quienes enlacen material sujeto a derechos de propiedad intelectual.

Podrán ser desconectadas o censuradas administrativamente, sin orden judicial, por una Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura, etc.

El Ministerio de Cultura se convierte en la pesadilla orwelliana. El Ministerio de la Verdad, encargado de regir sobre lo que debe saberse y cómo, y el de la Abundancia, atento a no dejar gozar a los ciudadanos de la riqueza para que siempre echen de menos la benefactora y patriarcal protección del Estado y los poderes.

La presión de la industria cultural y del entretenimiento, con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones.

Y además serán inútiles para todos aquellos que de verdad quieren apropiarse de lo ajeno, porque existen muchas formas de enmascarar y burlar la vigilancia de las direcciones de los usuarios y de los contenidos compartidos. Hasta ahora servían sobre todo para burlar a dictaduras y opresores, ahora se comenzarán a usar también para defender libertades fundamentales.

El Gobierno adopta las ventajas de los acuerdos regresivos del Parlamento Europeo y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y condena a internet a una libertad vigilada sin adoptar la medida extrema de desconectar a los usuarios.

La libertad queda cercenada y el negocio no se salvará.

Las leyes especiales tienden a ser dañinas. Las malas conductas en internet deben perseguirse con la ley ordinaria, sin excepciones. Y lo mismo las responsabilidades civiles o económicas.

Hasta ahora así lo entendía la legislación española al no considerar delito el P2P y perseguir sólo a quienes se lucraban con material ajeno.

Cultura se dedicará a vigilar a todos bajo la lupa de una comisión donde el peso de los lobbies de la propiedad intelectual y de quienes defienden negocios forzados a cambiar.

La ley de economía sostenible no aclara qué enlaces y qué contenidos se perseguirán, ni tampoco alude al derecho de cita, pero impone arbitrajes y contratos donde ahora sólo hay enlaces y rutas que permiten a los internautas encontrar información, datos y contenidos.

¿Es eso ilegal?

¿Cerrarán o impondrán contratos a páginas como Menéame donde se recomiendan enlaces o a los blogs y tuiteos que incluyan rutas para llegar a contenidos alojados en otras páginas?

La intención es presionar a las webs que se lucran con contenidos ajenos, pero la implementación asusta porque para perseguir daños económicos se pueden dañar derechos fundamentales.

Una ley de economía sostenible y un Ministerio de Cultura deberían luchar por el mayor acceso posible de los ciudadanos a la información, la cultura y la educación. Deberían aumentar la capacidad de acceso y aumentar los contenidos de dominio público y los procomunes, especialmente los financiados con dinero público.

Más fondos públicos para ampliar el acceso a los contenidos públicos -bibliotecas, filmotecas, medios públicos, museos, archivos, contenidos de la Administración, etc.- y menos para financiar las iniciativas de la industria del entretenimiento.

Triste hipocresía para un gobierno socialista.

La incapacidad para entender la revolución digital nubla el juicio de muchos y lleva a perseguir a los mayores seguidores y consumidores de todo tipo de información y cultura.

Nadie niega los problemas de la industria de los contenidos. Pero su solución no está en perseguir a ciudadanos y emprendedores con leyes especiales y sin garantías legales adecuadas.

Las leyes del Ministerio de la Abundancia son mantener y controlar la escasez para sostener el control y el poder. Parcelar internet con vallas y espacios privados porque ni algunas mentes ni algunos negocios soportan la abundancia del mayor espacio público y de libertad creado jamás.

Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura…

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“La aparición de más canales en televisión de cara al 2010 con motivo del apagón analógico supondrá que la audiencia actual se fragmente y obtener un 8 por ciento de ’share’ se convertirá en un “buen” dato, frente al 16 ó 20 por ciento que consiguen actualmente los programas de mayor audiencia, según desvela el estudio ‘Panorama Audiovisual 2008/09′, presentado este lunes en Madrid y editado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)”. Lo podíamos leer hace un par de días en Europa Press.

Esto quiere decir que a lo que pueden aspirar las “grandes” cadenas nacionales, tras la fragmentación de la audiencia que supondrá el encendido digital en abril del próximo año, será como máximo a un 8% de share.

Es decir, cadenas que están haciendo ahora entre un 16 y 20% de share, harán un 8%.

El share es la suma de las cuotas de pantalla, que da como resultado el total de aparatos receptores encendidos en un momento dado. Por tanto, el share indica el total de audiencia que se reparten entre las diferentes cadenas de televisión. Y la cuota de pantalla representa la parte del share que cada cadena consigue. Este dato se mide con  audímetros. Sería el porcentaje de personas que están viendo una cadena, del total de personas que están viendo la tele en ese momento.

El pasado lunes, por ejemplo, el ranking nacional fue el siguiente:

1. Temáticas: 18%
2. TVE: 17,1%
3. Telecinco: 16,6%
4. Antena 3: 13,3%
5. Forta: 13,1%
6. Cuatro: 8,4%
7. laSexta: 5,7%
8. La 2: 3,8%
9. Locales: 0,6%

La semana del 16 al 22 de noviembre TPA hizo un 7,3% de share de media. La anterior semana, del 9 al 15 de noviembre, hizo un 7,5%*. Y podríamos seguir aunque lo cierto es que, exceptuando las semanas que emiten Champions League, los resultados son similares desde hace casi año y medio (ver audímetro).

¿Qué pasará, entonces, con las cadenas que hacen sobre un 7,5%, como TPA?

No hay que ser ningún analista de audiencias para aplicar una sencilla regla proporcional que reducirá la audiencia de la televisión pública asturiana prácticamente a la mitad, un 4% con suerte. Ahora mismo la audiencia ronda los 15.000 espectadores de media diaria. Con la entrada de la TDT digital y la aparición de nuevos canales no es difícil adivinar que esos espectadores bajarán considerablemente. Lo veremos en apenas un año…

*Datos de share de TPA en las últimas semanas:
Domingo 22: 7,3%
Sábado 21: 6,2%
Viernes 20: 7,4%
Jueves 19: 7,8%
Miércoles 18: 8,3%
Martes 17: 6,9%
Lunes 16: 7,4%
Domingo 15: 8,5%
Sábado 14: 5,8%
Viernes 13: 7,7%
Jueves 12: 8,0%
Miércoles 11: 7,7%
Martes 10: 6,3%
Lunes 9: 8,7%

Y esto es lo que ocurre cada vez que la Secretaria General de RTPA, Ana Lada Ferreras, firma una licitación mediante procedimiento negociado con publicidad, prácticamente la totalidad de las licitaciones llevadas a cabo por el ente. Que los contratos una vez adjudicados pueden ser modificados “sin respetar los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que exige la normativa comunitaria”. Pero es que el asunto aquí es mucho más grave ya que RTPA se salta cuando le interesa la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) con una resolución ad hoc aprobada por el propio Director General del ente, José Ramón Pérez Ornia el 2 de octubre de 2008, después de la aprobación de la LCSP (31 de octubre de 2007), con el fin de regular la contratación en RTPA a su antojo. Incluso en los pliegos de licitación se llega a afirmar que los contratos son de “naturaleza privada”…

Esta rotunda denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluye al ente público de comunicación asturiano, la podíamos leer hace unos días en el diario La Nueva España. Es sabido, como ya denunció la Sindicatura de Cuentas, como llevamos un año denunciando aquí, como ya denuncian los propios trabajadores del ente a través del comité de empresa, que estas prácticas son habituales en RTPA.

Pero también advierte Europa que “por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley española permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación, en contra de lo que dispone la normativa europea”.

Aquí está el artículo completo:

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la nueva ley española de contratación pública (LCSP) concede demasiado margen de maniobra a las autoridades para modificar los contratos después de que hayan sido adjudicados, sin respetar los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que exige la normativa comunitaria. En Asturias todas las grandes obras han sufrido importantes modificaciones presupuestarias, con los consiguientes retrasos de ejecución. La más importante ha sido la de la ampliación del puerto de El Musel, que supera los 250 millones de euros.

Bruselas ya había advertido al Gobierno español que desaprobaba sus prácticas de sobrecostes, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 11 de noviembre. Ahora lleva su advertencia a la práctica.

El Ejecutivo comunitario cree que la nueva normativa «da a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca».

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley española permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación, en contra de lo que dispone la normativa europea.

Se calcula que la contratación pública en la UE -es decir, la compra de bienes, servicios y obras públicas por administraciones y servicios públicos- representa en total alrededor del 16 por ciento del PIB de la Unión. Los procedimientos de licitación públicos y transparentes que exige la legislación comunitaria «significan más competencia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y rentabilidad para los contribuyentes», según la Comisión Europea.

La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) ya alertó el pasado agosto que «se juega con fuego» con las bajas excesivas con las que se concurre a las licitaciones de las obras públicas. Y advertía de que se corre el riesgo de llevar a la quiebra a algunas empresas. Fernández Rodríguez Valledor, presidente de los contratistas de la patronal asturiana de la construcción, reclamaba a las administraciones públicas que las obras se adjudiquen a ofertas «económicamente aptas».

Y es que en Asturias los modificados o sobrecostes son una constante. Las obras del puerto de El Musel es el más llamativo, pero también están las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque el Gobierno regional resalta en que no hay un sobrecoste, sino una ampliación del proyecto. Los desfases presupuestarios en los tramos de la autovía del Cantábrico, la de Oviedo-La Espina y la «Y» de Bimenes también suman una factura de sobrecostes que ronda los 350 millones de euros.

El pasado verano -probablemente tras la concienciación que debió suponer la fallida huelga ante la desunión de los trabajadores- se empezaban a organizar y denunciaban en una fueya informativa que publicaban en su web en septiembre los principales problemas laborales de RTPA. Hay más problemas. También los denuncian, sin pelos en la lengua, como comprobamos al leer sus razones para haberse presentado a las elecciones -ver abajo-. Nosotros los conocemos. Llevamos un año denunciándolos desde fuera. Y coincidimos en el diagnóstico de RTPA.

Ahora ellos lo harán desde dentro, con representación en el comité de empresa de RTPA tras haber ganado las elecciones sindicales parciales que se han celebrado. Con dos representantes, aunque en minoría, pasan a tener voz y, lo que es más importante, a movilizar a unos trabajadores cada vez más descontentos y alucinados con lo que está pasando a su alrededor, y sin posibilidad de organizarse ante la renuncia de CCOO -sus cinco miembros abandonaban el comité de empresa este verano en medio de un conato de huelga- y la pasividad del paniaguado sindicato “progubernamental” UGT, y de USO.

Entre otras cosas, podemos leer en su web a estos trabajadores del ente público de comunicación en una nota informativa que publicaron el pasado 6 de noviembre, que transcribimos a continuación. Nos permitimos subrayar en negrita aspectos que nos parecen destacables por el valor que supone denunciar, dentro del seno de la empresa pública, esas situaciones con la claridad que lo hacen.

Así que, desde aquí, nuestro ánimo, apoyo y disposición para lo que podamos ayudar. Y, por supuesto, nuestra felicitación por los resultados electorales.

El documento analiza la situación de la empresa en el momento anterior a las elecciones sindicales y plantea los objetivos con los que la candidatura de la CSI se presenta a la convocatoria:

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¿Para qué queremos una nueva candidatura?

¿Por qué la CSI en la RTPA?

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Después de ya casi 4 años que el grueso de la plantilla de la RTPA comenzara a trabajar en esta empresa se presenta por primera vez una candidatura de la CSI compuesta por 8 personas, 2 de ellas afiliadas al sindicato CSI y 6 independientes.

A lo largo de estos 3 años se han aprobado 2 convenios colectivos que han mejorado las condiciones de trabajo individuales de la plantilla fija disminuyendo la jornada laboral a 35 horas y mejorando las condiciones económicas de los trabajadores principalmente. Aunque son 2 mejoras sustanciales que todos agradecemos individualmente dichas mejoras se ven ensombrecidas por otra serie de cuestiones que han ocurrido a lo largo de este tiempo:

- La negociación y firma de los 2 convenios no ha podido (ni siquiera tenía la intención) frenar las externalizaciones y reestructuraciones que la empresa ha desarrollado en los últimos tiempos a la par que se negociaban ambos documentos.

- Dichas externalizaciones han supuesto la pérdida de medio centenar de puestos de empleo público lo que ha conllevado un deterioro en la organización de la empresa, la precarización laboral de dichos empleos y la pérdida de fuerza colectiva. En muchos casos la empresa transita por la difusa línea que separa subcontrata de cesión ilegal de trabajadores, confiando en el clima de pasividad, cuando no miedo, que impide a los trabajadores emprender acciones legales.

- Así mismo las externalizaciones favorecen el trasvase de dinero público a empresarios sin escrúpulos más interesados en engordar lo abultado de sus bolsillos y pagar favores políticos que en el desarrollo de un sector audiovisual asturiano competente. En el caso de los redactores, las externalizaciones fomentan la sumisión del discurso periodístico a los intereses políticos de la dirección. El periodista pierde independencia y la información valor.

- La mejora de las condiciones económicas partía de unos salarios irrisorios por lo que no le resultó difícil a la empresa aceptar las mejoras salariales a cambio de la sintonía con la mayoría del comité de empresa. Además estas subidas se han producido principalmente a través de complementos salariales no consolidables y en muchos casos sometidos a la evaluación arbitraria sin que a día de hoy estén especificados los criterios para dicha evaluación.

- La reducción de la jornada a 35 horas no supuso ningún aumento de plantilla. Las irregulares mejoras en las condiciones económicas junto con la creación de las responsabilidades también ha supuesto un aumento exagerado en las diferencias salariales entre compañeros provocando recelos y desconfianzas, favoreciendo los comportamientos autoritarios, la desorganización y la división de la plantilla. Especial relevancia en este sentido tuvo el hecho que los representantes de los trabajadores por CCOO, organización firmante de ambos convenios colectivos, fueran obsequiados con una R que junto con otra serie de vicisitudes les llevó a dimitir recientemente.

- Atomización de la producción audiovisual y pérdida de fuerza colectiva: las externalizaciónes, el abuso de la subcontratación y la jerarquización salarial y de mando conlleva una exagerada pérdida de fuerza colectiva de cara a reclamar derechos laborales, a responsabilizarse del servicio público y a defender en el futuro una televisión con dicho carácter.

- Los dos procesos negociadores han incrementado también la frustración, la pérdida de interés por los asuntos laborales, la desconfianza en los representantes y la división de la plantilla a la hora de plantear reclamaciones conjuntas.

El resultado de todo esto es un deterioro en las condiciones laborales generales en la empresa. Individualmente, algunos más que otros, las hemos visto aumentadas, pero colectivamente se ha perdido ilusión y perspectivas de mejora, principalmente en el entorno (mayoritario no lo olvidemos) de las subcontratas donde la resignación y el pesimismo campan a sus anchas, siempre con los ojos puestos en la empresa matriz.

A corto plazo se plantea de nuevo una reestructuración fundamentada en las vacantes que a día de hoy están sin cubrir tras la marcha de algunos compañeros y la creación de puestos de responsabilidad que tendrían que haber supuesto un aumento de la plantilla. La intención conocida de la empresa es modificar el catálogo de puestos actual intercambiando unas plazas por otras para lo cual probablemente ponga alguna amenaza o chantaje encima de la mesa.

A medio y largo plazo, en un entorno audiovisual ultradinámico, las perspectivas de la empresa son inciertas, más aún con la modificación de la ley del tercer canal. A corto plazo más externalizaciones y una pérdida oficial de puestos fijos están a la vuelta de la esquina. La empresa ha demostrado desde el principio un interés continuo por privatizar, externalizar y recortar el trabajo de lo poco público con lo que empezó la RTPA. El mensaje que se nos lanza es claro: “estáis porque empezasteis, había que justificar el acceso en igualdad de condiciones a una empresa pública, pero no sois necesarios”.

Tras la marcha de CCOO ha caído el poder representativo y negociador en manos de UGT y USO. Ambas organizaciones han dado rápido muestras de no disponer de un mensaje claro ni una posición firme frente a los chantajes de la empresa, de no asumir riesgos, de no animar al colectivo a defenderse conjuntamente ante el panorama descrito y el que está por venir. A pesar de su poder y su influencia mediática, sobre todo la UGT, ninguna de las dos organizaciones ha sido capaz de traspasar los gruesos muros de piedra del Convento. En la última negociación con la empresa y el Consejo de Administración en relación con las plazas desiertas de la convocatoria pública y su amortización, pronto claudicaron al chantaje y al chanchullo impuesto. Respetamos esta posición y esta mentalidad que hace bandera del diálogo y la negociación para partiendo de posiciones derrotistas en inferioridad de condiciones aceptar acuerdos impuestos que supongan la aprobación de la opción menos mala de entre las peores. Pero creemos que por este camino, más pronto que tarde acabaremos todos amortizados, menos los cuatro que quieran (y sepan) someterse a los delirios de una empresa más parecida a un barco a la deriva que a una empresa pública propiedad de sus contribuyentes y trabajadores y no del poder político de turno.

Por todo ello nos presentamos a las elecciones sindicales con las siguientes intenciones:

- Decir no rotundamente a cualquier negociación próxima que suponga una reducción de puestos de trabajo en cualquier categoría o una reestructuración del catálogo de puestos.

- Pelear y animar a hacerlo para que se cubran las vacantes existentes en todas las categorías y que ya deberían estar cubiertas por convenio. Si sumamos fuerzas, incluso creemos posible obligar a la empresa y al consejo de administración a invertir los recortes y convocar nuevas y necesarias plazas.

- Fomentar el asamblearismo, el debate y las negociaciones transparentes trasladando a los trabajadores la información pertinente durante el transcurso de las mismas.

- Animar y apoyar a los trabajadores tanto directos como indirectos a defender sus derechos por la vía de la movilización y/o la vía judicial. Han existido y existen en estos momentos en la TPA irregularidades manifiestas que creemos podrían ser peleadas con éxito con una combinación adecuada de movilización y acción judicial.

- En definitiva abrir una nueva vía que permita explorar la capacidad de éxito o fracaso de una posición firme ante los retos próximos. Si nos arriesgamos a pelear podemos perder, si no, ya estamos perdidos.

- Intentar traspasar los muros del convento para llamar la atención sobre la nefasta gestión de la empresa y el amiguismo con el que se está utilizando el dinero público.

- Defender unos medios de comunicación de carácter público con una información veraz e independiente del poder político de turno, críticos con la realidad que nos toca vivir y que fomenten de verdad el desarrollo de un sector audiovisual asturiano de calidad, profesionalizado, alejado del grandonismo y el despilfarro que suponen la Champions, los Premios Príncipe o los sueldos de nuestros directivos; plural, participativo y respetuoso con sus trabajadores.

Desde la sección sindical de la CSI (Corriente Sindical d’Izquierdes) en la RTPA queremos informaros que este  viernes 27 de noviembre se celebran en la radiotelevisión pública elecciones sindicales parciales.

Estas elecciones son el resultado de la dimisión reciente de los 5 miembros del comité por parte de CCOO que disponían de la mayoría sindical. Con la elección de 5 nuevos delegados el comité de empresa continuará formado por 9 miembros a pesar de las intenciones fallidas de la dirección de rebajar dicho número a 5. En la actualidad componen dicho comité 2 representantes de USO y 2 de UGT.

Esta sección sindical, creada en la RTPA en el último año, se presenta por primera vez a las elecciones sindicales.

La actual dirección del Ente de Comunicación del Principado de Asturias con la connivencia del Consejo de Administración ha venido desarrollando una política de externalización de servicios y reestructuraciones continuas que aún no ha concluido. Ésto, unido al abuso de la subcontratación en la producción de contenidos, está consolidando un modelo de televisión sustentado en la precariedad laboral y un más que cuestionable reparto del dinero público.

Puesto que la actuación del comité de empresa en relación con lo aquí expuesto y otros temas pueden condicionar el futuro de esta empresa pública consideramos importante informarles sobre el presente proceso electoral.

Sin más, reciban un cordial saludo.

Sección sindical de la CSI en la RTPA.
Xixón, 26 de noviembre de 2009

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Actualización 27.11.2009

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Os escribimos de nuevo para informaros del resultado de las elecciones sindicales parciales en la RTPA.

Con una participación de 72 electores sobre un censo de 99 el resultado es el siguiente:

2 votos en blanco
12 votos UGT
26 votos USO
32 votos CSI

La CSI gana las elecciones y consigue entrar en el comité de empresa con dos delegados. La USO suma otros dos a los que ya tenía y la UGT 1. La composición actual del comité de empresa queda de la siguiente manera:

4 delegados USO
3 delegados UGT
2 delegados CSI

A pesar de quedar en minoría y a falta de una valoración más sosegada estamos satisfechos con el resultado y entendemos que existe un sector mayoritario de trabajadores en la RTPA que se muestra muy crítico con la actual gestión de la radiotelevisión pública y que demanda un cambio de actitud por parte del comité de empresa hacia posiciones mucho más firmes frente a las actuaciones de la actual dirección.

Sin más, reciban un cordial saludo.

Sección sindical de la CSI en la RTPA.
Xixón, 27 de noviembre de 2009.
+INFO: www.csi.rtpa.as
email: csi@rtpa.as

Telefónica compra el 21% de Digital Plus por 470 millones

Publicado el 25-11-2009, por J. Montalvo

El consejo de administración de Telefónica ha acordado dar luz verde a la compra de un 21% del capital de Digital +, por 470 millones de euros.

La operación, que valora la plataforma de televísión de pago en 2.350 millones, supone un balón de oxígeno para el grupo Prisa, que debe devolver antes de marzo un crédito puente de 1.950 millones y acumula una deuda de 4.950 millones.

Telefónica abonará 240 millones en efectivo y descontará 230 millones de la deuda que mantiene con Prisa.

La operadora sentará a dos consejeros en Digital +, como adelantó Expansión el pasado 21 de noviembre.

Telefónica ha cerrado la sesión con un avance del 0,83%, hasta 19,520 euros, mientras que Prisa se ha revalorizado un 3,03%, hasta 3,400 euros.

Regreso
Con esta operación, Telefónica regresa a Digital +, donde entró tras la fusión de Canal Satélite Digital con Vía Digital, propiedad de Telefónica, en 2003, dando lugar a Digital +, que comenzó sus emisiones el 21 de julio de ese año aunque la multinacional española salió del accionariado en 2008.

Durante los años que compitieron ambas plataformas -la otra, Quiero TV, no tuvo demasiadas opciones-, los desembolsos en fútbol y cine, principalmente, la lucha por las exclusivas, significaron el pago de cifras millonarias que han pasado factura.

La llegada de la Televisión Digital Terrestre y la autorización gubernamental para ofrecer canales de pago, además del cable e Internet, significó un aumento de la competencia, lo que llevó a Sogecable -Digital + y Cuatro- a barajar la venta de Digital +.

En el primer trimestre de 2008, Prisa adquirió, mediante una OPA, la totalidad del accionariado de Sogecable, en el que figuraba ya Telefónica y ese mismo año Prisa comunicó que había recibido ofertas “de interés” para la venta de Digital +.

En diciembre de ese mismo año, la compañía anunció conversaciones con un consorcio liderado por Vivendi-Canal + Francia-Telefónica para la venta de la plataforma de pago, en la que Telefónica sólo pensaba adquirir una participación minoritaria.

La operación no cuajó, por lo que Prisa buscó fusionarse con el grupo Imagina, producto de la alianza entre Mediapro y Globomedia, que tampoco llegó a nada.

No obstante, en los últimos meses, las negociaciones entre Prisa y Telefónica se aproximaron hasta el punto de que el presidente de esta última, César Alierta, afirmó en Sevilla que las conversaciones iban por buen camino.

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Prisa cede el control financiero de Digital+ a Telefónica por 470 millones de euros

Publicado el 26-11-09 , por J. Montalvo / I. del Castillo

Balón de oxígeno para el grupo Prisa, ahogado por una deuda de 4.850 millones de euros, y blindaje para Telefónica, que evita la entrada de un rival en el mercado español de televisión de pago.

Tras casi un año y medio de negociaciones, el consejo de administración de Telefónica acordó ayer dar luz verde a la compra de un 21% del capital de Digital +, por 470 millones de euros.

La operación deja abierta la puerta a la entrada de Mediaset, pero puede vetar a otras operadoras.

Para cerrar el acuerdo, Prisa ha aceptado que Telefónica tenga que dar el visto bueno al futuro director general financiero de Digital +, lo que en la práctica convierte a la persona que asuma el cargo en el controller de la compañía de telecomunicaciones en la plataforma de televisión. Además, tal y como adelantó Expansión el pasado 21 de noviembre, Telefónica nombrará a dos de los diez consejeros de la futura Digital +, uno de los cuales será vicepresidente.

Además, uno de sus representantes presidirá la Comisión de Control y Auditoría.

Telefónica y Prisa explorarán sinergias tras al acuerdo, en compras de contenidos, y reforzarán Trio Plus, su oferta conjunta de Internet y TV.

Capacidad de veto
El pacto incluye una serie de cláusulas que permiten a la operadora vetar la entrada de rivales en el capital de Digital +, así como opciones de compra preferentes y mecanismos para facilitar la liquidez de la inversión.

La operación valora la plataforma de televisión de pago en 2.350 millones de euros, más cerca de los 1.900 millones que ofrecía inicialmente Telefónica que de los 3.850 millones que reclamaba entonces Prisa. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha aceptado finalmente elevar levemente su propuesta de la pasada semana (450 millones por el 20%), al añadir un 1% de capital de Digital + .

Telefónica nombrará al vicepresidente y a un consejero y presidirá la Comisión de Auditoría.

Prisa, por su parte, urgido por la banca para devolver antes de cuatro meses un crédito puente de 1.950 millones, ya doblemente prorrogado, obtiene 470 millones en la operación, de los que 230 millones corresponden a amortización de la deuda subordinada de Sogecable, suscrita por Telefónica en 2003, y otros 240 millones que la operadora abonará en efectivo.

Hace año y medio, Telefónica obtuvo 650 millones en efectivo con la venta del 16,7% de Sogecable a Prisa, a quien ahora compra el 21% de Digital + por 470 millones, de los que sólo desembolsa 240 millones. Financieramente, la operación le sale redonda.

De los 2.350 millones de euros en que Telefónica valora Digital+ , unos 115 millones corresponden a deuda que tenía contraída la plataforma, por lo que el valor de los activos queda en 2.235 millones. Esta cifra representa 5,7 veces el resultado bruto de explotación (ebitda) de Digital + en el último año, ratio inferior a las entre 7,5 veces y 8 veces ebitda que se ha pagado en operaciones de este tipo en Europa, como la entrada de Sky, la plataforma de Rupert Murdoch, en el capital de la alemana Premiere, en enero de 2008, o la reciente inversión de Portugal Telecom en TV Cabo.

