Pero la ley también obliga a los operadores de TDT a integrar sus canales en al menos una plataforma de satélite o cable para garantizar la cobertura de la televisión digital en todo el territorio.
Los límites para la televisión pública son laxos y no contentarán a las privadas ni amplían el pluralismo televisivo.
El Estado sólo podrá acaparar el 25% del espacio radioeléctrico, pero para las televisiones autonómicas y locales ese límite se amplía al 50%. El poder del telestado autonómico sigue a salvo y los políticos no están dispuestos a reducir su enorme poder a través de la caja boba.
La videocracia se moderniza para no perder poder ni negocio”.
Pero sin duda, y con la reciente sesión sobre la TDT el pasado día 13 en la que Junta General del Principado rechazaba retirar las concesiones a las empresas que aún no emiten, lo más vergonzoso es lo que pasará con esas emisoras que tienen licencia para emitir y no emiten. Tras haber prolongado lo improlongable con planes técnicos y demás milongas, dentro de tres meses tendrán infraestructura para emitir, pero no emitirán porque hay que esperar unos ligeros trámites burocráticos, a saber según explicaba el diputado socialista Gutiérrez, tal como informaba LNE:
“Gutiérrez ha indicado además que todas las empresas concesionarias han presentado ya sus proyectos técnicos al Ministerio de Industria, que ostenta la competencia sobre el espacio radioeléctrico y que les asignará la frecuencia.
No voy yo, precisamente, a defender la gestión del Partido Popular en materia audiovisual después de la bochornosa actitud de Ovidio Sánchez y Fernando Goñi respecto a la TPA y su gestión -o, más bien, la falta de ella- en el Consejo de Administración, y una vez en él -con la bajada de pantalones tras las autonómicas y municipales de 2007, apoyando el nombramiento de Pérez Ornia cuando lo habían retratado, con buenas fuentes, por cierto, en 2005-.
Pero lo del diputado Gutiérrez y su intervención… Ya le vale. Que el gobierno, tanto nacional como autonómico, después de invertir más de 12.500 millones de pesetas, después de poner en desarrollo un Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre durante cinco años, después de poner en marcha en 2005 un plan de medidas urgentes y que, ahora, añadan unas disposiciones adicionales a esas medidas urgentes porque se den cuenta ahora que es muy caro llegar por tierra a rincones aislados… Y que la solución sea inventar la Televisión Digital Terrestre que no es terrestre, sino por satélite… Que, por cierto, ya existía antes de invertir -sólo en Asturias, con el dinero de los asturianos- 12.500 millones de pesetas.
Gutiérrez, por favor. Aunque, claro, teniendo a Goñi como interlocutor… Aquí, va a ser verdad que los únicos argumentos de la inmensa clase política -por no decir toda y generalizar-, mientras estamos de impotentes y obligados espectadores de un partido de ping-pong, son “…y tu más”, “y tu peor”.
Pero, atentos, porque detrás de esta aparentemente inocente operación para hacer llegar la TDT a toda la población, se pone en marcha una auténtica reforma de la Ley de Televisión Privada, como quien no quiere la cosa pero, obviamente, sin venir a cuento. Al menos, para el común de los mortales que en un remoto pueblo tiene derecho a ver también la TDT.
Lo que hay detrás es una preparación del escenario para un reordenamiento de los poderes económicos en los accionariados de la televisiones privadas, con un Grupo Prisa decadente y un Roures ascendente. Y ya no valen las limitaciones accionariales de antes. Vamos hacia una situación de un nuevo espectro audiovisual que es todo menos socialista. Igual que el intervencionismo estatal, que en las autonomías se llega a permitir que alcance el 50%. El big brother estatal y autonómico controlando la información, directamente, o a través de su grupo mediático elegido -Jaume Roures en el caso de Zapatero- monopolizarán gran parte del poder comecocos de la nueva televisión-internet.
Mientras, nosotros, a jodernos y poner la pasta.
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