Las cosas han llegado a tal punto que el 9 de diciembre es el ‘Día mundial de la corrupción’ según el calendario internacional de la ONU. No, no es una broma. Tampoco es para alarmarse, ese día no hay barra libre. Está bien recordar la existencia de este mal cada vez mayor, que sitúa a España muy lejos de los países no corruptos, en el lugar 32 con apenas un 6,1, igualado a Israel y con un nivel de corrupción bastante por encima de todos los países occidentales desarrollados entre los que nos queremos considerar -excepto Italia, claro, con un 4,3-. Aún habrá quien diga que “no está mal, al menos aprobamos…”. Pero es que estamos a años luz de los países no considerados corruptos, como Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia o Suiza, todos ellos con una nota superior a 9 puntos.

Lo más preocupante es que, según el informe “Barómetro Global de la Corrupción 2009“, de la organización Transparency International, “a nivel global los partidos políticos y la administración pública son percibidos como los sectores más corruptos”, atendiendo a una encuesta en la que se formularon preguntas a los encuestados sobre seis sectores/instituciones: el poder judicial, los medios de comunicación, el parlamento o poder legislativo, los partidos políticos, el sector privado y la administración pública.

Escribía el pasado “día de la corrupción” un interesante artículo Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona, titulado “La ciénaga de la corrupción:

Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro.

El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular.

[...] El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; [...] lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

[...] Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas.

[...] Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: “Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo“.

Esto en un momento en el que en Asturias ciertos sectores políticos interesados cuestionan la necesidad de la Sindicatura de Cuentas y qué tiene o no que fiscalizar, y uno de cada tres ayuntamientos asturianos no rinde cuentas ante la Sindicatura del Principado, a pesar de que es una obligación legal. Un órgano aprobado en la Junta General del Principado por los parlamentarios de todos los partidos políticos, que no son más que los representantes de los ciudadanos. El órgano encargado desde 2005 de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico, de asesorar a la Junta General del Principado y a las entidades locales de la región y del ejercicio de las competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Cuentas es el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas del Estado. ¿Se imaginan eliminar el Tribunal de Cuentas del Estado?

Incluso tenemos que oír a personajes como el Director General de RTPA cuestionar el criterio fiscalizador de la Sindicatura, una vez que ha presentado el Ente Público de Comunicación sus alegaciones y está presentado el informe definitivo a la Junta General. Y tenemos que oírle negar las imputaciones de irregularidad -denunciadas por la Sindicatura en el informe definitivo- en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado del pasado día 18 de noviembre.

Y no sólo tenemos que aguantar esa actitud sino el más absoluto cinismo al felicitar a la Sindicatura por el trabajo realizado; eso sí, a la vez que se pasa por el arco del triunfo lo que le dice o pueda decir el órgano fiscalizador aprobado por los representantes de los ciudadanos asturianos en la Junta General para controlar el gasto público. Miren, es que nosotros, a pesar de ser un ente público, no tenemos que contratar como si fueramos un ente público porque existe una directiva europea que nos exime, a pesar de que la Sindicatura nos diga lo contrario en la página 47 del informe definitivo de fiscalización…

No queda ahí la cosa sino que el mismo día -la comisión levantaba la sesión a las 15:05 horas- publica una nota de prensa -el documento se creaba a las 18:18, según los metadatos del PDF- en la web del Ente Público de Comunicación tergiversando totalmente lo que allí ocurrió, y de lo que dan fe las actas de la comisión celebrada. Nota de prensa que sólo salió publicada en su cortijo particular. Ningún otro medio de comunicación se hizo eco de semejante patraña.

Mucha prisa le entró a Pérez Ornia por publicar una nota de prensa tan sólo tres horas después de acabar la comparecencia, a media tarde, cuando en otras ocasiones hay que esperar al día siguiente para leer notas de prensa sobre otros asuntos más relevantes que SU comparecencia, de la que nos informa según SU versión en SU periódico digital. No dice nada de lo que le replicó el Síndico Mayor, o de las objeciones que a su discurso puso la representante popular en la Comisión. Eso es informar con la objetvidad y pluralidad de la que presume continuamente la Migoya al referirse a RTPA.