En términos de inversión por abonado, la valoración pactada entre Telefónica y Prisa supone pagar 1.200 euros por cada suscriptor de Digital +, por debajo de los 1.380 euros por abonado en que Vivendi valoró la pasada semana Canal Plus Francia, para tomar un 9,9% adicional en la compañía que controla, por 744 millones de euros.

Competencia
Para articular la operación, Prisa segregará de Sogecable y fusionará las compañías Canal Satélite y DTS, antiguas cabeceras de Canal Satélite Digital y Vía Digital, respectivamente, que tienen aportados ya los activos de Digital+. Para que la entrada de Telefónica sea efectiva, sin embargo, el acuerdo tendrá que pasar el filtro de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). La operadora tiene dominio en el mercado de Internet y Prisa en la TV de pago.

La operación deja la puerta abierta a la entrada de otro socio, ya que Prisa busca vender otro porcentaje similar de la compañía. Mediaset, que ha mostrado su interés en Digital +, contaría con el visto bueno para entrar, según fuentes del sector.

Telefónica subió ayer en bolsa un 0,83%, mientras que Prisa se revalorizó un 3,03%, hasta 3,40 euros.

Respuesta a Vodafone 360
Movistar, el servicio movil de Telefónica, está trabajando en el desarrollo de un sistema similar al que acaba de lanzar Vodafone con 360, que reune, a la vez, una integración de todos los servicios de comunicación que disponga el cliente (correo electrónico, sms, messenger, mensajes y post en las redes sociales más habituales como Facebook o Twitter, etc) con la combinación de todas las listas de contactos.

El servicio en el que trabaja Movistar desde hace algunos meses podría estar preparado para el verano de 2010 e integraría también características adicionales como la conservación de todos los datos del usuario en los servidores del operador de forma que se mantuvieran a salvo en caso de pérdida o sustracción del terminal.

Que la publicidad ha migrado a la red en buena medida no es ningún secreto. No sólo los cimientos de la prensa escrita se están tambaleando. La industria audiovisual también tiene que reaccionar. Y parece más razonable la actitud de esta última, viendo en la red un complemento y aliado, que la de la primera, empeñada en luchar contra molinos de viento. La reciente alianza de Murdoch con Microsoft para impedir a Google indexar las noticias de los medios del magnate son un claro ejemplo de la línea equivocada. No parece que el pago por noticias vaya a ser la salida a la crisis de los medios tradicionales…

Interesante artículo publicado el pasado 28 de octubre por Kenneth Li en Financial Times:

Ha llegado el momento de ajustar el televisor

Hace tres años, Alan Wurtzel, responsable de investigación de NBC Universal, subió al escenario de unos estudios cinematográficos preparado para afrontar el escepticismo de los cientos de ejecutivos publicitarios allí presentes.

Según los estudios y previsiones de entonces, la televisión tradicional estaba perdiendo buena parte de los que en su día fueron espectadores incondicionales, que comenzaban a apostar por nuevas formas de entretenimiento.

No obstante, Wurtzel y los ejecutivos de empresas competidoras pronto comprobaron que las nuevas tecnologías no habían conseguido acabar con los dinosaurios de los medios de comunicación.

Tras recopilar una serie de estudios internos e investigaciones externas, NBC llegó a la conclusión de que, en conjunto, el número de espectadores que dedicaban más tiempo a ver sus programas a través de pantallas de televisión, ordenadores o dispositivos móviles había aumentado. “Aunque los anunciantes entendieron que nuestra intención era conocer exactamente cómo funcionábamos en las distintas plataformas, hubo quien pensó que estábamos intentando aumentar los rátings”, recuerda.

Al menos parte de la audiencia captó la idea de Wurtzel, que pensó que el nuevo entorno de los medios de comunicación demandaba otras formas de seguimiento de los hábitos de los espectadores a través de la televisión y de Internet. La cuestión ahora es cómo conseguirlo.

Desde su llegada en la década de los cuarenta, los organismos que subvencionan la televisión comercial en EEUU intentan conocer de manera precisa el impacto que tiene en las ventas el anuncio de productos con una conocida sintonía y su tiempo en antena. Nadie conoce con exactitud qué personas ven un determinado anuncio o programa y durante cuánto tiempo, por no hablar ya del impacto de un spot en la demanda de los consumidores.

Los anunciantes y las empresas de medios llevan tiempo quejándose de los métodos que Nielsen ha utilizado desde que introdujo la técnica de medición de audiencias, dando forma a la definición de cuota de mercado. Aunque encontrar una solución alternativa mejor, ya sea de Nielsen o de un competidor, no será fácil, ahora comienza a buscarse.

Aproximadamente 70.000 millones de dólares (48.000 millones de euros) del gasto anual de publicidad, así como la decisión sobre a qué programas se asignará presupuesto y cuáles se retirarán en la siguiente temporada, dependen de los sondeos que Nielsen realiza para determinar las audiencias de la televisión de EEUU.

A pesar del aluvión de críticas y de la larga lista de competidores fallidos, su sistema sigue dominando el negocio de la publicidad en la televisión estadounidense.

A diferencia de otros mercados, como el de Reino Unido, donde los llamados comités industriales seleccionan las fuentes de medición, las leyes anticompetencia evitan que el sector de la televisión de EEUU adopte la misma política, a pesar de que Nielsen ejerce desde hace tiempo un cuasimonopolio.

Auge

No obstante, el auge de Internet ha despertado inquietud entre los que creen que los paneles de medición utilizados por Nielsen son un débil sucedáneo de los verdaderos mecanismos de recuento de audiencia. Los sitios web pueden detectar con absoluta precisión desde el clic de un ratón, hasta la visualización de un vídeo o la descarga de música de millones de usuarios.

Los críticos también argumentan que los paneles de Nielsen están anticuados si se comparan con las posibilidades del nivel de información que llega diariamente de los descodificadores de la televisión digital o por cable, conectados al 90% de los hogares de EEUU, que pueden realizar un seguimiento en tiempo real de las tendencias de los espectadores.

En cuanto a las actuales técnicas de medición, Jack Wakshlag, responsable de investigación de Turner, una división de Time Warner, cree que “en ese sentido, todavía vivimos en el pasado”.

A nadie debería sorprender que en agosto se anunciara la creación de una Coalición para la Medición Innovadora de Medios (Cimm, en sus siglas en inglés), que agrupa a los principales productores de contenidos, anunciantes y agencias de publicidad y tiene por objeto “estudiar nuevas formas de medir audiencias” con un seguimiento exhaustivo de los hábitos de los consumidores.

Además de englobar empresas como Time Warner, News Corp, NBC Universal, CBS, Disney, Discovery y Viacom, también se han sumado a la iniciativa Procter & Gamble, Unilever y AT&T, así como agencias de publicidad controladas por Interpublic Group, Starcom MediaVest, WPP y Omnicom. “Estamos empezando de cero”, explica Wurtzel, que encabezó el proyecto. “Nielsen lleva décadas haciendo esto. Tiene un modelo y cree que, para avanzar, ha de seguir un camino concreto”, opina.

Hace unos dos años, a raíz de una conversación entre Jeff Zucker, que como consejero delegado de NBC Universal es el superior de Wurtzel, y Peter Chernin, ex número dos de Rupert Murdoch en News Corp, catorce de los principales ejecutivos de la industria comenzaron a sentar las bases para una protesta masiva. Wurtzel asegura que su misión no tenía por objeto acabar con Nielsen.

Como sector, su intención era examinar detenidamente los datos y metodologías utilizadas ya en los medios. Los clientes se quejan de que realizar un seguimiento de las mismas audiencias con distintas herramientas genera resultados dispares.

Los objetivos de Cimm se centran en evaluar el uso de la información de los descodificadores para medir la audiencia televisiva y encontrar métodos para seguir los hábitos de los consumidores a través de los múltiples dispositivos, en lugar de medir cada uno por separado. Patti Wakeling, responsable del equipo de medios de Unilever, hace hincapié en la necesidad de introducir mejores herramientas. “Muchos consumidores han abandonado los hábitos tradicionales. Para nosotros cada vez cobra mayor importancia controlar su consumo a través de todos los canales existentes”, asegura.

Las conclusiones que Cimm espera extraer podrían determinar el gasto en publicidad durante los próximos años y ayudar a diseñar el desarrollo de los vídeos por Internet y de nuevas plataformas.

Descubrir la interacción entre la televisión, los ordenadores y la visualización de vídeos a través de móviles podría convertirse en una mina de oro para Nielsen o para cualquier otra empresa. No obstante, realizar un seguimiento simultáneo de los distintos y numerosos dispositivos, que además van en aumento, resulta prácticamente imposible.

Descodificadores

Empresas como TRA creen haber encontrado la solución recurriendo a los datos de los descodificadores de TiVo, el fabricante de grabadores digitales de video, y adquiriendo información de otras fuentes. Según Mark Lieberman, su consejero delegado, con una muestra lo suficientemente grande, se pueden eliminar las anomalías estadísticas. “La falta de confianza en el actual sistema está favoreciendo las inversiones en Internet en detrimento de la televisión”, explica.

Lieberman demuestra cómo, con unos pocos clics, sus clientes pueden comprobar que la adquisición de espacios comerciales durante una pequeña franja horaria multiplicó por cuatro las ventas de los productos de un cliente entre las mujeres de una región del país que, con anterioridad, se habían mostrado reacias a adquirirlos. Los datos de audiencia de TRA cubren cerca de 1,5 millones de hogares, pero los hábitos de compra sólo pueden controlarse en 370.000 casas.

Los ejecutivos de Nielsen y otras empresas de medios de comunicación que analizan el uso de los datos de los descodificadores señalan que la metodología no es tan fiable como la de Nielsen.

La mayoría de los clientes de televisión por cable nunca apaga sus descodificadores, lo que indicaría a una firma de medición que un canal concreto se está viendo aunque el televisor no esté encendido. No obstante, Lieberman y otras empresas como Rentrak, que también emplea los datos de los descodificadores, explican que recurren a reglas y algoritmos que filtran la información y les dicen con “un nivel de precisión bastante alto si hay alguien viendo la televisión”.

Cómo realiza Nielsen las mediciones de audiencia

John Wanamaker, el dueño de unos grandes almacenes y uno de los primeros anunciantes de la historia americana, dijo en 1870 que la mitad del dinero que gastaba en publicidad era un completo despilfarro. Y que su objetivo no era otro que averiguar cuál era esa mitad. Desde entonces, la búsqueda de métodos más precisos de medición publicitaria ha sido incesante.

A partir de la década de los 50 los paneles de Nielsen, ahora instalados en 18.000 hogares de EEUU, han ayudado a entender las preferencias televisivas y de consumo de 114 millones de hogares. La industria de la televisión utiliza estos datos para fijar los precios de la publicidad.

Los medidores de Nielsen se instalan en los aparatos de televisión de los miembros del panel, elegidos al azar.

Los hogares reciben un mando a distancia especial con botones que detectan al espectador.

A las 2 de la mañana, los datos de los hogares se envían, a través de las líneas telefónicas, al centro de información de Nielsen. Los ejecutivos de las televisiones reciben los datos recopilados esa noche a partir de las 7 de la mañana y un informe más conciso a las 4 de la tarde. Además del análisis de datos, Nielsen genera casi la mitad de sus ingresos por el seguimiento de las tendencias de consumo.

Para este último cometido, miles de consumidores responden a encuestas y escanean los códigos de barras de sus compras diarias. La empresa pretende que, al final, esta información se vincule a los datos de las audiencias. Jim O’Hara, responsable de productos para medios de Nielsen, cree que su empresa puede «fusionar» distintas bases de datos mediante factores como la edad, la ubicación geográfica y el nivel educativo de los usuarios para comprobar si un determinado anuncio de Internet o de televisión provoca un aumento de las ventas en un grupo concreto.

En lugar de comprar espacio publicitario en programas destinados a mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, los anunciantes pueden dirigirse a mujeres que son más proclives a comprar un determinado producto.

Nielsen lleva dos años realizando un seguimiento de la visualización de videos a través de televisión, Internet y dispositivos móviles. Mediante el uso de un software de mediciones y que se instala en los PC, la empresa registra el momento en el que los espectadores pasan del ordenador a la televisión o visualizan los dos al mismo tiempo.

Por el momento, la prueba llega a 375 hogares, aunque se pretende ampliar el despliegue con ayuda de las televisiones. Los programas que se emitan online tendrán la misma publicidad que los de televisión, lo que permitirá a Nielsen incorporar las audiencias online al sistema de ráting nacional y comparar directamente la eficacia de la publicidad en televisión y en Internet.

Se debería descartar la posibilidad de la huida de Álvarez Areces a Madrid como resultado de los cambios en el gobierno Zapatero en la próxima crisis, ya anunciada para enero. ¿Quién, en su sano juicio, va a nombrar ministro a un representante de la vieja guardia, tan quemado como está con el asunto de El Musel? Además, siempre que se habló -no es la primera vez, aunque seguro que sería en su círculo de intereses- fue como posible ministro de Educación. No parece que el actual ministro Gabilondo sea precisamente un ministro quemado… No cabe duda que ante la disyuntiva la balanza se inclina por repetir en las próximas autonómicas, ya que ni Javier Fernández da el paso ni Álvarez Areces desea que lo haga.

Así que no es por los escándalos cada vez más evidenciados de una gestión mas que irregular al frente de la dirección de RTPA. No, esa no va a ser la causa. Ni la razón. La creciente proximidad de Pérez Ornia a Javier Fernández no le hace el hombre adecuado para pilotar la recta final de llegada a las próximas elecciones autonómicas, a apenas año y medio vista. Claro está que la mala prensa que Pérez Ornia se ha ganado, justamente, en este último año, los continuos escándalos en las contrataciones -rematado por el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas-, el polvorín en el que se ha convertido RTPA por el creciente descontento de los trabajadores del ente debido a las externalizaciones, a las convocatorias de empleo sospechosas, a los despidos injustificados o a la censura informativa, y los malos resultados de audiencia de TPA, cada vez más en el boca a boca -un secreto a voces, vaya- ayudan a tomar la decisión de prescindir de sus servicios al partido, o a su candidatura.

Ni las esperpénticas notas de prensa como la publicada el pasado 18 después de su comparecencia el día anterior en la Junta General ante la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre RTPA en el ejercicio 2006, consiguen acallar lo que ya no sólo circula por internet. Pérez Ornia está acabado. Y es que parece que vive en otro mundo. A pesar de las evidencias sigue erre que erre defendiendo lo indefendible y censurando en RTPA la información relativa a la comparecencia. En los próximos días esperamos tener acceso a las actas y hacer un análisis comparativo de lo que allí se vivió y oyó, y de la versión de Pérez Ornia en ’su’ periódico digital.

Y quién mejor que un arecista -pensarán en Suárez de la Riva-, hombre del aparato de propaganda del partido, para sustituirle. Juan Carlos Fernández Cuesta (Mieres, 1974), una vez licenciado en Ciencias de la Comunicación, desempeñó su labor profesional en diversos medios como El Comercio, La Voz de Asturias, Agencia Efe y Radio Nacional de España, colaborando con diversas cadenas locales de Asturias y Madrid.

Se convierte en hombre del aparato de comunicación del partido al dirigir el gabinete de Comunicación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno de Álvarez Areces.

En septiembre de 2005 fue nombrado Jefe de Gabinete de RTPA y en mayo de 2006, director adjunto a la dirección de Antena, Contenidos e Informativos. A partir del 4 de octubre de 2007 asume la dirección de Informativos y Deportes.

De guatemala a guatepeor…

La mano derecha de actual director general, Juan José Guarenabarrena, Director de Antena y Contenidos desde los inicios de RTPA, llegó a petición del propio Pérez Ornia. Fue su fiel servidor en Telemadrid desde 1991 hasta 1994, periodo en el que Pérez Ornia fue director del canal madrileño, empezando como simple presentador y editor de informativos de fin de semana (actividad que continuó hasta 1999).

Guarenabarrena, nacido en Salinas en 1957 aunque residente en Madrid -incluso desde que es directivo de TPA-, tiene estudios de Filosofía y Letras, y de Arte Dramático.

En el intervalo en el que Pérez Ornia trabajó para Rubalcaba como Director de Comunicación del ministerio de Presidencia (1994-1996), en la época de mayor corrupción socialista, y posteriormente en GECA (1996-2005), empresa del entorno Prisa que facilitaba al PSOE los estudios de audiencia en los tiempos del gobierno popular, Guarenabarrena siguió en Telemadrid, donde llegó ser director del segundo canal autonómico (2000), hasta que Pérez Ornia le ofreciese ser su director de antena y contenidos.

Por tanto, su cabeza también rodará. Y se habla de un personaje peculiar para sustituirle. Nacho Fernández es socio fundador de Cronistar, productora ovetense formada en 2003 que creció al abrigo de TeleOviedo con el programa “Rumbo a la fama” y los trabajos en el sector de congresos gracias a sus contactos como hijo del jefe de protocolo del ayuntamiento ovetense. En 2007 marchó a tierras leonesas para trabajar en la puesta en marcha de la privada autonómica de Castilla León, que finalmente comenzó sus emisiones en marzo pasado.

Esta televisión, adjudicataria del concurso de Televisión Digital Terrestre en Castilla y León, surgió a través de la unión de una serie de televisiones locales privadas que gestionaban redes de cable que acabaría formando la sociedad Retecal, abosorbida después por Ono. Tras diversos movimientos empresariales, Televisión Castilla y León es propiedad del empresario José Luis Ulibarri, vinculado también a diversos medios audiovisuales de la Comunidad Valenciana o al grupo constructor Begar, que solicitó el pasado junio concurso de acreedores en el Juzgado de Valladolid con un pasivo de 297 millones de euros y ha pedido autorización judicial para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) parcial que afectará a un máximo de 203 trabajadores de la constructora.

En febrero pasado podíamos leer en La Nueva España que “el empresario leonés José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la supuesta trama de corrupción que salpica al PP, fue propietario, hasta diciembre de 2002, de Oviedo Televisión. [...] La oposición en la Comunidad Valenciana reclamó al Consell una explicación sobre los contratos adjudicados a empresas de Ulibarri. Se inició como constructor en 1981 con la compañía Begar, a partir de la cual tomó posiciones en varios sectores, caso de las telecomunicaciones (Retecal, luego vendida a Ono) y sobre todo la televisión. Es accionista de referencia de la TV de Castilla y León, posee el 50% de la televisión digital (TDT) autonómica y tiene licencias locales de TDT en Valencia. Controla varios periódicos en Castilla y León”.

El nuevo lobby influyente en la autonómica asturiana tomará un rumbo previsible. Fuera caretas. “La televisión pública está ahí para utilizarla con fines gubernamentales y, ahora, electoralistas. Y si nos lo echan en cara, por lo menos obtengamos resultados” parece ser la consigna arecista. En el clan de los “Fernández” -Javier, Juan Carlos y Nacho- sobra uno…

También entonces acertábamos con la venta de Plural -en realidad, de la división audiovisual de Prisa- que habíamos pronosticado tres meses antes: “Lo adelantábamos en junio pasado en el artículo dedicado a las productoras enchufadas en TPA al hablar de Plural Entertainment. La ilustración con la que acompañábamos el artículo no dejaba lugar a dudas sobre nuestra apuesta por la futura venta de Plural Entertainment. A pesar de la OPA realizada en febrero para hacerse con el control de Media Capital, el análisis de la situación entonces con la reestructuración de la división audiovisual tras la marcha de Javier Díaz de Polanco de la dirección en mayo por discrepancias con Cebrián, la gran deuda pendiente y algún otro indicador nos hacían pensar en ello. Y no nos hemos equivocado”.

Tras la primera opción que se barajó en la venta de Digital+ con Vivendi y Telefónica, apareció la opción Mediaset, que no llegó a cuajar. Ahora, después de lo que comentamos hace apeneas tres semanas, parece que la operación está hecha con Telefónica, como ya comentábamos hace tres semanas. Informa expansion.com:

La compra de parte de la plataforma de televisión de pago ‘Digital Plus’ por Telefónica se cerrará de forma “inminente”, según fuentes conocedoras de la operación citadas por Europa Press.

Así, se espera “que en poco tiempo” Telefónica regrese al capital de ‘Digital Plus’, del que salió en mayo de 2008 con la venta del 16,79% de Sogecable, el grupo audiovisual constituido por ‘Digital Plus’ y Cuatro.

Consejo
El próximo miércoles Telefónica celebra un consejo pero fuentes del operador consultadas por la agencia no han querido hacer ningún comentario sobre la operación y se han remitido a las últimas declaraciones César Alierta, en el sentido de que la operación “podría o no” ser uno de los puntos del día.

El pasado 30 de octubre, Alierta señaló que las negociaciones con Prisa para regresar a ‘Digital Plus’ “van por buen camino” y recordó que el interés de Telefónica es hacerse con una participación minoritaria.

Como ya informó expansión.com, Prisa habría rebajado sus pretensiones hasta una valoración de la plataforma cercana a los 2.000 millones para facilitar la operación, 500 millones menos de lo que quería Prisa, que debe devolver a la banca 1.950 millones antes de marzo.

Por cierto, parece que Telefónica pasará a denominarse Movistar de manera genérica, y no sólo para su su división de telefonía móvil. Y es que Alierta quiere potenciar la expansión multinacional de la compañía y el nombre es más internacional.

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29 de septiembre: Plural ya no es, ni siquiera, española

6 de octubre: Berlusconi le echa el ojo a Digital+

22 de octubre: Prisa admite contactos con Mediaset

29 de octubre: Prisa rompe con Berlusconi

30 de octubre: Sigue el culebrón Prisa

Nuestra felicitación también a la redacción por la síntesis que han realizado de los principales problemas de RTPA. Evidentemente, por la limitación de espacio, no se puede profundizar más, pero la esencia está ahí. Es un buen resumen de los males del ente público -¿o deberíamos ya decir seudopúblico?- en el que, sobre todo, inciden en la situación de los trabajadores.

Temas que hemos ido tratando y denunciando en las distintas circunstancias que se han dado a lo largo de este último año. A nuestro entender, el gran origen de todos los males es la gestión del ente, con las irregulares contrataciones de contenidos, trabajadores o servicios auxiliares. Y, desde ahí, todo se sucede en cascada. Y el principal responsable es el Director General del Ente Público de Comunicación, José Ramón Pérez Ornia. Aunque, por supuesto, no es menor la responsabilidad de aquellos que deben ejercer control sobre su gestión, principalmente los miembros del Consejo de Administración de RTPA, por ser los representantes de la ciudadanía, y no de los intereses de sus respectivos partidos políticos.

Transcribimos a continuación íntegramente el texto publicado en Diagonal.

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RTPA llegará a 2010 con cerca del 80% de los trabajadores externalizados

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· La red de empresas subcontratadas garantiza el control de los medios

· El ente público tendrá el próximo año menos empleados en plantilla de los que tenía en 2006

· Aumentan los presupuestos pero disminuyen las ganancias

En enero de 2006 comenzaron las emisiones regulares una televisión autonómica cuyo presupuesto oficial, de más de 34 millones de euros, sale de los bolsillos de los asturianos. Desde entonces ha habido dos convocatorias de oposiciones a la Radio Televisión del Principado de Asturias. Las plazas declaradas desiertas más las que quedaron sin cubrir tras la marcha de quienes las ocupaban ha sido la excusa perfecta para una reestructuración que comenzó hace meses. Los contratos temporales en fraude de ley dan paso a puestos en productoras externas con las que se llega a acuerdos para evitar las denuncias por cesión ilegal de trabajadores. La subcontratación a otras empresas de comunicación ayuda al Gobierno del Principado a tejer una red clientelar que garantice la primacía de su versión en cualquier noticia.

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RTPA, el cuarto poder de Álvarez Areces

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· La estructura caótica y la falta de previsión hace que los abusos por parte de los directivos sean constantes

· Con la subcontratación de empresas y el premio a quienes comulgan con su política, el ente público intenta capear el temporal y que nadie haga sombra a la versión oficial

Tera Quintana | Redacción

La televisión autonómica comenzó a ponerse en marcha en el año 2005 y en 2006 comenzaron las emisiones regulares. Hasta hoy son muy pocas las malas noticias relativas al mal funcionamiento de RTPA que han trascendido a la opinión pública. El ente controla de alguna manera todos los grandes medios de comunicación asturianos. Cuando se creó, el gobierno autonómico sabía lo que hacía, necesitaba de un brazo creíble que repartiera democracia y pluralidad socialista y que contuviera a quienes no entendieran ese concepto suyo de libertad de prensa.

Red clientelar

El primer paso, seguramente para que esos mismos medios no se sintieran excluidos del gran proyecto de la televisión autonómica, fue subcontratarlos para diferentes áreas. Así, medios impresos con parte audiovisual como El Comercio TV (Canal 10, del grupo Vocento) o La Nueva España Televisión (grupo Editorial Prensa Ibérica) adquirieron la licitación temporal correspondiente para proveer de noticias del oriente de Asturias a los informativos de la cadena.

Se contrataron pequeñas empresas audiovisuales y de prensa de la región como Les Noticies, que redacta la Estaya d’Asturianu dentro de la página web de RTPA. Pero también grandes empresas como Asturmedia, que se hace cargo de los deportes y las retransmisiones de diversos eventos, y pertenece a Globomedia. También al grupo Prisa, a través de su filial Plural, se le encargó la realización de diversos programas que fracasaron dentro de la ya escasa audiencia de TPA.

En este aspecto, hay que destacar que, al menos dos de los cargos nombrados por el Principado para el Consejo de Comunicación del ente han tenido relación con este grupo. Uno de ellos es Severino Fernández, presidente del Consejo, que tiene representantes designados por algunos grupos de la vida pública asturiana como la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo o asociaciones empresariales.

Autocensura

La autocensura de las corresponsalías, las productoras, e incluso, de algunos de los propios redactores de TPA Noticias es difícil de constatar pero existe. Dentro de las redacciones, tanto la de radio como la de televisión, quien intenta plantear algún tema de trascendencia política con un enfoque diferente es acallado rápidamente. Dos ejemplos de asuntos sobre los que se ordenó pasar de puntillas fueron la última manifestación en Gijón contra la precariedad laboral del sector informativo y la expulsión de Txomin Goñi durante un pleno del Ayuntamiento de Llanes -gobernado por el PSOE- por vestir una camiseta contra el Plan urbanístico de La Talá, y que le costó una acusación por parte del consistorio de dos años y medio, de cárcel.

