La externalización de la producción y servicios realizados en el ente público de comunicación es casi absoluta. Uno podría preguntarse -y mucho más viendo el bajísimo nivel de calidad y audiencia- qué tiene ya de público este servicio de radiotelevisión. La producción está externalizada, los servicios técnicos, el operativo del plató, la gestión de la publicidad, las retransmisiones deportivas, la grabación de imágenes… Ya sé, lo que está aún sin externalizar son los contratos millonarios adjudicados a dedo y los millonarios sueldos de los directivos, con el del director general a la cabeza. Contratar a Pérez Ornia en 2005 eran 100.000 eurazos… Los términos del contrato los deben conocer él, su abogado y Álvarez Areces. Pero la cantidad trascendió en la Junta del Principado, cuando algunos todavía preguntaban. Vamos, lo de aflojar la pasta sí sigue siendo público.

Ahora le toca el turno a una nueva adjudicación del servicio de operación de equipos ENG, la grabación de imágenes fuera del plató, en este caso para los informativos de TPA. ENG es el acrónimo inglés de Electronic News Gathering (Captación Electrónica de Noticias), que en sus orígenes diferenciaba la grabación en vídeo frente a la filmación en película, llamada News Gathering o NG. Se hablaba de “equipos ligeros de grabación” frente a los pesados y complejos equipos de filmación. En la actualidad el concepto está desdibujado porque en realidad se refiere simplemente al servicio de operador de cámara ya que actualmente no tiene sentido diferenciar entre ENG y NG.

El caso es que sale a proceso negociado la contratación de este servicio durante un año. Otros 300.000 euracos adjudicados a dedo a quién Pérez Ornia tenga a bien designar. El contrato es prorrogable un año más.

Lo cojonudo -perdón, pero es que ya no se me ocurre otra palabra- del caso es que los equipos los pone TPA. Sí, las cámaras para grabar, unas Panasonic que graban en tarjetas P2, las pone el ente de comunicación. Y su mantenimiento. Y su almacenamiento.

El adjudicatario tiene que poner cuatro vehículos, eso sí, dotados de sistema GPS, y los teléfonos móviles, para que no haya escaqueo posible, que ya se sabe que eso de “trabajar” fuera tiene muchas malas tentaciones.

Y luego viene la parte que los empresarios ponen en práctica de manera esclavista. Disponibilidad las 24 horas de los 365 días del año, con 4 operadores por semana y 2 los fines de semana, con una guardia localizada diaria de 12 de la noche a 8 de la mañana. Sin comentarios. De esto pueden hablar mucho y poner ejemplos los que lo sufren en carne propia. Y mientras, ¿los sindicatos dónde están? Ah, sí, cobrando del gobierno.

Lo cojonudo -perdón, de nuevo, pero es que ya no se me ocurre otra palabra- es que siendo RTPA un ente público de comunicación, pagado con dinero público y que -en teoría- presta un servicio público, al echar un vistazo a las bases jurídicas de la contratación uno lee que “a efectos de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, se trata de un contrato de servicios de la categoría 26 del Anexo II de la Ley 30/2007, [que] no está sujeto a regulación armonizada conforme a las reglas del artículo 16.1 de la mencionada ley”. En plata, que se pasan la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por el mismísimo arco del triunfo.

Y no queda ahí la cosa. Para que no haya dudas y el contrato no tenga que hacerse público -lo que debería ser obligado al tratarse, insisto, de un ente público pagado con nuestros impuestos-, dicen explícitamente que “el contrato es de naturaleza privada”. No jodas… ¿Un ente público contrata como si fuese un ente privado? Ya se que soy un ingenuo. Vale, no lo acabo de descubrir y ya sabíamos de estas prácticas… Pero, habrá que repetirlo una y otra vez, y no dejar de asombrarnos, digo yo. Esta gente lo que quiere es que a base de hacerlo una y otra vez parezca normal y, como aquel axioma de derecho, la costumbre haga norma.

Porque el hábil Pérez Ornia, que es más listo que el hambre, va y se descuelga en el pliego de bases jurídicas con que, aparte de que el contrato es de naturaleza privada, se rige de la siguiente manera:

- Por la instrucción por la que se regula el procedimiento de contratación del Ente Público de Comunicación y sus sociedades mercantiles en los contratos no sujetos a regulación armonizada, aprobada por Resolución de fecha 2 de octubre de 2008, del Director General del Ente Público de Comunicación,

- Por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

A ver si lo entendí bien…

1. Un ente público, de servicio público, con dinero público, adjudica un contrato de naturaleza privada.

2. La instrucción no está sujeta a la regulación armonizada -es decir, la Ley de Contratos del Sector Público- porque Pérez Ornia aprueba una resolución posterior a la LCSP para regular la contratación como anillo al dedo y pasar de la LCSP.

3. Los contratos están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público pero como en las bases jurídicas dicen que no lo están, dejan de estarlo y, por tanto, se rigen por la resolución aprobada por el Director General.

Esta es la respuesta de estos listos para zafarse del control administrativo de contratación y hacer, literalmente, lo que les salga de los huevos -perdón, pero…-. Recaudar nuestro dinero con la excusa de ofrecer un servicio público -que vaya mierda de servicio público, si es que lo fuera, cosa que está claro que no- y van y se poner a funcionar como si fueran una empresa privada, contratando a quién les da la realísima gana y saltándose todos los controles que la propia Administración pone para regular la contratación pública. Pasando ampliamente de las denuncias de la Sindicatura de Cuentas. ¿Nadie va a poner freno a semejante despropósito? ¿Es que este país va a seguir yendo directamente a las cloacas? Responsabilidades penales por la mala utilización de los fondos públicos… ya.

¿Se están quedando con nosotros? ¿O van en serio? Joder, que asco. Uno empieza ya a hartarse de escribir sobre esta basura.