El pasado mes de octubre salía a la calle el primer número de la edición trimestral asturiana de Diagonal, periódico de difusión nacional creado en 2005. Y sus editores no podían elegir mejor tema para abrir en portada. Nuestra felicitación. Nos alegra enormemente que por fin una publicación se una a las denuncias que llevamos realizando desde hace un año en esta web, prácticamente en la soledad que conocen los corredores de fondo.

Nuestra felicitación también a la redacción por la síntesis que han realizado de los principales problemas de RTPA. Evidentemente, por la limitación de espacio, no se puede profundizar más, pero la esencia está ahí. Es un buen resumen de los males del ente público -¿o deberíamos ya decir seudopúblico?- en el que, sobre todo, inciden en la situación de los trabajadores.

Temas que hemos ido tratando y denunciando en las distintas circunstancias que se han dado a lo largo de este último año. A nuestro entender, el gran origen de todos los males es la gestión del ente, con las irregulares contrataciones de contenidos, trabajadores o servicios auxiliares. Y, desde ahí, todo se sucede en cascada. Y el principal responsable es el Director General del Ente Público de Comunicación, José Ramón Pérez Ornia. Aunque, por supuesto, no es menor la responsabilidad de aquellos que deben ejercer control sobre su gestión, principalmente los miembros del Consejo de Administración de RTPA, por ser los representantes de la ciudadanía, y no de los intereses de sus respectivos partidos políticos.

Transcribimos a continuación íntegramente el texto publicado en Diagonal.

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RTPA llegará a 2010 con cerca del 80% de los trabajadores externalizados

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· La red de empresas subcontratadas garantiza el control de los medios

· El ente público tendrá el próximo año menos empleados en plantilla de los que tenía en 2006

· Aumentan los presupuestos pero disminuyen las ganancias

En enero de 2006 comenzaron las emisiones regulares una televisión autonómica cuyo presupuesto oficial, de más de 34 millones de euros, sale de los bolsillos de los asturianos. Desde entonces ha habido dos convocatorias de oposiciones a la Radio Televisión del Principado de Asturias. Las plazas declaradas desiertas más las que quedaron sin cubrir tras la marcha de quienes las ocupaban ha sido la excusa perfecta para una reestructuración que comenzó hace meses. Los contratos temporales en fraude de ley dan paso a puestos en productoras externas con las que se llega a acuerdos para evitar las denuncias por cesión ilegal de trabajadores. La subcontratación a otras empresas de comunicación ayuda al Gobierno del Principado a tejer una red clientelar que garantice la primacía de su versión en cualquier noticia.

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RTPA, el cuarto poder de Álvarez Areces

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· La estructura caótica y la falta de previsión hace que los abusos por parte de los directivos sean constantes

· Con la subcontratación de empresas y el premio a quienes comulgan con su política, el ente público intenta capear el temporal y que nadie haga sombra a la versión oficial

Tera Quintana | Redacción

La televisión autonómica comenzó a ponerse en marcha en el año 2005 y en 2006 comenzaron las emisiones regulares. Hasta hoy son muy pocas las malas noticias relativas al mal funcionamiento de RTPA que han trascendido a la opinión pública. El ente controla de alguna manera todos los grandes medios de comunicación asturianos. Cuando se creó, el gobierno autonómico sabía lo que hacía, necesitaba de un brazo creíble que repartiera democracia y pluralidad socialista y que contuviera a quienes no entendieran ese concepto suyo de libertad de prensa.

Red clientelar

El primer paso, seguramente para que esos mismos medios no se sintieran excluidos del gran proyecto de la televisión autonómica, fue subcontratarlos para diferentes áreas. Así, medios impresos con parte audiovisual como El Comercio TV (Canal 10, del grupo Vocento) o La Nueva España Televisión (grupo Editorial Prensa Ibérica) adquirieron la licitación temporal correspondiente para proveer de noticias del oriente de Asturias a los informativos de la cadena.

Se contrataron pequeñas empresas audiovisuales y de prensa de la región como Les Noticies, que redacta la Estaya d’Asturianu dentro de la página web de RTPA. Pero también grandes empresas como Asturmedia, que se hace cargo de los deportes y las retransmisiones de diversos eventos, y pertenece a Globomedia. También al grupo Prisa, a través de su filial Plural, se le encargó la realización de diversos programas que fracasaron dentro de la ya escasa audiencia de TPA.

En este aspecto, hay que destacar que, al menos dos de los cargos nombrados por el Principado para el Consejo de Comunicación del ente han tenido relación con este grupo. Uno de ellos es Severino Fernández, presidente del Consejo, que tiene representantes designados por algunos grupos de la vida pública asturiana como la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo o asociaciones empresariales.