Desde las primeras elecciones, el sindicato dominante ha sido CCOO. Tras las segundas, tenía cinco delegados y USO y UGT, dos cada uno. El Comité trató de establecer las bases del segundo convenio de RTPA, tras un primero de carácter provisional. Pero a la firma del segundo convenio sólo acudieron los representantes de CCOO, que se conformaron con reformas de subidas salariales a varios años vista. El haber dejado fuera de la firma al resto del Comité y el hecho de que a los representantes de CCOO que firmaron el convenio la empresa les ofreciera cargos de responsabilidad -a la vez que a otros trabajadores-, les hizo ganarse el recelo de sus compañeros. La situación se hizo más tensa cuando comenzó la reestructuración de la plantilla, con despidos y externalizaciones. “Nadie del Comité se puso en contacto con nosotros”, denunció un trabajador durante una de las asambleas convocada por los empleados cuando se supo que su departamento iba a ser privatizado. Finalmente, los cinco delegados presentaron su renuncia ante la UMAC. Lo que quedaba del Comité mantuvo una reunión con el ente para pedir que no se amortizaran las plazas desiertas o no cubiertas en las oposiciones. La oferta de la empresa fue mantener las plazas -no los puestos- a cambio de que los sindicatos retiraran las denuncias presentadas ante los Juzgados y ante la Inspección de Trabajo.

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Una televisión cada vez menos pública

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· Productoras: aumentan las subcontratas

· Pendiente de demandas por despido y cesiones ilegales de trabajadores, RTPA sigue con su política privatizadora

· Más del 80% de sus empleados ya son externos

· En RPA no hay locutores en plantilla, todos pertenecen a empresas externas que se han hecho con licitaciones

Eva Neches | Redacción

El uno de septiembre TPA reconocía el despido improcedente a una de sus trabajadoras. En esta ocasión, la empresa prefirió pagar de mano 8.300 euros brutos, que seguir adelante con un juicio en el que tenía las de perder. La trabajadora llevaba con contratos temporales encadenados desde hacía un año, después de haber pasado otro con contratos en prácticas, por lo que podía considerarse en posesión de un contrato indefinido. Los últimos habían sido por obra y servicio y ni siquiera las obras eran reales. En el mismo departamento de Producción de Informativos, varias compañeras se encontraban en una situación similar. En abril había salido a convocatoria pública la licitación del departamento, amenazando los cinco puestos de personal laboral.

La licitación para la contratación de los servicios auxiliares de producción se otorgó en julio a la empresa Teletemas, del grupo Bittia, y de la que participa Luis Arias de Velasco, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Según el pliego técnico, sus cometidos son los mismos que ya desarrollaban los empleados de Producción de Informativos, sumándole ahora otros realizados por Producción de Programas, para lo cual la empresa subcontratada debía contar con una plantilla de al menos diez trabajadores. El ente despidió al departamento de Producción, alegando fin de contrato temporal, e inmediatamente Teletemas tomó el mando y contrató a cinco empleados nuevos sin ninguna relación anterior con TPA. “Recursos Humanos insinuó que Teletemas nos contrataría en septiembre”, afirma una de las trabajadoras, pero a finales de agosto la empresa ya había decidido que sólo mantendría a dos de ellas.

Este caso ejemplifica la política de la dirección, que desde el inicio ha apostado por aumentar la externalización en un ente público. Según datos ofrecidos en junio por el Director de Antena y Contenidos, Juan José Guerenabarrena, en RTPA trabajaban en esa fecha 611 personas a través de 32 empresas, más las 100 de plantilla; un centenar que, desde entonces, ha menguado. Cifras que arrojan un 80% de externalización.

Aún hay más. Ya hace un tiempo que TPA puso en marcha una estrategia para evitar nuevas denuncias por sucesión ilegal de trabajadores o irregularidades en la contratación: mandar al paro a sus empleadas y prometer la reinserción en la nueva empresa un mes después, ya pasado el plazo legal para realizar acciones legales. Ya en mayo habían sido externalizados los departamentos de Control Central y Continuidad, responsables directos de la emisión de imágenes, cuyos trabajadores se encontraban en una situación de precariedad igual a la de Producción. En esta ocasión la concesionaria fue Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), empresa madrileña que dispone de otras subcontratas en TPA.

Falta de compromiso

La empresa licitadora se comprometió entonces a contratar a los nueve empleados que tenía el ente en esos puestos. Después de las promesas, ocho conservaron su puesto trabajando para la nueva empresa. El otro trabajador “no cumplía las expectativas” para trabajar en Continuidad, aunque ha seguido prestando sus servicios a TPA en diversos departamentos haciendo coberturas de bajas y vacaciones. A pesar de ser una sucesión de empresas, que obliga a mantener las condiciones en la nueva contratación, TSA no conservó a los técnicos ni siquiera su antigüedad. Tampoco la categoría ni el salario, que descendió en unos 500 euros mensuales.

La cesión ilegal de trabajadores no es ajena a RTPA, como demuestra la sentencia en favor de los trabajadores de Yingo, que compartían la redacción de Informativos con otros compañeros con plaza o interinos. No es la única. En TPA Noticias hay una docena de empresas subcontratadas para elaborar contenidos. En la radio tampoco se libran de las productoras externas. Desde octubre de 2008 no hay un solo locutor -ni de programas ni de informativos- en plantilla. Y ya corren los rumores sobre las próximas privatizaciones de otros departamentos técnicos.

La ruina de las emisoras locales

La clase política aprovechó la puesta en marcha de TPA para venderla como punto de creación de empleo y dinamización del espectro audiovisual asturiano. El Libro Blanco de las Industrias Culturales contabiliza 115 empresas en el sector, pero no tiene en cuenta que la mayoría se dedican a la filmación de bodas y comuniones. El libro reconoce la condición del 27% de empresas pequeñas que prestan servicios a televisiones locales. Sin embargo, con la aparición de TPA y la llegada de la TDT, de las 17 emisoras locales que había en Asturies en 2006, el próximo año habrán desaparecido -al menos- una decena de ellas.

Cifras y letras de la Sindicatura

La Sindicatura de Cuentas del Principado hizo público en septiembre un informe sobre la salud económica de RTPA. Los datos se refieren a 2006, primer año de emisiones regulares. En esa fecha, el presupuesto que barajaba el Gobierno para la televisión era de 17,5 millones de euros. Del informe de la Sindicatura se desprende que se intentó que el desfalco económico no saliera a la luz. Así, aunque el ente reconoció 14,5 millones de euros de beneficios, incluyó en éstos los 13,9 millones de subvención otorgados por el Gobierno regional. En la partida destinada a la radio, más humilde, figuran 143.000 euros de beneficios, aunque en realidad se gastaron 142.000 y el 96% de esa cantidad correnponde a la subvención del Ejecutivo. En el informe presentado por el síndico Avelino Viejo, se ponen de manifiesto deficiencias en la contratación. Se realizaron adjudicaciones sin hacer públicas las convocatorias y a varias empresas no se les exigió documentación que acreditara su solvencia, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Retiro político como consejero

Desde 2005 nadie ha vuelto a plantearse si los sueldos de los directivos de RTPA están ajustados al trabajo que realizan. Entonces era Femando Goñi Merino, del grupo Popular, el que preguntaba al Consejo de la Junta si respondían a “criterios de austeridad y control” los mil euros que los miembros del Consejo de Administración ya cobraban -además de su sueldo- por cada reunión. Cuando en 2007 el PP entró a formar parte del Consejo, esta formación política dejó de preguntar por el carácter elevado de los sueldos. Actualmente, el Consejo de Administración está formado por quince consejeros designados por PSOE, PP e IU. Los méritos de cada uno de estos consejeros son únicamente políticos. Entre ellos no hay ninguno cuya titulación o experiencia esté ligada a los medios de comunicación. Hay seis ex alcaldes, un alcalde, un ex concejal, un ex diputado y un cargo del Ayuntamiento de Corvera. Además también figuran una notaria, una economista, un abogado y un empresario que ostenta el cargo de vicesecretario de Comunicación del PP. Muchos de estos puestos fueron la solución ideal para quienes reclamaban un cargo tranquilo después de años de fidelidad al partido.

La semana pasada empezó a hablarse insistentemente de la operación. La noticia la difundía PRNoticias. Según parece, Público quiere hacer de la -si se confirma esta noticia- antigua mancheta del Grupo Zeta una especie de periódico suprarregional para la zona norte, a modo de edición como Madrid o Cataluña. Esto, lejos de inquietar a La Nueva España, debería satisfacerle ya que se moverían en mercados distintos y no se harían la competencia. Sí lo podrían notar las ediciones nacionales de El País o El Mundo, nada personalizadas en cuanto a la zona norte se refiere -a excepción de la edición País Vasco de El Mundo-. El objetivo de Público, además de extender y afianzar su predominio mediático, sería aumentar los 68.000 ejemplares que distribuía en septiembre pasado.

Además, hay otro punto de vista. Público es Roures. Roures es Globomedia. Globomedia es Mediapro. En Asturias, Mediapro es Asturmedia, es decir La Nueva España. ¿Puede ser Mediapro el nuevo proveedor de contenidos de RTPA?

Que Globomedia sube es una realidad nacional hace tiempo. Ya lo comentábamos cuando abrimos esta web, hace un año. Como que baja Prisa. ¿Y en Asturias? Más que bajar, desaparece. Igual que ese cada vez más burdo intento de hacer creer que la concesión de TDT regional está funcionando. Recordemos que las concesiones ya se produjeron hace casi 3 años…

Actualmente el supuesto canal regional de TDT concedido a Pretesa -empresa de Prisa- emite teletienda. Gran programación la de la nueva TDT en Asturias.

Hace unos días Distrivisión hacía pública una nota de prensa en la que anunciaba que “varios canales de televisión local que emitían bajo la marca Localia se sumarán a partir del próximo 14 de noviembre a la programación de Central de Telecontenidos (CTC), empresa de servicios de contenidos audiovisuales para televisiones locales del empresario José María Besteiro”. Añadía el comunicado que estas emisoras, entre las que está ORT Navia, “se unen a la plataforma de distribución de contenidos de José María Besteiro coincidiendo con el corte de la señal que Pretesa -empresa del grupo Prisa que gestionaba las televisiones locales- ofrecía a sus asociados agrupados baja la marca Localia, tras el cierre de las emisoras propias del pasado 31 de diciembre”.

CTC tiene acuerdos con TVE, Tele 5, Mediaset, Mondo TV, ETB, Telemadrid, 4 Kids, TV Globo y Televisión Azteca, entre otros, y parece estar especializado en culebrones. Besteiro intervino en la venta de ‘Pasión de Gavilanes’ a TVG y Antena 3. Empezó su programación estable en octubre de 2006 a través del satélite Hispasat y en Asturias comenzó a emitir en Oviedo Televisión en diciembre del mismo año.

La tercera pata de RTPA -o primera, según se mire, además de Prisa y Mediapro-, también está en franca retirada desde hace meses, desde principios de año se diría. Zebra. Y el reciente escándalo del contrato de 10 millones de euros, patata caliente donde las haya, no va a hacer más que acelerar lo inevitable.

Mientras, José Velasco y su socio local gestionan nuevos dominios. Estos más cercanos a Oviedo que a Gijón. El tema huele bastante mal. Otra cacicada de campeonato. Pero esta vez con los otros. Tiempo al tiempo, si nadie lo remedia.

En otra parte del terreno de juego, está la pobre parrilla de programación que tan poca audiencia tiene exceptuando, claro está, el pelotazo de la Champions, que en esta autonómica es donde peor funciona, con diferencia. Recordemos que TPA ha sido la televisión autonómica que peores resultados ha registrado en octubre.

Y en este desolador panorama, TPA estrena este lunes 9 de noviembre el programa ‘¿Dónde estabas cuando…?’, presentado por Beatriz Montañez, conocida por presentar una sección con el Gran Wyoming en “El Intermedio” de laSexta. Además de TPA, Castilla La Mancha TV  y Aragón TV ofrecen este programa. Una presentadora del entorno Mediapro, manchega para más señas, para un programa andaluz en la parrilla asturiana… Veremos la audiencia y el interés que suscita entre los asturianos este invento que parece que han colado a Asturias y Aragón en el paquete.

De momento, el último referente de programa paquete colado en la autonómica asturiana es esa especie de desaparecido “Stick” de TeleOviedo que se llama “Menudos emprendedores” y presenta Manuel Campo Vidal, importado de los madriles. Allí, en Madrid, saben hacer buena tele, no como aquí. Lo que pasa es que aquí nos colocan la mala. Paquete no, paquetazo que no ve ni dios.

Lo factura la productora de Campo Vidal, la madrileña Lua Multimedia, y está subvencionado por la Consejería de Industria y Empleo, y por Cajastur. Propaganda institucional, para que engañarnos… Ya que no cuela que crean empleo nos dicen que lo fomentan para futuras generaciones. Hay que joderse.

La subvención corresponde a un increíble convenio suscrito entre la Consejería de Industria y Empleo y la mencionada productora Lua Multimedia. El importe, 238.151 euros. Fue publicado el pasado 15 de octubre en el BOPA.

Por cierto, Manuel Campo Vidal también es el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión desde septiembre de 2006.

Según la nota de prensa publicada por formula.tv, “‘¿Dónde estabas cuando…?’ recoge el testimonio de personajes que relatan acontecimientos históricos que les causaron un gran impacto emocional, como el intento del golpe de estado del 23-F, los atentados de las torres gemelas en Nueva York y los del 11-M, el fallecimiento de la princesa Diana de Gales, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la muerte de Franco, la aparición de la minifalda, la llegada del hombre a la Luna, el boom del Seat 600, la llegada de Felipe González a La Moncloa, la aprobación de la Ley del Divorcio y el triunfo de Massiel en Eurovisión, entre otros”. Muy original. La verdad es que el título del programa no dejaba lugar a dudas…

Resulta curioso comparar las informaciones de formula.tv y tutele.net. Ambas son idénticas ya que, obviamente, están reproduciendo la nota de prensa de la productora, la andaluza División XL Producciones, área audiovisual de ATN, productora sevillana del entorno sociata que ya nos colocó el indocumentado e impresentable “Saboreando Asturias”. Pero tutele.net, ese portal sobre televisión que pretende hacer creer que es nacional, personaliza su información en el último párrafo. ¿Y qué dice? Textualmente: “El programa se ofrecerá  también por el satélite Hispasat para el resto de España, Europa y América y por Internet, para todo el mundo, a través de  www.rtpa.es”. ¿Y por qué lo dice? Porque es lo que dice la nota de prensa de TPA. En fin, sobran comentarios.

En esta programación de escaso interés para los asturianos -recordemos que la audiencia media de la cadena ronda los 15.000 espectadores de media diaria- abunda el cine. El mal cine, o el cine ya estrenado en otras cadenas generalistas que a nadie interesa, según los datos de audiencia. Y programas de ínfima calidad, como los facturados por Plural Entertainment-Prisa de supuesto “servicio público”, que probablemente no renueven la próxima temporada. Parece ser que un grupito de productoras asturianas están preparando el nuevo programa de supuesto “servicio público” para enero próximo, que sustituirá al “servicio” gubernamental prestado por Prisa desde los inicios de la autonómica.

Al frente de este invento dicen que está el autoproclamado Spielberg asturiano, Pelayo García, conocido -o desconocido, según se mire- hijo de Graciano García, ya casi ex Director de la Fundación Príncipe de Asturias que deja a su primogénito los designios de Nobel, empresa editora de libros que de repente parece haberse convertido en productora de medios audiovisuales. Otras empresas locales de la pomada parecen estar en el proyecto. Las mismas empresas que ya han facturado programas de “servicio público” para TPA anteriormente. Y alguna nueva incorporación de la mano de Nobel.

Si no fuera por el colchón de aire que supone la emisión de los partidos de la Liga de Campeones, fundamentalmente del Barcelona y Madrid, para frenar el estrepitoso balance de calidad y espectadores, los índices de audiencia de la cadena autonómica estarían por los suelos. Aún más. Veremos hasta cuando funciona este caro recurso porque pronto llegará el parón invernal de la competición y, además, esta temporada acabará antes ya que 2010 es año de Mundial de fútbol. ¿Y qué va a hacer TPA sin el fútbol? Lo de siempre, 15.000 espectadores de media diarios…

Noviembre de 2009, Día de los Difuntos. La RTPA toca a su fin, y la desaparición de la TPA es inevitable. En el centro de una ruinosa Ciudad de la Cultura ‘Laboral’ a punto de ceder a la corrupción desatada, la cúpula directiva aguarda en El Conventón las órdenes de José Ramón Pérez Ornia, reticente ante la idea de abandonar la poltrona. Son las últimas y trágicas horas de uno de los personajes más sibilinos de la comunicación asturiana.

El asunto resultaba confuso ya que circularon noticias en las que se afirmaba que Mediaset era el socio tecnológico deseado por Telefónica para entrar en Digital+. Y no deja de resultar extraño este anuncio -que no deja lugar a dudas ya que lo publica el diario del grupo Prisa- porque parece que las relaciones entre Telefónica y Vivendi no pasan por el mejor momento.

Hoy podemos leer en elpais.com:

El presidente de Telefónica, César Alierta, ha asegurado que las negociaciones con Prisa para tomar una participación minoritaria de Digital+, la plataforma de televisión de pago del grupo de comunicación, “van por buen camino”. “Lo hemos dicho por activa y por pasiva y no hemos cambiado de posición acerca de nuestro interés por Digital +. Las negociaciones con el grupo Prisa para tomar una participación minoritaria de Sogecable (Digital+) van por buen camino”, ha declarado Alierta.

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha asegurado en varias ocasiones que el grupo contempla una desinversión parcial o total en su plataforma de televisión de pago dentro de la reorganización de su negocio audiovisual.

Alierta ha señalado que no era asunto de Telefónica sino de PRISA si en esas negociaciones está también implicado el grupo francés Vivendi, que tomaría una participación mayoritaria. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre si a la operadora española le gustaría tener como socio a Vivendi, ha indicado: “No es que ahora estemos muy ilusionados con Vivendi. Para nosotros ha sido una sorpresa lo de Brasil”.

El presidente de la multinacional española se refería a la pugna que mantiene con Vivendi por hacerse con el operador brasileño GVT. Telefónica lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) el pasado 9 de octubre y el grupo francés ha anunciado que iba a lanzar una contraopa, que aún no ha materializado. “Nuestra oferta es la mejor tanto para los accionistas como para los empleados”, ha añadido.

Respecto a la presencia de Telefónica en Italia, donde la compañía acaba de renovar su pacto con los socios italianos de Telco, que controla el 22% de Telecom Italia, Alierta ha salido al paso de los “rumores” sobre la incomodidad del Gobierno de Silvio Berlusconi con la presencia de la española en la primera operadora del país. “Siempre nos hemos sentido cómodos con los socios de Telco y el gobierno italiano ha tenido y tiene una actitud muy positiva hacia Telefónica”, ha afirmado.

La cadena pública británica BBC ha anunciado hoy que recortará un 25% hasta julio de 2013 el gasto que representan los sueldos de 640 directivos. Además, durante este periodo, eliminará un 18% de estos altos cargos. En el marco del plan de saneamiento de la cadena, que financian los ciudadanos mediante el pago de un impuesto directo, también se congelarán los sueldos de todos los directivos y se mantendrá la suspensión del pago de primas.

A principios de este año, el Fondo Fiduciario de la BBC pidió al director general, Mark Thompson, que revisara y bajara los salarios de los directivos, tras las críticas por los sueldos que recibían en medio de la grave crisis económica. Entre 2008 y 2009 la BBC gastó 4,6 millones de libras (5,1 millones de euros) en pagar los salarios de sus 10 directores ejecutivos. El sueldo más elevado es el de Thompson, que cobra 834.000 libras anuales (928.000 euros).

El presidente del Fondo Fiduciario, Michael Lyons, ha manifestado que la dirección ejecutiva de la BBC ha encontrado el equilibrio necesario para “asegurar que la cadena puede atraer a los mejores profesionales y garantizar el valor máximo para la tarifa de la licencia (de televisión)”, que pagan los ciudadanos.

La BBC hace públicos los salarios y gastos de sus ejecutivos.

La emisora pública británica British Broadcasting Corporation (BBC) hará públicos datos sobre los salarios y los gastos de sus cien principales ejecutivos y hoy ha empezado por los 50 primeros. Los datos están disponibles en su web desde 2004 a 2008.

La iniciativa ha partido del director general del ente, Mark Thompson, quien, en una intervención pública en Manchester, avanzó que también se difundirá, en septiembre, la cifra total de los sueldos de las grandes estrellas de la cadena, aunque, eso sí, no se especificará lo que gana cada una de ellas de forma individual.

Los gastos se refieren únicamente a lo que los jefes pagaron de su bolsillo y que luego reclamaron como gastos. Así que no incluyen ni vuelos, ni hoteles ni otros estipendios pagados directamente por la BBC. Lo más curioso es el caso del propio Thompson, que cobró 2.236.90 libras (2.623,72 euros) del erario por interrumpir sus vacaciones y volver al trabajo el pasado octubre. Estaba con su familia en Sicilia. La razón fue “tratar el asunto relacionado con el espectáculo de Russell Brand”, la broma telefónica de tintes sexuales entre dos presentadores que provocó una gran cantidad de quejas. También pasó una factura de un vuelo de Maine a Boston -1,277.71 libras, 1,496.32 euros- en agosto de 2004 por interrumpir un viaje familiar y volver a Londres para “un asunto urgente de la plantilla”. En total, más de 3.900 euros.

Otras facturas que llaman la atención son 99.99 libras (116,988 euros) que el propio Thompson gastó en una botella de champán enviada a Bruce Forsyth por su 80 cumpleaños el año pasado. La revelación de los detalles financieros de los ejecutivos es, en particular, un paso más en el intento de la BBC de ser más transparente -que empezó con la publicación de los sueldos de los miembros de la junta directiva- y, en general, en la ola de indicación pública provocada por el escándalo de los gastos de los diputados y miembros del Gobierno. “Las exigencias públicas sobre la transparencia, la honradez y lo que se hace con el dinero son más incisivas e insistentes que nunca antes”, ha reconocido Thompson.

La información sobre sueldos y dietas de los cien directivos se publicará trimestralmente a partir de septiembre, aunque la emisora ya ha colgado hoy un adelanto. Hasta ahora, la cadena pública daba a conocer solamente salarios y gastos de los componentes de la junta directiva y del BBC Trust, el organismo que supervisa su actividad. Fueron estos órganos lo que recomendaron al director general ir más allá en la publicación de la información financiera para que los ciudadanos, que sufragan a la cadena con el pago de una licencia, vean en qué se invierte su dinero.

Entre el centenar de nuevos ejecutivos cuyo sueldo se ha hecho público están “las 50 personas en la dirección que más ganan” y los “50 con más responsabilidad en la toma de decisiones”, encargados de invertir el dinero público y de supervisar los servicios y operaciones de la emisora. Sobre la decisión de no dar datos individuales sobre los fichajes estrella, Thompson se ha justificado diciendo que hacerlo conllevaría el riesgo de que éstas migraran a otros canales donde se les garantizara confidencialidad.

Según eleconomista.com, “el grupo de la familia Polanco pretendía comandar la gestión del futuro holding audiovisual, una exigencia que no compartía Telecinco. Los italianos consideran que su liderazgo en el sector audiovisual español es un motivo de peso para dirigir cualquier alianza, además de respaldarse en su situación financiera, más favorable que la de la española.

Este requisito, que Mediaset estableció como imprescindible para continuar con las negociaciones, se habría encontrado con el rechazo frontal del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, y habría acabado por truncar la posible integración de las cadenas de las dos compañías.

Sin embargo, Mediaset no habría desaparecido del todo del horizonte de Prisa, ya que diversas informaciones apuntan a que el grupo italiano también pretende controlar Digital+, la plataforma de pago para la que la empresa española busca comprador desde hace meses. Para esta adquisición, el conglomerado de medios de Silvio Berlusconibuscará  asociarse con Telefónica.

Esta venta aliviaría la presión sobre Prisa, que atraviesa serios problemas financieros debido a la deuda que soporta, de 5.000 millones de euros”.

Lo cuenta con todo detalle expansion.com:

Prisa paga en bolsa el fin de las negociaciones con Mediaset

Las acciones de Prisa caen un 7% después de que el grupo y Mediaset hayan abandonado las conversaciones que mantenían para estudiar una integración de sus negocios audiovisuales en España, principalmente Telecinco y Cuatro.

La negativa del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, a negociar bajo la condición de ceder a la compañía controlada por Silvio Berlusconi la gestión de la publicidad y los contenidos de las cadenas han abortado los contactos, según fuentes conocedoras de la negociación.

Tal y como informó EXPANSIÓN el pasado 27 de octubre, los responsables de Mediaset habían puesto como condición para negociar un acuerdo con Prisa el control de la gestión operativa de la compañía. El grupo de comunicación español, por su parte, tendría la responsabilidad sobre la línea editorial de las cadenas del nuevo hólding audiovisual, que incluye la gestión de los servicios informativos de Telecinco y de Cuatro.

Además de en la mayor experiencia de Mediaset en la gestión de publicidad para televisión, la exigencia de reparto de poder del grupo italiano se sustenta en la mejor situación financiera de la compañía, que le otorga mayor poder de negociación que Prisa.

La compañía que preside Ignacio Polanco busca contrarreloj soluciones para afrontar la devolución del crédito puente de 1.950 millones, que vence tras dos prórrogas el próximo marzo. Prisa acumula una deuda total de. 4.900 millones.

Con la creación de un hólding con Mediaset, Prisa quería repetir el esquema que ya intentó con Mediapro, para integrar entonces Cuatro y La Sexta. Aquellas negociaciones, ya avanzadas, se frustraron, precisamente, por desacuerdos en el reparto de poderes, en el que Prisa exigía mayoría de control.

Una ruptura definitiva de las conversaciones entre Prisa y Mediaset, que podían incluir la entrada del grupo italiano en Digital+, reactivaría las opciones de Vivendi, que ha formado un consorcio con Telefónica para adquirir el 40% de la plataforma.

El procedimiento vuelve a ser negociado con publicidad, es decir, a dedo. Lo vuelve a firmar la Secretaria General de la cosa, Ana Lada Ferreras. No es de extrañar el nerviosismo que esta señora demuestra últimamente en público cuando sale a relucir el tema de las contrataciones de RTPA.

Tras el varapalo que supuso el informe de fiscalización de RTPA de la Sindicatura de Cuentas, a la que Lada Ferreras intentó prohibir la publicación de la documentación aportada por el ente público acudiendo a la Ley de Protección de Datos de carácter personal -increíble-, fue muy comentada su aparición en una charla informal que sobre la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) tuvo lugar en CajAstur hace unos días, donde trató de erigirse en moderadora y censora de los temas allí a tratar, cuando simplemente había acudido como una espectadora más sin invitación expresa para participar, y la charla corría a cargo de Emilio Menéndez, Interventor del Estado.

