… con las operadoras por la tasa de TVE.

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El Ejecutivo desoye las advertencias de la oposición y del sector sobre la ilegalidad de la medida y aprueba que las empresas privadas sufraguen la eliminación de la publicidad en el grupo.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de reforma de financiación de RTVE, que prevé la supresión “inmediata” de la publicidad en la televisión pública. Esta financiación será asumida por compañías privadas, que la pagarán a través de nuevos impuestos.

Tal y como estaba previsto, pese a la frontal oposición de las operadoras de telecomunicaciones, el anteproyecto prevé financiar los 500 millones que TVE dejará percibir de la publicidad con una tasa del 0,9% de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones, que puede llegar a otros 400 millones de euros.

Además, el Gobierno destinará el 80% de la tasa de ocupación del espacio radioeléctrico, que pagan las operadoras, a este cometido, pese a que, hace pocos meses, descartó destinarla a financiar a los ayuntamientos para la instalación de antenas, al considerarlo “ilegal”.

Las televisiones privadas, únicas beneficiadas del plan del Gobierno, colaborarán con el 3% de sus ingresos, que supone algo menos de 100 millones de euros, una cifra muy inferior a los cerca de 500 millones de euros que podrán repartirse, en caso de que los anunciantes mantengan su actual inversión en televisión.

Las TV celebran el plan

El mercado también interpretó así la medida. Tras conocerse el anteproyecto, Telecinco subió en bolsa un 7,02%, hasta 7,93 euros por acción, y Antena 3 TV avanzó un 9,1%, hasta 5,51 euros. Prisa, beneficiada por un eventual acuerdo con Mediapro para acceder a la emisión de fútbol en Digital+ se disparó un 17%, hasta 3 euros por título.

Antes de convertirse en ley, no obstante, el anteproyecto tendrá que ser informado por el Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El presidente de este organismo, Reinaldo Rodríguez, se opuso recientemente a la nueva tasa, que gravará aún más el sector. Además, tendrá que ser aprobada por el Parlamento, en el que el PSOE no tiene mayoría.

En un comunicado remitido ayer, Redtel, la asociación que agrupa a los operadores de telecomunicaciones, calificó esta nueva carga fiscal a esta industria de “injusta, desproporcionada, dañina e ilegal para un sector estratégico en el desarrollo del país que, además, se enfrenta a un gran esfuerzo inversor”.

Las compañías preparan recursos a la tasa ante las autoridades comunitarias. Las operadoras alegarán que la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003. Es decir, que la tasa no está asociadas a sus servicios. Las operadoras plantearán el impuesto como una ayuda de Estado ilegal a TVE, ya que las tasas se pagan a la Administración, pero no a empresas, aunque sean públicas.

Contradicciones

Ayer, durante la presentación de su informe al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el anteproyecto de ley “ha sido ampliamente debatido con todos los sectores que operan en el escenario audiovisual”. Sin embargo, De la Vega no se reunió hasta el jueves con los representantes de los operadoras, es decir, un día antes de la aprobación de la iniciativa. En la reunión, la vicepresidenta se limitó a informar a las compañías de la decisión del Gobierno, con poco margen para el debate.

De la Vega, además, aseguró que TVE “se financiará exclusivamente con ingresos públicos”, en referencia a que se trata de impuestos. Éstos se cobrarán en su gran parte a un sector privado, como el de las telecomunicaciones, sin relación clara con el audiovisual.

Enfrentamiento

El anteproyecto. El Gobierno quiere que las operadoras de telecomunicaciones sufraguen casi el 80% de los ingresos que perderá TVE por perder la publicidad.

Poco argumento. El Ejecutivo cree que el sector de las telecomunicaciones se beneficiará de la supresión de la publicidad, pese a que los ingresos por este negocio son ahora insignificantes.

A los tribunales. Las operadoras advierten de que la tasa es ilegal, injusta, desprocionarda y dañina para un sector que soporta un gran número de tasas, que suman 580 millones al año. Recurrirán en Bruselas.

Las cadenas, felices. Las cadenas privadas de televisión celebraron ayer en bolsa la supresión de la publicidad de TVE con fuertes subidas, desde 17% de Prisa al 7% de Telecinco o el 9% de Antena 3 TV.

Zapatero indulta a Euskaltel. Una de las grandes sorpresas del anuncio del Gobierno es que la nueva tasa para los operadoras es arbitraria en cuanto al tipo de compañías de telecomunicaciones que deberán satisfacerla.

Sin ningún tipo de explicación o argumento, el impuesto del 0,9% sólo lo pagarán las operadoras de ámbito nacional, mientras que las operadoras de cable regionales (Euskaltel, la asturiana TeleCable y la gallega R) quedarán exentas. Lo curioso es que mientras que Euskaltel o R están en beneficios desde hace años, muchas de las operadoras que tendrán que pagarlo, como Orange, Ono, Jazztel o BT, aún acumulan pérdidas.

Incierto trámite en el Congreso. El anteproyecto de ley tendrá un incierto trámite parlamentario. La reciente soledad parlamentaria del PSOE auguraría una derrota, sobre todo cuando el PP parece haberse decantado en contra del proyecto, según su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que ayer aseguró preferir seguir viendo anuncios en TVE a que suban las tarifas del teléfono.

Pero también hay que tener en cuenta que votar contra esta ley es votar en contra de los intereses de todas las televisiones privadas, y la capacidad de lobby de éstas frente a cualquier partido político es muy notable.

Tardarán años en empezar a pagar. No miente el Gobierno al decir que, con esta ley, TVE “se financiará exclusivamente con ingresos públicos” aunque esté pensado que paguen las operadoras privadas. Porque, previsiblemente, así va a ocurrir, al menos los primeros años.

Los grupos de telefonía se negarán a pagar el impuesto, lo recurrirán y sólo deberán avalar las cantidades exigidas, como ya están haciendo con la tasa municipal. Hasta que el conflicto judicial llegue al Tribunal Supremo, es fácil que pasen 4 ó 5 años, durante los cuales los ingresos de TVE deberán ser cubiertos con fondos auténticamente públicos.

© expansion.com (09.05.09)