Aunque a Proima Zebrastur el asunto de las irregularidades de la adjudicación de los informativos de la Radio Televisión Canaria el pasado año les toca de refilón -participa en un 9% en el conglomerado Videoreport Canarias que ha sido el agraciado por esta designación a dedo procedente nada más y nada menos que de la presidencia del Gobierno canario-, algún defensor de la empresa lanzó acusaciones de falta de rigor, sectarismo, desinformación sobre el tema en cuestión, cuando no de contar verdades a medias, en las informaciones transcritas por laOtra TPA el pasado lunes.

Seguro que el ínclito defensor seguirá considerando poca información la transcrita en la entrada que publicamos hoy, que es sectaria, que no cuenta verdades… pero aquí están los hechos relatados con todo detalle por el periodista que los investigó, para que el lector juzgue por sí mismo. Por cierto, este periodista no ha sido demandado y los diarios que lo han publicado no han sido obligados a rectificar. Y el escándalo ha sido de proporciones históricas en Canarias. Deben pensar los implicados que es mejor no menearlo; de otra manera es imposible entender que no hayan tomado medidas legales ante semejantes acusaciones públicas en dos de los diarios de mayor tirada de las islas.

Es más, gracias a una investigación y denuncia similar de estos diarios el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el ilegal concurso de la adjudicación de licencias de la TDT en Canarias.

No es un asunto -el de la gran chapuza canaria- que nos interese más de lo necesario, aunque es un claro ejemplo de cómo funcionan, en todas partes y bajo cualquier signo político, las empresas públicas de radiotelevisión, convirtiéndose en chiriguintos utilizados por los políticos de turno para crear sus grupos de empresas afines a las que hacen favores y de las que esperan, como contraprestación, favores. En eso, el paralelismo entre RTPA -y otros entes autonómicos- y la Radio Televisión Canaria salta a la vista.

Es esta una serie de artículos titulada ‘La gran chapuza de la Televisión Canaria’ publicados en los diarios canarios La Opinión y La Provincia, ambos de Prensa Canaria -del Grupo Moll Prensa Ibérica, editor también a través de Prensa Asturiana de La Nueva España-.

Prensa Canaria es socio -con Sogecable Prisa (40%) y otros socios locales minoritarios- de Socater (Sociedad Canaria de Televisión Regional), empresa concesionaria de los informativos canarios desde 1998 a la que, en esta operación chapuceramente diseñada desde la presidencia del Gobierno canario, quisó cargarse personalmente el presidente Paulino Rivero (Coalición Canaria) por considerarlos su bestia negra como brazo mediático del PSOE -cuyo líder es el ex ministro de Justicia López Aguilar- en Canarias.

Aún siendo un largo culebrón, recomendamos su atenta lectura puesto que aunque se haya archivado la denuncia presentada nada menos que por tres consejeros de la Radio Televisión Canaria -uno de ellos propuesto por propio partido en el Gobierno- ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, “el Ministerio Público ha remitido a los denunciantes a los juzgados ordinarios, según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que considera, por tanto, que de existir delito, la competencia para su investigación está en los juzgados ordinarios y no descarta que sea un asunto para la jurisdicción contenciosa-administrativa”.

Sabemos que efectivamente se “acumulaban medio centenar de denuncias y recursos judiciales, una ante la Fiscalía Anticorrupción [la ya mencionada y desestimada] y las otras por la vía civil o contencioso-administrativa, demandas que aumentarían debido a que las dos empresas que se sienten perjudicadas en la adjudicación de los servicios informativos también preveían presentar sendos recursos“, según informaba La Opinión el pasado diciembre.

De hecho, uno de los consejeros denunciantes “recordó que se ‘pide’ que se investigue, ya que se realizaron varias ‘quejas’ a través del consejo de Administración y otras vías y éstas no fueron atendidas por lo que la ‘única’ forma ha sido acudir a los tribunales, ya que si se metían en una demanda ’se podrían tardar años’. ‘Haciéndolo a través de la Fiscalía la repercusión es más inmediata’, aclaró”, añadía la información de Europa Press.

Lo que no deja lugar a dudas son las denuncias y testimonios presentados por el periodista Francisco Pomares en dos medios regionales canarios de gran tirada. Y no parece que haya sido demandado por difamación, injurias ni nada que se le parezca. Ni él ni los diarios. Tampoco tenemos constancia alguna de que los diarios hayan sido obligados a rectificar dichas acusaciones por falsedad puesto que hoy aún se pueden leer en la hemeroteca de ambas publicaciones. Y en esos artículos -que transcribimos íntegramente- se denuncian irregularidades muy graves en todo el proceso de adjudicación de un contrato de 150 millones de euros que ha beneficiado a Videoreport Canarias, del que forma parte Proima Zebrastur, empresa a la que RTPA adjudicó a dedo en su día -por más de 10 millones de euros en un año- un buen número de programas cuando se puso en marcha la televisión pública asturiana.