Volviendo a la licitación, antes de un mes la empresa proveedora elegida tendrá que suministrar a RTPA una cámara de HD (MPEG2, 50 Mb/s y 4:2.2), con algunos de sus accesorios habituales como un visor HD en blanco y negro, un objetivo zoom HD, un trípode de fibra de carbono, una bolsa de transporte y una funda. También, en este lote, tendrá que entregar un monitor portátil HD LCD de 9 pulgadas con entradas digitales, todo ello por el módico precio de 81.200 € máximo.

En un segundo lote, la empresa tendrá que suministrar por un máximo de 46.400 € una edición digital capaz de trabajar en resolución HD y Cine 2K, con un servidor de datos de 12 terabytes. Debe incluir la instalación, puesta en marcha y formación.

Dice el objeto del contrato en las prescripciones técnicas: “Habida cuenta de la constante innovación tecnológica en el campo de la producción y emisión de televisión, y de la gradual y creciente irrupción de la TV en Alta Definición (HD), la Productora de Programas del Principado de Asturias, integrada en el Ente Público RTPA, considera necesaria la incorporación a sus medios técnicos equipamiento de grabación y edición en HD, así como un sistema complementario de Gestión Digital de Archivos”…

“RTPA considera necesaria la incorporación”, no lo dudamos. Un gasto de casi 130.000 € para una cámara y una edición de HD… Casi nada.

No dudamos que la Alta Definición es el siguiente paso en la evolución tecnológica de la radiodifusión, por su calidad de imagen o su mayor campo de visión. No dudamos que, algún día, haya que equiparse para emitir en HD. Y que, para nuestra desgracia, lo tengamos que pagar nosotros. Pero, en este momento, y con la crisis que ya tenemos que soportar, un gasto de 130.000 € de nuestros impuestos en un equipo de HD nos parece totalmente prescindible cuando está claro que todavía le queda camino que recorrer a RTPA para emitir en HD. Y está claro que aquellos programas que RTPA grabe y edite en HD no van a ser precisamente vendidos a emisoras nacionales o extranjeras que emitan en Alta Definición.

Las preguntas se nos acumulan: ¿Para qué RTPA quiere producir en Alta Definición? ¿O es que ya se está pensando en el comienzo de las emisiones en HD a través de TDT? ¿Se perfilan novedades, revocaciones, cambios en el reparto del espectro de emisión digital cuando, tras casi tres años desde la adjudicación de las licencias de emisión digitales -enero de 2007- aquí nadie emite en digital? ¿Cuánto va a costar la transición de la emisión de TPA a la Alta Definición?

Aragón TV, que comenzó a emitir en analógico a la vez que TPA en junio de 2006, comenzó en junio de 2008 las emisiones en pruebas en HD y un año después anunciaba que las abandonaba debido a la crisis económica actual. Aviso a navegantes…

Es evidente la rápida evolución en el crecimiento de las emisiones en HD en Europa. Según Eutelsat, la principal distribuidora europea vía satélite de emisoras en HDTV, desde junio de 2006 a septiembre de 2009 el número de canales ha pasado de 34 a 243, multiplicándose por 7. En ese mismo periodo, la compañía fundada en 2005 -con sede en Paris y presencia en 28 países- ha pasado a distribuir en nueve satélites de 10 a 103 canales en HDTV, casi la mitad (42%) de los que actualmente emiten en Europa. A lo largo de todo el mundo utiliza 27 satélites para emitir 3.200 canales de televisión, tanto en HD como en SD (Standard Definition).

Y este es el panorama que dibuja esta empresa especializada en HDTV en Europa:

- En cuanto a los segmentos del mercado a los que va dirigida la producción, está bastante diversificada. Dominan con un 27% cine y ficción, y un 26% deportes. En un segundo escalón, bastante menor, entretenimiento y documentales con un 16% cada uno. Y ya como minoritarios, un 10% dedicado a lo que denominan “lifestyle” -estilo de vida-, y un 6% a la música.

- Entre los 103 canales que emite el principal operador europeo de HDTV no hay ni uno sólo en castellano. España, literalmente, no aparece en el mapa.

- El 94 % de estos canales son de pago y los flujos de emisión de datos en HDTV son en MPEG4.

Actualmente, además de la emisiones en pruebas de TVE y de alguna televisión autonómica en TDT, sólo emiten en castellano en HD dos plataformas digitales de pago: Digital+, con Canal+ HD, Canal+ Deportes HD y Canal+ DCine HD -vía satélite por Astra e Hispasat-; e Imagenio, con AXN, canal de Sony -a través de ADSL-.

Canal+ HD es la primera televisión de cobertura nacional que emite en Alta Definición en España y empezó el 31 de enero de 2008. Un año antes, en diciembre de 2006 TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) ponía en servicio el primer canal de Alta Definición, Canal AD, que nacía “a raíz de los trabajos desarrollados por el Proyecto Profit ADI (Alta Definición Interactiva), que lidera Telefónica Servicios Audiovisuales y en el que participan radiodifusores: RTVE y Sogecable; operadores de satélite Hispasat y Astra, las empresas tecnológicas HyC, Fresh y Televés, y la Universidad Politécnica de Madrid, [...] abierto a los nuevos creadores de contenidos en Alta Definición con el fin de convertirse en un foro de encuentro donde la tecnología y la creatividad se darán la mano para experimentar conjuntamente sobre las altas prestaciones de la Alta Definición”. Actualmente, Hispasat está difundiendo a través de sus satélites el Canal AD en abierto para Europa.

Astra, otro de los operadores por satélite, entre la programación actual europea en la televisión de alta definición incluye, según su propia página web:

· Canal+ HD, disponible a través de la plataforma Digital+, Canal+ Deportes HD y Canal+ DCine HD, únicos en castellano.
· Varios canales ingleses pertenecientes a la plataforma Sky y en abierto (BBC).
· Un canal francés en abierto: Arte HD.
· Un canal alemán en abierto: Anixe.
· El propio canal de prueba Astra HD, que emite en la actualidad una variedad de géneros en un bucle de 24 horas.
· HD-1 que presenta contenidos para HDTV de emisión gratuita así como codificados, e incluye deportes, documentales y eventos musicales.
· En Alemania, la emisora de televisión de pago Premiere inició la emisión de tres canales HDTV en noviembre de 2005 y cubre deportes, documentales y películas.
· En Francia, Canal+ inició la emisión de contenidos en HDTV a mediados de 2006.

Hispasat, operador de satélites que distribuye el mayor número de canales de habla hispana y portuguesa, difunde y distribuye en Europa varios canales en Alta Definición, como Canal+ HD, Canal+ DCine HD y Canal+ Deportes HD de la plataforma española Digital+, National Geographic, Sport TV y Mov de la plataforma portuguesa Zon TV Cabo y, también en Portugal, a través de Meo Sat, Eurosport y National Geographic. En enero de este año anunciaba que en los próximos meses ampliaría esta oferta televisiva con la incorporación de nuevos canales y actualmente emiten 15 canales en HD a través de Hispasat: a los citados, además del Canal AD, hay que añadir AXN Portugal HD, Sci Fi Portugal HD, Fox Portugal HD, Fox Crime Portugal, TVCine 4 HD, Disney Cinemagic España HD y Sport TV 1 HD.

En flysat.com se puede consultar todos los canales que emiten en HD por satélite en Europa.

En cuanto a la Televisión Digital Terrestre (TDT), TVE HD es el canal de televisión en Alta Definición de TVE que emite. Las primeras emisiones de TVE HD se produjeron durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, en agosto de 2008, aunque sólo pudieron acceder a ellas los abonados a la plataforma de pago de Digital+, donde sustituyó de manera temporal a las emisiones de Canal+ HD. Tras la olimpiada suspendió sus emisiones, que reanudó en pruebas en junio de este mismo año en el área metropolitana de Valladolid, con la intención de aumentar su área de emisión hasta alcanzar la totalidad del territorio español tras el apagón analógico de abril de 2010.

La primera cadena autonómica con emisiones en Alta Definición en pruebas regulares fue TV3 (Televisió de Catalunya) que comenzaron en abril de 2007, hasta agosto de 2008. La señal de TV3HD retomó sus emisiones también en junio de este año. Aragón Televisión comenzó a emitir en pruebas de forma regular en junio de 2008. Sin embargo, en julio de este año, la televisión autonómica aragonesa anunció que “cierra por el momento su segundo canal por la culpa de la crisis económica actual [y] ha firmado un convenio con su homóloga catalana para experimentar con una especie de segundo canal en la que ambas televisiones cuelguen contenidos en alta definición. Se ha invitado a participar en la experiencia a otros entes autonómicos”. Otras cadenas como ETB, 7RM o la propia TPA han emitido alguna prueba en HD, como fue el caso de la retransmisión el pasado junio del partido de promoción del Real Oviedo.

La TDT en España no deja mucho margen para emisiones en Alta Definición si no emiten en un formato que no sea el ya ineficiente MPEG2, tal como ya ha hecho Televisió de Catalunya. Pero la inexistencia de decodificadores que soporten Alta Definición y que además soporten el formato MPEG4-h.264 (aunque se podría dar el caso que en vez de seguir los pasos de TV3 emitieran en otro formato, complicando aún más la situación), hacen que sean muy improbables estas emisiones en un país excesivamente comercializado. Al menos no hasta que cesen las emisiones analógicas y vuelva a quedar espectro de ancho de banda disponible, con lo que podrían caer en la tentación de emitir HD en MPEG2 malgastando bastante ancho de banda (o incluso de crear más canales que no sean en Alta Definición).

Por desgracia, es algo de lo que venimos hablando hace un año. Algunos nos tachaban de alarmistas.

Hoy los resultados están ahí: una audiencia ridícula que apenas alcanza los 15.000 espectadores diarios de media, una calidad en la programación que brilla por su ausencia y que trata de ‘tirar’ de fútbol para maquillar los resultados, una política de contratación a dedo y de engaño en las cuentas de RTPA que ya está denunciada por la propia Sindicatura de Cuentas, una situación laboral lamentable que ya amenazó con huelga el pasado junio, unas convocatorias de empleo absolutamente sospechosas… ¿Es esto un servicio público por el que los asturianos estamos pagando -que se sepa- más de 35 millones de euros anuales?

Nos remiten este escrito que habla a las claras del clima laboral que se respira en RTPA:

Ayer día 22 de octubre del 2009 en el juzgado número 4, a las 11:50, se celebró el juicio por los dos trabajadores despedidos en la RTPA, pertenecientes al servicio de mantenimiento llevado por las subcontrata TresSistemas, subcontratada a su vez por Telefónica Servicios Audiovisuales.

Estos dos compañeros fueron despedidos sin previo aviso, incurriendo en un acto ilegal como establece el convenio (Convenio del Metal) que obliga a la subrogación, es decir, a la contratación de todos los trabajadores aunque el mantenimiento de las instalaciones en la RTPA sufriera un cambio de empresa. Dicho despido se manifiesta impidiendo el paso  a las instalaciones de la RTPA, mediante un escrito elaborado por el ente público, acreditando que dichos trabajadores habían dejado de ser parte de la plantilla que conforma el servicio de mantenimiento. Sangrante es que uno de los asalariados despedidos venía desempeñado las funciones de delegado sindical hasta el momento del cese, quién a falta de sentencia, demanda a las empresas por acoso laboral. Cierto que a dicho trabajador, y contrastada la información que se nos ha hecho llegar durante el pasado mes de agosto del 2008, le fue necesario personarse en Inspección de Trabajo tras sufrir un turno fijo de cuatro meses seguidos (turno de noche) durante el pasado verano del 2008, cuando los horarios hasta ese momento habían sido correlativos, y lo siguieron siendo para el resto de sus compañeros.

Son muchas las quejas de los trabajadores de la RTPA, bien sean pertenecientes al ente público mediante oposición, o bien mediante las contratas que desempeñan las diferentes labores técnicas y periodísticas, que se encuentran en un clima insostenible en el que la libertad de expresión se limita a seguir ciertas indicaciones que, de no seguirse, se verían afectados por represalias. Son muchos los compañeros que se han visto obligados mediante presión a firmar convenios que  implicaban una pérdida notable en sus derechos fundamentales como trabajadores o, de lo contrario, verían peligrar, como así se les hizo saber, sus puestos de trabajo.

Decir que la RTPA pone de manifiesto mediante su precaria emisión diaria,que se limita en muchos casos a la repetición de repeticiones, que su mayor problema se encuentra tras la pantalla, donde la palabra “CRISIS”  debería ser  redefinida por la Real Academia de la Lengua como “MOMENTO ACTUAL, QUE ES APROVECHADA POR LOS …………………. QUE PUEBLAN ESTE, NUESTRO PAIS, PARA BENEFICIARSE DEL MIEDO DE LA POBLACIÓN, SACAR TAJADA, ENGROSAR SUS BOLSILLOS, JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE Y UTILIZAR DEMAGÓGICAMENTE LAS PALABRAS ‘DEMOCRACIA’ Y ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN’”.

Por ello y cansados de que nuestros políticos y altos cargos se empeñen en pintar una realidad con tonos de color rosa “interés”, son muchos los que diariamente se levantan sin saber si ese será su último día de trabajo, bien por una mirada mal echada, una expresión mal dada o, simplemente, porque su jefe ha tenido un duro día familiar. Las formas de despido han cambiado. ¿Para qué respetar los 15 días de preaviso? Ustedes tienen la palabra.

A la semana saltaba la noticia de los contactos entre Mediaset y Prisa difundida por La Repubblica, y lo contábamos en Berlusconi le echa el ojo a Digital +. Mediaset, el grupo de comunicación del Primer Ministro italiano, lo desmentía. Hoy, apenas quince días después, “Prisa admite ‘conversaciones informales’ con Mediaset“:

“Hemos iniciado conversaciones informales con Mediaset sobre el mercado televisivo español, pero no hay negociaciones concretas”, según ha admitido hoy el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, tras la presentación de los resultados del grupo de comunicación.

Tras la ruptura de las negociaciones entre Prisa y Mediapro para combinar Cuatro y La Sexta, se ha especulado con la posibilidad de un acercamiento a Telecinco, controlada por el grupo italiano propiedad de Silvio Berlusconi.

Cebrián también ha reconocido que “estamos preparados para vender parte o todo nuestro negocio de televisión de pago”. El directivo ha realizado esta afirmación al ser preguntado sobre los siguientes pasos de Prisa tras la venta de sus participaciones en Santillana y Media Capital, según informa Reuters.

Podemos leer en expansion.com que Prisa dejó de ganar respecto a 2008 nada menos que un 77,5%. Entre enero y septiembre de 2009 obtuvo un beneficio neto de 46,69 millones de euros, por debajo de los 63,5 millones que esperaban los analistas. Para echarse a temblar…

Pero elpais.com dice: “El Grupo Prisa, editor de El País, ha cerrado los nueve primeros meses del año con más de 500 millones de euros de EBITDA y ha logrado mantener los márgenes en términos homogéneos pese a la crisis gracias al liderazgo en sus áreas de negocio y a la diversificación de sus ingresos, ha informado en una nota de prensa”.

Claro que la cosa, como no podía ser de otra manera, tiene truco. La clave, ese exótico término llamado EDITBA.

EBITDA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. El EBITDA se obtiene a partir del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias de una empresa. Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre Sociedades.

Se podría decir que EBITDA es el Resultado Bruto de Explotación que, por cierto, según informó el propio Grupo Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM), bajó un 37,6%, hasta esos 506,8 millones de euros. Las deudas con entidades de créditos ascendían en septiembre a 2.235 millones.

Ya casi al final del segundo párrafo, después de tropocientos datos de EBIT, EBITDA, ingresos de explotación, liderazgo en área de negocios, diversificación, recorte de gasto y demás, dicen: “En su conjunto, el beneficio neto del grupo en los nueve primeros meses de 2009 se sitúa en 47 millones”. Pero aquí no hacen referencia comparativa a nada, naturalmente, como hacen con los otros resultados.

El que no se consuela es porque no quiere… Aunque, visto lo visto, no hay ni optimistas ni pesimistas, simplemente manipulación de la información.

La campaña de la nueva imagen de Gijón costará 130.000 euros a los gijoneses, que ya han pagado 60.000 euros a la empresa Ciac por el diseño del nuevo logotipo.

Hoy lo podemos leer en La Nueva España:

El Ayuntamiento de Gijón presentó ayer en el Palacio de Congresos la nueva marca con la que quiere que se identifique a la ciudad de Gijón y que conformará también la imagen corporativa del Ayuntamiento y de todos los organismos y empresas municipales. Esta nueva imagen sustituye a la que venía utilizando el Consistorio en las campañas institucionales desde 1998. Se trata de una nueva imagen de cara a los ciudadanos de Gijón y a los turistas. En los documentos oficiales del Ayuntamiento se seguirá utilizando, como hasta ahora, el logotipo del escudo de la ciudad, con Pelayo.

El diseño de la nueva imagen de la ciudad ha sido realizado por Ciac, un trabajo que ha costado 60.000 euros. De la promoción de la nueva marca se encargará la agencia Isertia (Bittia), con 130.000 euros para promocionar esa imagen dentro y fuera de Gijón. Madrid, Vizcaya y La Coruña serán los objetivos principales en España. Francia, Reino Unido y Portugal, en el extranjero. Una de las primeras acciones promocionales tendrá lugar durante el partido del Sporting de Gijón y el Real Madrid.

El concejal José María Pérez fue el encargado de presentar ayer a los medios de comunicación la nueva imagen de ciudad, junto con el director general de Ciac, Enrique Johnson. Lo hicieron antes de presentarla a representantes de la sociedad gijonesa y asturiana, en un acto al que acudió la propia Alcaldesa y en el que les mostraron un vídeo promocional que concluía con el eslogan «Gijón, Asturias con sal».

Con la nueva imagen se pretende diferenciar a Gijón del resto del norte de España y del resto de Asturias de manera racional y emocional. José María Pérez indicó que la nueva marca de Gijón también reforzará la imagen turística de Asturias. El edil destacó que también refleja «el espíritu de la ciudad, poco formal, sin protocolos ni rigideces, creativo e innovador», además del «amor propio» que refleja la valoración de los propios gijoneses de la ciudad. Otro elemento que se destaca es «el mar, porque nos ubica en Asturias y explica el carácter abierto y cosmopolita» de la ciudad y asimismo «tiene mucho que ver con la gastronomía».

La nueva imagen podrá ser usada por empresas privadas para promociones fuera de la ciudad, previa autorización municipal.

Efectivamente, ayer se presentó en el Palacio de Congresos de Gijón la nueva marca con el eslogan ”Gijón, Asturias con sal”, que sustituye a la que el ayuntamiento implantó un año antes de la marcha de Álvarez Areces de la alcaldía. La presentación estuvo a cargo de Enrique Johnson Zurita, director general de Consultoría en Identidad y Arquitectura Corporativa (Ciac), natural de Kansas City (EEUU) e hijo de madre turonesa. A la aguda pregunta del periodista de LNE “¿Deben pensar en otras ciudades que les llaman sosos?”, el diplomático consultor salió como pudo y contestó: “No. Simplemente es una forma de ubicarlo distinto. Es decir, cuando hablamos del resto de Asturias, siempre hay ciudades costeras. Pero Gijón es, por así decirlo, la capital marítima de Asturias. Eso también se intenta reflejar. La sal es el mar, es la gastronomía e infinidad de cosas. Por supuesto que el resto de Asturias también lo tiene. Lo que pasa es que Gijón tiene mar y eso diferencia en muchas cosas”.

Respecto a los 60.000 eurazos que han costado esos cinco garabatos -siete, contando el punto y la tilde- y la ocurrencia de la sal, sin comentarios…

Habemus proyecto de ley audiovisual. Tras años de retraso y urgencias en un sistema en cambio total, el Gobierno envía al Congreso una norma para regular el audiovisual, de la televisión a los móviles. Y hace dudar si nace muerta o con demasiados agujeros. ¿Es posible una ley sobre televisión cuando el desarrollo de internet y los servicios digitales ocupa todas las pantallas? El proyecto promete adaptación, pero insiste en una regulación de contenidos y empresas similar a las viejas licencias, cuando el espacio radioeléctrico era escaso. Y no adopta una regulación para los servicios no lineales, a demanda o en internet, limitada a garantizar derechos esenciales del público y los menores como la defendida por la Comisión Europea y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La ley regula por primera vez de forma conjunta las televisiones públicas y comerciales estatales, aunque queda pendiente el telestado autonómico. Incluye la TDT, la televisión de pago, en el móvil y la alta definición, además de extender la regulación a nuevas plataformas audiovisuales aunque no necesiten licencia.

No habrá autoridad única para la convergencia digital, una batalla aún pendiente. El Gobierno quiere crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como los autonómicos de Cataluña, Navarra y Andalucía, criticados a menudo por sus injerencias en los contenidos. Una fórmula superada en países con tradición de autoridades audiovisuales como Gran Bretaña, Italia o Austria, a favor de consejos de televisión y telecomunicaciones con mínima regulación de contenidos.

Es la propuesta hecha por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para solucionar con un solo criterio los problemas de la convergencia digital que afectan a televisiones y telecos. Es difícil entender que la CMT mantenga competencias audiovisuales y recaude las tasas a televisiones y telefónicas para financiar RTVE pero no participe en su regulación. El control de la televisión sigue tentando a los políticos y quieren una nueva institución estatal sin aprovechar los recursos humanos y materiales ya disponibles en la CMT, cuya reorganización sería más eficiente.

Tampoco hay avances sobre la definición de un servicio público a menudo muy comercial que sólo blinda los derechos de retransmisión de las grandes competiciones deportivas. Esperemos que la interactividad propuesta en la ley sea más real que la participación en su redacción. Los propios consejos audiovisuales autonómicos, las empresas tecnológicas o los medios comunitarios sin ánimo de lucro se han quejado de no ser escuchados por la vicepresidenta Fernández de la Vega ni los redactores del proyecto.

Ahora le toca el turno a una nueva adjudicación del servicio de operación de equipos ENG, la grabación de imágenes fuera del plató, en este caso para los informativos de TPA. ENG es el acrónimo inglés de Electronic News Gathering (Captación Electrónica de Noticias), que en sus orígenes diferenciaba la grabación en vídeo frente a la filmación en película, llamada News Gathering o NG. Se hablaba de “equipos ligeros de grabación” frente a los pesados y complejos equipos de filmación. En la actualidad el concepto está desdibujado porque en realidad se refiere simplemente al servicio de operador de cámara ya que actualmente no tiene sentido diferenciar entre ENG y NG.

El caso es que sale a proceso negociado la contratación de este servicio durante un año. Otros 300.000 euracos adjudicados a dedo a quién Pérez Ornia tenga a bien designar. El contrato es prorrogable un año más.

Lo cojonudo -perdón, pero es que ya no se me ocurre otra palabra- del caso es que los equipos los pone TPA. Sí, las cámaras para grabar, unas Panasonic que graban en tarjetas P2, las pone el ente de comunicación. Y su mantenimiento. Y su almacenamiento.

El adjudicatario tiene que poner cuatro vehículos, eso sí, dotados de sistema GPS, y los teléfonos móviles, para que no haya escaqueo posible, que ya se sabe que eso de “trabajar” fuera tiene muchas malas tentaciones.

Y luego viene la parte que los empresarios ponen en práctica de manera esclavista. Disponibilidad las 24 horas de los 365 días del año, con 4 operadores por semana y 2 los fines de semana, con una guardia localizada diaria de 12 de la noche a 8 de la mañana. Sin comentarios. De esto pueden hablar mucho y poner ejemplos los que lo sufren en carne propia. Y mientras, ¿los sindicatos dónde están? Ah, sí, cobrando del gobierno.

Lo cojonudo -perdón, de nuevo, pero es que ya no se me ocurre otra palabra- es que siendo RTPA un ente público de comunicación, pagado con dinero público y que -en teoría- presta un servicio público, al echar un vistazo a las bases jurídicas de la contratación uno lee que “a efectos de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, se trata de un contrato de servicios de la categoría 26 del Anexo II de la Ley 30/2007, [que] no está sujeto a regulación armonizada conforme a las reglas del artículo 16.1 de la mencionada ley”. En plata, que se pasan la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por el mismísimo arco del triunfo.

Y no queda ahí la cosa. Para que no haya dudas y el contrato no tenga que hacerse público -lo que debería ser obligado al tratarse, insisto, de un ente público pagado con nuestros impuestos-, dicen explícitamente que “el contrato es de naturaleza privada”. No jodas… ¿Un ente público contrata como si fuese un ente privado? Ya se que soy un ingenuo. Vale, no lo acabo de descubrir y ya sabíamos de estas prácticas… Pero, habrá que repetirlo una y otra vez, y no dejar de asombrarnos, digo yo. Esta gente lo que quiere es que a base de hacerlo una y otra vez parezca normal y, como aquel axioma de derecho, la costumbre haga norma.

Porque el hábil Pérez Ornia, que es más listo que el hambre, va y se descuelga en el pliego de bases jurídicas con que, aparte de que el contrato es de naturaleza privada, se rige de la siguiente manera:

- Por la instrucción por la que se regula el procedimiento de contratación del Ente Público de Comunicación y sus sociedades mercantiles en los contratos no sujetos a regulación armonizada, aprobada por Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, del Director General del Ente Público de Comunicación,

- Por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

A ver si lo entendí bien…

1. Un ente público, de servicio público, con dinero público, adjudica un contrato de naturaleza privada.

2. La instrucción no está sujeta a la regulación armonizada -es decir, la Ley de Contratos del Sector Público- porque Pérez Ornia aprueba una resolución posterior a la LCSP para regular la contratación como anillo al dedo y pasar de la LCSP.

3. Los contratos están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público pero como en las bases jurídicas dicen que no lo están, dejan de estarlo y, por tanto, se rigen por la resolución aprobada por el Director General.

Esta es la respuesta de estos listos para zafarse del control administrativo de contratación y hacer, literalmente, lo que les salga de los huevos -perdón, pero…-. Recaudar nuestro dinero con la excusa de ofrecer un servicio público -que vaya mierda de servicio público, si es que lo fuera, cosa que está claro que no- y van y se poner a funcionar como si fueran una empresa privada, contratando a quién les da la realísima gana y saltándose todos los controles que la propia Administración pone para regular la contratación pública. Pasando ampliamente de las denuncias de la Sindicatura de Cuentas. ¿Nadie va a poner freno a semejante despropósito? ¿Es que este país va a seguir yendo directamente a las cloacas? Responsabilidades penales por la mala utilización de los fondos públicos… ya.

¿Se están quedando con nosotros? ¿O van en serio? Joder, que asco. Uno empieza ya a hartarse de escribir sobre esta basura.

En noviembre del año pasado nueve agencias de publicidad de Gijón denunciaban que el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Luis Arias de Velasco, se había autoadjudicado una campaña de publicidad de la entidad. Como presidente de la institución había adjudicado una campaña de publicidad a Bittia-Isertia, empresa de la que en ese momento, según el Registro Mercantil, era administrador.

