… de PRISA antes de que fuesen contratados.

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José Ramón Pérez Ornia, director general de la Televisión del Principado de Asturias (TPA), encargó al Grupo PRISA la producción de varios programas que comenzaron a emitirse antes de la firma del contrato entre la sociedad anónima TPA y Plural Entertainment, empresa perteneciente al Grupo PRISA.

La partida presupuestaria de casi 500 MILLONES DE PESETAS, unos 2.500.000 euros destinados al denominado “Proyecto autonómico 2007”, incluía programas de servicio público.

La emisión en la TPA de estos programas contratados por su administrador único, José Ramón Pérez Ornia, a Plural Entertainment (Grupo PRISA), comenzó el 6 de marzo de 2007.

Las resoluciones de los convenios, por los que se encomendaba a la TPA por distintas consejerías del gobierno de Álvarez Areces la “gestión de las actuaciones materiales y de los servicios precisos para la producción y ulterior emisión, mediante sus propios medios o recabando la colaboración de terceros, de un programa de televisión”, se publicaron en el BOPA los días 18  y 21 de abril de 2007, es decir, incluso hasta 53 días después de su emisión, a pesar de haberse firmado entre los días 18 y 22 de diciembre de 2006.

Y de dos de los cinco programas contratados, no aparece ningún convenio publicado en la base de datos del BOPA. De ser así, esos dos convenios, si es que se llegaron a firmar, carecerían de efectividad según el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no haberse firmado tales convenios, la TPA tendría que aclarar esa situación y dar explicaciones sobre cómo se llevó a cabo su contratación, y con cargo a que partida presupuestaria.

Lo que sí está contrastado es que el contrato entre la TPA y el Grupo PRISA se firmó con posterioridad a la fecha del comienzo de las emisiones. Nos es imposible comprobar con exactitud la fecha por carecer de los medios o autoridad necesarios para exigir que ese documento “privado” se haga público. Un testigo ha confirmado la veracidad del dato al presenciar cómo una de las partes implicadas en la firma, afirmaba el pasado mes de abril con el contrato sin firmar encima de la mesa, que “no aprenden, todavía no se ha firmado el contrato[refiriéndose a los programas de 2008, que ya se habían empezado a emitir a principios de marzo], igual que pasó el año pasado”.

El 24 de octubre de 2007 se firmó la resolución por la que se disponía el cese, a petición propia, de Fabián Blanco como Jefe del Servicio de Contratación dependiente de la Secretaría General de la RTPA. Una semana después, Pérez Ornia convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Jefe del Servicio de Régimen Jurídico, dependiente también de la Secretaría General de la RTPA. ¿Tienen que ver estos dos hechos con todo lo anterior?

Cualquier representante político en el Parlamento asturiano debería exigir una aclaración pública porque existen indicios más que probados. Y desde aquí, laOtra TPA lo denuncia y está dispuesta a habilitar los medios para que se declare bajo juramento públicamente los términos anteriormente descritos, si así lo requiriera la investigación, aunque de momento haya que proteger la identidad del testigo, por temor a las represalias, como en los tiempos de Al Capone en el Chicago de los años treinta.

La Intervención General del Principado y la Sindicatura de Cuentas deberían actuar de oficio y comprobar este dato para verificar la más que presunta irregularidad cometida por la TPA y su administrador único, José Ramón Pérez Ornia. Los documentos hablarán por sí mismos, sin ni siquiera la necesidad de ninguna declaración jurada.

La exigencia de hacer público el contrato levantaría la tapa de las cloacas que se esconden tras la extraña financiación y administración de la RTPA. La existencia de numerosas sociedades anónimas públicas del gobierno del Principado de Asturias, amparadas por el derecho privado para operar, es el invento del siglo para adjudicar a dedo los contratos y no tener que dar ningún tipo de explicación. No tenemos más que ver la que nos espera con Vipasa y la compra de 1.000 viviendas privadas, con dinero público procedente de nuestros impuestos, que irá a parar a las cuentas corrientes privadas de los ya enriquecidos especuladores del suelo y del ladrillo, amigos de Álvarez Areces y soporte económico en tiempos preelectorales.

Quizá no sea ilegal que la resolución del convenio se publique con posterioridad al comienzo de las emisiones, dado el  posible carácter retroactivo de la fecha de entrada en vigor del convenio a la fecha de la firma, una vez que es publicado en el BOPA. Aunque evidentemente está fuera de toda ética.

Lo que sí es desde cualquier punto de vista, cuando menos irregular, es que el administrador único de una sociedad anónima pública encargue la elaboración del objeto de dichos convenios y que se comience a utilizar por parte de las partes firmantes (TPA y la consejería correspondiente) sin que ni siquiera se haya firmado el contrato con el proveedor.

Si es irregular o ilegal, que lo decida la Justicia. Lo que sí se puede asegurar es que es increíble… La Comisión no legislativa permanente para el control de la RTPA en la Junta General del Principado, la propia RTPA a través de su Consejo de Administración, las propias consejerías implicadas y el propio gobierno, deberían despejar cualquier tipo de duda o sospecha sobre esta situación, y depurar las responsabilidades políticas y legales que, sin duda, recaen en primera instancia en el administrador único de la RTPA, José Ramón Pérez Ornia, quien debería también ser el primer interesado en demostrar que esa situación jamás llegó a producirse haciendo público el contrato.

Otro asunto que se podría comprobar haciendo público el contrato es que realmente la totalidad de dichas partidas presupuestarias se ha destinado para el fin que dichos convenios determinaban.