Autocensura

La autocensura de las corresponsalías, las productoras, e incluso, de algunos de los propios redactores de TPA Noticias es difícil de constatar pero existe. Dentro de las redacciones, tanto la de radio como la de televisión, quien intenta plantear algún tema de trascendencia política con un enfoque diferente es acallado rápidamente. Dos ejemplos de asuntos sobre los que se ordenó pasar de puntillas fueron la última manifestación en Gijón contra la precariedad laboral del sector informativo y la expulsión de Txomin Goñi durante un pleno del Ayuntamiento de Llanes -gobernado por el PSOE- por vestir una camiseta contra el Plan urbanístico de La Talá, y que le costó una acusación por parte del consistorio de dos años y medio, de cárcel.

Desde las primeras elecciones, el sindicato dominante ha sido CCOO. Tras las segundas, tenía cinco delegados y USO y UGT, dos cada uno. El Comité trató de establecer las bases del segundo convenio de RTPA, tras un primero de carácter provisional. Pero a la firma del segundo convenio sólo acudieron los representantes de CCOO, que se conformaron con reformas de subidas salariales a varios años vista. El haber dejado fuera de la firma al resto del Comité y el hecho de que a los representantes de CCOO que firmaron el convenio la empresa les ofreciera cargos de responsabilidad -a la vez que a otros trabajadores-, les hizo ganarse el recelo de sus compañeros. La situación se hizo más tensa cuando comenzó la reestructuración de la plantilla, con despidos y externalizaciones. “Nadie del Comité se puso en contacto con nosotros”, denunció un trabajador durante una de las asambleas convocada por los empleados cuando se supo que su departamento iba a ser privatizado. Finalmente, los cinco delegados presentaron su renuncia ante la UMAC. Lo que quedaba del Comité mantuvo una reunión con el ente para pedir que no se amortizaran las plazas desiertas o no cubiertas en las oposiciones. La oferta de la empresa fue mantener las plazas -no los puestos- a cambio de que los sindicatos retiraran las denuncias presentadas ante los Juzgados y ante la Inspección de Trabajo.

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Una televisión cada vez menos pública

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· Productoras: aumentan las subcontratas

· Pendiente de demandas por despido y cesiones ilegales de trabajadores, RTPA sigue con su política privatizadora

· Más del 80% de sus empleados ya son externos

· En RPA no hay locutores en plantilla, todos pertenecen a empresas externas que se han hecho con licitaciones

Eva Neches | Redacción

El uno de septiembre TPA reconocía el despido improcedente a una de sus trabajadoras. En esta ocasión, la empresa prefirió pagar de mano 8.300 euros brutos, que seguir adelante con un juicio en el que tenía las de perder. La trabajadora llevaba con contratos temporales encadenados desde hacía un año, después de haber pasado otro con contratos en prácticas, por lo que podía considerarse en posesión de un contrato indefinido. Los últimos habían sido por obra y servicio y ni siquiera las obras eran reales. En el mismo departamento de Producción de Informativos, varias compañeras se encontraban en una situación similar. En abril había salido a convocatoria pública la licitación del departamento, amenazando los cinco puestos de personal laboral.

La licitación para la contratación de los servicios auxiliares de producción se otorgó en julio a la empresa Teletemas, del grupo Bittia, y de la que participa Luis Arias de Velasco, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Según el pliego técnico, sus cometidos son los mismos que ya desarrollaban los empleados de Producción de Informativos, sumándole ahora otros realizados por Producción de Programas, para lo cual la empresa subcontratada debía contar con una plantilla de al menos diez trabajadores. El ente despidió al departamento de Producción, alegando fin de contrato temporal, e inmediatamente Teletemas tomó el mando y contrató a cinco empleados nuevos sin ninguna relación anterior con TPA. “Recursos Humanos insinuó que Teletemas nos contrataría en septiembre”, afirma una de las trabajadoras, pero a finales de agosto la empresa ya había decidido que sólo mantendría a dos de ellas.

Este caso ejemplifica la política de la dirección, que desde el inicio ha apostado por aumentar la externalización en un ente público. Según datos ofrecidos en junio por el Director de Antena y Contenidos, Juan José Guerenabarrena, en RTPA trabajaban en esa fecha 611 personas a través de 32 empresas, más las 100 de plantilla; un centenar que, desde entonces, ha menguado. Cifras que arrojan un 80% de externalización.