Nosotros también lo denunciamos desde aquí en una serie de artículos en los que hacíamos pública la trayectoria de este personaje. Ya da hasta pereza volver a hablar de los excesos de este personajillo. Empezamos hace un año -exactamente el 6 de octubre- publicando su biografía excelsa, ‘Ese prohombre‘. La segunda quincena de noviembre comenzó a avivarse mediáticamente el escándalo por la inminencia de Mercaplana y escribimos varios artículos al respecto, en los que denunciábamos el asunto en el que ahora los juzgados dan la razón a las agencias de publicidad que denunciaron la situación en el seno de la Cámara de Comercio gijonesa. Incluso adelantábamos el rídiculo que estaba haciendo el ínclito con su rabieta y amenazas de llevarnos a los juzgados cuando escribíamos en plenas navidades ‘Luis Arias de Velasco, el hombre que pudo colapsar los juzgados’…

Y entonces, en enero pasado, este elemento se lío a demandar a diestro y siniestro por injurias y calumnias. A las nueve agencias de publicidad de Gijón y a laOtra TPA. Aunque, en nuestro caso, dio en hueso ya que apuntó sus amenazas contra la persona equivocada; pero es que la falsa denuncia ni siquiera prosperó ya que ni se presentó en los juzgados el día de la citación judicial. Sabía que no tenía nada que hacer. Aunque, visto lo visto, si hubiese acertado con las personas a las que dirigir su patateta, la Justicia también nos hubiera dado la razón, como se demuestra por la demanda paralela a las agencias de publicidad que ha perdido.

Claro que primero estuvo por medio el escándalo de todos los juicios a los que tuvo que hacer frente como presidente de la Cámara de Comercio por impagos a trabajadores de la entidad y despidos improcedentes. Todos ellos perdidos.

Ahora los juzgados dan la razón a las nueve agencias de publicidad gijonesas. Y, por extensión, a nosotros. Como siempre dijimos aquí, no existe ninguna difamación al afirmar que Luis Arias de Velasco siendo presidente de la Cámara de Comercio de Gijón adjudicó una campaña publicitaria a una empresa de la que era administrador. Lo repetimos en negrita: No existe ninguna difamación al afirmar que Luis Arias de Velasco siendo presidente de la Cámara de Comercio de Gijón adjudicó una campaña publicitaria a una empresa de la que era administrador.

Y me pregunto: ¿Puede uno ir por la vida acusando falsamente a los demás de cosas tan feas como injurias o difamación, y quedar impune? ¿Y que hay del honor de los falsamente demandados? ¿Es que en vista a los resultados este personaje se va a ir de rositas solamente pagando las costas “por temeridad”? En estos casos, ¿por qué no actúa de oficio la Justicia?

Las arcas públicas están ya bastante esquilmadas por personajes sin escrúpulos como para que, además, se malgaste tiempo y dinero de los contribuyentes -ya suficientemente castigados con los impuestos pagados y malgastados por nuestros supuestos administradores- en la defensa del inexistente honor de estos personajillos que deberían haber nacido en Chicago en los años 30. Y si se hace por defender la igualdad de todos ante la ley, que paguen lo exigido a la otra parte cuando se demuestre que utilizan los recursos públicos con semejante frivolidad. Pedía 6.000 euros a cada una de las nueve agencias. Vaya jeta. A ver si así aprende la gente de esta calaña…

La Nueva España publica la noticia hoy con todo detalle: “Arias de Velasco había afirmado en la demanda que se había cumplido «de forma escrupulosa» el pliego de condiciones del concurso de publicidad. También había afirmado que no tenía ninguna vinculación con Isertia, Bitácora o Bittia. Ambas afirmaciones han sido desmontadas en la sentencia”. En fin, que mintió como un bellaco a la Justicia. Así de claro.

Por fin toda Asturias sabe de que está hecho este Luis Arias de Velasco. Que sienta caminando por la calle, sentado en un restaurante, bebiendo una cerveza en un bar, tratando de embaucar a un nuevo cliente, la mirada de los que saben cómo ha llegado a dónde está. Que por fin cualquiera que consulte internet pueda saber quién es este elemento. Que viva amargado su jubilación con el estigma de haber sido puesto en evidencia por la Justicia, aquella a la que trató de utilizar como si fuera otro juguete propio, como ha hecho con una institución ejemplar -hasta que llegó-.

La noticia ha sido publicada por los tres diarios regionales. En elcomerciodigital.com, el hoy mediático Arias de Velasco llega a afirmar que “era difícil que la demanda prosperase por mi condición de cargo público”. Digo yo que será más bien porque ha mentido a la Justicia y los hechos denunciados por las agencias han quedado suficientemente demostrados. Todavía se atreve, ante la rotundidad de la sentencia, a cuestionar al magistrado con semejante argumento. La Voz de Asturias, en un artículo igualmente aséptico, titula “Arias de Velasco pierde un litigio contra 9 publicistas”. Sólo se ha mojado algo la LNE, contando detalles relevantes de la sentencia que los otros diarios han ignorado. Pero parece ser que ya han llegado presiones a la dirección de los tres diarios para que corten de inmediato cualquier información sobre el tema. Incluso hablan de amenazas a los periodistas que han escrito los artículos. No me extrañaría. Veremos en qué queda la cosa…

Continúa el relato LNE: “El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, que preside Arias de Velasco, decidió por unanimidad en febrero de 2007 adjudicar los servicios de publicidad y publicaciones de la Cámara de Comercio a Isertia. El pliego de condiciones del concurso establecía un presupuesto estimativo de 125.000 euros y la obligación del adjudicatario de asumir la publicación de la revista mensual de la Cámara y de los periódicos feriales”. Pero es que aún es más grave, si cabe, que “al día siguiente de la adjudicación, el director general de la Cámara, Javier de la Ballina, decidió liberar a Isertia de la obligación de asumir ambas publicaciones. Una medida que no se tradujo en una reducción del precio de adjudicación del contrato. Más bien al contrario. Isertia facturó por esos servicios a la Cámara 216.974,25 euros en 2007 y 258.593,03 euros en 2008. El magistrado destaca en la sentencia que la facturación de este último año duplicó la prevista en el pliego de condiciones“.

La sentencia, “por un lado, considera que las afirmaciones sobre el pliego de condiciones efectuadas por los publicistas «se han acreditado como ciertas». Por otro, Luis Arias de Velasco es miembro del consejo de administración de Bittia Publicidad, empresa en la que además trabaja su mujer. Bittia es el socio único de Isertia y de Bitácora, la empresa que se constituyó en 2008 para la fusión de ambas. Bitácora es la agencia que había fundado Arias de Velasco. Hasta la adjudicación a Isertia, la Cámara repartía entre las agencias de Gijón sus servicios de publicidad”.

Ya lo pedíamos entonces. Y decíamos que soñábamos. Luis Arias de Velasco debería dimitir. Pero no lo hará. Con ese fallo judicial, las nueve agencias de publicidad gijonesas deberían demandar a Luis Arias de Velasco en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio por falsa denuncia. Y exigir una indemnización millonaria por atentar contra el honor de las agencias denunciantes. Y tras esta segura sentencia a favor, provocar la dimisión de este ********. Se me acaban los adjetivos, así que elijan ustedes el que más les satisfaga, incluso aquellos que no se pueden dejar escritos, no vayamos a liarla ahora injuriando a su ilustrísima.

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Actualización 16.10.09

Publicado en La Nueva España:

Empresarios de publicidad piden un pronunciamiento de la ejecutiva de la Cámara

Los nueve empresarios de agencias de publicidad que han pedido la dimisión de Luis Arias de Velasco como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, por la gestión del contrato de publicidad de la entidad, solicitarán formalmente a los miembros del comité ejecutivo cameral que se pronuncien tras la reciente sentencia que considera ciertas las críticas que realizaron en su día a Arias de Velasco. El comité ejecutivo de la Cámara aprobó unas bases para la concesión del contrato de publicidad de sus actividades, así como aprobó la adjudicación según esas bases y el posterior contrato, conforme también a esas bases. En el juicio -y así lo recoge la sentencia hecha pública ayer- el director de la Cámara reconoció que al día siguiente de la adjudicación se habían cambiado algunas condiciones del citado contrato. Ahora los publicitarios que se consideran afectados pedirán al comité ejecutivo que se tome medidas al respecto. La petición la formalizarán los implicados la próxima semana en un escrito oficial que se hará llegar a la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Gijón.

No podríamos contar mejor lo sucedido en esta inocente convocatoria empresarial y ciudadana que tenía el objetivo de explicar cómo debe contratar la Administración Pública y los trámites que han de seguir las empresas interesadas, así que transcribimos este artículo publicado hoy mismo en ECTV:

Ana Lada, secretaria general de la RTPA, dio una especie de golpe de estado, en una charla pública

Hacía mucho que no iba a un acto de este tipo, pero al enterarme de que la Asociación de Productoras de Televisión y Vídeo del Principado de Asturias (APTVA) organizaba una charla del Interventor del Estado Emilio Menéndez, sobre la legislación que regula la contratación pública, y por lo tanto, sobre los males que afligen a esta asociación, marginada por la administración en beneficio de ciertas empresas respaldadas por sus grupos mediáticos, no pude dejar de acudir, como un solo hombre, estrenando pierna pocha sobre las viejas losas de la calle San Francisco, donde se encuentra el centro cultural de Cajastur. Primera sorpresa, hay que entrar por el callejón de figurantes del Teatro Filarmónica porque el centro está en obras, con lo que la charla ya cogía un cierto tono clandestino, pues la dificultad de encontrar la entrada de ese local es grande. Tuve una premonición: algo extraño iba a ocurrir.

La charla de Menéndez me pareció una inteligente iniciativa de esta asociación, una de las entidades empresariales que juegan en Asturias el papel de permanente cenicienta, ante el acoso institucional del Principado a las empresas del sector, con los grandes tiburones de la producción asociados a grupos como Mediapro o Prisa quitándoles a los asturianos hasta las raspas de las sardinas, en contratos misteriosos que se financian con dinero que sale de las consejerías, por fuera de los presupuestos de la propia TPA, mediante el truco de firmar convenios con los que se supone que éstas, las consejerías, encomiendan al ente público de radio y televisión del Principado que haga unos programas que éste no hace, sino que a su vez los subcontrata de aquella manera, ésa que conocen ellos y nadie más conoce, con lo cual nadie sabe exactamente -ni por aproximación- cuánto gasta la TPA en programas, pero tampoco sabe nadie cuánto se llevan, y quienes son los que se llevan lo que se llevan.

No ya, si ya sabemos que los programas los firman Prisa y Plural, pero la cuestión no es ésa. Si no sabemos cuánto, cómo, ni por qué cobran lo que cobran -que suponemos que cobran, y mucho-, y eso porque figuran en los créditos de los programas, lo que desde luego tiene verdadero delito es que el procedimiento sea que la consejería de Vivienda, pongamos por caso, firme un convenio con la TPA por la que le pasa una cantidad, sin aclarar nada, porque como es la TPA, no hay nada que aclarar, y luego la TPA coge el dinero y se lo da a quien le da la gana, sin aclarar nada tampoco. Luego pasa lo que pasa y lloran cuando ven la cara de Garzón en el retrovisor del coche, y acabará resultando que Correa y el Bigotes andaban por las Clarisas dedicados a la producción de programas audiovisuales y encargando trajes para Tini y Jorge, para cuando van a visitar canteras a León.

En fin, ése era el contexto en el que acudir a una charla de Emilio Menéndez se convierte en un apasionante desafío, pues si siempre lo es escuchar a un auditor profesional e Interventor del Estado explicarnos cómo se tendría que fiscalizar la gestión del gasto del Principado, dedicado a la producción de programas, el morbo se acrecienta cuando ni sabemos cuánto, cómo ni por qué se gasta aquí el dinero, salvo cuando, con dos años de retraso, la Sindicatura de Cuentas tiene a bien contarnos algo.

Pues bien, en ésas estábamos en una charla de Power Point y proyección de pantalla de ordenador, visitando perfiles del contratante y enterándonos de qué va el Time Stamp con el que la Ley prevé la verificación de las páginas web en las que se cuelga la documentación de contratación, cuando de repente toma la palabra e interrumpió la reunión, nada menos que la Secretaria General del Ente Público de Radio y Televisión del Principado de Asturias, Ana Lada, para ya no soltarla más, hasta que la cosa terminó con la terrible sensación de que allí se había producido una especie de golpe de estado, y que la señora Lada había llegado con una columna blindada, como la que dirigía el comandante Ricardo Pardo Zancada, cuando tomó Radio Televisión Española, el 23 de febrero de 1981.

Esta mujer, sin duda muy eficaz, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, tiene un dilatado historial político como jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de Política Juvenil de la Consejería de Cultura, jefe de la Sección Consultiva de Contratación y Registro del Contratos de la Consejería de Economía, jefe del Servicio de Contratación y Presupuestos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y jefe de Servicio de Contratación y Régimen Jurídico de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura, hasta que le dieron su actual encomienda en la TPA. Doña Ana tiene en realidad más medallas autonómicas que el General Armada, y a fe mía que no le falta capacidad para ser el Elefante Blanco en persona, y acudir al Congreso de los Diputados, si hace falta, a tomar el control, en nombre de la autoridad, militar por supuesto.

Nunca había visto nada igual: un político que irrumpe en una reunión de la sociedad civil, interrumpe al conferenciante y le impide seguir dando su charla, a continuación toma el control de la reunión, se erige en moderador, decide desde su asiento quién puede, y quién no, tomar la palabra, y todo ello acompañada de algún personaje de expresión confusa y extraviada, que se decicaba a mirar fijamente a quien osase manifestar su desacuerdo con el asalto, en una actitud muy similar a los que en otros tiempos sacaban una libreta y comenzaban a apuntar quién, cómo y cuándo podía estar haciendo discursos que contuviesen expresiones que pudiesen resultar “desafectas” al régimen. Por un momento tuve la sensación de que la secretaria técnica del Ente Público tenía una pistola en la mano, estaba disparando al aire, en su cara había un gran mostacho, y se cubría con un tricornio de charol. Pero no…, era una sensación, motivada, pero no era un hecho real. Me di cuenta de que llevo demasiado tiempo fuera de la circulación y que el país ha cambiado mucho. Y además los fríos, mohosos y desangelados muros de la Universidad Laboral José Antonio Girón de Velasco tienen efectos demoledores sobre el equilibrio de los usuarios de aquel convento tan adecuado para el guión de una novela gótica.

De poner los pelos de punta todo. Como digo, hacía mucho que no salía a un acto de este tipo, y si lo que vi es representativo de lo que hay, les aseguro que la tensión es horrorosa. Menudos secretos deben tener guardados en la caja de las siete llaves de la RTPA para que cuando unos ciudadanos se reunen en un lugar público, a hablar libremente, de asuntos de interés general, te aparezca semejante sargento de caballería, escoltado por un pelotón de castigo, con la intención de “ponernos a todos en nuestro sitio”, que se propone volar una reunión libre, y lo logra, porque con una mala educación incomparable consiguió imponerse y logró su objetivo, estropear el acto, y que allí nadie pudiese hablar de nada a fondo, porque la señora tomó la palabra y ya no la soltó.

Si cumplía órdenes, vaya papelón. Y si iba por su cuenta peor.

¡De dar miedo, oiga! Esto ya no es lo de “usted no tiene ni idea de con quién está hablando”, ¡no! Esto es mucho más gordo, va más allá de lo imaginable, y claro, hablamos de personas que no conocieron el régimen de Francisco Franco, como esta vigorosa mujer, pero que perfectamente, si el general hubiese optado, como Zapatero, por la paridad como ejercicio de agitación y propaganda, habría sido Procuradora en Cortes.

Se trata de dos lotes:

- El lote 1, con un importe máximo de 194.880 € anuales, para piezas promocionales de los espacios de emisión diaria (promos de cine, series, deportes, especiales informativos, programas de actualidad, de entretenimiento e infantiles), promociones mensuales genéricas individuales de los principales espacios de daytime, y campañas mensuales de lanzamiento de los espacios de estreno.

Estas piezas son las habituales Próximamente, Día de emisión, Mañana, Esta noche y A continuación. Su duración será de 30 segundos y la empresa elegida por Pérez Ornia deberá producir entre 10 y 25 piezas a la semana durante el año de contrato.

- El lote 2, con un importe máximo de 71.920 € anuales, para piezas promocionales con contenidos de campañas especiales y extraordinarias como las promociones genéricas especiales (cine, informativos, deportes, infantiles, radio, web), la promoción de la programación estacional de navidad y verano o las trimestrales, la promoción de eventos como los Premios Príncipe de Asturias o acontecimientos deportivos; y los mensajes de servicio público, spots de consejerías o ministerios a los que se sume RTPA.

Estas piezas son las mismas que en el lote 1 pero su duración será de 40 segundos y la productora designada deberá elaborar 12 piezas anuales.

Los formatos requeridos son variados y van desde el teaser -mensajes de 5 a 30 segundos que avanzan un contenido sin revelar todos los elementos informativos de la campaña-, las promociones genéricas o de capítulos -de 20 segundos y 1 minuto-, los contenedores sobre franjas de programación -de similar duración-, las cortinillas -piezas híbridas entre identificativo de continuidad y pieza de autopromoción para destacar un evento sin detallar fecha ni hora, de 5 a 10 segundos de duración-, hasta los ya habituales pathfinders -sobreimpresiones de animaciones gráficas y/o secuencia de vídeo para incrustar durante la emisión de la programación o la mosca-logo -animaciones gráficas y rótulos para integrar con la mosca-logo de TPA, para la promoción de acontecimientos ‘especiales’-.

La empresa elegida por la Dirección General de RTPA deberá contar con personal adscrito para ejecutar las funciones de realización, producción, edición y postproducción de vídeo y audio en las promos del lote 1. Deberá tener, además, personal para la grabación y dirección de fotografía, guión y diseño de campañas, grafismo 2D y 3D y ambientación musical para las promos del lote 2. Esto si atendemos a lo que dice el pliego de prescripciones técnicas.

Sin embargo, en el pliego de bases jurídicas esto cambia ya que, en el apartado 8.5.5, en su epígrafe b sobre la solvencia técnica de la empresa, exige para el lote 1 a un realizador, dos editores -hasta aquí todo correcto-… y un guionista (?). Y del lote 2 no dice absolutamente nada. ¿En qué quedamos? ¿Qué criterio debe seguir la empresa que presente la oferta, el técnico o el jurídico? Obviamente, esto debe ser motivo de impugnación del proceso de contratación ya que se están infringiendo los principios de correcta publicidad que obliga la Ley de Contratos del Sector Público al incurrir en una contradicción en la documentación que rige la publicidad de la contratación.

Por supuesto, las especificaciones técnicas para la calidad de las promos son las exigencias habituales: DVCPRO 50 o calidad superior para las grabaciones, sistema profesional de edición digital no lineal de vídeo manteniendo su calidad a 50 Mb/s, con una relación de muestreo de croma a 4:2:2, audio muestreado a 48 Khz con un bitrate mínimo de 224 kbps y nivel de referencia -18dBFS.

Claro que luego te enteras que cuando se mandaban ciertos programas de cierta productora madrileña, ahora portuguesa -sí, esa-, al control de emisión de RTPA no llevaba ni siquiera el tono de 1 KHz de las barras muestreado correctamente a 0 dB (- 20 dBFS). O que las imágenes, aunque se entreguen en el formato requerido DVCPRO 50, han sido rodadas en DVCAM, editadas a una compresión hasta 15 veces mayor, con una calidad 15 veces menor -a unos 3,5 Mb/s- y luego “hinchadas”, es decir, grabadas en una cinta DVCPRO. Pero, por pedir…

No puede uno menos que reír cuando lee que “el micrófono que se utilice para la grabación de voz será de tipo cardiode y tendrá una respuesta en frecuencia, como mínimo, de entre 20 y 20000 Hz. Su sensibilidad será de por los menos 15 mV/Pa +- 3dB”. Pero si Plural Entertainment-Prisa, con un contrato bajo el brazo de 2,5 millones de euros, grababa las locuciones en un despacho con el micro conectado directamente a la cámara de vídeo… Y ahí siguen, con contrato tras contrato. Se les acabará, pero no por las deficiencias de calidad, sino porque Prisa deje de tener importancia para salvarle la cara a Álvarez Areces. Ya sabemos, la licencia de la TDT autonómica privada…

Es un dato alarmante que el pliego de condiciones técnicas se firme el 1 de abril y no se publique el anuncio de la convocatoria hasta el 8 de octubre, seis meses después. ¿Estaría alguna empresa trabajando ya en ello durante esos meses?

Desde luego, y por los antecedentes, tiene toda la pinta. Si no, ¿cómo se puede explicar que para una contratación de 800.000 euros, que responde a las ‘necesidades’ de autopromoción de TPA, se den tan sólo 3 semanas a las empresas para preparar sus propuestas, en las que debe incluir una autopromo de cine real que defina el modelo a desarrollar, además de una numerosa y detallada documentación con un plan de trabajo en el que se desarrollarán las tareas precisas para la ejecución del contrato y su planificación?

Son tan zafios y previsibles que, incluso, lo publican el día antes del puente del Pilar para arañar unos días a la posible competencia de la empresa ya decidida mucho antes de la publicación del anuncio. Catorce días laborables, ese es el margen que da TPA para preparar este importante contrato de 800.000 euros. ¿Quién puede creerse semejante mascarada?

El pliego de condiciones técnicas, firmado por el inefable director de Antena y Contenidos de RTPA, Juanjo Guarenabarrena, no defrauda al hablar de sus objetivos “creativos” y, como es habitual en él, nos deja perlas indescriptibles. Para no perder detalle las transcribimos íntegramente:

- Los mensajes de TPA deberán transmitir la identidad de una cadena actual y avanzada, sin renunciar a un contraste equilibrado y sutil con las señas de identidad de Asturias. Se deberá conseguir que el espectador comparta y se vea reflejado en la identidad y los contenidos que ofrece su televisión.

-Se debe transmitir un tono de comunicación que recoja que el resto de España y del mundo nos importa mucho y que una de las vías que necesita Asturias para salir de una crisis que se arrastra desde los años 80 es el mundo tecnológico, las telecomunicaciones, la modernidad.

- Se deberá dar unidad y coherencia a la comunicación de los diferentes espacios de la programación, envolviéndolos en una factura unitaria y reconocible para los espectadores de TPA. Tanto las producciones propias como las ajenas se deberán percibir como contenidos afines a la cadena, que se programan exclusivamente porque interesan en especial a los asturianos.

- Se debe establecer una comunicación emocional, no descriptiva, generando vínculos creativos con el espectador, no a través de meras sinopsis de contenidos. Se deberá trasmitir que somos la televisión de los asturianos, que pueden hablar con nosotros y a través de nosotros.

- Se deberá implicar a los sectores jóvenes de la sociedad, a los que empiezan a colaborar en el desarrollo económico, social y político.

- Se debe cuidar especialmente la imagen, el envoltorio gráfico y el sonido. Se debe conseguir una comunicación cercana, pero elegante y moderna.

Además de lo vacío del lenguaje utilizado, los topicazos y demás pajas mentales de este personaje, no deja de llamar poderosamente la atención un párrafo en concreto donde afirma rotundamente que está región gobernada por sus jefes socialistas -salvo el bochornoso paréntesis de Sergio Marqués entre 1995 y 1999- está en crisis desde los años 80. Dice Guarenabarrena: “Se debe transmitir un tono de comunicación que recoja que el resto de España y del mundo nos importa mucho y que una de las vías que necesita Asturias para salir de una crisis que se arrastra desde los años 80 es el mundo tecnológico, las telecomunicaciones, la modernidad”. Vaya gambada. Estarán contentos Herr Kommandant Álvarez Areces y su lugarteniente Pérez Ornien…

Se trata de asesorar musicalmente a la radio pública por la módica cantidad de 32.500 euros anuales. Y otros 32.500 euros para el servicio de documentación y archivo. En fin, una pasta por archivar y asesorar… musicalmente.

Lo mejor para una de nuestras productoras enchufadas es que el contrato, de un año, será prorrogable automáticamente hasta tres años. Casi 200.000 euros más prácticamente asegurados en estos 3 próximos años para la empresa del señor Cuesta -José Aurelio-, también propietario de Blaster TV. Y adjudicados nuevamente a dedo, no lo olvidemos. Parece ser que las advertencias de la Sindicatura de Cuentas se las pasa Pérez Ornia por el arco del triunfo.

Claro que este simulacro de contratación abierta, conocido como procedimiento negociado con publicidad -llamo a la empresa que quiero para entre otras ofertas ‘fantasma’ decidir que se queda con el contrato haciendo el paripé-, está realizado en julio del año pasado. Las ofertas invitadas se podían presentar hasta el 5 de agosto -ofertas económicas que sólo conocen Pérez Ornia y su equipo adjudicador porque con este procedimiento no tienen la obligación de hacerlas públicas en el acta de adjudicación, al contrario que con el concurso abierto-, se abrieron el 10 de agosto pasado. ¿Dos meses para decidir? O, más bien, para simular la decisión porque en estos procesos de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos elegidos por el contratante y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, la adjudicación recaerá en el licitador elegido a dedo, con un informe que arbitrariamente justifica la adjudicación, si es que hay que justificarla porque exista más de una oferta.

El procedimiento negociado con publicidad, según fuentes administrativas consultadas, “es algo nuevo en nuestros hábitos contractuales porque, visto lo visto, está siendo un procedimiento de adjudicación bastante recurrente y porque nos está planteando a todos (administración y licitadores) muchas dudas. Es recurrente porque las probabilidades de utilización del procedimiento negociado se han incrementado bastante con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) debido a que:

• Se han incrementado los umbrales para acudir al procedimiento negociado.
• Se ha excluido el IVA en el cálculo de dichos umbrales.

Se plantean problemas que se pueden concretar en dos grandes apartados:

• La publicidad de la licitación, que nos plantea los problemas de cómo hacerla (en el Boletín o en Internet); en el caso de que optemos por Internet, si hacerla en nuestro perfil del contratante o en la Plataforma de Contratación del Estado; qué información hay que facilitar en el anuncio de licitación.
• La tramitación del procedimiento negociado con publicidad. Hay una nueva y pormenorizada regulación del procedimiento negociado, cuando hay que dar publicidad. No obstante, son los licitadores los que más boletos para perderse en la tramitación de este procedimiento”.

Ayer el diario La Repubblica lanzaba la teoría de que la propietario de Telecinco en España, Mediaset, está buscando un acuerdo con Telefónica para pujar por la adquisición de la plataforma digital de Prisa y por un acuerdo de integración con Cuatro. Actualmente, la telebasura triunfa en el panorama audiovisual español. Según los resultados de septiembre, Telecinco es líder de audiencia con 16,1%. Le siguen La 1 con 15,7%, Antena 3 con 13,8%, Cuatro con 7,4%, laSexta con 7,3% y La 2 con 3,5%. Si se fusionasen Telecinco y Cuatro su hipotética concentración de audiencia pasaría a 23,5%, a sólo 3,5 puntos del límite del 27% que impone la reciente reforma de la Ley de Televisiones Privadas mediante el decretazo de febrero pasado.