Recordemos que Videoreport Canarias es un conglomerado de empresas integrado por:

• Grupo Vértice 360º, que a través de Videoreport -sociedad que controla al 100%-, cuenta con un 34% del capital social de Videoreport Canarias.
• VNews Agencia de Noticias, que cuenta con un 30% del capital social de Videoreport Canarias y está participada al 50% por el Grupo Antena 3.
• Informaciones Canarias, empresa editora del periódico Canarias 7, que posee un 9% del capital social de Videoreport Canarias.
• Canaria de Avisos, propietaria del periódico Diario de Avisos, de la emisora Teide Radio (asociada a la cadena Onda Cero) y del sitio web diariodeavisos.com, que cuenta con un 9% del capital social de Videoreport Canarias.
• Nivaria Medios, propietaria del periódico El Día, Radio El Día y El Día Televisión, cuenta con un 9% del capital social.
• Proima Zebrastur que, como ya hemos comentado, tiene un 9% del capital social.

Fraude, irregularidades, chapuzas, negociaciones prohibidas, anuncios realizados antes de tiempo, compras masivas de acciones, falsificación de entradas en el registro… son palabras y acusaciones que se pueden leer en los artículos. Los subrayados en negrita y las aclaraciones o comentarios entre corchetes son nuestros.

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Todo el expediente de adjudicación del concurso para la contratación por la Televisión Pública de Canarias de la producción de programas de contenido informativo, se ha convertido en un gigantesco fraude plagado de irregularidades. La serie ‘La gran chapuza de la Televisión Canaria’ ofrece los detalles en un trabajo de investigación que irá viendo la luz por capítulos.

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1. Urdiendo el engaño

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A nadie le gusta perder un contrato. Y a las empresas tampoco. Pero una cosa es perder un contrato en igualdad de oportunidades, y otra muy distinta ser sacado de un concurso por medios y procedimientos tan chapuceros y poco ajustados a derecho que quien los emplea ni siquiera se preocupa de dar a su actuación una apariencia de legalidad.

Todo el expediente de adjudicación del concurso para la contratación por la Televisión Pública de Canarias de la producción de programas de contenido informativo, se ha convertido en un gigantesco fraude plagado de irregularidades. Es algo que saben los licitadores, los técnicos que fueron apartados del proceso, los miembros del Consejo de la Televisión que lo adjudicaron (y los que se negaron a hacerlo), y -por supuesto- algo que sabe muy bien el director general del ente, Willy García, que no se cansa de repetir a quien quiere oírle que este servicio que le ha prestado a Paulino Rivero [presidente del Gobierno canario] acabará por dar con él en los tribunales.

La pregunta que se hacen la mayoría de los implicados en el proceso, incluso los miembros del Consejo que apoyan al Gobierno y los técnicos de la tele canaria, que nunca fueron consultados, es por qué se ha optado por una fórmula tan chapucera para resolver el concurso. Algunos se responden que el Gobierno tenía muchísima prisa por sacar a Socater de la televisión canaria y no ha parado en prendas. Otros achacan esta gigantesca chapuza a la falta de conocimientos técnicos y solvencia jurídica de Willy García, un locutor formado en la “escuela de la vida”, y al que Rivero decidió poner al frente de un cometido que le cae más que grande.

Puede que esos factores hayan influido en el torpe desarrollo de los acontecimientos. Pero el verdadero motivo de haber optado por hacer las cosas ‘a las bravas’, sin preocuparse por posibles responsabilidades penales o por que la tele o la Administración regional tengan que afrontar en el futuro una cascada de contenciosos civiles, no hay que buscarla ni en la prisa ni en la incompetencia, sino en el carácter de Paulino Rivero y el estilo que ha contagiado a los hombres y mujeres que le acompañan en esta legislatura.

El Presidente es un corredor de fondo. No teme lo que pueda pasar mañana [¿no les recuerda a otro Presidente?]. Quiere ganar las peleas en el día a día, y planificó su particular guerra por el control de los medios de comunicación en Canarias para que quede cerrada en año y medio. Lleva un año imponiendo su voluntad a los pequeños medios y sumando voluntades con bastante éxito. Cuando llegó al Gobierno de Canarias, su principal preocupación era cómo hacer frente a la derrota sin precedentes sufrida por Coalición Canaria en Gran Canaria.

Rivero está convencido de que esa derrota no es responsabilidad de CC, mucho menos de él mismo, que fue quien rompió la federación nacionalista forzando la salida de Román Rodríguez y los suyos, sino de los medios de comunicación de Gran Canaria. Acostumbrado al formato tinerfeño de relaciones entre medios y política, un sistema que conoce a la perfección y que domina con maestría -no en balde Rivero fue en ATI el responsable de ‘premiar’ a los periodistas afectos durante muchos años-, el Presidente está seguro de que puede doblegar a los medios que le son críticos aplicando el método de garrotazo o premio que ha usado en Tenerife desde siempre.