Pérez Ornia dijo que RTPA no tenía que someterse a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) porque existe una directiva europea que exime del cumplimiento de la LCSP al ente público. Y así lo proclamó en la mencionada nota de prensa diciendo que “los contratos de encargos de producción de programas a empresas externas a RTPA están excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [...] por lo establecido en la Directiva Europea 2004/18/CE. Esta norma comunitaria fue incorporada a la legislación española en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007″ para rematar sentenciando que “la principal conclusión del informe es que el órgano fiscalizador no ha apreciado ninguna infracción, irregularidad o indicio de responsabilidad contable en ninguna de las tres áreas que fueron objeto del estudio: la gestión económico-financiera, de personal y de contratación del Ente Público de Comunicación y de sus sociedades gestoras”.

En primer lugar, el Síndico Mayor Avelino Viejo, en dicha comparecencia dice, textualmente, al ser preguntado por la incidencia de dicha directiva europea en RTPA, que “ello no significa que el Ente Público de Comunicación esté exento de la contratación pública [ya que] es un poder adjudicador” -página 37 del Diario de Sesiones de la mencionada comisión-. La Sindicatura desmiente rotundamente a Pérez Ornia y a su nota de prensa.

Y en segundo lugar, la afirmación de que no existen irregularidades es simplemente fantasía: prácticamente seis páginas del informe de fiscalización -desde la página 47 a la 52- se dedican a pormenorizar dichas irregularidades -nada menos que 23 en 59 contratos analizados- que van desde manipular la fecha de un contrato, contratar con una empresa no inscrita en el Registro Mercantil -nada menos que 1,3 millones de euros-, superar la cuantía permitida por la ley en el precio de un contrato, contratación verbal no justificada, no observar los principios de publicidad y concurrencia, no comprobar la solvencia económica y financiera y la capacidad técnica o profesional de la empresa contratada, iniciar los trabajos de producción y emisión sin que existiera contrato formalizado, fraccionamiento de contratos explícitamente prohibido por ley…

Todas estas irregularidades forman parte del informe definitivo de la Sindicatura, habiendo tenido en cuenta las alegaciones de RTPA. Del informe definitivo. Importa bastante poco la opinión de Pérez Ornia una vez que ya ha presentado las alegaciones y han sido tenidas en cuenta. Y, desde luego, son bastante graves las irregularidades. Así que, ¿de dónde deduce Pérez Ornia que la Sindicatura no observa irregularidades en el área de contratación?

La alarma social es tal que ya se crean asociaciones profesionales ciudadanas para “promover y defender la transparencia en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos del sector público y que la aplicación de la nueva ley de Contratos del Sector Público 30/2007 y su normativa de desarrollo se ajusten a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores o candidatos”, como informaba La Nueva España el pasado viernes sobre la presentación de la Asociación para la Defensa de la Transparencia del Sector Público (ADETRA) en un acto en el Club Prensa Asturiana de Oviedo, al que siguió una mesa redonda titulada, significativamente, “La contratación pública, ¿dónde está la transparencia?“.

Incluso ayer mismo LNE publicaba el enésimo artículo sobre este asunto afirmando que “lo cierto es que el propio Avelino Viejo ha insinuado en sus comparecencias ante la Junta la imposibilidad de llevar hasta el final las funciones de la Sindicatura, al no contar con instrumentos coercitivos. La última vez que lo hizo fue el pasado 18 de noviembre durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda”. Es más, añade que varias regiones congelan las subvenciones a las instituciones que se niegan a ser fiscalizadas.

En definitiva, lo que nos ilustra el fiscal Anticorrupción en el anterior artículo: políticas púbicas y actividad económica privada, indiscriminado cuestionamiento de los instrumentos de investigación, alteración del mercado, lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas… La vida misma, según Transparency International.