Hoy expansion.com titula: “Mediaset tantea un acuerdo con Telefónica por Digital +”. Entre otras cosas, afirma que “según fuentes conocedoras de los contactos, las dos empresas no tienen abierto proceso alguno de negociación en este momento. No obstante, Mediaset estaría buscando un acuerdo con Telefónica para acometer conjuntamente la inversión. La operadora ha conformado un consorcio con Vivendi para tomar una participación de hasta el 40% en Digital +, pero las negociaciones se encuentran ahora congeladas”.

La operación tiene un carácter político que traspasa las fronteras españolas. Según expansión.com, “esta operación reforzaría al grupo de Berlusconi en su segundo mercado europeo detrás de Italia, y sería también un importante puente para la expansión en Latinoamérica. No es casual, por tanto, según el diario italiano [La Repubblica], que el viceministro para las comunicaciones de Italia, Paolo Romani, declarara la pasada semana que la presencia de Telefónica en la operadora italiana, a través de Telco, supone ‘un problema relevante que la empresa tiene que resolver’.

La presión del Gobierno sobre los intereses de Telefónica en Italia, más que a un cambio en el accionariado de Telecom Italia, que de momento no parece viable, apuntaría a empujar a la operadora española a respaldar a Mediaset en la compra de parte de los negocios audiovisuales del grupo Prisa.

Estas presiones se producen unas semanas antes del 28 de octubre, el plazo previsto para que los socios de Telco decidan si renovar o disolver el pacto de accionistas con el que controlan un 24,5% de Telecom Italia. Además de Telefónica (42,3%), el resto de los socios de Telco son Mediobanca, Generali, Intesa Sanpaolo y Sintonía de la familia Benetton.

Según público también La Repubblica el pasado sábado, el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, habría pedido explicaciones a Berlusconi sobre las declaraciones de Romani, que suponen una fuerte injerencia el accionariado de una compañía privada. Especialmente, después de que la italiana Enel haya tomado el control de Endesa, una empresa estratégica española”.

Mientras, Mediaset desmiente su posible interés por comprar Cuatro en un comunicado oficial conocido hoy a las seis de la tarde, tras las informaciones publicadas ayer por La Repubblica. Veremos en que queda la cosa…

La media diaria de las televisores autonómicas se situó en 15.7% de share (3.9 puntos más que la semana pasada). Gracias a la emisión del partido de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Olympique de Marsella asciendieron a la tercera posición del día por detrás de Telecinco (17%) y de las temáticas (16.5%). ¿Y que hizo TPA? Un discreto 11%, casi 5 puntos por debajo de la media, aunque muy por encima de su media habitual en torno al 7%.

Parece que, como en el fútbol, también hay dos divisiones de televisores autonómicas a la hora de valorar sus resultados. Ya nos han tachado más de una vez casi de herejes por comparar a una televisión como por ejemplo, Telemadrid, con TPA porque la primera lleva 20 años emitiendo y la segunda 3 años. Así que, televisores autonómicas de primera y de segunda…

Para no dar pie a estos ‘puristas’ vamos a comparar TPA solamente con las televisores autonómicas que empezaron a emitir a la vez y que tienen una audiencia potencial similar -en torno al millón de espectadores-, es decir, Aragón, Murcia y Baleares:

Zona Champions Real Madrid-Olympique Marsella, datos de TNS Sofres según vertele.com:

• 7RM Murcia: 28.7% share y 141.000 espectadores
• ATV Aragón: 21.5% share y 113.000 espectadores
• IB3 Baleares: 21.7% share y 76.000 espectadores
• TPA Asturias: 20.7% share y 81.000 espectadores

Entre 7RM y TPA hay una diferencia de 8 puntos de share. En cuanto a espectadores y siendo absolutamente precisos con los cálculos de audiencia media, 7RM aventajó a TPA en 2,5 puntos, como veremos más adelante. Pero es que si comparamos el share con otras comunidades (excepto Madrid por razones obvias, que hizo un 37,6%):

• TV Canaria: 39,9%
• Canal Sur Andalucía: 32,4%
• TV3 Cataluña: 27,4%
• TVG Galicia: 26,7%
• CMT Castilla La Mancha: 24,0%
• Canal 9 C. Valenciana: 20,3%

Ha hecho el peor resultado, no sólo de las emisoras ‘recientes’, sino de todas, a excepción de la Comunidad Valenciana a la que sólo ha superado en cuatro décimas en share, pero en audiencia media Canal 9 ha obtenido 8 décimas más que TPA, como veremos a continuación.

El número absoluto de espectadores no es comparable ya que la audiencia potencial es muy diversa entre las distintas televisores autonómicas, pero si atendemos al porcentaje de audiencia media (número de espectadores respecto a la audiencia potencial) el resultado es el siguiente:

Obviamente, Telemadrid ha sido la primera con 15.1% (906.000 espectadores). Le siguen:

• Canal Sur Andalucía: 12.0% (933.000 espectadores)
• TVC Canarias: 11.9% (237.000 espectadores)
• TV3 Cataluña: 11.3% (789.000 espectadores)
• 7RM Murcia: 10.3% (141.000 espectadores)
• CMT Castilla-La Mancha: 9.4% (182.000 espectadores)
• ATV Aragón: 8.9% (113.000 espectadores)
• Canal 9 C. Valenciana: 8.6% (411.000 espectadores)
• TVG Galicia: 8.4% (225.000 espectadores)
• TPA Asturias: 7.8% (81.000 espectadores)
• IB3 Baleares: 7.5% (76.000 espectadores)

TPA vuelve a ser la cadena con peores resultados a excepción de Baleares que, no obstante, obtuvo mejor share que TPA, es decir, el encuentro fue más seguido en IB3 Baleares que en TPA.

Los números cantan y aunque Pérez Ornia nos regalará otra nota de prensa en la que nos dirá el gran éxito que supuso la retransmisión del encuentro entre Real Madrid y Olympique de Marsella, la realidad no deja de ser la que aquí contamos, basada rigurosamente en datos facilitados por la empresa encargada de medir las audiencias en España, TNS Sofres. Sin embargo, Pérez Ornia nos contará que fue la cadena más vista en Asturias, que aventajó a TVE, Antena 3 y Telecinco en tanto, y blablabla. Pero es que eso ocurrió en todas las comunidades… y en bastante mayor medida, como hemos visto.

Sí, puede parecer que 81.000 espectadores son muchos, no lo vamos a negar, comparados con la pobre audiencia media diaria de TPA, que ronda los 15.000 espectadores. También que es elevado el share de 20.7% comparado con el 7% de media diaria habitual, a veces arriba, a veces abajo, datos que colocan -día sí y día también- a TPA en los puestos de cabeza de las autonómicas menos vistas (audiencia media o espectadores) y menos seguidas (share).

Un mínimo análisis comparativo nos revela que los resultados son un fracaso aunque Pérez Ornia lo califique de éxito y lo utilice para maquillar también los resultados de audiencia, como ya hizo con los resultados económicos del ente de comunicación y ha sido denunciado por la Sindicatura de Cuentas en el informe sobre la fiscalización de RTPA. Y es que nos cansamos de decir que este hombre es un mago de los números… y de los golpes de efecto.

En febrero pasado, el Grupo Prisa se hizo con el 73,3% de la portuguesa Media Capital mediante una OPA -de la que ya poseía el 33%- y, como consecuencia de una reestructuración de la división audiovisual del grupo español, Plural Entertainment pasó a depender de la filial lusa del grupo madrileño. Es decir, su dirección fiscal pasó a localizarse en tierras portuguesas, concretamente en Vialonga -a las afueras de Lisboa-, aunque el capital social mayoritario aún era español. Desde ayer Prisa sigue siendo socio mayoritario (38,3%) pero la mayoría del capital social hace portuguesa a Plural Entertainment. El 35% pertenece al grupo luso Ongoing Strategy Investments y el 26,7% a los primeros propietarios de Media Capital al 50%, los portugueses Miguel Paes do Amaral y Nicolás Berggruen. En total, el 61,7% del capital social de Media Capital -y, por tanto, de Plural Entertainment- es portugués.

Apenas ocho meses después de aquella OPA podemos leer que “Prisa vende en Media Capital y Santillana urgida por la banca“. Nada que pueda asombrarnos ya que es bien sabida la deuda apremiante del grupo de unos 5.000 millones de euros con el compromiso de devoluciones periódicas. De hecho en febrero podíamos leer en el propio El País que “la nueva legislación lusa establece que el precio que Prisa tendrá que ofrecer en la segunda OPA, obligatoria, será la cotización media en bolsa de los seis meses anteriores a la publicación de la oferta. Ese valor medio de las acciones de Media Capital rondaba los 8,1 euros por acción, 70 céntimos más que lo ofrecido por Prisa en la OPA hoy concluida [por la realizada en febrero]. Pero Prisa considera que la cotización de Media Capital está sobrevalorada y sufre efectos especulativos y anunció su intención de que, en caso necesario, un auditor independiente establezca ese precio medio”.

Lo adelantábamos en junio pasado en el artículo dedicado a las productoras enchufadas en TPA al hablar de Plural Entertainment. La ilustración con la que acompañábamos el artículo no dejaba lugar a dudas sobre nuestra apuesta por la futura venta de Plural Entertainment. A pesar de la OPA realizada en febrero para hacerse con el control de Media Capital, el análisis de la situación entonces con la reestructuración de la división audiovisual tras la marcha de Javier Díaz de Polanco de la dirección en mayo por discrepancias con Cebrián, la gran deuda pendiente y algún otro indicador nos hacían pensar en ello. Y no nos hemos equivocado.

Como veremos, probablemente en los próximos meses, finalmente la venta de la plataforma Digital + a Telefónica y Vivendi, a pesar de llevar todo el año Cebrián intentando aplazar lo inaplazable. Según expansion.com, “las conversaciones están ‘en punto muerto’, según confirmaron ayer fuentes de ambas partes, por diferencias “ahora irreconciliables” en la valoración de los activos. Ni los oferentes ni el vendedor se han movido de sus propuestas iniciales, de 1.900 y 2.500 millones, respectivamente. No obstante, Telefónica, que mantendrá vivo su consorcio con Vivendi, tiene claro que es el socio tecnológico que Prisa necesita para reactivar Digital +, por lo que no descarta asociarse para este fin con otras empresas, como Mediaset”. El fracaso de la fusión de Cuatro con laSexta por el asunto del fútbol ha sido la puntilla y la venta del 25% de Santillana a DLJ South American Partners, ante la negativa de sus socios industriales, como Pearson, a comprar una participación minoritaria se hará, tarde o temprano, insuficiente para hacer frente a la enorme deuda que acumula el grupo.

En fin, que nos encontramos que ahora, en septiembre de 2009, “la compañía cerró ayer [martes 28] la venta de un 30% del capital, con opción a un 5% adicional, en Media Capital, su filial portuguesa, propietaria de TVI, la primera cadena privada lusa. La venta de este paquete, pactado con el grupo multimedia luso Ongoing, propiedad de la familia Rocha Dos Santos, reportará a Prisa 155 millones de euros, al valorarse el grupo en 450 millones. Esta cifra es casi la mitad en la que Prisa valoró el 100% de la empresa portuguesa en 2007, cuando pactó su entrada. Desde entonces, además, Prisa ha incluido en esta sociedad sus intereses en producción audiovisual, hasta el pasado año agrupados bajo la filial Plural”.

En la página web del grupo luso se puede leer: “Plural Entertainment nace en 2009 fruto de la unión con NBP (con actividad en Portugal) y de Plural, con sede en España y con oficinas en Estados Unidos y Argentina”. Esto era cuando Prisa se hizo con Media Capital. Ahora el grupo portugués Ongoing se ha hecho con el 35% de Media Capital, y por extensión, de Plural Entertainment.

Según el Wall Street Journal, “en documentos presentados por separado al regulador del mercado de valores de Portugal, Media Capital informó que Prisa continuará controlando la compañía y nombrará al presidente de la junta directiva y al presidente ejecutivo de Media Capital”. Aunque Invertia informa que “seguirá bajo el control de Prisa y continuará con representación mayoritaria en su Consejo de Administración” pero “según el comunicado, el portugués Nuno Vasconcellos, que dirige Ongoing, será propuesto como presidente de Media Capital”.

La situación, aparentemente, sigue igual pero ahora Plural Entertainment tiene mayoría de capital luso -antes la mayoría de capital era española-. Ahí es donde ahora irá el 61,7% de nuestros impuestos asturianos adjudicados a dedo a Plural. Gracias a Pérez Ornia… Obrigado, José Ramón.

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Eso, que se sepa y, de momento, se pueda demostrar… Debemos, antes de nada, recordar que entonces el director general de RTPA -y por tanto, administrador único del ente público- estaba en su cargo gracias a una designación a dedo del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, permaneciendo en tal puesto en esas circunstancias desde su nombramiento en enero de 2005 hasta junio de 2007.

Fue cuando el PP -tras la debacle electoral de mayo de 2007- aceptó formar parte del Consejo de Administración de RTPA, además de votar en la Junta General a favor de Pérez Ornia en la renovación como director general de RTPA, tras haberse opuesto radicalmente dos años y medio antes definiéndole como “hombre del aparato del PSOE” algo que, ideologías políticas aparte, está claramente acreditado y demostrado.

Es como si alguien dudase que Manuel Soriano, director general de TeleMadrid desde diciembre de 2003 hasta su forzada dimisión en octubre de 2007, no lo fuese del PP… Fue jefe de prensa de Esperanza Aguirre cuando fue ministra de Educación desde el 96 al 99, luego su jefe de prensa en el Senado cuando fue presidenta desde el 99 a 2002, y acabó siendo su jefe de prensa, digo, el director general de TeleMadrid cuando Aguirre alcanzó la presidencia de la comunidad madrileña en 2003. PSOE o PP, da igual… Por cierto, desde su dimisión, Soriano es el presidente del Consejo de Administración de TeleMadrid. Y eso que dijo que dimitía por “motivos personales”. Acabáramos…

Vamos, lo mismo que hizo Pérez Ornia en TeleMadrid desde 1991 a 1994 para su presidente de gobierno Joaquín Leguina, acabando con una dimisión forzada, como Soriano. Historias paralelas… Pérez Ornia fue uno de los encargados de poner en marcha el ente público madrileño en 1989, siendo nombrado consejero, tras ser ‘condecorado’ por los servicios prestados en Moncloa a Felipe González, fundamentalmente después de dejar listo el asunto de las concesiones de licencias de las televisiones privadas el grupo de trabajo del que formaba parte -y otros trabajos varios de fontanería- durante los años finales de los 80.

Hasta entonces y desde 1976, había sido redactor y crítico de televisión de El País. Sustituyó en 1991 a Pedro Erquicia en la dirección de TeleMadrid hasta su dimisión en 1994 por un escándalo presupuestario debido a las enormes pérdidas acumuladas durante su dirección achacadas por sus propios ‘compañeros de partido’ en la dirección general del ente al modelo de programación de Pérez Ornia.

¿Y después? Casi nada… Jefe de prensa -ellos lo lamaban muy finamente director de comunicación- de Alfredo Rubalcaba en el ministerio de Presidencia (1994-96) cuando la corrupción hizo que el PSOE perdiera las elecciones del 96. Luego director asociado de “la” empresa de comunicación de cabecera del PSOE -entonces las relaciones con Prisa eran otras-, Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual GECA, de la que fue nombrado presidente en 2001, hasta que Álvarez Areces le llamó en 2004.

Debido a esa falta de consideración de cualquier partido en la oposición con la ciudadanía al decidir no ejercer su obligada función de control de las actividades de un ente público, los entonces nueve consejeros de RTPA -pertenecientes a la coalición gobernante- camparon a sus anchas, igual que el director general que no tuvo ningún tipo de control administrativo ni de gestión. Si bien es cierto que actualmente, y a pesar de estar la oposición -supuestamente- en el Consejo de Administración, sigue sin haber ningún tipo de control en la gestión y administración de RTPA.

Pero volvamos al asunto… RTPA contrató a dedo a Zebra Producciones, empresa con sede fiscal en Madrid, 10.382.000 euros para la producción de varios programas durante un año, entre junio de 2006 y junio de 2007. Millones de los impuestos asturianos cuyos beneficios se van fuera de Asturias, y de los que los impuestos -derivados del contrato- van directamente a las arcas de la comunidad madrileña. Eso sí que es ayudar a la supuesta ‘industria audiovisual’ asturiana. Para los que todavía los millones de euros no les coloquen adecuadamente y no se hagan una idea de lo grave del asunto, serían unos 2.021 millones de pesetas actuales, al cambio del valor de la renta 2006 (1 euro = 194,672 pesetas).

Desde junio a diciembre de 2006, Zebra Producciones produjo -según el contrato firmado el 6 de febrero de 2006 entre ambas partes- tres programas por encargo de Pérez Ornia sin que mediara concurso alguno para la adjudicación de dichas producciones.

Esta apuesta personal de Pérez Ornia -como administrador único de RTPA- consistió, según el anexo I del contrato mencionado, en:

• Un magacín de emisión mensual, con una duración aproximada de 210 minutos, sobre concejos de Asturias [Palmo a palmo].
• Un magacín diario para la franja horaria de tarde [Con 2 de azúcar, de 90 minutos].
• Un magacín de contenidos informativos y de entretenimiento diario, emitido entre las franjas horarios de tarde y noche [Conexión Asturias, de 90 minutos].

En el contrato llama poderosamente la atención que, pese a iniciarse las emisiones regulares de TPA el 9 de junio de 2006, contemple la emisión de dichos programas desde el 3 de abril. En el anexo II, referido al “Plan de Producción”, las emisiones que se contemplan son 99, desde el 3 de abril al 31 de agosto de 2006, exceptuando fines de semana y el festivo del primero de mayo. Son cinco meses… Sin embargo, en ese mismo anexo se especifica que “el presente contrato se mantendrá vigente desde el día de su firma [6 de febrero de 2006] y finalizará el 31 de diciembre de 2006″. ¿Qué pasa con el plan de producción desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre? ¿Por qué si se modificó la fecha de inicio de las emisiones regulares de TPA -y, por tanto, la fecha de inicio de las emisiones de los programas del contrato-, no se añadió otro anexo, o se modificó el anexo en cuestión?

Queda claro en el contrato, según el anexo III, que “TPA aporta los platós dotados de material técnico y de iluminación, oficinas y decorados para la producción de estos programas”. Es decir, Zebra Producciones no pagó un euro en concepto de utilización de un bien público para la producción de estos programas. Pero es que también queda claro que la oficina del Parque Tecnológico de Gijón en la que trabaja Zebrastur es gratis total a cuenta del dinero del contribuyente asturiano. En la cláusula tercera del contrato dice que “con independencia de lo establecido en esta Estipulación [precio del contrato], TPA aportará a la producción, sin retribución alguna, los elementos incluidos en el anexo III “. Y ahí se incluyen platós y oficinas, además de decorados, iluminación y material técnico. ¡Vaya chollo!

Resulta que los “servicios técnicos precisos para la operación del plató de RTPA” están adjudicados a Asturmedia (La Nueva España y Mediapro) que, sólo por los fines de semana de septiembre a diciembre de 2006, pasó facturas por 30.579 euros. Este contrato también fue adjudicado a dedo por Pérez Ornia el 1 de septiembre de 2006.

El contrato de encargo de producción del programa “No sólo fútbol” -estamos hablando de 1.342.185 euros-, también adjudicado a dedo a Asturmedia se firmó el 17 de abril de 2004. Esto está acreditado en la relación de contratos entregados por RTPA a la Sindicatura de Cuentas que figura en la página 67 del informe definitivo de fiscalización del ente público de comunicación. Y se vuelve a repetir en la relación de la página 70. ¿Podría tratarse, a pesar de la importancia de la información requerida por la Sindicatura de Cuentas a RTPA, de un gravísimo error en la documentación aportada?

El ente público se constituyó el 24 de marzo de 2003 pero Pérez Ornia no fue nombrado Director General por el Gobierno de Álvarez Areces hasta el 19 de enero de 2005. ¿Quién firmaría el contrato de marras si no había ni siquiera director general en abril de 2004 y, por tanto, RTPA carecía de administrador único? Hasta noviembre de 2004 no se constituyó en Consejo de Administración; y el Consejo de Comunicación tuvo su reunión constitutiva en diciembre de 2004. ¿Qué órgano competente existía en RTPA en abril de 2004 para firmar un contrato de producción? ¿Qué sentido tendría firmar el contrato de producción de un programa más de dos años antes del inicio de las emisiones y, lo que resulta más asombroso, antes de que el futuro director general y su equipo -entonces sin designar- decidieran cuál va a ser la programación de la televisión? ¿Coincidiría la fecha con el momento en que La Nueva España dejó de acosar, criticar y ridiculizar la propuesta de lo que entonces llamaban ‘TeleTini’? ¿Nadie va a investigar semejante irregularidad?

Pero la desfachatez de Zebra Producciones y Pérez Ornia no termina en el asunto del plató. Barra libre que pagamos esto con los impuestos de los contribuyentes asturianos. Además, por esos seis meses, Zebra Producciones pasó un presupuesto de 345.400 euros en concepto de dietas, de los que 292.600 corresponden a hoteles y comidas. Teniendo en cuenta que el único programa que se realizó fuera de Gijón, sede de RTPA, fueron los 6 programas de ‘Palmo a palmo’, resulta absolutamente increíble que se haya gastado semejante cantidad en hoteles y comidas.

Zebra Producciones recibió un anticipo de 1.548.600 euros a la firma del contrato el 6 de febrero de 2006, aunque los programas no comenzaron a emitirse hasta junio del mismo año, cuatro meses después. Desde el 1 de mayo -hasta el 1 de diciembre- recibió una cantidad mensual de 451.675 euros, a pesar de no emitirse los primeros programas hasta dos meses después, en junio de 2006.

Para este contrato estamos hablando de 139 días laborables (de lunes a viernes sin festivos) durante casi 7 meses -desde el 9 de junio al 31 de diciembre de 2006-, es decir, 139 programas de ‘Con 2 de azúcar’ y otros tantos de ‘Conexión Asturias’ -suponiendo que no se reduzca a los 99 del plan de producción del contrato-, lo que suma un total de 417 horas de producción. Si añadimos las 6 emisiones del programa mensual, con una duración de 210 minutos, tendremos que sumar otras 21 horas, lo que da un total de 438 horas de producción para esos casi 7 meses que van de junio a diciembre de 2006.

Atendiendo rigurosamente a los datos que figuran en el documento, cada hora de producción de este contrato adjudicado a dedo por Pérez Ornia habría costado a los asturianos la módica cantidad de 11.785 euros, unos 2,3 millones de pesetas -según la renta de 2006-. Es especialmente reveladora la cláusula XXIII, referida a la confidencialidad del contrato en la que se estipula que “la productora y TPA se comprometen a no revelar, durante la vigencia de este contrato y en todo momento posterior al mismo, información alguna relativa a los términos económicos y demás condiciones estipuladas en el presente contrato -salvo obligación en contra-”. Llama la atención que no se diga simplemente “información alguna relativa a este contrato” sino que se especifíque y subraye “términos económicos”. ¿Algo que esconder?

Esto, según el contrato firmado el 6 de febrero de 2006 entre el administrador único de RTPA, el mencionado José Ramón Pérez Ornia, y el administrador solidario de Zebra Producciones, empresa con domicilio fiscal en Madrid, José Manuel Fernández-Velasco Iglesias.

Aunque el contrato en su cláusula primera -sobre el objeto del mismo- dice que “TPA emitirá una serie de programas que podrán ser aumentados o reducidos”, también estipula en la misma cláusula que “en caso de que estas modificaciones impliquen cambios que originen consecuencias económicas o de organización de la producción deberán contar con el acuerdo de la Productora que podrá solicitar, si fuera necesario, revisión económica o de los planes de producción”.

Las dudas quedan despejadas totalmente para confirmar que no ha habido modificación alguna ya que en la cláusula tercera -referida al precio- dice que “los eventuales cambios se recogerán en un anexo que, firmado por ambas partes, se adjuntará al presente contrato”. Y tal anexo no existe. Por lo tanto, no ha habido modificaciones en cuanto a los programas contratados en el contrato firmado en febrero de 2006.

Por cierto, el anexo IV del contrato, al que se refieren varias estipulaciones del contrato, se refiere a los “Principios y criterios de programación”. ¿Y qué dice este anexo? Nada, está vacío.

Claro que durante 2006 RTPA sí emitió más programas de Zebra Producciones como ‘El gusto es mío’, ‘Usted mañana madruga’, ‘Terapia de grupo’, ‘Transeuntes’, ‘Y sin embargo’, ‘Viájame’, ‘Tan lejos y tan cerca’, ‘Cañas y aparejos’, ‘X la labor’ o ‘Con3sentidos’ -de los que sí tenemos constancia de su emisión en 2006, aunque no de su fecha de inicio- que, en vista a lo estipulado en el contrato mencionado y de sus anexos, no se contemplan en el mismo. De ello se deduce que debería existir otro u otros contratos para el encargo de la producción de estos últimos programas durante 2006. Y también se deduce que la cantidad adjudicada a dedo debería ser, por tanto, superior a la que refleja este contrato.

Si no, ¿por qué no figuran esas modificaciones en ningún anexo tal como estipula en contrato? ¿Es que sí se modificó el objeto del contrato pero, tal como obliga el propio contrato, no se reflejó en el mismo? ¿Resulta que, después de todo, ese contrato no es legal porque se produjeron y pagaron programas que no figuran en el propio contrato con la partida económica reseñada, como es requerido legalmente por sus cláusulas? ¿Fue un acuerdo de chigre entre Pérez Ornia y Velasco de ‘quita esto y pon aquello’ y decidieron pasarse por el forro el contrato de marras? Este punto también debería ser investigado por la Sindicatura de Cuentas…

Sin embargo en el acuerdo de prórroga de este contrato para 2007 -acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2006-, ya se contempla la producción de los siguientes programas:

• El gusto es mío
• Palmo a palmo
• Conexión Asturias
• Y sin embargo
• Mañana usted madruga
• Con 2 de azúcar
• Transeuntes
• Conexión Asturias Fin de semana
• X la labor
• Viájame
• Tan lejos tan cerca
• Cañas y aparejos / Al acecho
• Con3sentidos

Los costes por programa -en este segundo contrato- van desde 1.178.095 € de ‘Conexión Asturias’ y 1.149.473 € de ‘Con 2 de azúcar’ -unos 10.000 euros por programa-, los 802.489 € de ‘Terapia de grupo’ -no confundir con el actual ‘La gran noche de Terapia de Grupo’-, o los 673.835 € por las emisiones fin de semana de ‘Conexión Asturias’, -15.000 euros por cada uno de los 45 programas emitidos entre enero y junio de 2007-.