Demostró que ese era su estilo repartiendo a su antojo las licencias para la televisión digital terrestre (TDT) [¿no sigue habiendo una increíble similitud con ese otro Presidente?], dejando a los dos únicos grupos de comunicación que cubren la totalidad del territorio de Canarias con un palmo de narices. Y volvió a hacerlo en octubre de 2007, cuando anunció su decisión de “cambiar el modelo de televisión mixta”, un cambio de modelo que consistió en quedarse con el reparto directo de la contratación de programas -lo que los malévolos llaman la fórmula McKenzie- y manteniendo la parte más engorrosa y compleja de la actividad televisiva -los servicios informativos, ‘la ideología’ de una cadena pública- en el sector privado [¿otra coincidencia con Asturias y RTPA?].

Un extraño cambio de modelo, sin duda, en el que lo único que cambia es la forma en que se producen las adjudicaciones, antes de acuerdo a las reglas del mercado, el talento de las producciones y la audiencia, y ahora en base a la amistad o los lazos de los productores ofertantes con los prohombres del ‘paulinato’ [si es que parece que hablamos de Asturias, si no fuera porque aquí desde el primer momento sólo se hizo de esa segunda manera].

Se ha dicho, y es cierto, que Rivero estuvo tentado en los primeros días a quedarse con todo -producción, publicidad e informativos-, pero alguien le explicó que -con los controles sindicales y la práctica conversión de los periodistas en funcionarios intocables- una televisión pública lo puede tener más difícil para controlar los contenidos informativos que una privada oportunamente aleccionada y financiada para ello [igual que en Asturias, salvo que aquí ya lo sabían y, así todo, cada vez se externalizan más servicios]. Entonces Rivero decidió que necesitaba garantizar la adjudicación a una empresa de confianza.

Al principio no parecía importarle demasiado que la adjudicación fuera para el grupo Videreport-Antena 3 o para El Mundo-Mediapro, los dos licitadores invitados al procedimiento negociado que no se habían presentado inicialmente al concurso declarado desierto. En ese entonces -octubre y noviembre del año pasado [2007]-, a Rivero sólo le preocupaba que Socater quedara fuera, completar la exclusión del futuro audiovisual de las Islas de las dos mayores empresas de comunicación que operan en Canarias.

Para poder hacerlo, primero tuvo que engañar a Socater, negociando una prórroga del contrato vigente, ofreciendo a la productora garantías de que a cambio de mantener los servicios de televisión el pasado 31 de diciembre, cuando vencía la última de las prórrogas previstas en el contrato, el proceso de adjudicación se completaría de acuerdo con las previsiones legales, dado que Socater era entonces la única licitadora.

De hecho, la primera irregularidad manifiesta del proceso -el cambio en el registro de un documento remitido por Socater por otro- se produce precisamente cuando se está negociando la prórroga a petición del Gobierno. La sustitución se realiza siguiendo precisas instrucciones del viceconsejero de la Presidencia, Javier González Ortiz, con el objeto de ocultar su participación directa en la negociación con Socater.

Esa negociación se produjo a mediados de diciembre del pasado año [2007], cuando el Gobierno citó a la todavía adjudicataria de la producción de informativos para tratar de la adjudicación de ese lote concursal, que aún no se había decidido dejar desierto. Participaron en la negociación por parte del Gobierno el director general del Ente, Willy García -la Dirección General es el órgano de contratación-, la presidenta de la mesa en el mismo procedimiento de licitación, Lourdes Reyes, y el viceconsejero de Presidencia y mano derecha de Rivero, el propio González Ortiz.

Una carta que desaparecería del registro. En su lugar, con el mismo número y código, en el libro de correspondencia de la televisión -un documento teóricamente intocable- figura anotada la segunda carta enviada por la licitadora. Toda una evidencia de que -en esta última etapa-, en el Ente Público se pueden cambiar los documentos originalmente registrados por otros más convenientes.

El catálogo de trapisondas e irregularidades cometidas en el proceso para la definitiva adjudicación no había hecho sino empezar: la historia de los movimientos iniciados desde Presidencia del Gobierno y por los responsables de la tele canaria durante los dos últimos meses se convierte a partir de ese primer falseamiento en una historia de chapuzas que tapan otras chapuzas, irregularidades, negociaciones prohibidas, anuncios realizados antes de tiempo, compras masivas de acciones y un sinfín de actuaciones más, destinadas a garantizar a toda costa -saltándose todos los procedimientos, negando documentación al Consejo de Administración y haciendo desaparecer las cintas de vídeo grabadas durante la adjudicación- la entrega de la tele a la empresa decidida por Paulino Rivero. Una empresa constituida al efecto justo tras la decisión de Rivero de cambiar el modelo, que fue -además- la que peor oferta presentó.

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