Aún hay más. Ya hace un tiempo que TPA puso en marcha una estrategia para evitar nuevas denuncias por sucesión ilegal de trabajadores o irregularidades en la contratación: mandar al paro a sus empleadas y prometer la reinserción en la nueva empresa un mes después, ya pasado el plazo legal para realizar acciones legales. Ya en mayo habían sido externalizados los departamentos de Control Central y Continuidad, responsables directos de la emisión de imágenes, cuyos trabajadores se encontraban en una situación de precariedad igual a la de Producción. En esta ocasión la concesionaria fue Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), empresa madrileña que dispone de otras subcontratas en TPA.

Falta de compromiso

La empresa licitadora se comprometió entonces a contratar a los nueve empleados que tenía el ente en esos puestos. Después de las promesas, ocho conservaron su puesto trabajando para la nueva empresa. El otro trabajador “no cumplía las expectativas” para trabajar en Continuidad, aunque ha seguido prestando sus servicios a TPA en diversos departamentos haciendo coberturas de bajas y vacaciones. A pesar de ser una sucesión de empresas, que obliga a mantener las condiciones en la nueva contratación, TSA no conservó a los técnicos ni siquiera su antigüedad. Tampoco la categoría ni el salario, que descendió en unos 500 euros mensuales.

La cesión ilegal de trabajadores no es ajena a RTPA, como demuestra la sentencia en favor de los trabajadores de Yingo, que compartían la redacción de Informativos con otros compañeros con plaza o interinos. No es la única. En TPA Noticias hay una docena de empresas subcontratadas para elaborar contenidos. En la radio tampoco se libran de las productoras externas. Desde octubre de 2008 no hay un solo locutor -ni de programas ni de informativos- en plantilla. Y ya corren los rumores sobre las próximas privatizaciones de otros departamentos técnicos.

La ruina de las emisoras locales

La clase política aprovechó la puesta en marcha de TPA para venderla como punto de creación de empleo y dinamización del espectro audiovisual asturiano. El Libro Blanco de las Industrias Culturales contabiliza 115 empresas en el sector, pero no tiene en cuenta que la mayoría se dedican a la filmación de bodas y comuniones. El libro reconoce la condición del 27% de empresas pequeñas que prestan servicios a televisiones locales. Sin embargo, con la aparición de TPA y la llegada de la TDT, de las 17 emisoras locales que había en Asturies en 2006, el próximo año habrán desaparecido -al menos- una decena de ellas.

Cifras y letras de la Sindicatura

La Sindicatura de Cuentas del Principado hizo público en septiembre un informe sobre la salud económica de RTPA. Los datos se refieren a 2006, primer año de emisiones regulares. En esa fecha, el presupuesto que barajaba el Gobierno para la televisión era de 17,5 millones de euros. Del informe de la Sindicatura se desprende que se intentó que el desfalco económico no saliera a la luz. Así, aunque el ente reconoció 14,5 millones de euros de beneficios, incluyó en éstos los 13,9 millones de subvención otorgados por el Gobierno regional. En la partida destinada a la radio, más humilde, figuran 143.000 euros de beneficios, aunque en realidad se gastaron 142.000 y el 96% de esa cantidad correnponde a la subvención del Ejecutivo. En el informe presentado por el síndico Avelino Viejo, se ponen de manifiesto deficiencias en la contratación. Se realizaron adjudicaciones sin hacer públicas las convocatorias y a varias empresas no se les exigió documentación que acreditara su solvencia, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Retiro político como consejero

Desde 2005 nadie ha vuelto a plantearse si los sueldos de los directivos de RTPA están ajustados al trabajo que realizan. Entonces era Femando Goñi Merino, del grupo Popular, el que preguntaba al Consejo de la Junta si respondían a “criterios de austeridad y control” los mil euros que los miembros del Consejo de Administración ya cobraban -además de su sueldo- por cada reunión. Cuando en 2007 el PP entró a formar parte del Consejo, esta formación política dejó de preguntar por el carácter elevado de los sueldos. Actualmente, el Consejo de Administración está formado por quince consejeros designados por PSOE, PP e IU. Los méritos de cada uno de estos consejeros son únicamente políticos. Entre ellos no hay ninguno cuya titulación o experiencia esté ligada a los medios de comunicación. Hay seis ex alcaldes, un alcalde, un ex concejal, un ex diputado y un cargo del Ayuntamiento de Corvera. Además también figuran una notaria, una economista, un abogado y un empresario que ostenta el cargo de vicesecretario de Comunicación del PP. Muchos de estos puestos fueron la solución ideal para quienes reclamaban un cargo tranquilo después de años de fidelidad al partido.