Nada menos que 13 programas adjudicados, por procedimiento de prórroga de un contrato adjudicado previamente a dedo, sin mediar concurrencia ni publicidad tal como exige la Ley de Contratos del Estado. Importe total, 5.162.000 euros. Vigencia del contrato, del 1 de enero al 30 de junio de 2007. Por supuesto, las condiciones de utilización gratuita de plató y oficinas se mantienen al ser una prórroga del contrato firmado en febrero de 2006.

Todo lo que se dice en este artículo está perfectamente documentado y contrastado con los correspondientes contratos firmados entre RTPA y Zebra Producciones los días 6 de febrero y 29 de diciembre de 2006.

Pero es que ese “varios” se refiere a 52 de los 59 contratos aportados por RTPA a requerimiento de la Sindicatura de Cuentas para su análisis.

Lo publica hoy La Nueva España. Y añade que “en cuanto al análisis realizado sobre las fórmulas de contratación de la TPA, la Sindicatura ha detectado «deficiencias en la fase de preparación de varios expedientes de contratación analizados». Las deficiencias consisten, según la Sindicatura, en «la no exigencia a las empresas adjudicatarias de documento alguno que acreditara la solvencia económica y financiera», además de su «capacidad técnica o profesional para ejecutar los contratos formalizados». También se subraya que no se exigiese a las adjudicatarias «estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social»“.

La información, también publicada en elcomerciodigital.com, no deja lugar a dudas sobre la ilegalidad de los procedimientos de contratación utilizados por RTPA y su Director General, José Ramón Perez Ornia, en ciertas producciones externas: “En el documento, el órgano que encabeza Avelino Viejo detecta varios casos de contratación de producción externa por parte del ente público en los que, por diversas vías, se evitó cumplir la ley que regula los contratos de las administraciones públicas“.

Además, el informe de los síndicos sobre el ejercicio 2006, primer año completo de emisión de RTPA, dice que “maquilló sus cuentas para evitar pérdidas”. Igualmente señala en su informe que los resultados de la TPA y la RPA están sobrevalorados debido a la consignación de la aportación del Principado como ingreso y no como “aportaciones de socio para compensación de pérdidas”.

Lo que no cuenta ninguno de los tres diarios regionales que publican la noticia -se han limitado a reproducir y comentar la nota de prensa que facilita la Sindicatura, seguramente sin leer ni siquiera el informe- es que en el Informe de la Sindicatura de Cuentas, al que también ha tenido acceso laOtra TPA, se refleja que:

- Se observan irregularidades en las dietas pagadas a los miembros del Consejo de Comunicación de RTPA, ya que según el Informe de la Sindicatura de Cuentas -en su página 12- “la Ley de creación del Ente establece que el Consejo de Administración fijará las dietas que devenguen los miembros del Consejo de Comunicación por asistencia, dentro de los límites presupuestarios. El gasto devengado por el EPCPA [Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias] el el ejercicio 2006 en concepto de dietas de asistencia al Consejo de Comunicación excedió en 2.462 euros al autorizado por el Consejo de Administración”.

- Durante 2005 RTPA fundió nada menos que 111.276 euros en dietas para los 9 miembros del Consejo de Administración. En 2006 esa cantidad fue similar, 92.395 euros, para igual número de consejeros -el PP había renunciado a formar parte entonces-. En el informe se confirma lo que siempre hemos divulgado aquí: “Mediante reunión de fecha 11 de enero de 2005, el Consejo de Administración del EPCPA adoptó el acuerdo de fijar una dieta de 1.000 euros brutos por reunión”. Es decir, estos 9 listos se embolsaron en dos años en concepto de dietas la bonita cantidad de 22.630 euros por cabeza por unas 20 tardes reunidos contando batallitas porque lo que se dice controlar la gestión de RTPA está claro que no lo hicieron.

- Resulta revelador el aspecto dedicado al personal donde deja claro que “la plantilla del EPCPA y de sus sociedades gestoras (TPA y RPA) aprobada por el Consejo de Administración el 25 de abril de 2006 comprende 104 puestos de trabajo, sin embargo, a 31 de diciembre de 2006 estaban ocupados 144 puestos, consecuencia del personal temporal contratado durante el ejercicio tanto en la TPA como en la RPA”. Lo de los 700 empleos que tanta cacarea José Ramón Pérez Ornia no deja de ser más que otra magia contable de este malabarista de los números.

- Durante 2006 RTPA gastó 1.294.798 euros en los derechos de emisión de la Liga de fútbol 2005-2006 -¿todavía alguien pone en duda lo que le cuesta a RTPA, tres años después, la UEFA Champions League?- y una cantidad similar, 1.060.958 euros, en los derechos de emisión de películas de la Warner. En los derechos de emisión de series y concursos gastó 375.613 euros.

- En total, RTPA gastó casi 3.000.000 euros en la compra de derechos de emisión. Sí, luego nos vendrá Pérez Ornia contando lo que se invierte en la “industria” audiovisual asturiana…

- RTPA adjudicó a Zebra en el ejercició 2006 nada más y nada menos que 10.382.000 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo.

- RTPA adjudicó a Plural Entertainment-Prisa en el ejercició 2006 nada más y nada menos que 2.320.000 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo.

- RTPA adjudicó a Asturmedia (La Nueva España-Mediapro) en el ejercició 2006 nada más y nada menos que 2.206.185 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo.

- RTPA contrató en el ejercicio 2006 nada más y nada menos que 15.537.284 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo.

Como lo leen, casi 16 MILLONES DE EUROS CONTRATADOS A DEDO, EL 88% DE LOS CONTRATOS Y EL 95% DEL IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACIÓN.

Según el Informe de la Sindicatura de Cuentas, “de acuerdo con la relación certificada de contratos remitida por la TPA, durante el ejercicio 2006 se celebraron 59 contratos de importes superiores a los establecidos para los contratos menores definidos en el artículo 56 del TRLCAP con un importe total de adjudicación de 16.201.857 euros.

Del total de los 59 contratos celebrados el concurso abierto fue utilizado para adjudicar 7 contratos por un importe de 815.223 euros que representan 12% de los contratos adjudicados en el ejercicio y el 5% % del importe total de adjudicación. El procedimiento negociado se utilizó para adjudicar 52 contratos por importe de 15.386.635 euros que supone el 88 % de los contratos adjudicados y el 95% del importe total de adjudicación”.

Es decir, 52 de los 59 contratos se adjudicaron a dedo; sólo 7 se sacaron a concurso abierto, siendo el importe de éstos últimos un ridículo 5% del total de la contratación.

Así se expilca lo tibio del artículo publicado hoy por La Nueva España, donde no se hace absolutamente ninguna referencia a este último aspecto, sin duda el más importante y revelador de la gestión en la contratación llevada a cabo por José Ramón Pérez Ornia y calificada de ilegal sin ningún tipo de ambigüedad por la Sindicatura de Cuentas.

Por ejemplo, en dos de los contratos analizados, concretamente los de diseño y desarrollo de la continuidad y cabeceras de TPA”, el informe de la Sindicatura de Cuentas dice que “ambos contratos han sido tramitados como negociados y traen su causa en la licitación pública de un concurso con este mismo objeto, publicado en el BOPA de 24-10-2005 que con un precio de licitación de 133.400 € fue declarado desierto. La TPA, previa modificación del contenido del objeto, procedió a fraccionar el contrato inicial en dos contratos independientes, para lo cual solicitó ofertas a diversas empresas del sector, resultando adjudicataria la misma empresa en ambos contratos en el precio de 53.360 € y 80.040 € respectivamente.

Respecto a estos dos contratos se hace constar que el objeto del contrato inicial declarado desierto, contenía un total de 20 elementos que debían ser diseñados y desarrollados por la empresa adjudicataria, no obstante, de la suma de los dos contratos fraccionados ha sido eliminado uno de los 20 elementos que constituían el objeto del contrato inicial, el nº 18 denominado “Pathfinder”, sin que ello implicara uan reducción del presupuesto de licitación pues el precio acumulado de estos dos contratos coincide con el precio de licitación del contrato inicial que resulto desierto, 133.400 euros”.

Resumiendo: convocan un concurso, lo declaran desierto porque les interesa -o más bien no les interesa que se lo lleve la empresa que no debía- y deciden contratarlo a dedo pidiendo algunas ofertas. Como para ello los contratos no pueden superar los 100.000 euros, lo fraccionan y se lo dan a la empresa enchufada correspondiente -que volvió a ser la elegida cuando se decidió renovar la imagen este año, Vectorsoul, de lo que ya escribimos aquí un artículo el pasado enero en el que denunciábamos que pesaba una diligencia de embargo sobre su accionista única-. Pero, además, deciden que el encargo tenga un elemento menos y mantienen el precio como si nada. Eso sí que es mirar por una buena y eficaz gestión del dinero del contribuyente.

Ya empiezan a aflorar las irregularidades e ilegalidades que venimos denunciando aquí desde hace un año. Y eso que sólo estamos hablando del primer año de emisión.

Según elcomerciodigital.com, “la Sindicatura de Cuentas del Principado ha emprendido, tras el paréntesis de las vacaciones estivales, un apretado programa de trabajo que podría llevarle a presentar en la Junta General hasta fin de año una media docena de informes de fiscalizaciones. Empezará, en las próximas semanas por el de las cuentas del Ente Público de Comunicación (del que depende la RTPA), que tiene prácticamente concluido, y el del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), cuyo texto definitivo debatirá el Consejo de la Sindicatura previsiblemente en su próxima reunión, el próximo mes de octubre”.

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7. El informe de la casa del crimen

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Parece increíble, pero el Ente Público Radiotelevisión Canaria dejó exclusivamente en manos de una consultora externa, Doxa Consulting, el delicado trabajo de discernir a quién se adjudica la producción de informativos para los próximos ocho años, con un gasto para las arcas de la Comunidad Autónoma de 18 millones de euros anuales.

Doxa, una sociedad participada por uno de los hijos de Jordi Pujol, es la misma empresa que realizó las valoraciones de las ofertas de la televisión digital, pero nadie sabe por qué fue elegida para realizar este trabajo (por el que se pagó a Doxa 18.000 euros contra factura), o cuál es su experiencia en procesos de estas características.

En todo el proceso de adjudicación no se dio participación en el análisis de las ofertas al Director de Ingeniería y Sistemas o a cualquier otro miembro del staff técnico de la tele canaria. No se incluyó ningún informe con la visión de los técnicos de la tele, algo que resulta tanto más extraño -por no decir sospechoso- por cuanto fue el departamento técnico, en la época en que el Ente era dirigido por Santiago González, hoy director de Radio Nacional de España, quien elaboró la propuesta técnica para el concurso y supervisó el contenido de los pliegos, además de ser quien deberá gestionar y vigilar su puesta en funcionamiento.

Ni siquiera consta que se realizara algún informe de los técnicos valorando el de Doxa Consulting.

Y esa extrañeza se torna perplejidad al ver que tampoco se incluye en el expediente de adjudicación ningún informe de la Dirección de Informativos, cuando la adjudicación condicionará el resultado de su trabajo de una manera definitiva en los próximos ocho años. El único informe suscrito por alguien vinculado al ente que aparece en el expediente es el realizado por Lourdes Reyes, que se limita a asumir, con copia literal, las tesis de Doxa.

¿Pero qué dice el informe de Doxa? El informe de Doxa, considerado por tres miembros del Consejo de Administración como “la mayor chapuza de encargo que se haya producido nunca en la historia de las adjudicaciones públicas en Canarias”, es un breve trabajo en el que se comparan las ofertas presentadas y se establecen valoraciones sobre las mismas, de acuerdo a un criterio decidido libremente por Doxa.

El sábado 14 de junio, cuando Willy García convocó a la Junta y al Consejo de Administración de la tele para adjudicar por narices, se instaló un enlace de televisión por circuito cerrado con la sede de la consultora instalada en la casa donde transcurren los acontecimientos de la exitosa novela de Ruiz de Zafón, “La sombra del viento”. Desde la literaria casa de los crímenes, dos pasmados representantes de Doxa -un ejecutivo, Jordi Codorniú y el técnico redactor del informe, el cubano Raúl Castro- fueron incapaces de aclarar en directo a los consejeros de la tele los errores de su propio informe, las cantidades mal sumadas, las comparativas con criterios irregulares y las ausencias.

Pidieron entonces una semana de tiempo para poder aclarar al Consejo las lagunas y errores de un informe tan inverosímil que -por carecer- carecía hasta de fecha de redacción. Por cierto, no fueron capaces de aclarar qué día lo concluyeron y entregaron a la tele o si fue antes o después de que Willy anunciara que había ganado Videoreport. Willy no les dio a los hombres de Doxa la semana que pidieron, no les dio ni una hora. Ese mismo día, con el voto en contra de los dos consejeros socialistas y del independiente Miguel Guerra, propuesto en su día por Coalición Canaria, Willy sacó a trancas y barrancas la adjudicación que Rivero le había pedido.

Se encontró con una inesperada sorpresa: la negativa de Joaquín Ucelay, consejero del PP, a aprobar la adjudicación. Se abstuvo.

¿Por qué cuatro consejeros de ocho no apoyaron la adjudicación? La respuesta a esa pregunta es el informe de Doxa, del que lo primero que sorprende son los criterios de valoración y ponderación que otorgan. Sobre un total de 100 puntos, tan sólo 10 son para la oferta económica, otros 10 para la estructura organizativa y otros 10 al plan económico financiero, respectivamente, mientras 70 van a la oferta de prestaciones.

Estos criterios, que nadie sabe de dónde salieron, son sensiblemente distintos de los incluidos en el pliego del concurso declarado desierto y que dio origen al negociado.

En ningún lugar del informe se justifica por qué se establece esa chocante valoración tan poco objetiva, en base a qué criterio se otorgan las puntuaciones y, lo que es más grave, por qué no fueron incluidos en los pliegos ni fueron comunicados en ningún momento a los licitadores los criterios de valoración.

Así, Doxa juega a su antojo con los criterios y, en un aspecto tan importante como el que sustenta la inversión que exige el pliego, se limita a auditar que los licitadores cumplen con los requisitos, no entrando, por tanto a evaluar cantidades o calidades de superficies, diseños exclusivos, mejor adaptación al proyecto televisivo a desarrollar o, simplemente, material técnico que, por sus características específicas supere con claridad los mínimos exigidos en el pliego. Es en la oferta de prestaciones el capítulo más importante del informe que sirve de base a la propuesta de adjudicación, puesto que su valor es de 70 puntos, donde se alcanzan las mayores cotas de descaro en la parcialidad del informe.

El informe dedica siete páginas y media a valorar las dimensiones, estructura y horarios de los equipos de trabajo (un absurdo, porque se trata de un ejercicio inútil, dado que todo eso va a depender, finalmente, de las demandas de los responsables de los servicios informativos que adaptarán a sus necesidades los medios ofertados por la empresa ganadora.

Al plan de inversión en actualización y renovación de software, hardware y equipamiento técnico se le dedica sólo folio y medio para justificar, una vez más, por qué gana la oferta de Videoreport, pese a invertir un millón de euros menos que la de Socater. Y al apartado más importante, el de las instalaciones, Doxa dedica sólo un folio. Un mínimo folio en el que se afirma que las tres empresas se comprometen a cumplir todas las características requeridas en el pliego y, por tanto, se otorga a los tres la máxima puntuación.

Ni un comentario más. Y con respecto a la opción de compra de los locales que reclamaba el pliego, Doxa señala que Videoreport la supedita a la elección de la ubicación definitiva del centro, ya que presentaban dos opciones por Centro de Producción de Programas… ¿Dos opciones? El pliego es preciso: se deberá ofertar un centro de producción en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso se habla de presentar dos o más opciones. El concurso anterior se declaró desierto alegando que la única oferta presentada había incluido condiciones no previstas en los pliegos. ¿No resulta análogo este caso? ¿No es motivo de exclusión ahora el realizar una oferta que no se adecua al pliego?

A estas alturas la duda es si realmente hubo oferta porque hay indicios suficientes para creer que si de verdad existió, fue tan insuficiente que tenía que haber sido descalificada. Lo que probablemente hizo Willy fue valerse de la estratagema de las cartas de requerimiento para convertir en ganadora una oferta que ni siquiera debió ser admitida a trámite.

Al final, como estaba previsto desde hacía meses, y anunciado quince días antes a los licitadores (en una extraña operación que provocó subidas estratosféricas de la cotización en bolsa de una de las empresas del pool adjudicatario), Willy y Rivero consumaron el gran escándalo de la legislatura. Han adjudicado la producción de informativos a una empresa montada tan deprisa y corriendo que ni siquiera incluía en su accionariado a los socios que finalmente la van a conformar, y hasta uno de ellos, el periódico El Día, se descolgó por el camino tras sentirse burlado por el nombramiento de los órganos de gestión de la nueva compañía.

Una empresa constituida siguiendo instrucciones del propio presidente Rivero, que muñó la operación en reuniones con los dirigentes de los medios, y en donde se han incorporado aquellos que Rivero quiere tener a su lado.

Pero el objetivo de toda esta estrafalaria chapuza no era sólo otorgar el contrato a Videoreport. Era más bien castigar a los dos socios mayoritarios de Socater -Prisa y Prensa Canaria-, evitar cualquier posibilidad de que la empresa que ha venido haciendo la televisión canaria desde su fundación, pudiera ganar en buena lid.

Rivero se ha salido con la suya: ha demostrado a sus dos “bestias negras mediáticas” -a las que considera entregadas al socialista López Aguilar- que no le tiembla el pulso, como tanto le gusta decir. Quizá le tiemble cuando él mismo y los suyos tengan que dar cuenta de esta enorme chapuza ante un tribunal de justicia.

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Y para finalizar esta serie de artículos, en cuanto a la “reputación” de Doxa Consulting, encargada de decidir la adjudicación de los informativos, no vamos a extendernos más. Sólo transcribiremos los titulares y enlaces publicados en la prensa canaria en relación a otro concurso -el de la adjudicación de las licencias de TDT- que, apenas unos meses después, decidió los informes de esta consultoría catalana:

• Golpe al Gobierno por las TDT: El TSJC anula el concurso de las principales TDT de la Isla
• Un concurso hecho para los amigos
• Cacicada con ‘C’ de cacería

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6. ¿Dónde están los locales?

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La pista de la inexistencia de inmuebles, que movilizó a los consejeros críticos hasta el extremo de pedir una visita a los mismos, es fruto precisamente de la famosa carta de Willy García a Videoreport, convertida así en la mejor evidencia de la monumental chapuza en que se estaba convirtiendo la adjudicación.

El representante de Videoreport, en su respuesta a la carta de Willy García, confiesa sin rubor que en relación con los locales que exigía el pliego para uso exclusivo de Televisión Pública de Canarias, las opciones que se han preseleccionado en ambos centros provinciales cumplen las condiciones requeridas en el pliego en cuanto a dimensiones, accesos y espacios necesarios para las áreas descritas -eso no era cierto en cuanto al tamaño-, pero lo peor es que termina advirtiendo que, con base en las alternativas propuestas de edificio para cada Centro de Producción de Programas, la opción de compra quedaría supeditada a la elección de la ubicación definitiva, quedando por tanto este aspecto abierto a su negociación posterior.

Es decir, que Videoreport reconoce en su respuesta a las aclaraciones solicitadas por la tele que únicamente ha “preseleccionado” las ofertas de locales a utilizar, hasta el punto de que no puede ofrecer una opción de compra porque, hasta tanto no se decida la ubicación definitiva, no puede otorgarla. En cristiano: Videoreport no dispone de inmuebles para poder realizar el trabajo: se ha presentado a un concurso que exigía locales sin tenerlos, lo que -en buena lógica- implicaría su exclusión. Increíble, pero cierto.

Frente a la inconcreción de Videoreport -que al director general de la tele, Willy García, se la trae completamente al fresco- Socater ofrecía en su oferta sendos edificios proyectados y construidos a medida de este fin y sólo para este fin. En el informe de Doxa que finalmente utilizó el Ente para sostener la adjudicación, Videoreport obtendría exactamente la misma puntuación que Socater en este apartado. De hecho, todas las empresas obtendrán la misma puntuación en lo referido a instalaciones, porque -dice Doxa- todas ellas cumplen con los mínimos requeridos en el pliego.

¿Cumplen con los mínimos? Doxa dice que sí. Pero si es verdad que cumplen? ¿Por qué Willy pide por carta a Videoreport y a El Mundo TV que confirmen si va a contar con la unidad móvil que se pide en el pliego?

Socater sí había presentado la oferta de Unidad Móvil. Sin embargo, las tres empresas logran también la misma máxima puntuación en este apartado del informe Doxa. Uno de los miembros críticos del Consejo, al conocer el baremo fue bastante castizo: “Así le ponían las bolas a Felipe II”, dijo. No consta que la frase quedara recogida en ningún acta.

Willy también pidió a la licitadora en su carta que confirmara su intención de dotar las corresponsalías con los elementos que se piden en el pliego, y de contar con los sistemas de recepción de agencias que se piden en el pliego… y así hasta rehacer completamente la pobre oferta presentada.

Y otro ejemplo chapucero: Willy solicita a la empresa que resultará ganadora que confirme que su oferta tiene previsto poner en marcha un nuevo sistema de contribución basado en fibra óptica. En la carta dirigida a Socater no se le pide nada a este respecto. Muy pocos días después, en el informe de Doxa se imputará a Socater que “en lo referente al sistema de contribución entre islas, Socater no hace mención a una posible evolución al sistema de fibra”. Y luego, al concretar la puntuación, el resultado será el siguiente: Videoreport (que informó a petición del sistema de fibra óptica) 1 punto; Socater (sin petición para informar) 0.50 puntos.

El sábado 14 de junio, a las doce del mediodía, comenzó en una sala de juntas del edificio de Mapfre el Consejo, en ausencia de Chaparro, que delegó su voto en Manuel González. Fue éste quien aportó el documento del PSOE solicitando la suspensión de la reunión del Consejo, alegando diversas irregularidades en el procedimiento y advirtiendo de la posibilidad de incurrir en ilícito penal.

El documento no fue siquiera considerado, como tampoco la petición de visitar los locales ofertados por Videoreport. Ante la presión de los consejeros disidentes en este particular asunto, Willy dijo que los locales de Videoreport “existían”. Fue como pedirle al Consejo una prueba de fe. Pocos días después de la adjudicación, el Director General reconocería públicamente que aún no estaban concretados los locales en donde se iba a instalar en el futuro el nuevo contratista.

A preguntas de los periodistas, Willy no pudo hacer referencia alguna a los locales incluidos en la oferta. ¿Acaso no sabía cuáles eran? En esos mismos días, Videoreport contactaba con Televisión Española en Canarias para plantear la posibilidad de instalarse en los nuevos locales de TVE en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Estaban esos locales incluidos en la oferta que se propuso como ganadora? ¿O más bien estaba Videoreport y el pool de Rivero buscando ahora -tras la adjudicación- una solución de emergencia para no quedarse con el culo al aire el día 1 de julio?

La cuestión es que la adjudicación del contrato de informativos se produjo sin que en la documentación de que dispuso el Consejo se incluyera la acreditación jurídica sobre la disponibilidad de las instalaciones. Ninguno de los cuatro consejeros que no apoyaron la adjudicación en el Consejo -Chaparro estuvo ausente, pero votó en contra por delegación- tuvo ni antes ni después de producirse ésta, conocimiento preciso de las instalaciones de Videoreport. Los otros consejeros es de suponer que tampoco la tuvieron, pero ellos no dijeron absolutamente nada, excepto Larry Álvarez -del PP-, que sí dijo de todo. Pero esa es otra historia.

La que cuenta ahora es que antes de la adjudicación definitiva de un contrato de 150 millones de euros nadie pudo comprobar de qué locales disponía Videoreport para poner a currar a los dos centenares largos de trabajadores que sostienen la emisión. El Director General se negó a entregar a los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria los documentos esenciales para poder opinar con fundamento sobre el desenlace de este concurso.

Los consejeros que votaron a favor de adjudicar a Socater, pero también el consejero del Cabildo grancanario Larry Álvarez, el ex alcalde del Puerto de la Cruz Marcos Brito, el joven Honorio García Bravo, hijo de uno de los fundadores de las Agrupaciones Independientes y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Bermúdez, tuvieron que votar a ciegas, sin que Willy les mostrara en ningún momento la acreditación de disposición de los locales ofertados.

No podía hacerlo, de hecho. Él tampoco la tenía.

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5. Willy escribe tres cartas

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La carta fantasma de Socater fue la primera pista de que el ente preparaba una extraña jugarreta. Pero serían otras tres cartas -las tres que Willy García dirige a los licitadores que concurrieron al concurso para la producción de informativos- la clave para explicar cómo se las ingeniaron los hombres de Rivero en la tele para adjudicar los informativos a Videoreport Canarias.

La adjudicación se hace en base a un procedimiento bastante chapucero, realizado con el único objetivo de dar cumplimiento al deseo del Gobierno de que Socater saliera de la tele. Poco después de cerrado el plazo de presentación de ofertas al procedimiento negociado ordenado por el Gobierno y diseñado por Lourdes Reyes, Willy García dirige sendas cartas a las tres empresas licitadoras: lo hace el día 19 de mayo de 2008 para que se conteste antes del miércoles 21 de mayo a las 13 horas -apenas tres días de plazo-, y en las cartas solicita que las empresas confirmen, o aclaren en su caso, determinados extremos de cada una de las ofertas presentadas al procedimiento negociado.

Lo que ocurre es que el director general se ve obligado a pedir esas aclaraciones tras conocer las primeras impresiones de los redactores del informe de valoración de esas ofertas, encargado a la consultora catalana Doxa Consulting, la misma de la que se sirvió Rivero para repartir las licencias de la tele digital terrestre. Lo que se pretende es subsanar en esas 72 horas las enormes lagunas de la oferta que finalmente resultará ganadora y que resulta ser -pocos días antes del anuncio realizado por Willy García de la adjudicación definitiva- la empresa a la que más se requiere, cualitativa y cuantitativamente, aclaraciones y confirmaciones de una oferta bastante confusa.

Las cartas dirigidas a las otras dos empresas -Socater y El Mundo/Mediapro- parecen haber sido escritas única y exclusivamente para justificar el expediente que permita a Videoreport ponerse al día. Habitualmente, estas cartas cursadas en medio del procedimiento se suelen utilizar, en las adjudicaciones negociadas, para aclarar algún aspecto o detalle de la oferta que resulte impreciso o necesite ser explicado.

