La semana pasada se hacía manifiesta la ruptura entre el partido socialista -al menos, sus representantes en Asturias, es decir, la Federación Socialista Asturiana FSA- y el gobierno asturiano presidido por Álvarez Areces.

La escenificación, imposible de ocultar a pesar de los esfuerzos de varios miembros del gobierno por dar la cara por su amiguete Vicente, fue clarificadora. Cualquiera puede dar por hecho que el secretario general de la FSA-PSOE,  Javier Fernández, ha tomado posiciones oficiales -las no oficiales, idénticas, eran un hecho desde hace muchísimo tiempo- respecto la gestión del gobierno y de su presidente, como le gustan llamar sus acólitos en la corte.

El pasado 8 de mayo La Nueva España titulaba “El Gobierno regional cede ante la FSA y admite ahora que se fiscalice Sogepsa”, apuntillando que “el nuevo criterio del Ejecutivo choca con la posición mantenida por los consejeros Buendía, Migoya y Rabanal, contrarios a la investigación”.

Es evidente que el gobierno no tenía otra salida… Hasta es posible que la jugada les haya salido redonda de cara a la galería. Unas recomendaciones de la Sindicatura, en el partido “contentos” y a correr. Cerrada una investigación que ni siquiera se ha abierto. Pero, por si acaso,  los agradecidos habían salido a la palestra. También es verdad que son -o han sido- los responsables de las consejerías más perjudicadas por la investigación: Infraestructuras, Economía y Cultura.

Sabemos desde hace tiempo que a Javier Fernández y el sector del PSOE que representa nunca le ha agradado la idea de poner en marcha semejante monstruo llamado RTPA. La negativa fue pública en aquellos primeros meses de 2000 en los que Jorge Fernández León, actual viceconsejero de Cultura y principal impulsor de RTPA -tampoco del agrado del secretario general de la FSA-PSOE- filtró la noticia en los medios de comunicación.

Y sabemos que todo el cambalache montado con agencias de publicidad, medios de comunicación y productoras escandaliza a la FSA-PSOE y a su secretario general. ¿Por qué, entonces, es permitido?

Equilibrios de poder, es evidente. Pero ahora se ha roto la baraja. La carrera presidencial ha comenzado. A dos años vista, es necesario ir posicionándose para las próximas elecciones autonómicas e ir soltando lastre. La batalla está servida y estas elecciones prometen ser fraticidas.

Lo que nos lleva a RTPA. ¿Por qué se considera un asunto de calibre menor todas las irregularidades que RTPA está cometiendo en su gestión? ¿Por qué la oposición está desaparecida en este asunto? ¿Por qué esa resignación a que Álvarez Areces y sus bienmandados campen por sus anchas haciendo de la RTPA su finca con nada menos que 30 millones anuales de euros para repartir y comprar favores?

Se podría pensar que es por la poca influencia que TPA tiene en la opinión pública debido a su pequeña audiencia, alrededor de 15.000 espectadores de audiencia media diaria desde hace casi dos años, lo que parece indicar que ese es su techo, al menos con los actuales planteamientos de gestión y programación.

Pero eso no debería ser excusa para renunciar a fiscalizar una gestión que a todas luces es sospechosa, sobre todo en lo que se refiere a la contratación de producción y adjudicación de licitaciones referentes a elaboración de noticias para el gobierno.

Lo del Partido Popular es vergonzoso. Tras su postura inicial en 2006 poniendo en entredicho la función del Ente Público RTPA y la trayectoria de la persona elegida para su gestión, José Ramón Pérez Ornia, técnico de audiencias al servicio del partido socialista y de Felipe González desde principios de los 90 -ver su biografía- y renunciando a formar parte del Consejo de Administración, tras el batacazo electoral en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 decidieron inexplicablemente -e inexplicadamente- cambiar de opinión respecto a Pérez Ornia, apoyar la renovación de su nombramiento en el Parlamento y formar parte del Consejo de Administración de RTPA.

Todos los indicios y explicaciones extraoficiales apuntan a que se le consideró un buen destino para dar de comer a unos cuantos pesos pesados del partido que habían quedado sin oficio ni beneficio tras las elecciones. Además, los sectores de partido llegaron a un status quo gracias a ello. Por otra parte, la verdad es que según fuentes del propio partido, ambos sectores consideran a TPA algo despreciable que ni siquiera merece la pena tener en cuenta.

Hace unos  días se puso en contacto con laOtra TPA un miembro del Consejo de Administración perteneciente al PP para puntualizar ciertos aspectos de sus notas biográficas en esta página. Entonces aprovechamos para hablarle de las irregularidades que se están cometiendo en la contratación por parte de la Dirección General de RTPA. Su respuesta, tirando de la Ley de Medios de Comuncicación que regula el Ente Público, fue que el Consejo de Administración no tiene competencias en materia de contratación -aquí nadie se lo había ni siquiera insinuado- y que las deliberaciones del Consejo son secretas.

Porca miseria… Así tratan de escaquearse los representantes de los ciudadanos en el Consejo de Administración. Nosotros le recordamos que el Consejo de Administración, según la mencionada ley, tiene entre sus competencias “la aprobación de la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Ente Público, así como las de las sociedades”.  No hay que ser ningún experto para deducir que eso incluye la aprobación de las actividades del Ente Público en materia de contratación.

Un cosa es guardar el secreto de las deliberaciones de un Consejo de Administración y otra muy diferente es que un consejero nombrado por un grupo parlamentario ejerza su función de control pidiendo expresamente la documentación para analizarla, criticarla y divulgarla públicamente, lo cual no sólo es su derecho sino su obligación. 

Por eso, insistimos, la importancia de conseguir hacer pública la lista de contratos de RTPA con las productoras desde sus inicios. Eso sí que destaparía la presunta corrupción en RTPA. ¿Es que eso no es competencia ni está en las manos del Consejo de Administración de RTPA? ¿Es que el Consejo de Administración, si se demostrara esa presunta corrupción, no sería responsable y cómplice al permitirla, aunque fuera con el desconocimiento de algunos de sus miembros?