Sin embargo, en este caso, lo que el director general pregunta en la epístola dirigida a Videoreport es algo más que algunos detalles o la aclaración de imprecisiones. En la carta de Willy García a Videoreport se pregunta sobre aspectos determinantes y fundamentales de la oferta tales como si ésta incluye platós para informativos, accesos -directos al exterior e independientes para el personal- al control central, la continuidad y al archivo audiovisual y también si se ha reservado espacio para control central, continuidad (sólo en Tenerife), archivo audiovisual, control de calidad, dirección técnica, edición de informativos, zonas destinadas para personal, oficinas, garaje cubierto para unidad móvil y DSNG, espacio para las antenas, sistema de alimentación ininterrumpida para 15 minutos de caída de energía y grupo electrógeno.

En resumidas cuentas, lo que se le plantea a Videoreport es que reformule de nuevo y ‘ad hoc’ su oferta en materia de instalaciones, que nadie conoce.

Significativamente, son las instalaciones y muy poco más lo que se pide en el pliego del negociado, y lo que -teóricamente- debería decidir la adjudicación a una de las tres empresas. Las preguntas son ya obvias: ¿por qué pide Willy a Videoreport confirmación de unas instalaciones que deben estar incluidas en la oferta? ¿Quizá no estaban incluidas? Lo cierto es que en esas fechas y hasta el día antes de la adjudicación, nadie pudo estudiar la oferta de Videoreport, excepto los técnicos de Doxa. La oferta no la conoce nadie en la tele, porque se ha procurado que sea una consultora externa quien la informe. La sospecha de los técnicos del ente, apartados por Lourdes Reyes de todo el proceso, es que Willy ha insistido en el asunto de los locales porque Videoreport no presentaba instalaciones viables en su propuesta.

Según pasan los días, esa sospecha se convierte en un clamor: los miembros disidentes del Consejo de Administración, sobre los que caerá la responsabilidad legal de ésta, alertados por la creciente rumorología y por el contenido de la carta remitida por Willy, exigirán ver la oferta de instalaciones de Videoreport, sin éxito alguno. Los consejeros Miguel Guerra y Domingo González Chaparro intentan acceder a la documentación completa. Tienen conocimiento por un informante de que las ofertas de las empresas que concurren al negociado -incluyendo la oferta de instalaciones- se custodian en el despacho del director general -Willy- en la sede tinerfeña de la tele, en el Edificio Mapfre, y no hay copia en Las Palmas.

Guerra y Chaparro consideran que se trata de una extraña situación en los tiempos de la información digital, pero deciden viajar al día siguiente a Tenerife acompañados de un abogado, a recoger la información. La visita se pide porque se ha filtrado que Videoreport ha aportado cuatro inmuebles para los Centros de Producción de programas, dos en Las Palmas y dos en Tenerife, pero sin acreditar título jurídico que les dé poder de disposición de los mismos. Los locales presentados en Las Palmas son ¡¡¡la antigua sede de La Provincia en El Sebadal!!!, y un local propiedad de una de las empresas vinculadas a Videoreport y que está en obras, lo que hace imposible que a 1 de julio tengan en Las Palmas un centro de producción de programas en marcha.

El viaje de Miguel Guerra y González Chaparro a Tenerife resultará bastante inútil: tampoco en Tenerife entrega el ente la documentación solicitada por los consejeros. Cuando González Chaparro y Manuel González llegan al edificio Mapfre, Miguel Guerra ya está allí, y se ha corrido la voz de que los consejeros del PSOE vienen acompañados de un notario.

En la entrada, confunden al abogado que acompaña a los socialistas con el notario y les dejan pasar a los tres. Lourdes Reyes lleva a los consejeros al despacho de Willy García, donde hay tres cajas con la documentación, muy voluminosa. Solicitan fotocopias de las ofertas para poder examinarlas, pero el propio Willy, plantado frente a los tres consejeros, que son el órgano de fiscalización del Parlamento, les dice muy airado que la documentación no saldrá de ninguna manera de su despacho, y que si quieren verla que la vean allí.

Los consejeros estuvieron durante algo más de dos horas examinando la muy compleja documentación, sin cooperación ninguna por parte de ninguno de los responsables del ente. Se produjeron incluso algunas situaciones tan chuscas como que, a reiteradas preguntas de un consejero sobre dónde estaba la información de los inmuebles, Willy contestaba siempre “por ahí está”, señalando a las cajas de documentación. Miguel Guerra también preguntó a Lourdes Reyes distintas cuestiones, a lo que Willy, ya enfurecido, le gritó a Lourdes que no contestara nada más y a Guerra que él no iba a permitir que a una trabajadora suya se la sometiera a un interrogatorio de la Inquisición.

A las dos y poco de la tarde de ese viernes, los consejeros se separaron, el abogado se fue a redactar varios documentos que se presentarían al día siguiente solicitando la suspensión del Consejo, y solicitando la visita a los inmuebles propuestos por Videoreport para comprobar su existencia y real disponibilidad, y González Chaparro se fue a Madrid. Su ausencia de la reunión en la que se produjo la adjudicación fue un pequeño éxito de Willy, que cambió el Consejo del viernes al sábado sabiendo -porque el propio Chaparro pidió al ente los billetes de avión- que el consejero socialista tenía que estar en Madrid el sábado 14 de junio sin falta.

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4. Los hombres del “sheriff”

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Tras la decisión de declarar desierto el lote de informativos, se abre una situación de desconfianza generalizada en la televisión autonómica y de ‘impasse’ en Socater, a la espera de que el Gobierno canario materialice el nuevo concurso de adjudicación, que finalmente no será tal, sino un procedimiento negociado.

El negociado más grande jamás realizado en toda la historia de Canarias: un contrato de 150 millones de euros, adjudicado sin concurrencia, por una decisión personal del órgano contratante, el director general de la tele canaria, Willy García, cada vez más preocupado por lo incierto de su propio futuro.

Willy es consciente de que su decisión de plegarse a las exigencias del paulinato le ha ganado la animadversión de mucha gente importante e influyente. Que no cuenta con el apoyo de los socialistas lo da por sentado, aunque le cuesta entender el haberse convertido en objetivo de una parte importante de la acción de la oposición y en el centro de la atención de los medios de comunicación. Sus relaciones con el PP son prácticamente nulas, no tiene apenas trato con los hombres y mujeres que el PP ha colocado en la tele y en la radio, que hablan de él con enorme desprecio.

Y en el entorno de su mentor principal, Paulino Rivero, Willy cuenta con la animadversión directa y explícita del teórico responsable político del Ente en el Gobierno, Jaime Pérez-Llombet, un periodista tinerfeño de excedencia precisamente en Socater, más preparado y con mejores relaciones que Willy, y que aspiraba a la dirección de la televisión canaria, que Paulino Rivero le había “medio prometido”.

Pérez-Llombet no ha perdonado nunca a Willy García que ocupara su lugar. Por eso, en las reuniones del staff de Rivero, el famoso ‘clan de los huevos fritos’, Pérez-Llombet es muy crítico con Willy García y censura casi todas sus actuaciones y decisiones. Rivero -sin embargo- no cede nunca ante las críticas: defiende contra viento y marea su decisión de haber nombrado a un locutor sin estudios ni experiencia gestora como director general de la tele.

Pero a Willy le preocupa que la protección de Rivero no dure siempre. Le preocupa que su cabeza pueda rodar una vez que acabe de ejecutar el encargo de Rivero de adjudicar a Videoreport. Además, ya ha asumido que su actuación acabará en los juzgados. No se priva de comentar con frecuencia a amigos y conocidos que lo único que espera es no pasar un mal trago en los tribunales por haber hecho lo que le ha ordenado “el sheriff”. Así es Willy.

Lo de “el sheriff” es el mote privado con el que en el Ente se refieren a Rivero casi todos los altos cargos. El mote se lo adjudicó Rubén Fontes, antiguo delegado de Videoreport en Canarias, que fue impuesto a Willy García por Rivero como director de producción de la tele canaria.

Fontes, un personaje realmente peculiar, es un taxidermista que comenzó a relacionarse con el mundo del show-bussines por una de esas excitantes casualidades que depara la vida: trabajaba como maquillador de cadáveres en una funeraria de Fuerteventura, instalada en la planta baja del edificio donde se encontraba la delegación de Antena 3 en la Isla, cuyos medios técnicos y personales estaban subcontratados entonces a Videoreport.

Cuando Antena 3 redujo su programación canaria, dejando casi a cero sus centros de producción y cerrando sus corresponsalías, Fontes tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Fue entonces cuando le pidió a Juan de Miguel, el director de Videoreport, que dejara en Fuerteventura las cámaras y los medios para hacer “algún trabajito” para el Cabildo majorero. Pegado a su amigo Mario Cabrera, presidente del Cabildo y hombre fuerte de Asamblea Majorera, Fontes consiguió bastantes encargos de las corporaciones locales de la Isla, logrando al mismo tiempo dos objetivos: se convirtió casi de manera natural en delegado de Videoreport en la Isla, y entró a formar parte del núcleo de asesores de Asamblea Majorera.

Cuando Rivero se hizo con la Presidencia, gracias entre otras cosas al decidido apoyo de los majoreros en la defenestración de Adán Martín, Mario Cabrera colocó a Fontes como asesor del presidente Rivero para asuntos Audiovisuales, lo que obligó a Fontes a dejar la empresa que -menos de un año después- resultaría adjudicataria del servicio del que él mismo es ahora -en la tele- director de producción. Una increíble carambola.

Durante este último año, sobre todo durante su primera etapa como asesor presidencial, Fontes frecuentó mucho a la familia Rivero-Mena, hasta hacerse un hueco en el corazón de la presidenta. Mantiene un contacto muy asiduo con la mujer de Rivero, Ángela, a la que prodiga todo tipo de filiales atenciones, y es el único de los nuevos responsables de la tele que se dirige al propio Rivero en público llamándolo ’sheriff’.

Su frase preferida a Rivero es “¡A tus órdenes sheriff! Tú dinos a quién hay que matar que nosotros nos ocupamos”. Al presidente parece divertirle mucho esa broma. Siempre se ríe con ella…

Pasadas las navidades, comienzan a producirse desde Presidencia del Gobierno las primeras filtraciones sobre lo que piensa hacer Paulino Rivero con la tele: según se dice, la intención del presidente es invitar al menos a otras dos productoras de televisión a competir con Socater para la adjudicación. Los rumores apuntan claramente a dos grupos que serán vertebrados en torno al periódico El Mundo y la productora catalana MediaPro, por un lado, y a Antena 3 y el grupo Videoreport por otro. También se empiezan a saber los encuentros y reuniones que Paulino Rivero mantiene con medios de comunicación de Canarias para montar un pool de medios que se presente a la licitación con una de las dos productoras.

Directivos del Diario de Avisos reconocerían públicamente esas reuniones con el Presidente, y el dueño y director de El Día, José Rodríguez, llegará a publicar un editorial de su periódico acusando al presidente de haberle invitado a participar en el concurso de la tele para permitir después que se le engañara. Pero las quejas tardarán en llegar aún. De momento, nadie cree que el Gobierno optará por un concurso público. Nadie espera que el Ente adjudique una cantidad tan grande -150 millones de euros- en un procedimiento negociado.

Hacia el mes de febrero, mientras se difunden noticias cada vez más confusas sobre la situación, la tensión ha ido creciendo en el Consejo de Administración de la Televisión Canaria, donde algunos de los consejeros han dejado constancia en actas de su preocupación por la marcha de los acontecimientos. El más activo en dejar constancia de sus reparos es Miguel Guerra, un independiente nombrado por Coalición Canaria, pero al que en Coalición se considera hoy próximo a Román Rodríguez.

Miguel Guerra ha hecho constar en acta varias reservas de legalidad a las propuestas de Willy García, y lleva ya algunos meses mareando a todo el mundo para que las actas reflejen exactamente sus consideraciones. Otro de los consejeros que ha manifestado sus dudas en alguna ocasión es uno de los nombrados por el PP, Joaquín Ucelay, aunque ninguna de sus cautelas ha sido nunca recogida en las actas.

La puntilla saltará en el Consejo cuando se tenga conocimiento de que el Gobierno ha decidido optar por un procedimiento negociado y que Willy se va a plegar a esa decisión, a pesar de las reticencias de varios miembros del Consejo y de la propia directora financiera de la tele, Lourdes Reyes, empeñada en mantener las formas e ir a una adjudicación por concurso abierto.

La decisión de adjudicar por un negociado, y las crecientes informaciones y rumores que aseguran que la adjudicación a Videoreport ya está decidida, provocarán la presentación de una denuncia de tres de los miembros del Consejo, el independiente Miguel Guerra y los socialistas Manuel González y Domingo González Chaparro, ante la delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que lleva el fiscal Luis del Río.

La denuncia -cuya presentación se sospechaba desde hacía algunos días en el Ente- supone un verdadero bombazo en la tele y provocó una inusitada y dramática escena de llanto en el despacho de Lourdes Reyes.

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3. La pista de la carta fantasma

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En Socater nadie entiende el lío organizado, ni el monumental enfado de la directora financiera del Ente. Pero por supuesto que había motivos. Ese mismo día, el viceconsejero de Presidencia, Javier González Ortiz, reclama la redacción de una nueva carta a Socater para precisar algunas cuestiones.

González Ortiz pide que no se haga ninguna referencia en ella a la reunión del día 16 en Presidencia (constancia de su celebración y listado de asistentes) y a las negociaciones en curso, cuyo detalle se incluía en los puntos tercero y cuarto de la primera nota. No sin cierto asombro ante la petición, el Consejero Delegado de Socater escribe una nueva comunicación, omitiendo diligentemente el relato de las negociaciones. La carta fue entregada al Ente Público Radiotelevisión Canaria dos días después.

Más tarde, pasadas las Navidades, los servicios jurídicos de Socater advirtieron que la carta fue registrada con el mismo número que la primera, lo que implicaría que alguien debió dar la orden de retirar el documento original y sustituirlo por el segundo. ¿Quién la dio y por qué? ¿Quién ejecutó esa orden? Y sobre todo: ¿Qué había en aquella primera carta para que cundieran los nervios entre los rectores del Ente Público?

La nota de Socater era una mera comunicación de intenciones, un acta informal -casi un breefing- de lo tratado en la reunión mantenida en Presidencia y de los acuerdos adoptados. En ese momento, tanto en Socater como en el Ente, todo el mundo -menos Willy García y Lourdes Reyes, cuya colaboración era necesaria para la operación- estaba convencido de buena fe de que el Gobierno quería cumplir el procedimiento y adjudicar el contrato a la única sociedad licitadora.

Todos pensaban que Paulino Rivero se había quedado satisfecho quedándose para sí la parte del león del antiguo contrato, el reparto de las producciones, la lata del gofio con la que premiar a los amigos y sumar voluntades. Partiendo de esa convicción, la carta de Socater al Ente únicamente recogía el mecanismo para hacer viable sostener el servicio hasta la adjudicación, además de citar a las personas que habían participado en la reunión en la que el Gobierno presentó su propuesta para ello.

Quizá los nervios de Lourdes Reyes y Willy García tenían que ver con el hecho de que la primera comunicación dejaba meridianamente claro para el futuro que el Gobierno y el Ente estaban negociando la adjudicación de los informativos con Socater -única empresa concurrente- y el Gobierno no quería que existiera esa constancia: de hecho, no convenía que existiera, porque todo lo hablado con Socater era pura filfa. Una maniobra de distracción que ocultaba la voluntad de adjudicar a otra empresa el contrato.

De hecho, en esa fecha hacía ya dos meses que Rivero había decidido dejar fuera de la tele a Socater, y había iniciado discretas negociaciones con medios considerados más afines para montar un pool de empresas peninsulares con una participación muy minoritaria de periódicos canarios (entre un 18 y un 27 por ciento, mientras en Socater la participación canaria es del 60 por ciento)[recordemos que Videoreport está integrado por Vértice 360, VNews, Informaciones Canarias, Canaria de Avisos, Nivaria Medios y Proima Zebrastur]. Pero el Gobierno sabía que necesitaba la colaboración de Socater para mantener las emisiones hasta que se produjera la adjudicación definitiva. Entonces se decidió entretener a la adjudicataria, y para eso -sólo para eso- González Ortiz convocó a la empresa aquel domingo en Presidencia?

Tras esa reunión, y mientras Socater preparaba su comunicación de prórroga al Gobierno convencida de la buena fe de este, dos días antes de entregarse siquiera la petición de prórroga, Lourdes Reyes convocó urgentemente una reunión de la mesa de contratación y -siguiendo precisas instrucciones de Paulino Rivero, comunicadas por Javier González Ortiz- declaró desierto el lote de informativos del concurso, sin comunicarlo a la adjudicataria.

Cuando Xuancar González entregó su primera carta, la que provocaría los nervios en la tele, el concurso ya había sido secreta pero oficialmente suspendido. Y en Socater y en la tele todo el mundo -menos Willy y Lourdes Reyes- estaban en la inopia.

Pero la primera carta de Socater pidiendo la prórroga del contrato dejaba en el registro de entrada un rastro inconveniente para el objetivo de Rivero: la constancia de una reunión a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, celebrada en domingo en la sede de Presidencia del Gobierno, y presidida por un alto cargo de la propia Presidencia, el hombre de confianza de Rivero.

La carta remitida por Xuancar demostraba que, contrariamente a lo que se ha afirmado desde entonces reiteradamente en público, el Gobierno no sólo estaba al tanto de las negociaciones, sino que dirigía todas las acciones relacionadas con la tele. Para el Gobierno era imprescindible que no quedara constancia de la primera comunicación de Socater, porque -contrariamente a lo que desde el Gobierno se decía- ya tenía decidido convocar inmediatamente un nuevo concurso, y la comunicación demostraba que varias personas que intervendrían más tarde en la adjudicación habían previamente urdido la forma de engañar a uno de los licitadores.

¿Podían Willy García y Lourdes Reyes participar en una negociación con Socater para resolver la adjudicación anterior y luego -tras suspenderla- ser quienes adjudicaran la siguiente? Quienes participaron en el montaje de la reunión en Presidencia eran el mismísimo Director General del Ente, órgano de contratación de los concursos, y la presidenta de la mesa de contratación que debía emitir informe sobre a quién adjudicar.

El 28 de diciembre de 2007 -día de los Santos Inocentes- Socater descubre por fin que ha sido sorprendida por el Gobierno en sus buenas intenciones y engañada. Ocurre como consecuencia de la comunicación a la empresa de una resolución en la que se declara también desierto el concurso correspondiente al lote B, cuyo objeto era la contratación del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la producción de programas de contenido informativo, el famoso lote al que sólo se había presentado Socater.

La mesa de contratación había declarado desierto el concurso en sesión celebrada el 17 de diciembre, justo un día después de la reunión celebrada en Presidencia del Gobierno y dos días antes de que Socater escribiera, enviara y registrara su primera carta dejando constancia de la negociación. La televisión, que comparte oficinas con Socater en las mismas instalaciones, tardó 11 días en comunicar su decisión a la empresa. En ese plazo viajó y volvió del registro una carta muy comprometedora e inconveniente que demuestra la mala fe del Gobierno y sus representantes en la tele.

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2. Una movida mañana de domingo…

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A juzgar por los acontecimientos que se produjeron después, probablemente se decidió elegir ese día para que no quedara constancia de la reunión ni de sus participantes en el registro de visitas de Presidencia…

Fue una mañana de domingo, el 16 de diciembre, en la sede tinerfeña de la Presidencia del Gobierno. Algunos de los asistentes estaban muy sorprendidos de haber sido citados un domingo en el despacho oficial de Javier González Ortiz, frente al Rastro de Santa Cruz, lleno hasta los topes esa mañana prenavideña. A juzgar por los acontecimientos que se produjeron después, probablemente se decidió elegir ese día para que no quedara constancia de la reunión ni de sus participantes en el registro de visitas de Presidencia. El Gobierno ya había adoptado en Consejo un par de meses antes, a propuesta directa del Presidente Rivero, y sin informes previos (fueron aportados al Consejo con posterioridad a la comunicación de Rivero), la decisión de cambiar el modelo de gestión de la televisión.

De acuerdo con lo publicado en los periódicos tras aquél Consejo, el Gobierno había decidido desistir de los concursos de programas de entretenimiento y de comercialización de la publicidad, aunque Televisión Canaria aún no había hecho efectiva la orden del Ejecutivo. En cuanto al la producción de informativos, el Gobierno -casi siempre a través de Willy García, el director general de la tele- había cruzado información ya en varias ocasiones con Socater, que era entonces la única sociedad aspirante a la adjudicación de esa parte del concurso.

El objetivo de esos encuentros e intercambios, según declaraban siempre los representantes de la tele, era negociar las condiciones para hacer efectiva la adjudicación. Por entonces, ya se había resuelto el obstáculo que representaba que la oferta económica presentada por Socater incluyera el IGIC en su formulación, por lo que las cantidades resultantes eran -sumando el IGIC- superiores a las máximas que formalmente permitía el concurso. La mesa de contratación había entendido que se trataba de un error subsanable y permitió la continuidad del procedimiento. También se había resuelto una contradicción en la oferta de Socater, fruto de la decisión del Gobierno de no adjudicar la producción de programas. Se trataba de la cláusula introducida por Socater en su oferta, que vinculaba la aceptación de la adjudicación de los informativos a la adjudicación del lote de programas de entretenimiento. Socater entendía que habiendo desistido el Gobierno de la adjudicación de la producción de programas -una decisión nueva y no conocida en el momento de la oferta- la cláusula dejaba de tener efecto. El Gobierno se había manifestado de acuerdo en ese particular. Pero quedaba otro asunto importante por tratar, que seguía siendo objeto de negociación: la exigencia de Socater de que se incluyeran en la dotación económica de la adjudicación las consecuencias derivadas del segundo convenio colectivo de la empresa, suscrito después de la convocatoria del concurso y cuyo impacto anual en la explotación de los informativos se elevaba a una cantidad cercana al millón de euros.

Y en ese proceso de negociación se encontraban Socater y el Gobierno de Canarias, cuando se produce la convocatoria urgente de la reunión del domingo día 16 de diciembre en Presidencia. Citados por primera vez por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias se presentan en la sede chicharrera de la Presidencia dos representantes de Socater: su consejero Delegado, Xuancar González y Keina Falcón, directora de producción. Por parte del Gobierno se encuentran el convocante, Javier González Ortiz, además de Willy García y la Directora Financiera de la tele y Presidenta de la mesa de contratación, responsable jurídica de las adjudicaciones de dichos concursos, Lourdes Reyes.

En el transcurso de la reunión, el Gobierno plantea que le es técnicamente inviable adjudicar el concurso con la incorporación de la demanda de Socater sobre convenio colectivo antes del 31 de diciembre de 2007, fecha de vencimiento del contrato que en ese momento unía a Socater y la tele canaria. El Gobierno reconoce ante Socater que carece de los recursos técnicos para poder hacer ese trabajo en tiempo. Entonces González Ortiz propone a Socater que pida por escrito una nueva prórroga del contrato, como fórmula de garantizar la continuidad de las emisiones, algo que -según manifiesta repetidamente- le preocupa muy seriamente. El viceconsejero, probablemente uno de los hombres del equipo de Presidencia con mayor experiencia política, es perfectamente consciente de que la decisión de Rivero de declarar desiertos los concursos ha colocado a la tele ante la posibilidad de verse obligada a cerrar las emisiones, algo que tendría una enorme repercusión política.

A pesar de la inseguridad jurídica que supone una nueva prórroga, y para evitar males mayores, Socater acepta la propuesta de González Ortiz y consistente en firmar una prórroga. También en Socater hay una gran preocupación por la continuidad de las emisiones. La interrupción de las mismas el 1 de enero por desacuerdo entre la adjudicataria y el Gobierno sería sin duda un hecho difícil de explicar a la sociedad canaria, ya acostumbrada a las emisiones de La Nuestra. De buena fe, Socater cede y concreta el escrito solicitando la prórroga del contrato tres días después, el 19 de diciembre, fecha en la que se registró su entrada en el Ente Público Radiotelevisión Canaria, con el número 1573160 y CEIC 142475.

El escrito se dirige al Director General del Ente y empieza dejando constancia de la celebración de la reunión del día 16 y de los asistentes a la misma. A continuación requiere noticias sobre el estado del concurso para adjudicar el lote de programas de entretenimiento para, en el punto 3 del escrito, decir que “…en el caso de que, cumpliendo con la indicación del Gobierno de Canarias, esa Dirección General optara por el desistimiento del Lote A (programas de entretenimiento), Socater estaría interesada, tal y como ha venido manifestando en las conversaciones que hemos mantenido sobre el particular con el Viceconsejero de la Presidencia como interlocutor del Gobierno de Canarias, en participar en el nuevo procedimiento administrativo que se abriera con respecto al citado Lote A y estaríamos dispuestos a asumir los compromisos derivados de la oferta presentada para el Lote B, mediando un previo acuerdo sobre una serie de aspectos del pliego que consideramos imprecisos o necesitados de clarificación, tal y como dejamos constancia en nuestra última reunión”. Es decir, Socater se mantiene en su decisión de asumir los informativos, y anuncia que también concurrirá por hacer una oferta para el lote de programas, si el Gobierno decide sacarlo a concurso tras haber desistido de él.

La carta termina dando cumplimiento al requerimiento del Gobierno en relación con la prórroga de los servicios. Textualmente, Socater decía: “Por último, y como muestra de la buena voluntad que en todo momento ha presidido las actuaciones de esta empresa, queremos manifestarle que, si por parte de esa Dirección General se entendiera necesario habilitar un tiempo suplementario para el cierre de todo este proceso -que afecta no sólo al Lote A sino también al Lote B-y, en consecuencia, decidiera solicitar a Socater una nueva prórroga de los servicios que hasta ahora viene prestando a Televisión Pública de Canarias, facilitando así la continuidad en la prestación del Servicio Público, esta Compañía manifiesta que respondería afirmativamente a esa solicitud, en el bien entendido que la misma se produciría en idénticas condiciones que en la actualidad y por un plazo no menor de seis meses”. En resumen, Socater comunica que aceptará una prórroga.

Pero cuando los rectores del Ente Público Radio Televisión Canaria leen la carta, se ponen de los nervios. Lourdes Reyes llama por teléfono a uno de los asistentes al encuentro y le dice que para ella Socater acaba de morir para siempre. “¡Para siempre!, ¿me oyes? ¡He acabado con Socater! ¡¡¡Acabado!!!”. Lo que hacía Lourdes Reyes, después de ocho años de vínculo profesional y humano con los directivos de Socater haciendo la tele en comandita, es expresar a gritos su propia frustración, confusión y miedo por verse obligada a ejecutar una decisión de Rivero no compartida por nadie en la tele. La decisión de eliminar a Socater, de la que Lourdes Reyes ha sido informada apenas unas horas después de la reunión en Presidencia.

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